lunes, 25 de septiembre de 2017

ACTO EN ROSARIO CONTRA EL ATAQUE A LOS DERECHOS LABORALES

Abogados denuncian la profundización de la política represiva de la protesta
Un ataque a los derechos laborales
La Asociación de Abogados Laboralistas organiza una actividad pública junto a Luis Raffaghelli, el camarista perseguido por fallos que disgustan al gobierno nacional. Alertan que se "crea un clima social" para cambiar la legislación.
Boglioli cuestionó la penalización de las protestas sociales y manifestaciones obreras.
Boglioli cuestionó la penalización de las protestas sociales y manifestaciones obreras. 
La "profundización de la política represiva de la protesta social" preocupa sobremanera a varios
 actores de la justicia laboral, que alertan sobre la arremetida del gobierno nacional en un 
embate que -consideran- también apunta a jueces y abogados laboralistas. Ante ello abordarán
 del caso extremo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, en relación con "la repetición 
de casos de represión y penalización de protestas sociales y manifestaciones obreras". 
La situación motorizó que la Asociación de Abogados Laboralistas abra un espacio de debate 
para abordar una defensa eficaz del fuero del trabajo, de los jueces y empleados que lo integran
 de los abogados que lo transitan y por el derecho a la manifestación. "Todas las protestas 
sociales, laborales o gremiales que está habiendo por las medidas económicas y sociales 
del país, son reprimidas por el gobierno nacional en forma violenta; tanto física como verbal
 alertó el abogado Diego Boglioli, que mañana ‑desde las 16.30, en la biblioteca de la 
Asociación Empleados de Comercio de Corrientes al 450‑ participará de un panel junto al
 integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Luis Raffaghelli, la jueza Susana Perkins; y el secretario de La Bancaria, Matías Layus.
"Hay un crecimiento de violencia institucional que se manifiesta en varias cuestiones;
la última de la que podemos hablar es la desaparición de Santiago Maldonado, de quien no
 se sabe nada desde el 1 de agosto, luego de participar de una protesta mapuche en 
Chubut". Así lo manifestó Boglioli, secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas, 
quien agregó que la "violencia con la que se reprime" no es solo física, "que viene con el
 uso de la Gendarmería, desapariciones forzadas, encarcelamiento y acciones penales 
contra militantes"; sino que habló de "una violencia verbal y simbólica muy fuerte que se 
nota en el mismo discurso del presidente Mauricio Macri cuando habla de la 'mafia de los 
juicios laborales', con los jueces y abogados como parte de ello", se quejó el letrado y 
recordó que desde la Asociación "se denunciaron" situaciones de caranchismo, por lo que están "muy lejos" de avalar esa práctica. Para el letrado, la arremetida del gobierno "es una forma de ir preparando a la opinión pública para cuando se tomen las medidas en cuanto a estas cuestiones y mostrar que las víctimas son los causantes de los problemas para las empresas y para las inversiones. Quieren que se instale la idea de que quienes defendemos a los trabajadores somos aves negras y que los jueces son parte de ello", lanzó.
Al detallar la actividad de mañana, el abogado señaló que contará con la voz de jueces 
que son parte de la Asociación de Jueces y Juezas del Trabajo de la Argentina. El camarista
 mencionado fue "denunciado por el gobierno, ante una medida que consideró 
inconveniente. Eso es parte de la violencia institucional", dijo el letrado sobre el jury pedido 
contra el magistrado. Layús, en tanto, se referirá a la respuesta contra las protestas sociales
, ante la situación laboral actual.
La jornada está dirigida a debatir no solo "la persecución, en sus diversas formas, a los 
actores directos, sino en particular a la que apunta a quienes ejercen y trabajan en el fuero 
que históricamente abordó demandas de obreros y sindicatos". El temario abordará 
"el traslado de la represión obrera al fuero laboral; el intento de disciplinamiento de jueces 
y abogados; y la defensa del fuero como garantía frente a los nuevos intentos 
flexibilizadores".
Al hablar de la profundización de la situación, Boglioli aseguró que "antes había otro 
protocolo sobre las protestas sociales; en cambio ahora vemos que se dio vía libre a las 
fuerzas de seguridad. Lo de Santiago Maldonado nos parece que es parte de este cheque 
en blanco y vía libre. Después de las elecciones habrá un crecimiento de las políticas 
tarifarias, laborales y jubilatorias, por lo que aquello que se le vaya de las manos al 
gobierno, lo va a tratar de reprimir".
Desde el fuero consideran que la situación "exige respuestas colectivas de los abogados 
laboralistas, jueces, trabajadores judiciales y organizaciones obreras para la defensa de 
fuero del trabajo, más aun ante nuevos anuncios flexibilizadores".
Sobre la situación laboral actual en la provincia, el abogado señaló que el sector de 
Pymes "está pasando muy malos momentos y la tendencia es que va a empeorar, porque 
hay una política que busca achicar el consumo y la capacidad de consumo de la clase 
media y eso apunta a bajar los costos laborales. Las medidas que se vienen son las 
típicamente neoliberales: un mercado interno chico, con poca capacidad de consumo, 
pensado para bajar los costos laborales, los sueldos y con eso mermar los costos internos 
para poder exportar las grandes empresas en mejores condiciones".

viernes, 22 de septiembre de 2017

LA REFORMA LABORAL FRANCESA por Antonio Baylos Grau

EL CONTENIDO DE LA REFORMA LABORAL DE MACRON COMO EXPRESIÓN DE UNA LINEA DE TENDENCIA


Aunque será una noticia inadvertida, hoy en Francia la CGT y otros sindicatos han 
convocado manifestaciones y acciones en el sector público en protesta por la reforma laboral 
que el nuevo gobierno presidido por E. Macron, que con su movimiento “Francia en marcha” 
tiene además mayoría absoluta en el parlamento, va a examinar (y a aprobar) el viernes 
próximo. El menaje es, como suele ser común, que la reforma laboral emprendida es 
imprescindible para sacar al país del alto desempleo que padece (9,5% respecto de la media
 europea del 7,8%) ¿Cuáles son las líneas generales de esta reforma frente a la cual se ha 
posicionado una parte del movimiento sindical francés? ¿Por qué el sindicalismo confederal
 español se ha solidarizado con esta protesta? Sobre estas cuestiones informa la presente
 entrada.

El programa presidencial de Macron prometía “liberar el trabajo y el espíritu de empresa”,
para lo que preveía “simplificar el derecho del trabajo”, reducir el coste del trabajo, simplificar
 la vida de los empresarios y establecer un sistema para que aquellas empresas que contraten
temporalmente regularmente y por tiempos cortos, coticen más a la Seguridad social y tengan
una mayor presión impositiva. Lograr una “flexiseguridad a la francesa”, como ha señalado
el Ministro del Trabajo. Pero lo más llamativo es el proyecto de un Derecho del Trabajo “XXL
cuyas líneas generales, consultadas con sindicatos y asociaciones empresariales durante todo
 el verano, son las siguientes (tal como vienen resumidas por el EWC Council):

En primer lugar, los delegados de personal, los comités de empresa y comités de seguridad
e higiene serán abolidos. En el futuro, sus funciones serán transferidas a un solo órgano de
representación, como el que hasta ahora existe en las empresas de más de 300 trabajadores.
El órgano de representación sigue siendo presidido por el empresario. Los sindicatos y el
empresario pueden sin embargo por convenio colectivo mantener las estructuras representativas antiguas o bien establecer otras de nuevo tipo.

Siguiendo la estela impuesta en las legislaciones europeas de los países sobre endeudados del
sur a partir del Pacto del Euro en el 2011, el “Derecho del Trabajo XXL” establece la prioridad
aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios de sector. Estos convenios de
empresa pueden establecer peores condiciones de trabajo y de empleo que las previstas en
los convenios de rama, y pueden siempre concertarse en cualquier momento, aún durante la
vigencia del convenio sectorial.

En el caso de desacuerdo en la negociación colectiva con los sindicatos, el empresario puede
someter sus propuestas a referéndum entre los trabajadores directamente. Esta “importación”
del mecanismo alemán previsto para el fracaso del mecanismo de consultas con los comités de empresa por un referéndum entre los trabajadores, insiste en la idea de que la mediación sindical puede resultar un obstáculo a la
iniciativa económica que sin embargo puede solventarse mediante la relación directa entre el
empresario y sus trabajadores, sin que sea determinante el hecho representativo sindical.

Los despidos colectivos se facilitan mediante el abaratamiento de las indemnizaciones, fijando
un tope reducido y fijo que da inicio a una escala en función de la permanencia del trabajador o trabajadora despedido en la empresa. Se reduce asimismo la capacidad sindical en la negociación de los planes sociales, que era una de los rasgos distintivos del derecho de la crisis laboral de empresas en Francia.

Estos puntos son los que han generado la conflictividad sindical actual, que sin embargo no
parece que tenga hasta el momento la capacidad de presión que se demostró frente a las
reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno Valls bajo la presidencia de Hollande, las
muy importantes movilizaciones contra la Ley El Khouri. Posiblemente el clima político ha
variado y las posiciones de la izquierda política – la Francia insumisa – aparecen como
relativamente residuales y, de rechazo, colocan en una posición de resistencia sin éxito a las
reivindicaciones de la CGT, en un sindicalismo dividido en el que la CFDT funciona como la
muleta sindical del plan de reforma del gobierno Macron.

Las ideas básicas de esta reforma, la consideración de los derechos derivados del trabajo
en función del coste económico de los mismos y, coherentemente con esta visión, la
necesidad de que la ley favorezca el abaratamiento de los mismos para fomentar el
“libre espíritu” del empresario, se acompañan de otra afirmación implícita, la de que los
derechos colectivos encomendados a los sindicatos constituyen no sólo un obstáculo a
la recuperación económica sino, más precisamente, son los responsables del desempleo.

La puesta en cuestión de la representación colectiva, cuya figura social por
excelencia es el sindicato, se acompaña de mecanismo de despersonalización que buscan
en la aceptación indeterminada por la mayoría de la plantilla de una empresa de la
propuesta de gestión del empleo y de las condiciones de trabajo que el empresario ha
planteado.

La tendencia que presenta esta reforma es la prescindibilidad de la mediación sindical
que propende a ser sustituida por una relación directa entre el empresario y la
generalidad de los trabajadores a su servicio, reemplazando así la participación de los
trabajadores a través de la representación colectiva y sindical por una participación directa
refrendaria.

En las reformas laborales españolas, esta tendencia se manifiesta de manera diferente, 
mediante la sustituibilidad de la presencia sindical en empresas y centros de trabajo por 
mecanismos de representación de elección directa entre los trabajadores, como sucede en
los casos de los períodos de consulta derivados de modificación de condiciones de trabajo
o de despidos colectivos. Pero la ley española mantiene la necesidad de una instancia de 
representación, aunque los elegidos “ad hoc” sean un remedo falso de la representación 
colectiva de los trabajadores y trabajadoras afectados, mientras que la ley francesa salta 
sobre la participación por representación y se dirige directamente a la generalidad de la 
plantilla a través de la convocatoria de un mecanismo de aprobación de sus 
propuestas – rechazadas por los sindicatos - plebiscitario. 
De alguna manera es la apropiación empresarial de la figura del referéndum como sustitutiva
de la de la asamblea de trabajadores que sostiene la representación sindical, y que en la 
tradición de las organizaciones sindicales españolas tiene un gran peso. Mientras que la 
asamblea pretende el fortalecimiento de la acción representativa del sindicato, 
sosteniendo sus propuestas, el referéndum se presenta como una llamada a la 
generalidad de los trabajadores para que desautoricen con su voto las proposiciones que 
los sindicatos han llevado a cabo en la negociación.

El derecho del trabajo de esta década del siglo se va progresivamente homogeneizando 
sobre las bases de unas líneas directivas que deterioran los fundamentos constitucionales
que han dado forma asimismo a las declaraciones de derechos que dan sentido al modelo 
social europeo. 

La remercantilización del trabajo, su consideración como coste económico que debe ser
reducido como base para el despliegue de la libertad de empresa, y la progresiva puesta en
cuestión de la función representativa de los sindicatos, son elementos comunes que se han
ido plasmando sucesivamente en las reformas laborales que se han implantado a partir del
2010 en varios países europeos. La re-regulación de este espacio es urgente, y el movimiento
sindical europeo debe adoptarlo como un elemento central en su estrategia y sus prácticas. 

martes, 19 de septiembre de 2017

Benetton su litigio con la comunidad Mapuche y el Caso Maldonado

Caso Maldonado: La oscura trama detrás de la pelea entre los mapuches y Benetton

Por Andrés Klipphan 10 de septiembre de 2017

Desde la Conquista del Desierto, encabezada por el general Julio Argentino Roca, entre los años 1878 y 1885, y que produjo el primer gran genocidio argentino, hasta la "desaparición forzada" (según la Justicia) de Santiago Maldonado, las tierras donde habría desaparecido el artesano supuestamente a manos de un grupo de gendarmes, propiedad del Grupo Benetton, están marcadas por historias de violencia y sangre que bien vale la pena repasar.

El mayor terrateniente

Luciano Benetton, la cabeza del grupo empresarial italiano United Color of Benetton, es el mayor terrateniente de la Argentina después del Estado nacional y las provincias. A través de la Compañía Tierras del Sud Argentino (sucesora de The Argentine Southen Land Company Limited), es dueño del 9% de las mejores tierras de la Patagonia. En total, la firma comercial, cuyo presidente es su hermano Carlo, posee 900.000 hectáreas repartidas en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Chubut y en menor medida en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires.
En la Patagonia, a Luciano Benetton lo llaman "El señor de las estancias". Es que sus sociedades son propietarias de ocho establecimientos rurales, entre ellos, la estancia Leleque, una de las más antiguas de la zona. Desde el 1 de agosto, día en que el artesano Santiago Maldonado habría sido desaparecido de manera forzada por un grupo de gendarmes dentro de esos campos, el apellido Benetton, y la estancia Leleque, está en boca de todos.
Leleque tiene una extensión de 183.100 hectáreas. A ese lugar paradisíaco los trabajadores lo denominan "La Jaula", ya que la belleza de esa zona patagónica quedó atrapada por tranqueras con candados y alambres de púa. Desde el año 2005, casi un 30% de esas hectáreas fueron "tomadas", "usurpadas" o "recuperadas", según quien relate la historia, por un grupo de mapuches que reclaman la propiedad de ese territorio que ancestralmente le pertenecía, y que la Compañía Tierras del Sud Argentino, con la supuesta complicidad judicial y política, se habría apropiado de manera ilegal, según las causas judiciales que tramitan en los tribunales chubutenses, aunque los magistrados siempre fallaron a favor de los empresarios italianos.

Dentro de Leleque, y por un convenio firmado entre Carlo Benetton, la Secretaría de Seguridad de la Nación (cuando el presidente era Carlos Saúl Menem) y la provincia de Chubut, funciona una comisaría y, aunque muy pocos conocen este detalle, una base logística de Gendarmería. Desde ese lugar partieron, por ejemplo, parte de los efectivos que desalojaron de manera violenta a un grupo de la comunidad mapuche "Lof en Resistencia" del departamento de Cushamen, entre los días 10 y 12 de enero pasado.
La orden fue impartida por el juez Guido Otranto. El mismo que investiga la presunta "desaparición forzada" de Maldonado después de ordenar otro desalojo, esta vez corte de la ruta 40, a la altura del kilómetro 1848 lugar donde, desde hacía varios días, unos 20 mapuches acompañados por Maldonado –quien no es aborigen pero apoya su causa- reclamaban por la libertad de Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), detenido durante los primeros días de enero, junto a su primo Fausto Emilio Jones Huala y otros nueve integrantes de la comunidad aborigen.
De esos once detenidos sólo queda preso el líder RAM ya que hay un proceso de extradición abierto por solicitud de la Justicia chilena que lo acusa de haber participado en la quema de una estancia donde falleció un matrimonio de cuidadores mientras dormían.
El pasado viernes 8 de septiembre, cuando el juez federal Otranto ordenó rastrillar el Río Chubut para ver si descubrían rastros de Maldonado (o su cuerpo sin vida), parte de los efectivos de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval utilizaron como base operativa la Estancia Leleque. La autorización la otorgó directamente Carlo Benetton, el hombre de la familia encargado de las inversiones en la Patagonia Argentina.

Todo es historia

Según los documentos oficiales de la propia empresa, la Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A. fue originalmente inglesa y se conformó el 1 de mayo de 1889, fundada en Londres bajo el nombre "The Argentinian Southern Land Company Ltd". Fue creada para administrar los campos de un puñado de lores ingleses, devenidos en poderosos terratenientes en el país, que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado Argentino a la Corona Británica por haber financiado la campaña militar denominada "Conquista del Desierto" entre los años 1878 y 1885.
Aquella matanza y desplazamiento de los pueblos originarios mapuches, ranqueles y tehuelches, entre otros, fue liderada por el general Julio Argentino Roca, concuñado de quien en 1889, fecha de la creación de la Compañía, era el Presidente de la Nación, Miguel Juárez Celman.
Durante la sanguinaria campaña de Roca se desplazaron y asesinaron, por ejemplo, a los mapuches-tehuelches que vivían en las tierras que hoy son de Benetton y que reclaman ancestralmente como propias. Siempre según los documentos oficiales de la empresa -ahora en manos de Benetton-, el 3 de Julio de 1975, la Great Western, una empresa offshore radicada en Luxemburgo -y que por entonces estaba en manos de una de las grandes familias terratenientes nacionales, los Menendez Hume, Ochoa & Paz Repetto- compró el paquete accionario de la sociedad inglesa y pasó a ser de capitales netamente nacionales.
Siguió operando con ese nombre, y administrando inclusive la estancia Leleque, hasta el 26 de mayo de 1982. Ese día, los accionistas de manera unánime decidieron cambiar su nombre por el actual Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. La razón: los ingleses estaban en guerra con los argentinos por las Islas Malvinas.
En 1991, las acciones de la firma -con propiedades, vacas y ovejas- pasó a manos del grupo italiano Edizione Holding International N.V. del Grupo Benetton. Como presidente de la Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. fue designado Carlo Benetton y el resto del directorio estaba (y lo está aún) conformado por argentinos.

El imperio Benetton en Argentina en números

La verdadera dimensión de los campos de la familia Benetton sólo puede comprenderse si se hace un relevamiento de sus propiedades, muchas de ellas ubicadas en zonas de seguridad nacional, es decir, en las fronteras. En nuestro país, el hombre de las remeras y los colores estridentes es dueño de:
-900.000 hectáreas en campos en Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. A diferencia de los otros extranjeros dueños de tierras como Douglas Tompkins o Ted Turner, Benetton explota los campos a su máximo nivel de productividad.
-80 millones de dólares es la inversión que realizó en la compra de esas tierras.
-15 millones de dólares fue el dinero que usó para la remodelación y la puesta a punto de sus estancias.
-290.000 ovejas, según los últimos datos de SENASA.
-16.000 son las cabezas de ganado vacuno que tienen en la actualidad.
-5.200 son las hectáreas forestadas por sus sociedades.
-8.000 hectáreas están destinadas a la agricultura en la provincia de Buenos Aires.

En La Patagonia tienen ocho de las mejores estancias. El 31 de marzo de 1995, adquirieron la estancia El Cóndor, ubicada a 72 kilómetros de Río Gallegos. Tiene una superficie de 8.000 hectáreas. Ese mismo año, los italianos compraron también las estancias Cruz Ayke y La Porteña. Ambas propiedades suman 200.000 hectáreas, están emplazadas en la provincia de Santa Cruz.
En abril de 1997, incorporan al casco principal la estancia vecina Monte Aymon de 20.000 hectáreas. En la misma provincia, en la localidad de San Julián, compran la bellísima estancia Coronel de 335.000 hectáreas con 10 kilómetros de costa y paisaje mediterráneo.
Pero las compras de los hermanos Benetton no terminaron en la provincia que supo gobernar el ex presidente Néstor Kirchner. En Chubut compraron la ya mencionada Leleque. La otra es El Maitén. Abarca unas 123.000 hectáreas. En Río Negro adquirieron la estancia Pilcañeu, de 50.000 hectáreas.
Según aseguran en su página web, "el 60% de las personas que trabajan en las Estancias de la Cordillera Leleque, El Maitén y Pilcañeu es de origen mapuche". Y aseguran que "siempre ha sido un compromiso de la Compañía tener transparencia en la contratación de su personal, brindándole los mayores beneficios adicionales posibles, tales como viviendas de primer nivel y servicios".
Sin embargo, antes del conflicto que mantienen en la actualidad con la RAM, en la estancia Leleque los Benetton mantuvieron un arduo conflicto con Rosa Curiñanco y Atilio Nahuelquir. La familia mapuche se había instalado en parte de ese predio ocupando unas 550 hectáreas que en la dirección de catastro de Chubut figuraba como "tierras fiscales" y que antes de la "Campaña del Desierto" del general Roca pertenecían a sus ancestros.
Antes de ocuparlas dieron aviso a las autoridades de Esquel que, en principio, no pusieron reparo alguno. Sin embargo Carlo Benetton, a través de sus apoderados, accionó judicialmente presentando ciertos papeles y mapas satelitales, asegurando que esas tierras no eran fiscales, sino de la Compañía.
El juez José Collabelli, de Esquel, ordenó el desalojo preventivo de los aborígenes. El 7 de mayo de 2004, la familia mapuche debió enfrentar un juicio contra una de las empresas más fuertes del mundo. Más tarde otro magistrado, Jorge Evo, falló también falló a favor del millonario de Treviso, dado que la familia mapuche no pudo demostrar fehacientemente la propiedad de esas tierras que aseguraban eran de sus antepasados.
Finalmente fueron desalojados por Gendarmería a palazos y balas de goma. Pero insistieron y reclamaron tanto que el propio Luciano Benetton los recibió en una de sus mansiones en Roma.
No viajaron solos. Fueron acompañados por el Premio Nobel de la PazAdolfo Pérez Esquivel (quien le contó sobre la reunión a quien escribe esta nota) junto con representantes de la Organización Mapuche/ Tehuelche 11 de Octubre. Fue en noviembre de 2004. Del cónclave también participó el entonces embajador argentino en Italia, Victorio Tachetti, y el alcalde romano, Walter Veltroni.
Al final del encuentro, según relató Pérez Esquivel, los Benetton aceptaron "de palabra" devolver las tierras que ancestralmente les pertenecían a los Curiñanco. Sin embargo, cuando la comitiva ya estaba en la Argentina, la Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A. –siempre según los dichos del Premio Nobel- les informó que "los Benetton ofrecían donar tierras, pero en otro lugar de la Patagonia, no ahí".
Los mapuches no accedieron a irse, volvieron a ocupar el lugar, pero esta vez Luciano y Carlo Benetton no los desalojaron. Les dijeron que podían quedarse hasta que muera el matrimonio pero que sus descendientes deberían irse al fallecer sus padres, un hecho que por fortuna aún no ocurrió.
La pareja mapuche –que no participa de la violencia RAM ni de los cortes de ruta- observó cómo después otros descendientes ancestrales, que también aseguraron que esas eran tierras fiscales y no de Benetton, los imitaron. El resto pertenece a la historia reciente.
Los doce desalojos y represiones de los últimos tres años solicitados por los Benetton ante la Justicia fueron estimulados por la Sociedad Rural chubutense, que había alertado a los terratenientes de la zona sobre el peligro que presentaba la ocupación de los Curiñanco presagiando que "otras familias mapuche podían seguir el ejemplo" y que eso desataría en la región "una ola de violencia y sangre".
Sergio Maldonado, hermano del artesano intensamente buscado, asegura que el reclamo sobre "el asentamiento de los Benetton en tierra Mapuche" generó el apoyo de Santiago, hasta hoy desaparecido.
La mayoría de los datos estadísticos y documentos utilizados en esta investigación están basados en el libro "Tierras S.A., crónicas de un país rematado", escrito por el autor de esta nota y el periodista Daniel Enz y que fue publicado por Editorial Aguilar.                                                                            
                                                                            


lunes, 18 de septiembre de 2017

DELITOS DE LESA HUMANIDAD...MAGISTRADOS BAJO LA LUPA

Están acusados de complicidad con la dictadura y hoy comienzan los alegatos
Fte: P.12 18.3.2017

Están acusados de complicidad con la dictadura y hoy comienzan los alegatos
Córdoba: cuatro magistrados bajo la lupa
El juicio contra los cuatro ex funcionarios judiciales acusados por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “encubrimiento de delitos de lesa humanidad” comenzó el 25 de julio y ya lleva nueve audiencias. Las víctimas de la causa suman 75, entre ellas 31 presos políticos que fueron asesinados en falsas fugas en 1976.
Los acusados son dos ex jueces, un ex fiscal y un ex defensor oficial.
Los acusados son dos ex jueces, un ex fiscal y un ex defensor oficial. 
Hay tres diferencias fundamentales entre el juicio a los magistrados que se está llevando a cabo en Córdoba, con los anteriores siete juicios que se hicieron en esta provincia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
La primera son los imputados: en vez de represores, esta vez son cuatro ex funcionarios judiciales que tenían el deber de defender a los presos políticos, e investigar sus denuncias por torturas, lo cual no hicieron por omisión o por complicidad. Se trata del ex juez federal Miguel Ángel Puga; el ex fiscal Antonio Cornejo; el ex defensor oficial Ricardo Haro (que, entre otros galardones, recibió el Konex en 2006 en derecho Constitucional y un diploma al mérito en Humanidades), y el ex secretario penal y ex juez Federal hasta 2009, Carlos Otero Álvarez, quien fue vocal del primer tribunal que juzgó a Luciano Benjamín Menéndez en 2008.
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La segunda particularidad, es que si bien los testimonios de las víctimas y sobrevivientes son de gran importancia, en este juicio la prueba determinante de los supuestos delitos estaría en los expedientes de cada uno de los 75 casos que abarca este proceso judicial. Folios escritos, firmados y sellados nada menos que por los propios acusados.
Puga, Cornejo, Haro y Otero Álvarez están en el banquillo de los acusados por 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas en falsas fugas en 1976 en la cárcel UP1 del barrio San Martín. Son los mismos 31 asesinados por los que en 2010 ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en cárcel común, los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Y la tercera diferencia, es el evidente intento de que el juicio pase lo más desapercibido posible, a pesar de que es inédito que se juzgue a jueces justo en la provincia que se conoce como la Docta por su legendaria producción de abogados. El juicio se hace en una micro-sala de un palacete estilo francés donde apenas pueden acomodarse una veintena de personas. Un sitio en el cual el sonido en la improvisada sala de prensa – a la sazón un hall de entrada por donde suelen pasar presos esposados con policías armados que se llevan puestos los cables de las computadoras- fue más que deficiente hasta hace apenas un par de semanas, cuando un empleado con buena voluntad trajo parlantes caseros para darle volumen a la pantalla. De este modo se pudo escuchar, por fin y de corrido, el micrófono del testigo que por una extraña casualidad, era el que más padecía de hipoacusia crónica. Un juicio donde no hay internet ni wi fi para los periodistas; ni registros taquigráficos para los fiscales, querellantes o abogados defensores. Algo que el propio presidente del Tribunal, Julián Falcucci, admitió el 22 de agosto. Un juicio en el que los familiares que se acercan cada lunes y martes a escuchar y acompañar, se apiñan en un garaje donde “falta el aire” y, según la sobreviviente Letizia Raggiotti, “pasa la cloaca y se nota”.
¿El porqué de tanta inconveniencia e incomodidad? “Es que ellos (los imputados) han sido jueces hasta hace poco. No pueden ser juzgados ante sus ex empleados y en la misma Torre que Videla y Menéndez. Nadie quería una foto así” admitió un funcionario judicial, ante lo que es vox pópuli.
Yo acuso
La mayoría de los testigos le recriminan con dureza a los imputados no haberlos defendido, ni haber investigado las denuncias de torturas y muertes que denunciaron las pocas veces que tuvieron oportunidad de verlos en las cárceles, o cuando eran llevados al juzgado federal “tabicados y maniatados” en vehículos-jaula del servicio penitenciario. Les achacan, 41 años después, permitir que militares y policías armados se quedasen a pasos de ellos mientras intentaban contar lo que estaban padeciendo en las cárceles; y los fusilamientos. Algunas víctimas, incluso, hasta les atribuyen “la construcción” discrecional de los expedientes.
Ese fue el caso del sobreviviente Luis “Vitín” Baronetto, quien le apuntó a Carlos Otero Álvarez: “El fue mucho más que un secretario penal, fue un fedatario”, lo definió. El imputado fue el secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma, quien de no haber muerto, sería uno más de los imputados. A Baronetto, que hoy tiene 68 años, no sólo lo secuestraron; lo torturaron y encarcelaron desde el 15 de agosto de 1975 hasta 1982; sino que el 11 de octubre de 1976 fusilaron a su esposa Marta González: una maestra de 26 años que acababa de ser madre dentro de la prisión y había sido secuestrada con él. “Hubo un manejo irregular del expediente -denunció-. Fijaban audiencias, no citaban al abogado. O lo citaban y las suspendían”. El testigo dijo que Luis Angulo, su abogado de entonces y actual ministro de Justicia del gobernador Juan Schiaretti, no era citado, o le suspendían audiencias inexistentes. “A mi mujer la mataron el 11 de octubre. Fíjense ustedes que suspendieron una audiencia del 15 de octubre por incomparecencia del abogado, pero ése fue el día que la enterraron. La justicia era instrumental al terrorismo de Estado”, razonó.
Baronetto aseguró que Otero Álvarez le dijo en el penal de Sierra Chica, adonde lo habían trasladado, "que Marta murió en un enfrentamiento armado, cuando ni siquiera en el mismísimo comunicado mentiroso (de Vicente) Meli decía eso; sino que el vehículo militar fue interceptado a raíz de lo cual murieron mi mujer y otros presos en una intersección (Guido y Amado Nervo) que no existía en barrio Lomas de San Martín. A mí me llamó la atención porque el lenguaje usado por Otero Álvarez ni lo usaron los militares, ni el forense Silvestre que puso ´heridas de bala´ (en su certificado de defunción) y como lugar el hospital Córdoba”. Furioso, el sobreviviente acusó: “¡Ese era el fervor militante del secretario penal! Y lo quiero repetir ante ustedes, porque al estigma de la muerte de su madre lo arrastraron mis hijos durante años. Ella había muerto en un enfrentamiento armado. A ella, que la sacaron atada y amordazada... A mí, cuando me preguntan, ya desde Sierra Chica, siempre digo que a mi esposa la mató el Ejército Argentino”.
Los dichos de Baronetto fueron confrontados con su abogado de entonces, Luis Angulo, quien dijo que en ese tiempo “el proceso judicial era más un simulacro que una honrada controversia”. El actual ministro de Justicia de la provincia dijo estar “convencido de que los que diseñaron el plan mal llamado de Reorganización Nacional necesitaban tener una estructura inclusive judicial que aceptara ese lineamiento de exterminio de opositores, y no se les opusiera a los objetivos”. Con voz grave, Angulo relató sus propios temores como joven abogado y el peligro que significaba presentar un hábeas corpus. “Eran rechazados rápidamente, y los abogados eran secuestrados y desaparecidos como les pasó a Hugo Vaca Narvaja (h) que era muy joven; Carlos Altamira y Luis Prol (quien sobrevivió). Yo a veces me pregunté a mí mismo que tenía una vida, qué estaba haciendo cuando iba a los tribunales, cuando cruzaba la calle. Si de ahí mismo (de los Federales) se habían llevado a Vaca Narvaja (el 20 de noviembre de 1975). Siempre me impresionó. Era muy joven”.
A la salida de su declaración, el ministro le mostró a Página 12 copias del expediente de Marta de González en el cual figuraban la firma y el sello de Otero Álvarez en citaciones que luego eran suspendidas y que coinciden con lo denunciado por Baronetto.
Ni abogados, ni testigos
Delia Galará tenía 19 años y hacía sólo veintitrés días que se había casado con Mario Paredes, de 20, cuando el 27 de enero de 1976 una patota en tres Ford Falcon llegó a secuestrarla. Estaba tomando mate en la vereda de la casa de su suegra cuando coparon la calle Argandoña en el barrio San Vicente. “Me dí cuenta de que me buscaban a mí. Yo era maestra alfabetizadora en una villa y en ese verano habían secuestrado a muchos (se refiere a lo que el represor Vergez, alias “Vargas”, llamó el operativo Moncholos”). A Mario lo habían llamado del servicio militar y estaba en Embalse de Río Tercero. Le había tocado la Marina”. Delia contó cómo en su intento de huída trepó una tapia; corrió por los techos; entró a una casa vecina y se escondió en un placard entre la ropa. Pero la encontraron y la llevaron a los golpes a la D2. Allí por días y noches enteros, padeció torturas, quemaduras, violaciones. La pérdida del sentido del tiempo por el dolor y terror de lo que pasaba. Ya en su celda de la UP1, supo que estaba embarazada. No sabía si de su flamante esposo o de los represores. Hubo un médico (un tal Tello) que pasó un día y, de modo frío, seco, le avisó que el bebé estaba muerto. No la asistió. Sobrevivió, sola, a un aborto en su celda.
“Miren -les dijo a los jueces en la primera declaración que hizo ante un Tribunal- ahí lo que se sentía era la injusticia. Estaba a la buena de Dios ¡De Dios! - sonrió con tristeza, dándose cuenta de la paradoja, corrigiéndola- ¡Ojalá hubiera sido Dios!”. Delia Galará no se circunscribió a lo personal. En su testimonio hubo mucho "nosotros". Habló por sus compañeras vejadas, asesinadas. Nombró a Ester “Tati” Barberis; a Marta Rossetti de Arquiola; a Diana Fidelman. “Nosotras llegamos a un momento en que nos despedíamos todas las noches. Teníamos miedo y también por los bebés. Yo estaba embarazada y tenía miedo de que me robaran el hijo. Era horrible cuando se los llevaban y no sabías si lo ibas a volver a ver”. Ese fue el único momento en que Delia, conocida por su fortaleza (ha sido una de las cronistas de los juicios) no pudo seguir y su dolor atravesó a gran parte de los presentes en la audiencia.
Cuando el fiscal Facundo Trotta le preguntó si en ese tiempo había declarado "ante alguna autoridad", Galará dijo que le habían hecho firmar una declaración en la D2, a tortura: “Firmé lo que ellos pusieron. Y si me decían que lo maté al Papa, les iba a decir que sí”.
-¿Y gente de la justicia?
-Recién vinieron en la cárcel (la UP1). Sé que fue el juez Zamboni Ledesma que ahora está muerto, y otros. Me sacaron de la celda. Yo tenía los ojos vendados y estaba atada. Cuando me descorrieron la venda los ví. Había uno de traje que tenía más miedo que yo. Atrás había un soldado armado. Los de traje no me maltrataron, no me desnudaron ni me manosearon. Pero no hicieron nada ¡Nada! -casi gritó-. Yo no tenía abogado particular. Si los abogados particulares eran (Hugo) Vaca Narvaja y el doctor (Eduardo “Tero”) Valverde y los mataron… El que se supone que era mi abogado (de oficio) tenía más miedo que yo”.
El fiscal le lee esa declaración. En ella, la joven prisionera había denunciado que fue trasladada al campo de concentración de La Ribera; y que aún así tampoco investigaron nada. "Yo reconocí la zona del campo porque militaba alfabetizando por ahí. Mientras, mis padres llevaban paquetes con comida a la UP1, y les decían "no está, está en comisión". Yo fui la segunda mujer que volvió a la cárcel desde el campo. La otra fue Nilda Jelenic (que sobrevivió), y antes Diana Fidelman (fusilada el 17 de mayo).  El régimen en la UP1 se empezó a ablandar después del último fusilamiento (el 11 de octubre). Y esta entrevista con la justicia, me cuesta llamarla así, fue después, a mitad de noviembre de 1976".
Delia detalló que la condenaron a cuatro años. “Para nosotras no tenía importancia si eran cuatro u ochocientos. Sabíamos que no saldríamos. No creía en la Justicia. No sé si llamarles cómplices, pero ellos sabían lo que pasaba y no hacían nada. A mí me acusaron de tenencia de uniforme de guerra ¡De guerra! -se rió, con la mirada repleta de pena- Les traje fotos: era el uniforme (blanco) de mi marido cuando nos casamos".
El fiscal Carlos Gonella le exhibió a la testigo una declaración en Villa Devoto adonde la trasladaron en abril de 1977 en el piso de un avión Hércules C130, encadenada al piso, los ojos vendados. En ese documento del 26 de julio de 1978, que lleva la firma de Zamboni Ledesma y del secretario Carlos Otero Álvarez, consta que “(la detenida) quiere explicar el porqué de sus abstenciones (a declarar). Que tuvo miedo por no contar con las suficientes garantías”.
Delia padeció casi ocho años presa en distintas cárceles. Fue liberada recién en abril de 1983.
Gloria Di Rienzo, una sobreviviente que ya declaró en el Megajuicio La Perla, volvió a relatar su secuestro del 13 de septiembre de 1975 y las terribles vejaciones y el ensañamiento sufridos en la D2 que, de tan violentos, los propios torturadores debieron llevarla al Policlínico Policial cuando se les estaba muriendo.
Esta vez Di Rienzo detalló que cuando la llevaron a la penitenciaría UP1, además de la revisación médica donde constó su estado, el 1 de octubre la trasladaron a tribunales para tomarle declaración. “Me llevaron. Estaban mi padre y el defensor era (Ricardo) Haro. El me aconsejó que me abstenga de declarar. (En un intento de escucharla mejor, el acusado volcó todo su cuerpo sobre el pequeño escritorio que tenía enfrente). Me impresionó la persona que estaba escribiendo. En ningún momento me miró. En ningún momento pareció sorprenderse. Ni para bien ni para mal. Nunca hizo un gesto de nada”. A Gloria le imputaron violación a la ley 20.840, de "penalidades de actividades subversivas".
-¿Después de esa declaración pidieron informes médicos?
-Yo declaré todo. Fui detallada. Mucho tiempo después, y luego de la anulación de las leyes de punto final, fui al juzgado y pedí la copia completa de la causa para refrescar esa declaración. Pero no estaba. Esa declaración no estaba. Además estaba sobrefoliado el expediente. Y eso quedó demostrado en el juicio anterior.
Gloria Di Rienzo estuvo presa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 15 de marzo de 1980. Padeció el cautiverio en las celdas de la UP1 cordobesa y Devoto. Señaló que en su expediente “hay una presentación del doctor Haro, de febrero de 1976, de dos páginas en la que hace mención a que fui torturada y vejada. El solicitó la libertad; pero parece que hicieron desaparecer esa declaración". Di Rienzo precisa: "El juez (Miguel Ángel) Puga luego de la apelación que se hizo, apuntó que “cabe considerar que ha habido exceso profesional en la dura tarea de la lucha contra la subversión (…) Aduce haber recibido apremios ilegales y existieron. Si bien es cierto que la policía extrema hasta el punto de dureza su accionar, (la detenida) se abstiene de declarar ante la policía y ante el juzgado. Es una posición cómoda de la defensa, ya que obliga a encontrar por otros medios su participación en la subversión”.
Di Rienzo fue implacable en su testimonio: “Del análisis que yo hice del expediente judicial puedo diferenciar dos aspectos -explicó a los jueces-. Por un lado, si bien hubo reconocimiento a lo largo del expediente de las torturas y las violaciones, eso no prosperó en absolutamente nada. No investigaron. No se establecieron responsabilidades. Por otro lado, me llamó la atención que el juez cuestionara que pese a los apremios ilegales yo no hubiera declarado ante la policía ni ante los abogados, y habilitaba a que se averiguara por otros medios. Como la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas: dictaron sentencia sin llegar al veredicto”.
Mientras, el acusado Puga se revolvía en el banquillo. Lo de Di Rienzo era poco menos que lapidario. Y lo sabe.
El crimen con más testigos
El fusilamiento a quemarropa del estudiante de periodismo Francisco “Paco” Bauducco de 28 años, el 5 de julio de 1976 en el patio de la UP1 y ante los ojos de cientos de presos políticos y comunes, ha quedado registrado en la historia penal cordobesa como el crimen con mayor cantidad de testigos del que se tenga registro. Sus dos ejecutores inmediatos, el represor Enrique Mones Ruiz -que dio la orden-, y el cabo Miguel Ángel Pérez, que lo baleó en la nuca, ya fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2010.
La viuda de Bauducco, Dora Caffieri, dio testimonio en este juicio por videoconferencia desde España y ha sido uno de los más incriminantes para el imputado Ricardo Haro, quien entonces fungió como su abogado defensor de oficio. Esta arquitecta de 64 años, aplomada, enérgica, lo obligó a bajar la cabeza cuando le señaló: “¿Por qué me mintieron? Me vinieron a decir que mi marido le había querido sacar un arma a un militar. ¿Cómo iba a querer hacerlo en el estado de sometimiento que estábamos? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no fueron jueces y abogados como la ley lo dice?”.
Caffieri contó que ella estaba embarazada de siete meses cuando la secuestraron junto a su esposo el 20 diciembre de 1975 y los llevaron al D2. “A la semana nos declararon ilegalmente detenidos” y los trasladaron a la UP1. La testigo afirmó que tuvo dos entrevistas con funcionarios judiciales: una en enero, cuando estaba “notoriamente embarazada” y le no le preguntaron por su estado de salud; y la otra el 12 de agosto, cuando le avisaron que su marido estaba muerto. Su abogado defensor de oficio en ambas ocasiones fue Ricardo Haro.
“Miren –le espetó al Tribunal Dora Caffieri- ustedes preguntaron si yo juraba decir la verdad en este testimonio; que si no podrían penarme con diez años de prisión. ¿Y ellos? ¿No son juzgados por haberme mentido? No me recuerdo ni la cara que tenían. Imagínese lo personalizado que puede ser lo mío. No me importa quiénes son. Me importa el hecho. Ellos eran jueces, abogados, podrían haberse retirado si no querían mentir. ¿Pero cómo es que mintieron y después de 40 años siguen negando que me mintieron? ¡A mi marido lo mataron y a mí no me informaron y yo estaba ahí en el mismo sitio! Dijeron que era un guerrillero. ¿Limpiaron el nombre de mi marido? ¿Qué incidencia tienen esos jueces y abogados en el terrorismo de Estado que aplicaron? ¿Quién se hace responsable del ese daño? ¡Quiero que se paren ante mí y me pidan perdón! Quiero morirme con ese confort espiritual”, clamó.
En contraposición, Caffieri recordó "la actitud de una celadora delgadita, de unos 30 años en la cárcel. Se llamaba Marta. Fue la única que se plantó delante de los militares, y les dijo ´acá mando yo y ustedes no entran´. A mí me hubiera encantado que los jueces y los abogados se plantaran así frente a los militares”. Dora denunció que “en el momento que quise declarar apremios ilegales, robos en mi vivienda, malos tratos y tortura, me dijeron que no lo hiciera, porque como yo no tenía causa iba a salir más rápido”. Pero no fue así. La liberaron recién el 16 de septiembre de 1978. Y nunca tuvo una causa.
La vida es eterna en quince minutos
Rafael Vaggione, un abogado de 80 años no sólo dio un emocionado testimonio sobre “la valentía” de su colega y amigo Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), que antes de que lo mataran le revocó el poder para defenderlo, "y me dijo que no volviera más, que me iban a matar y prefirió quedarse solo”; sino que describió una maniobra jurídico-militar que parece haber sido utilizada de modo consuetudinario durante la dictadura.
“Con el doctor Luis Rubio (actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia), defendíamos al abogado Miguel García. El había trabajado junto con Vaca Narvaja en el mismo estudio, y ambos pertenecían al Peronismo Auténtico”. Vaggione siguió: “La causa estaba en el juzgado Federal 1, y el secretario era Otero Álvarez. Nosotros tratábamos con un empleado, Carlos Montoya”. El abogado relató que junto a su socio se dieron cuenta que había “una ventana de tiempo de 15 minutos entre que le daban la libertad a alguien y que se informaba a la Policía Federal que llegaba con una orden del PEN y lo volvían a meter preso”. De allí que esa ventana “de quince minutos” se les había vuelto obsesión. Había que sacar a García en esos quince minutos entre que les avisaban por teléfono que y ellos llegaban en auto o taxi a buscarlo al juzgado.
Vaggione detalló que le pidieron a Montoya que “les estirara” ese tiempo. Que era insuficiente. Que les hiciera el favor. Y que este hombre "Montoya entró a una oficina, donde alguien lo autorizó" y nos dieron unos 25, 30 minutos para sacar a Miguel García. “Ese era el mecanismo”, sintetizó. El liberado logró quedarse escondido un tiempo “con su esposa y todo” en la casa de Vaggione, y luego fue al exilio a San Luis. "Lo curioso -recordó el testigo- es que supimos después García hasta puso su estudio de abogado y ejerció. Nunca supo que, después de esa salida, y cuando pasó la media hora, quedó nomás a disposición del PEN todos esos años".
Ya fuera de esa audiencia, se habló “del poder” que tenía el secretario de ese juzgado 1, Carlos Otero Álvarez: “Así como levantó la barrera para que saliera Miguel García; para otros sólo hubo 15 minutos y les cayeron los federicos (como llamaban en ese tiempo a los de la Federal) con la orden del ó el PEN”, dijo a este diario uno de los abogados de la querella.
En cuanto Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), abogado de 35 años secuestrado el 20 de noviembre de 1975, y fusilado en una falsa fuga el 12 de agosto de 1976; lo suyo fue lo más parecido a una muerte anunciada. En su tiempo de reclusión en la UP1, Vaca Narvaja supo del secuestro de su padre, el ex ministro del Interior de Frondizi; y le había dicho a Mario Asbert su colega también preso: "Turco, velame en vida, porque soy boleta. Me dijeron que me van a matar". Tanta era su conciencia de la proximidad de la muerte, que no dudó en revocarle el poder a su abogado Rafael Vaggione; ni pedirle a su madre y a su hermano Gustavo que sacaran a toda la familia del país.
En su testimonio, el sobreviviente Manuel Canizzo, un docente de 60 años, hizo un aporte con nombres y apellidos en la responsabilidad civil por el crimen de Vaca Narvaja: "A él lo maltrataban más que al resto por el apellido. Se la tenían jurada. Cada vez que entraban al pabellón, le decían a la cara que lo iban a matar. Una vez que pude entrevistarme en la cárcel con el doctor Otero Álvarez le dije que a Vaca Narvaja lo iban a matar. Que lo citara para lo que sea. Y él me contestó que el doctor Vaca Narvaja no podía ser citado porque no tenía causa. Le dije que por favor lo convocara aunque sea para salvarle la vida. Y me dijo que no podía hacer nada. Eso fue en la UP1”. En su silla, Otero Álvarez sólo se acomodó los pliegues del saco. A menos de dos metros estaba Raquel Altamira, la viuda de Vaca Narvaja: los ojos grandes, vidriosos, y el esfuerzo de la dignidad ante el dolor.
Los 28 testigos, entre previstos y los que se sumaron a raíz de otros testimonios, concluyeron sus declaraciones el martes 5 de este mes. La etapa de alegatos comenzó hoy. Se estima que habrá sentencia a fines de octubre.



sábado, 9 de septiembre de 2017

RODOLFO CAPON FILAS in memoriam



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Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo

Santiago del Estero, 25 de agosto de 2017.-

RODOLFO CAPÓN FILAS, IN MEMORIAM

El 29 de julio pasado falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 83 años, el ilustre laboralista Rodolfo Capón Filas, una suerte de prócer del Derecho Laboral, de quien todos los que frecuentamos esta disciplina hemos sido en algún punto sus herederos, o bien sus aprendices, porque se compartieran o no la totalidad de sus pensamientos, fue maestro de varias generaciones, un luchador incansable y un jusnaturalista consecuente.

Esta novel Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina desea con estas breves pero sentidas palabras rendirle un póstumo homenaje por la originalidad de algunas de sus ideas – como la concepción sistémica del derecho del trabajo – por su inclaudicable defensa de los derechos de los trabajadores - desde la magistratura, la reflexión doctrinaria, la difusión de sus ideas y desde cualquier otro lugar donde entendiera que debía estar presente - como sucedió con la creación del Equipo Federal de Trabajo que tan fecundo fue en su desarrollo - y por la publicación de obras propias y ajenas de interés y valor.

Fue un adelantado en la aplicación del Derecho Internacional de los DDHH, mucho antes de la reforma constitucional de 1994, propugnando también la fundamentación de las sentencias en la Declaración Socio Laboral del Mercosur y la obligación de comunicar a la OIT la aplicación de sus convenios.

Otro de sus aportes fue la idea de estabilidad en el contrato de trabajo así como la incorporación de los trabajadores informales al Derecho Social.
Integró durante muchos años, conjuntamente con Juan Carlos Fernández Madrid, la prestigiosa Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyos actuales integrantes honran esa tradición, son socios fundadores de esta Asociación y están hoy aquí presentes con todos nosotros.

No transó con quienes no debía hacerlo, nunca se abstuvo de criticar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando disentía con sus fallos y sus concepciones, nos animó a ejercer cada vez que fuera necesario el control de constitucionalidad difuso recordándonos que este órgano no tiene facultades casatorias y fue un valiente y decidido defensor de algunos de los temas que se abordarán en nuestro Congreso de Santiago del Estero, como el principio de legalidad y la independencia judicial.

En estos tiempos aciagos de retroceso en los derechos y de colegas que sin rubores se acomodan a la nueva ola flexibilizadora, marginando de sus decisiones lo que tiene de esencial y constitutivo el Derecho Laboral en cuanto protectorio de los derechos del trabajador, lamentamos doblemente su pérdida: por lo que humanamente significa para todos aquellos que lo apreciaron y respetaron y por el ejemplo de vida que nos dejó como legado, de los que ya no abundan. Se ha ido, pero nos ha dejado una poderosa herencia.

                Dr. Luis Raffaghelli                                                                        Lucia ASEFF
                Presidente                                                                                         Vicepresidente 1º