domingo, 16 de febrero de 2020

GARCIA LINERA ...LOS DESTRUCTORES DE SU BIBLIOTECA


LA BIBLIOTECA PROHIBIDA DE GARCÍA LINERA

Ponemos on line los documentos del vicepresidente boliviano que los golpistas quisieron destruir.


Fuente: "el cohete a la luna".
POR MARÍA CLARA ALBISU Y MARTÍN ANZORENA  

A poco de consumado el golpe de estado en Bolivia, un rumor circuló en redes sociales: el del incendio de la biblioteca personal de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y uno de los intelectuales más resonantes de Latinoamérica en lo que va del siglo XXI. De comprobarse tal pérdida, nunca confirmada, sin duda estaríamos frente a otro acto de barbarie de parte de los vencedores del 10 de noviembre.
En «La biblioteca en llamas», la periodista Susan Orlean narra: «En Senegal, la expresión amable para indicar que alguien ha muerto es decir que su biblioteca ha ardido«. La conflagración golpista de la derecha racista boliviana sin duda intenta matar las ideas de Evo Morales y García Linera, para intentar matar su proyecto político, su gravitación en torno a los asuntos del país, sus casi catorce años de reformas y a la clase social boliviana que por primera vez llevó las riendas de lo propio.
Al mismo tiempo que se alzaba el rumor de la biblioteca en llamas del vicepresidente, se concretaba, sin necesidad de fósforos, la censura y desaparición del acceso publico a las obras editadas por la Vicepresidencia de Bolivia.
Las producciones que estaban disponibles libremente en el sitio web de la oficina que hasta el domingo ocupaba Álvaro García Linera servían como insumos políticos y teóricos, pero a la vez, como repositorio, archivo y memoria de las ideas de los pueblos del estado plurinacional.
La colección contiene varias revistas, recopilaciones de discursos, informes gubernamentales, artículos de análisis político, relevamientos de discusiones en torno de la reforma constitucional y producción teórica sobre el estado plurinacional. Los autores son muchos, desde el dueño de casa, Álvaro García Linera, hasta nombres familiares como Slavoj Žižek o la disuelta dupla podemista de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, pasando por una pléyade de pensadores y actores de la vida política, sindical, académica, intelectual y administrativa boliviana y latinoamericana. Se trata, esencialmente, de materiales que permiten cumplir un objetivo que distingue al proceso de cambio comandado por Morales y García Linera de otros análogos en nuestro continente: pensar a Bolivia desde Bolivia, en simultáneo a su transformación y para alimentarla.
A horas del golpe de estado y a la luz de la evidente ansia del núcleo golpista por acabar con todo rastro del proceso emancipatorio que protagonizaron Morales, García Linera y su pueblo, vislumbramos que el sitio web de vicepresidencia era un obvio objetivo de las llamas, candidato a dejar de existir, y con él, las ediciones que hacía disponibles para quien las requiriera.
Aunque varias de esas obras pueden encontrarse desperdigadas por internet, concertamos de manera artesanal una estrategia de preservación y sistematización del material como unidad documental en vista a su futura reposición y publicación, que hoy concretamos gracias a la generosidad de El Cohete a la Luna.
El gobierno de facto de Jeanine Añez, en un gesto típico en el que incurre casi de modo ritual cualquier dictadura que se precie, finalmente quemó la biblioteca virtual, eliminando el sitio de Vicepresidencia el mismo día que producía la masacre en Sacaba. Las ideas detrás del proyecto de país que los indios defienden desde El Alto, Cochambaba, Senkata y las calles hostiles de La Paz están acá, para reestablecer su circulación y difusión. Para que les sean devueltas como herramientas, esta vez, para la resistencia y defensa del Estado Plurinacional que supieron construir.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (2006 – 2019)
Discursos, ponencias y documentos de Alvaro García Linera
Ediciones Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Libros y publicaciones del vicepresidente Alvaro García Linera y otros autores.
Entrevistas a Alvaro García Linera
Seminarios «Pensando el mundo desde Bolivia»
Cuadernos de Reflexión (2007-2008)
Proceso Constituyente (2006-2009)
Compilación de documentos originales del proceso Constituyente.
Documentos electorales y de gestión
Publicaciones periódicas
Periódico Plurinacional (2011)
Periódico de circulación nacional, libre y gratuita.
Revista La Migraña (2013-2018)
Revista de análisis político.
Revista de Análisis (2007-2010)
Publicación para el debate e intercambios sobre la coyuntura.
Revista Racismo (2008)
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jueves, 7 de noviembre de 2019

AUSCHWITZ...MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA ....SIEMPRE

Auschwitz impone al mundo no olvidar el horror
El 27 de enero de 1945 tropas soviéticas entraban al campo de concentración, donde aún permanecían unos 500 sobrevivientes. Historiadores aseguran que las nuevas generaciones desconocen lo que ocurrió allí.
Fte.: Diario El Día La Plata Bs.As. Argentina (27.1.2020)
SE CALCULA QUE EN AUSCHWITZ FUERON ASESINADAS CERCA DE 1.100.000 PERSONAS, EN SU MAYORÍA JUDÍOS, PERO TAMBIÉN PRISIONEROS SOVIÉTICOS, HOMOSEXUALES Y GITANOS / AP
“Había tal hedor que era imposible estar ahí por más de cinco minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban para que los dejara ir. Pero teníamos una misión que cumplir”, contó Anatoly Shapiro, el primer oficial del ejército soviético que entró al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Fue la mañana el 27 de enero de 1945, una fecha de la que hoy se cumplen 75 años y que impone nuevamente al mundo la obligación moral de no olvidar ese horror.
Aunque no fue el único campo de concentración creado por el régimen nazi, el de Auschwitz fue el de mayor tamaño y el más brutal. Según estadísticas del Museo del Holocausto, 1.100.000 personas fueron asesinadas en él desde que comenzara a funcionar en 1940 hasta la mañana de su liberación. Si bien la mayoría de esas víctimas fueron judías, también murieron en él polacos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales, gitanos y testigos de Jehová.
“No teníamos la menor idea de la existencia de ese campo. Mi comandante no nos había dicho nada sobre este asunto”, contó Shapiro, quien en ese momento tenía 32 años y junto a sus hombres dio con unos 500 sobrevivientes en un estado desolador. “Vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, lucían terrible, eran puro hueso. Les dijimos que éramos del ejército soviético y que quedaban libres del dominio alemán pero no reaccionaron, no podían ni mover la cabeza o decir una palabra”.
Cuando las tropas soviéticas se internaron en las barracas vieron decenas de “mujeres que yacían sin vida sobre el suelo, desnudas, porque la ropa se la habían robado. Había mucha sangre y excrementos humanos alrededor”. “En el último cuartel sólo habían dos niños que habían logrado sobrevivir y cuando nos vieron comenzaron a gritar: ‘¡No somos judíos!, ¡no somos judíos!’. Estaban asustados porque pensaron que los íbamos a llevar a la cámara de gas”, contó el oficial.
“LA SOLUCIÓN FINAL”
A unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, en una localidad polaca que los nazis re nombraron como Auschwitz durante su ocupación, el campo de exterminio homónimo se levantó sobre unas barracas de ladrillo que habían pertenecido al ejército polaco, y al que luego se les fueron sumando otras instalaciones: complejos fabriles, granjas, crematorios, cámaras de gas masivas...
Destinado a someter al trabajo esclavo y asesinar a los prisioneros que llegaban a el, Auschwitz fue creciendo hasta llegar a tener más de cuarenta sub campos a su alrededor. Para llevar a cabo su plan de exterminio el régimen nazi se valió del tendido ferroviario existente, a través del cual trasladaba hasta el campo de concentración a niños, mujeres y hombres apresados por “indeseables” en distintas regiones del territorio europeo bajo su ocupación.
En esos trenes de la muerte los prisioneros eran encerrados en vagones donde se los sometía al hacinamiento, el hambre, el frío durante el viaje, que solía durar varios días. Aunque se les decía que iban a trabajar, su destino era ser asesinados apenas arribaban.
Según estimaciones del Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá de Jerusalén, Yad Vashem, en ese campo fueron asesinados más de un millón de judíos, 70.000 polacos, 25.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos. Además hubo otros grupos perseguidos, como homosexuales, testigos de Jehová y personas con discapacidad.
Bajo la supervisión del jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, Auschwitz fue inaugurado el 20 de mayo de 1940, y estuvo dirigido al principio por el oficial de las SS, Rudolf Hoss, quien fue capturado y juzgado en los juicios de Nuremberg en los que se lo condenó a muerte. La pena se cumplió delante del crematorio del mismo campo de concentración, donde murió ahorcado en 1947. Su reemplazante Arthur Liebehenschel fue también juzgado por un tribunal polaco y ejecutado en 1948.
Richard Baer, el último nazi que dirigió Auschwitz, vivió bajo una falsa identidad en Hamburgo, hasta que fue reconocido y arrestado. Se suicidó en prisión antes de que se iniciara su proceso en 1963. Se estima que cerca de 6.500 miembros de las SS trabajaron en Auschwitz, en pequeñas o en grandes tareas, para cumplir con la denominada “solución final” de exterminio a los judíos, diseñada entre otros por Adolf Eichmann.
Setenta y cinco años después de aquella tragedia, muchos historiadores se siguen preguntando por qué las fuerzas aliadas -entre ellos el primer ministro británico, William Churchill-, no ordenaron el bombardeo de las líneas ferroviarias en Polonia, que conducían al mayor campo de concentración.
APRENDER DEL PASADO
Hace poco más de un mes, la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, visitó por primera vez Auschwitz en sus 14 años de mandato, acompañada por el primer ministro polaco, y se manifestó “profundamente avergonzada por los atroces crímenes que cometieron los alemanes”.
“Nunca debemos olvidar, y tampoco relativizar (...). Lo que ocurrió aquí no se puede entender con sentido común”, afirmó tras visitar un barracón donde había latas vacías del venenoso Zyklon B, utilizado por los nazis en las cámaras de gas.
Pero “el Holocausto fue mucho más que Auschwitz: fueron seis campos de exterminio y cientos de trabajo forzado, fue el intento de borrar una cultura, un idioma, una nación, fue la destrucción de sinagogas y la quema de libros”, explica Dina Porat, historiadora del Centro para la Memoria del Holocausto en Jerusalén.
Porat, que dirige el Centro Kantor para el Estudio del Judaísmo en Europa, aprovecha la fecha para alertar del creciente antisemitismo en el mundo y señala entre sus causas lo que denomina una “crisis de las democracias” y el fortalecimiento de la derecha en Europa que dice “tiene capas de antisemitismo tradicional”.
Algo que la preocupa especialmente es un proceso que llama “fatiga del Holocausto” y que identifica en jóvenes pertenecientes a la tercera generación posterior a la guerra, que cuestionan la historia del Holocausto como parte de un proceso de fortalecimiento de sus identidades nacionales, alejadas de sentimientos de culpa y responsabilidad.
“Además, esta tercera generación evidencia una ignorancia notable sobre la Segunda Guerra Mundial”, advierte la historiadora, quien lo vincula al desvanecimiento del sentimiento de obligación de Europa para con los judíos que permite la aparición de sentimientos antisemitas.
“Hay mucho más odio en el mundo de hoy”, apunta Porat al señalar que “el Holocausto debe ser un punto de partida para educar a los más jóvenes sobre la aceptación del otro y la igualdad”.

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viernes, 6 de septiembre de 2019

Denuncia de Organizaciones ante la CIDH por ataques a jueces y la abogacia vinculada a derechos humanos

06 de septiembre de 2019
"Los actos de presión socavaron la independencia"
Denuncia ante la CIDH por la intromisión del Gobierno en la Justicia
Un grupo de organizaciones ligadas al Derechos presentaron un escrito detallando los jueces, fiscales y abogados que sufrieron ataques desde el Ejecutivo.
Por Irina Hauser
El documento elevado a la CIDH hace un detalles de los jueces y jueces atacados.
El documento elevado a la CIDH hace un detalles de los jueces y jueces atacados. 
Un grupo de organizaciones ligadas al ámbito del Derecho presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde señala una por una las “intromisiones indebidas, presiones y ataques” a jueces, defensores y abogados, al igual que a organismos como el Consejo de la Magistratura, ocurridos desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno. Se refieren a un enorme abanico de situaciones entre las que destacan procesos que derivaron en “una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición”. 
“Lo que se describe –dice el texto al que accedió Página/12-- está directamente dirigido a disciplinar a los magistrados que dictan resoluciones que no son acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo, lo que conlleva a la consecuencia de generar una magistratura adicta….” Las modalidades de esta ofensiva descriptas también en la presentación son variadas pero han incluido especialmente pedidos de juicio político, denuncias penales y aprietes a través de los medios de comunicación, a veces en boca del propio Macri. El documento elevado al organismo internacional hace un listado de más de veinte jueces y juezas atacados, muchos de ellos nombres conocidos, más otros actores del sistema judicial con sus historias específicas. Aparecen desde Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Sebastián Casanello, Luis Arias, Alejo Ramos Padilla, Luis Carzoglio, Enrique Arias Gibert, Ariel Lijo, Luis Raffaghelli, hasta la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, ficales como Federico Delgado y Gabriela Boquín, y abogados, muchos de ellos de causas de derechos humanos. El planteo inserta todo esto en el actual contexto político y económico y hasta habla de la “inconstitucionalidad del endeudamiento”.
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La lista de los nombres y los detalles de los casos impacta por la cantidad y la descripción de los hechos señalados. “Los actos de intimidación y presión al Poder Judicial y los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura entre otros, han socavado la independencia” de “éste poder del Estado de derecho (…) en decisiones que contraríen los deseos del Poder Ejecutivo (…) el cumplimiento e implementación de un Poder Judicial independiente e imparcial se ha visto atacado desde el10 de diciembre de 2015 con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri”, advierten la denuncia. Los organismos que la firman son Abogados Por la Justicia Social (AJuS), AJUS La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Argentina de Juristas, La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociación Justicia Legítima, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho (CLACSO), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Los “ataques” que señalan los organismos “no han sido aislados ni deben ser analizados independientemente entre sí, sino que se han llevado a cabo con precisión temporal”. “Se está ejecutando un plan en la República Argentina” basado “en la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, serían imposibles de ser llevadas a cabo”, dice el texto. “Sostenemos que la independencia de los magistrados e instituciones jurídicas se ha visto sometida a expresiones intimidantes directas e indirectas”, agrega. Los denunciantes piden en el escrito una audiencia en la CIDH y la aspiración es lograr una medida cautelar –facultad que tiene la comisión—para frenar este proceso. 
Entre los mecanismos de presión o de colonización que desnudan, los más sutiles son la prolongación de subrogancias para que los/as jueces/as intenten complacer al poder que debe darles un nombramiento definitivo, los traslados de jueces a dedo de un tribunal a otro (algo que se ha implementado en tribunales estratégicos como la Cámara Federal, la Casación Federal y tribunales orales que deben juzgar a ex funcionarios, aunque en este caso hubo un freno de la Corte), los concursos condicionados políticamente, y los recortes o manejos con el presupuesto. Dentro del propio Consejo de la Magistratura --el organismo que elige y sanciona a los jueces-- “el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles”, advierte la presentación. 
El punto de partida de la denuncia es el nombramiento por decreto y en comisión de dos jueces de la Corte Suprema --Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-- primera medida del gobierno de Macri, que luego tuvieron que pasar por el senado porque los supremos en funciones se negaban a tomarles juramento y el escándalo era mayúsculo.

Jueces y juezas

Junto con el ex camarista Freiler, que integraba la lista negra de Macri --a quien había procesado por el espionaje en la Ciudad, entre otras cosas-- la denuncia recuerda que al ex juez supremo Zaffaroni diputados oficialistas intentaron impulsar su remoción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no les gustan sus ideas, lo que tradujeron en “inhabilidad moral y actuación partidista”.
Luis Arias fue destituido por impulso de Cambiemos y del procurador Julio Conte Grand tras su intervención favorable al gremio docente, pero principalmente por el contenido de sentencias defensoras del derecho a la vivienda, a las personas privadas de la libertad, y contrarias a los tarifazos, entre otras. A Daniel Rafecas le abrieron un expediente disciplinario --cerrado por burdo-- por decir que no había delito en la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de aparecer sin vida, donde acusaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. A él y también a Ariel Lijo –que tramita causas contra el gobierno actual, como el caso del Correo-- les abrieron investigaciones por supuesto cajoneo de expedientes en función de la denuncia de una ONG ligada al Poder Ejecutivo (Unidos por la Justicia) y el Colegio de abogados de la Calle Montevideo. La jueza Martina Forns fue “descalificada públicamente por funcionarios del Ejecutivo” después de frenar el aumento de la tarifa de luz. Sebastián Casanello “recibió presiones para que incriminara a la ex presidenta”, lo que se vio en los medios y en la catarata de presentaciones de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo. También fue “hostigado públicamente” Carlos Rozanski, ex juez de tribunal oral que condenó a represores. Macri, dicen los denunciantes, también descalificó al juez Carlos Rossi, que había excarcelado al femicida de Micaela García.
Uno de los casos recientes más escandalosos es el de Luis Carzoglio, el juez de Avellaneda que se negó a detener a Pablo Moyano ante un pedido del fiscal Sebastián Scalera en una causa sobre el club Independiente por considerar que no había pruebas, y que reveló que lo habían ido a ver dos funcionarios de la AFI que le entregaron un borrador con la orden de detención de Hugo y Pablo Moyano. Lo increíble fue que las autoridades del a AFI lo reconocieron ante la Comisión Bicameral de inteligencia. Pero Carzoglio fue suspendido y tiene un jury en camino. El otro ejemplo burdo de persecución, es el de las denuncias y pedido de remoción contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a quien primero le abrieron un expediente en el Consejo solo por haber ido a hablar al Congreso sobre su investigación sobre espionaje ilegal .
Párrafo aparte merecen los integrantes del fuero laboral, particularmente atacados cuando el Gobierno fogoneaba despidos y recortaba derechos de los trabajadores. 

Fiscales y abogados

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El caso paradigmático mencionado es el de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, quien había sido designada en 2012 con acuerdo del Senado pero, dice la presentación, el Poder Ejecutivo, se propuso “lograr su renuncia” y “degradar y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal mediante intervenciones de funcionarios y hostigamiento mediático de las grandes empresas de comunicación aliadas al gobierno”. 
Entre los “actos de persecución abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos” el texto señala denuncias “artificiosas” contra Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores de Milagro Sala; mientras que sufrió un atentado en su casa el abogado Jorge Cholvis, del instituto Arturo Sampay y denunciante con Arístides Corte y Eduardo Barcesat del presidente Macri por la negociación con los fondos buitre y la actividad personal y de otros funcionarios con sociedades “off shore”.
Los denunciantes subrayan, en varios casos –como el D’Alessiogate—los intentos de injerencia explícita del Poder Ejecutivo y en otros implícitas. Muestran una preocupación por general por estos ataques que, dicen, “no tienen precedentes en el país” y han “provocado consecuencias también fuera del sistema judicial". 
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martes, 27 de agosto de 2019

CASOS DE COMPLICIDAD JUDICIAL CON DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La impunidad de los cómplices judiciales del terror
Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad detalla que, de los 48 ex miembros del Poder Judicial acusados por su actuación durante la dictadura, hay 35 que aún no recibieron sentencia.
Fte. P.12 27-8-2019
Hace pocos día comenzó en Salta el juicio al ex juez Ricardo Lona, acusado por su rol en la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en 1976.
Hace pocos día comenzó en Salta el juicio al ex juez Ricardo Lona, acusado por su rol en la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en 1976. 
La investigación sobre la responsabilidad de ex miembros del Poder Judicial en delitos de lesa humanidad sigue siendo, a 43 años del inicio de la dictadura, una deuda del Estado con la sociedad argentina. Excepto por un puñado de condenas aisladas y por el admirable caso de Mendoza, que en 2017 logró una histórica sentencia contra el ex camarista Otilio Romano y otros tres ex magistrados, la mayoría de los imputados dilata las causas con éxito durante años pese a la perseverancia de querellantes, fiscales y organismos de derechos humanos. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay actualmente 48 ex jueces, fiscales, defensores o secretarios investigados en distintas instancias, de los cuales 35 todavía no recibieron una sentencia. Otros once llegaron a estar imputados pero murieron antes de ser juzgados.
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Este mes comenzó en Salta el juicio al ex juez federal Ricardo Lona, acusado de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador Miguel Ragone el 11 de marzo de 1976. El caso de Lona, que además es investigado por su rol en la Masacre de Palomitas, es un ejemplo de la resistencia del Poder Judicial a depurarse. Luego de interminables excusaciones y recusaciones de jueces y conjueces, fue procesado en 2007. Dos años después lo sobreseyó la Cámara Federal de Salta y recién a fines de 2011 la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación por el encubrimiento del asesinato de Ragone. Fueron necesarios casi ocho años más para lograr sentarlo en el banquillo.
Otra excepción a la regla de la impunidad, producto del incansable trabajo de víctimas, abogados y fiscales, es el del ex fiscal federal chaqueño Domingo José Mazzoni, a quien juzga desde el mes pasado el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Ya en 1984 la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chaco tomó nota de la participación de Mazzoni en torturas físicas y psicológicas, pero nada le impidió seguir en carrera. En 2003, cuando se reabrieron las causas, el CELS e Hijos Chaco pidieron su apartamiento, que el procurador Esteban Righi ordenó cuatro años después tras un largo sumario administrativo. Para evitar ser sometido a un jury de enjuiciamiento, renunció al cargo. Tiene procesamiento confirmado desde el lejano 2013. A esa misma instancia de culpabilidad arribaron el ex fiscal Carlos Flores Leyes y el ex juez federal Luis Angel Córdoba, que murieron antes de llegar a juicio.
El tercer ex magistrado sometido a juicio en estos días es el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, a quien el Tribunal Oral Federal de San Juan juzga junto a otros 34 acusados como partícipe primario en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios. También este mes, el tribunal riojano que absolvió al ex jefe del Ejército César Milani condenó, entre otros, al ex juez federal Roberto Catalán. Los fiscales habían pedido una pena de veinte años de prisión pero recibió sólo cuatro. Catalán ya había sido condenado en 2016 a doce años de cárcel por encubrir un homicidio y siete casos de tormentos.
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Según el relevamiento de la Procuraduría que encabeza la fiscal María Angeles Ramos, son once los ex integrantes del Poder Judicial condenados por delitos de lesa humanidad. En la megacausa cuyana, además de Romano (que desde la Cámara Federal de Mendoza obstaculizó los juicios durante años y después se profugó en busca de impunidad) fueron condenados Rolando Evaristo Carrizo, Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren en Mendoza. En Córdoba, en otro juicio que se centró en la actuación de ex magistrados, fueron condenados Miguel Angel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, en tanto Ricardo Haro y Carlos Otero Alvarez lograron la absolución. Completan la lista de condenados Eduardo Francisco Allende en San Luis, Luis María Vera Candiotti en Santa Fe, Manlio Torcuato Martínez en Tucumán, Gustavo Modesto Demarchi en Mar del Plata y Roberto Catalán en La Rioja.
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