salud mental y trabajo

Video sobre la desigualdad y la riqueza en el mundo

Las tremendas condiciones laborales de la FOXCNN TECHNOLOGY fábrica de electrónicos mundial

Foxconn: el "dragón oculto" ha quedado al descubierto

Fte: Kabir Chibber

BBC, Tecnología  24.9. 2012

Terry Gou fundó la empresa en 1974 con US$7.500 que le pidió prestado de su madre.

La tapa posterior del iPhone dice: "Diseñado por Apple en California. Ensamblado en China".

Las personas que ensamblan la mayoría de los iPhones y otros apetecidos productos de Apple como el iPad trabajan para Foxconn, fabricante propiedad del grupo taiwanés Hon Hai Precision.

Por años, Foxconn se ha mantenido con un bajo perfil, pese a que emplea 800.000 trabajadores en todo el mundo.
Foxconn se cuenta a sí mismo como uno de los "dragones ocultos" -grandes pero a menudo oscuras compañías que fabrican bienes, principalmente en China, para las más importantes marcas del mundo en electrónica, ropa, juguetes y electrodomésticos.
Pero los escándalos sobre las condiciones de trabajo y la creciente visibilidad de los productos que fabrica, ha llevado a la empresa a ser el centro de las miradas.
¿Qué es Foxconn y qué es lo que hace?
clic Lea: trifulca en fábrica de Foxconn

La mayor firma taiwanesa

Qué ensambla Foxconn

• Apple iPods, iPads y iPhones
• Componentes de computadoras Dell
• Xbox 360 de Microsoft
• Kindle de Amazon
• Teléfonos inteligentes de Nokia, Motorola y Sony

Foxconn es parte de una organización de múltiples tentáculos llamada Hon Hai Precision, y es el mayor fabricante mundial de productos electrónicos de consumo masivo.
Por ejemplo, Foxconn Technology ayuda a ensamblar el iPhone de Apple y el iPad. Otra filial, Foxconn International, es el contratista más grande del mundo en la fabricación de teléfonos móviles y no tiene nada que ver con los productos distintivos de Apple.
Y Hon Hai trabaja en temas de avanzada, como la nanotecnología y ciencias de materiales.
Lo que es ahora Foxconn fue fundada en 1974 con US$7.500 que el fundador, Terry Gou, tomó prestado de su madre.
La compañía empezó a cotizar en bolsa en Taipei en 1991 y actualmente su valor aproximado es de US$37.000 millones.
Foxconn no es sólo utilizado por Apple, sino por todas las grandes compañías tecnológicas del mundo. Algunos de sus clientes son HP, Microsoft, Nokia y Sony.
Dice que le han concedido 25.000 patentes en todo el mundo.
La firma de Gou es uno de los mayores exportadores de China.

Mente clara

Foxconn es famoso por su enfoque estilo "revolución industrial": los trabajadores comen, duermen y viven en sus instalaciones.

Terry Gou, que es reacio a la publicidad, es el hombre más rico de Taiwán.
Empezó haciendo botones para televisores en blanco y negro de factura estadounidense, antes de convertirse en proveedor de conectores para los controles joystick del fabricante de juegos de video Atari.
En una inusual entrevista, al rememorar su primera visita a EE.UU., Gou contó que alquiló una limusina para visitar las oficinas de empresas como IBM y que durmió en la parte de atrás por la noche para ahorrar dinero.
Según Bloomberg Businessweek, en su oficina hay libros que contienen palabras de sabiduría de Gou, como "las personas con hambre tienen una mente especialmente clara".
Foxconn es famoso por su enfoque estilo revolución industrial a la fabricación: los trabajadores comen, duermen y viven en grandes dormitorios adyacentes a las fábricas en las que trabajan. La compañía, incluso, ofrece médicos.
La planta de Shenzhen, que incluye panaderías, bancos y clínicas de acupuntura, por ejemplo, emplea a más de 400.000 personas.
Los trabajadores viven en un dormitorio con siete desconocidos, realizando la misma tarea seis días a la semana.

Suicidios en la planta

Las condiciones laborales de la compañía han generado protestas de grupos de distintos sectores.

Pero el abismo existente entre la belleza de los productos que produce Foxconn y las condiciones con las que fabrican fueron expuestos de forma brutal cuando una serie de muertes golpeó a la empresa.
Trece empleados chinos se suicidaron en Foxconn o en plantas relacionadas en 2010, lo cual llamó la atención respecto a las condiciones de trabajo en China y a las crecientes huelgas laborales.
En el mismo año, Foxconn tuvo que cerrar temporalmente una fábrica en India cuando 250 trabajadores cayeron enfermos. Y en mayo de 2011, dos personas murieron tras una explosión en una planta de Foxconn en Chengdu.
Foxconn dijo que las condiciones de trabajo no fueron responsables de las muertes. Inicialmente fue desdeñosa respecto a los suicidios.
Pero pronto debió responder a la atención de los medios en todo el mundo elevando salarios, reduciendo horas de trabajo y asignando sicólogos al lugar.
Apple envió inspectores independientes de la Asociación de Trabajo Justo de EE.UU. para auditar sus instalaciones. Estos hallaron "asuntos importantes" en las prácticas de trabajo.
Apple dijo que "aceptó totalmente" las conclusiones del informe.
A pesar de ser un blanco de las críticas, Foxconn es considerado uno de los mejores empleadores de China por muchos grupos de derechos laborales en ese país, por pagar a los trabajadores a tiempo y por todas las horas extras.
El salario inicial en su planta de Shenzhen -que emplea a la mayor parte de sus trabajadores- es de US$285 en comparación con un salario mínimo de US$237,61 en la ciudad.
El salario mensual sube a US$348,50 luego de un período de prueba, y más si se incluyen las horas extras.
Debido al alto perfil de su vínculo con Apple, la empresa ha sido objeto de un escrutinio mucho mayor que otras industrias similares, orientadas a la exportación.
En 2011, las acciones de Hon Hai cayeron un 22%. Eso además de la caída de 13% del año anterior.
Pero sus acciones han subido un 27% este año, en parte impulsado por la demanda para el último teléfono de Apple.
Foxconn está trasladando su producción a provincias en el interior de China, en vista de los aumentos sustanciales a los costos laborales en las provincias costeras conocidas como el Delta del Río Perla.
¿Podrá esto, sumado a las nuevas medidas de seguridad industrial, hacer frente a las permanentes inquietudes de los trabajadores? Sólo el tiempo podrá decirlo.

AUSPICIOSA RESOLUCION DE LAS MAYORIAS GLOBALES

Fte.P12 10.9.2014

La ONU aprobó la necesidad de crear un marco jurídico para los procesos de reestructuración de deudas soberanas

Una pulseada global contra los buitres

La propuesta del G-77 más China, promovida por la Argentina, consiguió el voto a favor de 124 países. Hubo 41 abstenciones y sólo 11 naciones se pronunciaron en contra. “Es un día histórico”, celebró el canciller Héctor Timerman.

Por Sebastian Abrevaya

Ahora Naciones Unidas deberá definir la nueva reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período ordinario.

Página/12 En Estados Unidos

Desde Nueva York

Por 124 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 11 en contra, la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer la resolución que establece la necesidad de crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. Tras más de una década de postergaciones, el organismo internacional resolvió que deberá trabajar y definir esa reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período de sesiones ordinarias. La Argentina consiguió el respaldo del G-77 más China, que llevó una propuesta común a la última reunión anual de la asamblea general. “Es un día histórico”, aseguró el canciller Héctor Timerman, que viajó especialmente a Nueva York para participar de la sesión y las negociaciones. Al conocerse el contundente respaldo de la asamblea, la comitiva argentina, completada por la representante permanente ante la ONU, Marita Pérceval, y la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón, entre otros, aplaudió de pie.
“La trascendente votación que acabamos de realizar es la expresión más contundente de esta representatividad global: los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural y democrático, como éste, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto”, aseguró Timerman durante su discurso, en el que recordó que justamente 50 años atrás, un 9 de septiembre, el diplomático argentino José María Ruda realizaría un alegato histórico exponiendo la posición argentina contra todas las formas de colonialismo.
De los 193 miembros de las Naciones Unidas, los únicos países que votaron en contra fueron 11: Estados Unidos, Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Japón e Inglaterra. Las abstenciones alcanzaron un número más alto, 41. Muchas de ellas pertenecen a la Unión Europea (como Bélgica, España, Grecia, Italia, Francia, Holanda) y otras a Estados nórdicos (como Dinamarca, Noruega, Suecia), también de Oceanía (como Nueva Zelanda). Desde la comitiva argentina consideraban un avance que muchos países se hayan expresado de esta manera, sin obstaculizar el tratamiento de una reglamentación mundial sobre deuda soberana. De hecho, al comenzar las negociaciones, unos 46 países habían adelantado que rechazarían el proyecto y ese número luego se redujo a 11.
El encargado de presentar el proyecto fue el representante de Bolivia, Sacha Llorenti, en su condición de presidente del G-77 más China, que nuclea a 133 países en desarrollo. Llorenti manifestó el “compromiso de construir un sistema financiero internacional en el que las reglas sean justas y favorables al desarrollo, para que los países puedan también lograr un desarrollo sostenible”. El proyecto, entre otros puntos, sostiene que deben intensificarse los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda, definirse las modalidades de adopción del texto jurídico a aprobarse y recuerda las reiteradas oportunidades en las que tanto las Naciones Unidas así como otros foros multilaterales han intentado sin éxito abordar este tema. Si bien el debate sobre el sistema financiero internacional data en Naciones Unidas al menos de 1970, uno de los primeros antecedentes concretos sobre el tema deuda soberana es la cumbre de Monterrey en la que, hace 12 años, los líderes de distintos países expresaron el compromiso de trabajar en un mecanismo internacional de negociación.
También hay otros antecedentes en el Fondo Monetario Internacional, que no prosperaron debido al rechazo de países con mucho poder dentro del organismo, como Estados Unidos. “Hoy le toca a la Argentina, pero muchos países en desarrollo o desarrollados han sufrido la misma conducta depredadora y continuará sucediendo si no actuamos ahora”, aseguró Llorenti en relación con la actitud de los fondos buitre, que a través del fallo del juez Thomas Griesa han logrado impedir el cobro del 92,4 por ciento de los tenedores de deuda argentina.
Uno de los principales argumentos de los países opositores a la creación del marco regulatorio fue la necesidad de “un debate técnico”, que debería realizarse en foros especializados, como el FMI o el Club de París, precisamente donde ellos tienen mayoría. “Tratar esta cuestión en las Naciones Unidas, en un plazo irregularmente corto y con irregularidades de procedimiento, politiza una cuestión que es de índole técnica. Foros como el FMI o el G-20 son más apropiados”, señaló el representante de Canadá, en la misma línea que la representante de Japón.
Entre las pocas voces que se pronunciaron en contra, la más destacada fue la de Estados Unidos, precisamente donde se ha desencadenado el conflicto con los fondos buitre. “Generaría incertidumbre en los mercados financieros, lo que hará que cobren primas más elevadas y eso asfixiará a los países en desarrollo”, advirtió la representante estadounidense, Samantha Power, quien anticipó “resultados muy inciertos” en el debate sobre el marco regulatorio. Según Power, los países del G-77 cometieron irregularidades en el procedimiento para tratar el tema y además, “adelantaron el resultado” del debate sobre el marco regulatorio. Estados Unidos incluso planteó reparos respecto de los “costos” del proceso de debate, aunque desde la secretaría general, a cargo de Ban Ki-moon, descartaron problemas de tipo presupuestario.
“Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias al vacío legal actual. Este vacío no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio, escandalosamente rentable, invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobbistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa”, aseguró el canciller Timerman. “No votaron en contra 165 Estados soberanos, que éticamente proclamaron la soberanía de los países y la dignidad de los pueblos”, agregó la representante argentina ante la ONU, Marita Pérceval, quien consideró que “no es un país, sino la voluntad de América latina la que se expresó”.
Precisamente, la resolución recibió el apoyo de la gran mayoría de los países latinoamericanos (con excepción de México), de muchos países africanos y también de países de peso en el contexto internacional como China, India y Rusia. A su turno, el representante cubano, Rodolfo Reyes Rodríguez, rechazó la denominación de “fondos buitre”, ya que esas aves carroñeras “realizan una contribución positiva al ecosistema, mientras estos fondos son parásitos que atentan contra el bienestar de los pueblos”. El embajador de Cuba recordó además la lucha de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo que “enfrentaron la tragedia del silencio frente a la desaparición de sus familiares”, pero que a pesar de eso dijeron “nunca más”. “Esperemos que lo que ha ocurrido (con los fondos buitre) nunca más vuelva a producirse contra la Argentina o cualquier pueblo de este planeta”, remató Reyes Rodríguez, despertando un inusual aplauso en medio del desarrollo de la asamblea. El segundo momento donde se escucharon aplausos fue al concluir la votación, en la que se cristalizó el contundente apoyo a la iniciativa del G-77.

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La participación empresaria en crímenes de la última dictadura

Fte: P.12

8-9-2014

Una querella para investigar al directorio de Bunge & Born

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.

Por Alejandra Dandan

El secuestro de Jorge (foto) y Juan Born fue un hecho relevante para vincular la desaparición de los trabajadores con la empresa.

“Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico”, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de “trabajador” y “trabajador organizado”. En ese contexto, explica que “las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder”.

“El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico”, señala el CELS. “Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos.”

El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.

El caso

A mediados del año pasado, tres hijos de desaparecidos de Molinos acompañados por una profesora de historia reunieron sus historias, material de archivo y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Presentaron ese material en la Justicia acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda y de una niña. Hoy la presentación del CELS reúne 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las cinco y seis de la mañana, hora de ingreso del turno mañana. Tres camiones del Ejército estacionaron sobre la calle Deán Funes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores que, de acuerdo con los relatos, va de 20 a de 80. Tres están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos.

Desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de la disputa entre capital-trabajo. Y el CELS retoma ahora esta línea. Todos las víctimas pertenecían, o estaban cerca, a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Dos eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas “brigadas de control de precios” para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y sumaron los efectos del secuestro de los Born.

“A lo relatado se agrega un hecho altamente relevante para vincular la desaparición y persecución de los trabajadores con la empresa. Nos referimos al secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born el 19 septiembre de 1974 por la organización Montoneros”, dice el escrito. “Juan y Jorge Born eran el gerente y el director general del grupo económico Bunge & Born, propietario de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. entre otras empresas. Entre los pedidos de la organización Montoneros para liberarlos se planteaban reivindicaciones laborales para los trabajadores de las empresas que pertenecían al grupo (Molinos, Grafa, Alba, Compañía Química y Centenera), las que eran coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados. Otra de las condiciones para la liberación era la entrega de mercaderías por la suma de un millón de dólares para ser repartida en barrios carenciados. Producida la liberación de los empresarios, esa mercadería se distribuyó a través de militantes de la organización y en algunos casos a través de los mismos trabajadores de la empresa, como el caso de Héctor Dadin Vasere y Santos Ojeda en la planta de Molinos.

Este hecho le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios. Los hechos mencionados produjeron el recrudecimiento de la persecución a los trabajadores con mayor activismo por parte de la empresa.”

La presentación

Desde hace años el CELS sigue las causas de complicidad empresaria. En 2002, se presentó como querella en la causa Mercedes-Benz, pero no volvió a hacerlo hasta ahora. Sí –y como parte de este mismo camino–, se presentó como “amicus curiae” en la causa Ledesma, estuvo en Rosario con la historiadora y especialista en el movimiento obrero Victoria Basualdo para acompañarla institucionalmente en su declaración en el juzgado que investiga la causa Acindar y el eje de Villa Constitución. “Pero más allá de estas presentaciones queríamos hacer un acompañamiento institucional, como organismo: es esto lo que estaban pidiendo los querellantes”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigios del CELS.

Uno de los ejes del escrito es que el tema de la responsabilidad empresarial no es nuevo, sino que se viene señalando desde el comienzo del proceso de justicia. La intervención de empresarios en algún tramo del plan sistemático está presente en los relatos de los sobrevivientes y familiares desde el Juicio a las Juntas. En ese contexto, la presentación da cuenta de esa microhistoria política: recuerda las primeras causas como Mercedes-Benz, Ford y Papel Prensa y se detiene sobre todo a repasar las de los dos últimos años, donde los empresarios tienen algún grado de participación señalado con procesamientos o elevación a juicio como el caso Ledesma, La Veloz del Norte y Ford. También agregan aspectos internacionales de la relación entre empresas y regímenes dictatoriales.

“En las investigaciones en curso, se ha planteado que el accionar criminal de las empresas no fue aislado sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto. Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos –explican–. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia, lo que demuestra una permanente conexión entre ‘el proyecto de apropiación de la riqueza y de apropiación de la vida’”, señalan.

En línea con el informe de la CNV, señalan que pueden diferenciarse dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto. La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda, dicen, tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.

Y al analizar más sistemáticamente los casos, logran trazar patrones en común: “En las resoluciones en las que se ha procesado a directivos en empresas por crímenes de lesa humanidad se ha tenido en cuenta distintos aspectos: el interés que puede tener un empresario en el secuestro y desaparición de un delegado, el vínculo cercano entre los dueños de las empresas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la presencia de personal de esas fuerzas en las instalaciones de las fábricas, la evidencia de que las empresas entregaron listas con nombres de empleados que debían ser secuestrados”.

Pero acaso el aporte más importante de este escrito radica en la perspectiva de análisis: la posibilidad de pensar en una narración jurídica la dimensión económica del plan sistemático no sólo desde el lado del “capital”, sino de los efectos sobre el mundo del “trabajo”. Esta perspectiva mira las confrontaciones no sólo en términos políticos, como dice el escrito, sino también “desde las transformaciones económicas y sociales”: rasgos que, como explica, “quedaban ocultos o subestimados desde miradas predominantemente políticas”.

En la querella se analiza cómo las organizaciones del sindicalismo combativo constituían una herramienta fundamental en la disputa por la distribución del ingreso y estaban atravesadas por las luchas y debates sobre el grado de profundidad y el tipo de las transformaciones que se intentaban promover en la estructura económica y social argentina. “Fue justamente debido a estas razones que las patronales las consideraban una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales” (ver recuadro).

Hace dos 24 de marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un informe que fue estructural en las causas para pensar la complicidad empresaria. A través de una serie de documentos, el informe mostraba desapoderamientos a empresarios en un análisis que hacía foco en los efectos que tuvo la imbricación del aparato represivo con la alianza cívico militar destinada a la implementar un modelo económico, basado en la especulación financiera que destruyó el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras. 

Ahora bien, el escrito del CELS puede pensarse como la contracara de aquel informe que ponía el acento en el capital; como un segundo tiempo, dado que se pone a trazar una narración en términos jurídicos de lo que fue pasando sistemáticamente con los trabajadores y el movimiento sindical.

“Para comprender lo que estaba en juego entonces en el proceso de organización de los trabajadores de la empresa Molinos es necesario comprender que el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó, a mediados de los años ‘70, un pico inédito en términos históricos”, señala. “La clase trabajadora, que había conquistado en la década peronista una estructura sindical de gran alcance y fortaleza y una posición central en la economía y la sociedad, no tuvo un papel marginal en esta confrontación, sino que desempeñó un papel central en el ascenso de la conflictividad que, lejos de ser únicamente una pugna política, tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo. El poder de la clase trabajadora, que puede visualizarse, por ejemplo, en los niveles de participación de los asalariados en el ingreso que alcanzaron los 47 puntos en 1974, tenía sus raíces no sólo en las características del modelo de industrialización y en el papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, sino también en los mecanismos de representación y organización de los que disponía y en su vinculación (parcial, contradictoria, conflictiva, pero fundamental) con un arco de organizaciones políticas radicalizadas. El desarrollo y la vitalidad de los delegados y las comisiones internas durante esta etapa es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo frente al capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales.”

El período que se abre con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un hito de enorme importancia en esta historia, señala. “Las medidas aplicadas a partir del golpe, aunque marcadas por múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” Uno de los aportes de esta presentación lo hizo Victoria Basualdo. El CELS hizo además un convenio con Flacso destinado a trabajar sobre la relación entre empresas y terrorismo de Estado, un proceso en el que se fueron acercando a Molinos.

“Uno está acostumbrado a ver organizaciones políticas porque las fuerzas de seguridad secuestran a integrantes de Montoneros, o al militante del ERP. Pero cuando tenés al empresario enfrente, tenés que poner de relevancia la identidad gremial”, explica en este caso Palmas Zaldúa. “¿Bunge & Born qué quería? ¿A Montoneros? Sí, probablemente haya habido una predisposición pero quería perseguir a los trabajadores que se revelan con planes de lucha y generaban problemas dentro de la planta. La idea es la de un disciplinamiento y esto es lo que se ve en todas las causas donde se ve la responsabilidad de los empresarios.”

Molinos es un capítulo de todo esto.

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ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA - CAMBIOS

La nueva clase media 

Fte: p 12 ( 6/9/14)

*Por Alfredo Zaiat

La estructura social en el país ha registrado una interesante transformación en los últimos diez años.

Detectar ese cambio facilita la comprensión de algunos acontecimientos económicos y políticos que quedan envueltos en¨: deliberadas confusiones. La más usual es que el mercado laboral y la situación social se encuentran igual que en los ’90. Algunos más exaltados dicen peor. Ese relato ficcional tiene un objetivo político electoral de corto plazo, y otro más estructural de intentar desacreditar los avances en el bienestar de la población de lo que denominan despectivamente políticas populistas.

Esos análisis están alejados de abordajes cualitativos y cuantitativos y están motivados por la revancha ortodoxa que están palpitando.

La actual fase recesiva del ciclo económico con dificultades en el frente externo por la escasez de divisas la utilizan como prueba de que nada ha cambiado y que el desenlace será el mismo que en el período de acumulación regido por la valorización financiera.

Sin embargo, es otro el régimen de generación de riqueza ahora basado en la economía real, el nivel de ocupación y la estructura social, lo que limita aunque no anula la capacidad de daño de quienes aspiran a la restauración conservadora.

Un factor poco mencionado que actuará como barrera a ese deseo es la irrupción de una nueva clase media a partir de la intensidad del proceso de asalarización de la población económicamente activa desde 2003. La resistencia de ese sector fue quebrada en su momento con la represión a sangre y fuego en la dictadura militar, y luego también con la hiperinflación de 1989 que actuó como disciplinador social.

Ninguna de esas dos posibilidades es probable, más allá del desvarío del titular de la UIA, Héctor Méndez, y de los promotores del miedo disfrazados de economistas.

Décadas de políticas económicas neoliberales tuvieron como saldo una sociedad fragmentada, con profundas asimetrías y extrema polarización de los ingresos. La mitad de la población en condiciones de incorporarse en forma activa al mercado laboral estaba en serios problemas por la desocupación y por salarios desarticulados de la protección social, con crecientes subsidios por desempleo.

En 2003, en relación con la Población Económicamente Activa (PEA), los asalariados constituían dos tercios de los ocupados, de los cuales los registrados en la seguridad social constituían apenas 37,4 por ciento de los ocupados, una muy baja proporción del empleo total.

Los perceptores de subsidios ascendían a 6,8 por ciento de la PEA ocupada en el tercer trimestre de 2003.

En los últimos diez años, la situación laboral muestra un crecimiento notable de los asalariados, cuya participación en la PEA supera los registros históricos más elevados. Aumentó en 9 puntos porcentuales al pasar de 66,4 a 75,5 por ciento, lo que representa en términos absolutos la incorporación de unos 3,4 millones de trabajadores asalariados a la población ocupada urbana.

EN PERSPECTIVA HISTÓRICA, ESA PROPORCIÓN DE ASALARIADOS ES SUPERIOR A LA REGISTRADA A MEDIADOS DE LA DÉCADA DEL ’70, CUANDO EN UN PROCESO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO IMPULSADO POR LA INDUSTRIA LOS ASALARIADOS HABÍAN LLEGADO A CONSTITUIR EL 74 POR CIENTO DE LA PEA OCUPADA.

La asalarización de las ocupaciones es homogénea, ya que está articulada con la protección social, mientras que los trabajadores precarizados, cuyos ingresos no están registrados en el sistema de jubilaciones, pierden peso relativo.   

LA DISMINUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS DESOCUPADOS Y DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO PERMITIÓ LA RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL.

La proporción de perceptores de subsidios es inferior al 1 por ciento de la PEA.

No pocos analistas y políticos siguen confundiendo la Asignación Universal por Hijo como un subsidio por desempleo, pese a que desde 2009 esa ampliación de derechos sociales desplazó a la iniciativa que atendía a la población con problemas laborales.

Estas cifras y las siguientes surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y están incluidas en el documento El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. Sus autores, Héctor Palomino y Pablo Dalle, se preguntan cómo interpretar el proceso de asalarización en la estructura social y qué carácter social tuvo ese proceso.

Para buscar respuestas definen que el grupo ocupacional que más creció en ese período fue el de obreros calificados de la industria y de servicios básicos asociados, que incluyen las actividades vinculadas con la industria manufacturera, la construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, gas y agua. 

Este grupo ocupacional, el más numeroso entre los asalariados, se expandió 65 por ciento, lo que equivale a un millón de nuevos trabajadores en ese período pasando de 1,6 a 2,6 millones, lo que representa un tercio del incremento total de asalariados.

Tres grupos ocupacionales (obreros calificados de la industria y servicios básicos, empleados administrativos y profesionales) cubren más de la mitad de esa expansión asalariada. “Esta evolución permite afirmar que desde 2003 el crecimiento económico impulsó la expansión del empleo vinculado tanto con el núcleo de la clase obrera como de los cuadros administrativos Y LOS PROFESIONALES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ESTOS ÚLTIMOS TRADICIONALMENTE ASOCIADOS CON LAS CLASES MEDIAS”, destacan Palomino y Dalle.

Precisada la magnitud de esta transformación, los investigadores interpretan la evolución de esos grupos ocupaciones como el crecimiento de las “nuevas clases medias” formadas por directivos, profesionales y empleados de la administración. Señalan que el epicentro de ese cambio en la estructura ocupacional y social fue el aumento de los estratos asalariados de clase media y la clase obrera calificada.

En el documento se menciona que las clases medias ampliaron sus fronteras en la estratificación social, puesto que los grupos ocupacionales que integran esta heterogénea clase social pasaron de 43,0 a 46,4 por ciento. “Un hecho destacable es que dicha expansión se debió fundamentalmente al crecimiento del estrato inferior que se incrementó 3,2 puntos porcentuales”, explican Palomino y Dalle. Los grupos ocupacionales que más crecieron en este estrato fueron los empleados administrativos y los técnicos, docentes y trabajadores calificados de la salud.

También lo hizo parte de la pequeña burguesía compuesta por dueños de comercios, locales de servicios o talleres con local establecido y algunos pocos empleados. Este grupo pasó del 2,7 por ciento en 2003 al 3,3 por ciento en 2011.

En cambio, los trabajadores por cuenta propia (con un local, auto o maquinaria) disminuyeron su peso relativo del 11,0 al 9,6 por ciento. La clase media superior se mantuvo casi en el mismo nivel relativo, sin embargo, uno de los grupos que la componen, los profesionales asalariados, incrementó su peso relativo en el total de la población del 4,1 al 5,0 por ciento.

Las clases populares disminuyeron su participación relativa del 56,1 al 52,8 por ciento.

Palomino y Dalle indican que en los últimos años en la Argentina ha habido dos tipos de movilidad social: individual y colectiva, y ambos estuvieron asociados. Mencionan que los flujos de movilidad individual de trabajadores desde el sector informal hacia ocupaciones registradas constituyeron una base fértil sobre la cual se desarrolló un proceso intenso de movilización y mejoras colectivas obtenidas por la clase obrera calificada y un sector de la clase media asalariada. “El efecto combinado del crecimiento del empleo asalariado y del cambio de composición hacia un incremento de la participación de trabajadores registrados ha impulsado un fortalecimiento del sistema de relaciones laborales”, afirman, para detallar que SU NÚCLEO ES LA RELACIÓN SALARIAL QUE VINCULA A LOS TRABAJADORES CON UN SISTEMA DE GARANTÍAS COMO EL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA EL GRUPO FAMILIAR A TRAVÉS DE LAS OBRAS SOCIALES, Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS SALARIOS Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO. “EN ESTE SENTIDO, EL FLUJO DE MOVILIDAD ASCENDENTE DESDE UN ESTRATO PRECARIO DE LA CLASE TRABAJADORA A OTRO INTEGRADO FORMALMENTE IMPLICÓ UN PROCESO DE RECOLECTIVIZACIÓN, QUE SE REFLEJÓ EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SINDICATOS TANTO EN SU DENSIDAD COMO EN SU CAPACIDAD PARA NEGOCIAR LOS SALARIOS”, CONCLUYEN.

ESTA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL PERMITE INCORPORAR UNA DIMENSIÓN ADICIONAL A LOS ANÁLISIS TRADICIONALES DE DIFERENTES ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS, COMO EL INSISTENTE PEDIDO DE LAS CENTRALES SINDICALES POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS A LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, COMO TAMBIÉN DEMANDA LA NECESIDAD DE TENER UN DISCURSO POLÍTICO RENOVADO HACIA ESE DINÁMICO SUJETO SOCIAL.

LA ESTRATIFICACIÓN DE CLASES SURGIDA DEL ACTUAL PROCESO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE ALTERÓ LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OCUPACIONAL, Y POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS (INCLUSIÓN PREVISIONAL Y ASIGNACIÓN UNIVERSAL), DERIVARON EN TRANSFORMACIONES EN EL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE LAS CLASES SOCIALES. EN ESE CONTEXTO, LAS “NUEVAS CLASES MEDIAS” TIENEN DEMANDAS DE SEGUNDA GENERACIÓN CON CAPACIDAD PARA RESISTIR LA REVANCHA ORTODOXA QUE LES PROMETE BONANZAS SIN DECIRLES QUE ESA ILUSIÓN LAS TERMINARÁ HUNDIENDO A LA SITUACIÓN DE DETERIORO DE LOS ’90.

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LA CARRERA DE CALLE EL DEPORTE MAS DEMOCRATICO

Opinión: El running no es nada

Publicado el 02.09.14 - LN

Por Juan Martínez (*)
El running, en sí mismo, no tiene nada de maravilloso. Entrar en esta actividad no te va a hacer sentir instantáneamente las emociones que escuchás que otros sienten. No vas a ser súbitamente feliz ni vas a ser una máquina de conseguir logros. No te vas a convertir en un atleta. El running no es un psicólogo ni reemplaza ninguna terapia ni te va a hacer mejor persona de manera automática.
Correr es, si estás dispuesto, una búsqueda. Todo lo anterior puede suceder como resultado de esa búsqueda, pero no es una consecuencia obligatoria al final del camino. De hecho, no hay final del camino. O sí, pero vos ya no estás en él. Sólo hay checkpoints por los que vas pasando, con más o menos aire, con más o menos piernas, con más o menos corazón.
El running no es nada, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un medio de expresión, de descarga e incluso de creación. No es un arte, pero para quienes estén con los sentidos abiertos y dispuestos, puede acercarse a eso.
También puede ser una exacerbación de vanidades, una guerra boba de egos, un desencadenante de consumismo pavote y fanatismos. Incluso, puede ser una vidriera de la nada, un lugar donde se muestren cosas sin contenido alguno simulando llevar un mensaje.
El running es tantas cosas como corredores hay en él. Es un mundo lleno de posibilidades por descubrir. Es un lugar donde transpirar sudor y liberar toxinas, pero también para transpirar enojos, frustraciones, molestias y liberarte de todo eso. Al menos por un rato.
Es también un espacio para emocionarte. Cuando terminás una carrera que ansiabas, llorás, y aprovechás para mezclar en esas lágrimas otras que no te animabas a soltar. Es un espacio para expresar lo que de otra manera contendrías.
Puede funcionar como limpiaparabrisas, al correr a un costado distracciones y trampas mentales, para despejar la cabeza y enfocarla en lo necesario. Después de un rato largo solo, corriendo, algunas defensas ceden y mirás de frente algunas cosas que esquivabas. Cuando volvés de correr, tus problemas siguen ahí, pero quizá puedas verlos de una manera diferente.
El running no le sirve a todo el mundo. Muchas personas encuentran lo mismo en otras actividades. Pero vos lo encontraste corriendo, y está buenísimo.
Fotos de Diego Winitzky.
(*) @jmartinezsalta es periodista, locutor y maratonista amateur. Nació en Salta y vive desde 2007 en Buenos Aires. Su sitio es http://jmartinezsalta.tumblr.com/

LA CORTE NACIONAL SE EXPIDIO SOBRE EL RIPTE PARA LOS INFORTUNIOS DEL TRABAJO

S. 131. L.
RECURSO DE HECHO
Sta1, Fernando Salvador cl Mapfre Argentina ART S.A. si accidente - acción civil.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2014.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Stal, Fernando Salvador cl Mapfre Argentina ART S.A. si accidente -acción civil", para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
Que el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .
Por ello, se desestima el recurso de hecho planteado.
Declárase perdido el depósito de fs. 89. Notifíquese y, oportunamente archívese.

En realidad la Corte no entró a considerar el fondo de la cuestión sino que directamente consideró inadmisible la queja como cuestión no federal. Ya lo había hecho en sucesivos pronunciamientos, respectos de fallos de las Salas I, VII, IX Y VI que integro en la causa "LORENZ"
Luis Raffaghelli

El RIPTE de la Corte

La Corte Suprema dejó firme una sentencia que aplicó el índice RIPTE para un accidente de trabajo ocurrido antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo. En el fallo se había indicado que "no resulta ajeno a la juridicidad, la posibilidad de aplicar una norma posterior, por ejemplo a la muerte del causante, aunque ésta se haya producido con anterioridad a su vigencia".

Al disponer el rechazo del recurso extraordinario impetrado por la ART por considerarlo inadmisible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que aplicó el índice RIPTE aun accidente de trabajo ocurrido antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Riesgos.

La sentencia confirmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda corresponde a los autos "Stal, Fernando Salvador C/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y otro S/ Accidente-Acción Civil", que llegaron a conocimiento del Alto Cuerpo luego de que la Sala VII de la Cámara del Trabajo haya aplicado la Ley 26.773 a una contingencia ocurrida antes de su entrada en vigor.

El fallo de Cámara, suscripto por los jueces Néstor Rodríguez Brunengo y Estela Milagros Ferreirós, modificó parcialmente lo resuelto en Primera Instancia – que había hecho lugar a la deanda por accidente "in itinere", al tomar en consideración al índice RIPTE como cálculo para la reparación sistémica del infortunio.

Los magistrados habían indicado en esa oportunidad que "la aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa no admite dudas", debido a que "la valoración de un daño hecha por la nueva ley, en la medida en que se trata de una norma más favorable a la víctima, operando conforme a los principios de progresividad y justicia social, vale para la reparación pendiente".

A su vez, señalaron que "más allá de los principios propios, invocados en su carácter de tales por la Seguridad Social, es innegable, que rigen en su ámbito, el principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, el principio de progresividad, el principio de primacía de la realidad, que se tutean con el principio de solidaridad, de universalidad, de integridad, de subsidariedad, de igualdad, de inmediación".

En su voto, la jueza Ferreirós hizo alusión a la doctrina del Máximo Tribunal al recordar que "la propia Corte admitió en varias ocasiones, la posibilidad de aplicar nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores, con precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a un hecho ocurrido con anterioridad no sentenciado aun".

Sobre esta base, recalcó que "no resulta ajeno a la juridicidad, la posibilidad de aplicar una norma posterior, por ejemplo a la muerte del causante, aunque ésta se haya producido con anterioridad a su vigencia o, tal vez, la aplicación de un aumento de monto en la reparación por un accidente de trabajo, cuando el mismo haya devenido legalmente con posterioridad al evento dañoso".

Para la Cámara del Trabajo "lo que suele tenerse en cuenta, en tales casos, es la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, que se entrelaza con el principio de progresividad y la aplicación de la norma más favorable, en la interpretación de esta última, con el sentido expuesto; es decir empujada por la necesaria progresión, impuesta por el derecho internacional de los derechos humanos, vigente en nuestro país, a los efectos de extenderse, desde el momento del hecho, hasta el momento de la sentencia".

Los magistrados puntualizaron que la situación de la aplicación del RIPTE guardaba similitud con la del Decreto 1694/09 que incrementó, "en su momento los montos de las prestaciones dinerarias y creó el Registro de Prestaciones Médico Asistenciales", ya que la Ley 26.773 "establece las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletin Oficial y se aplicará a las contingencias previstas en la ley 24.557, y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha'".

"En conclusión, la aplicación temporal de la ley, sobre todo en nuestra disciplina, y más aún en el territorio de la seguridad social, rompe los cánones generales y tradicionales, para dar paso a la firme vigencia del principio de progresividad, enancado en la regla de la norma más beneficiosa y sobre la base inamovible de la dignidad humana. Después de todo, hay también un derecho a gozar de la dignidad, que funciona no solo como causa fuente, sino también como determinante del contenido de los derechos humanos y casi podría afirmarse, que de los derechos en general", sentenció el Tribunal.

Fuente : DJU

Stal, Fernando Salvador C/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y otro S/ Accidente-Acción Civil

Fallo de Cámara

UNA REPARACION HISTORICA PARA UNA LUCHADORA EJEMPLAR

 

 

P12

El país|Miércoles, 6 de agosto de 2014

Opinión

Inmensa reparación para un daño infinito

Por Luis Bruschtein

Guido estuvo apenas cinco horas con su madre Laura, pero su abuela Estela tuvo que luchar 37 años para recuperarlo. Cinco horas contra 37 años. Es el reloj implacable de la Argentina, el reloj de la vida en tiempos alterados, el tiempo fulminante de la destrucción frente a la larguísima y esforzada lucha por la recuperación. La destrucción es una orden asesina que se ejecuta en unas horas. La recuperación de lo recuperable, en cambio, es lenta y esforzada.

Aun así es apenas la reparación inmensa, pero de un daño infinito. Porque el daño es infinito y nadie sale indemne, ni siquiera los que se dieron por no enterados o reconocen que sólo fueron espectadores. La sociedad fue demolida en cada uno de sus actores, infinitamente, con cada desaparecido, con cada torturado, con cada bebé apropiado. Principalmente las víctimas, pero también los victimarios que pasaron a convertirse en la lacra que la sociedad necesita excretar para crecer. Necesita separarlos de la condición a la que se aspira. La sociedad madura y decide que no puede contener a esos asesinos, que la condición humana a la que aspira es aquella en la que nunca más haya humanos como Videla, como Massera o como Menéndez.
El Nunca Más de 1985 expresaba ese deseo. Fue un punto de partida, un momento de maduración que no tenía todavía sustento firme. Lo más resistente eran los organismos de derechos humanos. Todo lo demás era endeble. Pasar de la expresión de deseos de 1985 a hechos concretos, a consensos reales, fue lento y doloroso. La soledad potencia el dolor, lo hace más intenso y notorio porque la injusticia se hace más injusta.
Laura Carlotto y Oscar Montoya no volverán a la vida. El daño es infinito e irreparable. La recuperación del hijo de ambos es una reparación inmensa para ese daño infinito.
Son historias que tienen nombres y apellidos, son íntimas y personales, pero desde el primer día, desde antes aun que se enamoraran Laura y Oscar, es una historia de los argentinos. Hay un entorno, una historia política y raíces culturales que los envuelven, los interpelan y les hablan y construyen sus palabras y sentidos y condicionan sus destinos, los de su hijo y los de la abuela. Ese entorno actúa en sus vidas y en sus muertes y en la apropiación del bebé y en la lucha de la abuela.
Eso es con cada uno de los treinta mil. Pero en el caso de Estela de Carlotto es más claro porque es la cabeza más visible de las Abuelas de Plaza de Mayo, a las que luego de todos estos años simboliza. Y al hacerlo surge como la representación de las fuerzas de la sociedad donde prevalece la dignidad humana en tensión con otras fuerzas que tienden a rebajarla para defender privilegios. Esa tensión que era tan desfavorable en los comienzos de las Madres y las Abuelas fue cambiando a partir de esa tenacidad y resistencia. En estos treinta años de democracia se generaron consensos, algunos esporádicos y otros más definitivos, que fueron cambiando la relación de fuerzas.
Durante estos treinta años, los concesivos, defensores y justificadores de los represores, que más allá de los viejos dictadores, representan un modelo de país, tuvieron un gran peso, como el que habían tenido en décadas anteriores. Ellos fueron los que modelaron la Argentina de la represión y las proscripciones, de los golpes militares, de las manos duras y las democracias tuteladas.
Del otro lado, además de los organismos de derechos humanos, la permanencia de la democracia ha sido el otro factor favorable. Porque democracia es lo opuesto a lo violento y autoritario. Con esos dos elementos los consensos de respaldo a las Abuelas y las Madres fueron creciendo hasta convertirse en política de Estado después de la crisis del 2001 y a partir del gobierno de Néstor Kirchner. La gran cantidad de jóvenes que se hizo los análisis de ADN fue posible por la amplia y masiva difusión que tuvo esa convocatoria, por la permanencia del banco de datos y por el respaldo oficial a las Abuelas frente a los permanentes ataques que sufrían. El kirchnerismo tiene el mérito de haber sido el gobierno que asumió a lo largo de todos estos años esa línea de acción como política de Estado. Pero la vigencia de los derechos humanos, como la búsqueda de los nietos que aún no recuperaron su identidad, requiere de consensos más amplios que el kirchnerismo y debe abarcar también a muchos sectores de la oposición. Y es de esperar, por el bien de la democracia, que se mantenga como política de Estado sin importar el partido que gobierne.

Hay que estudiar la posibilidad de demandar a los fondos buitres dice Raúl Zaffaroni

EL MINISTRO DE LA CORTE RAUL ZAFFARONI HABLA DEL ENFRENTAMIENTO CON LOS BUITRES

“Esto es un escándalo jurídico”

Preocupado por lo que ve como un avance de los poderes económicos sobre las instituciones, critica duramente a sus colegas de EE.UU. y propone que la administración fraudulenta de negociaciones internacionales sea imprescriptible.

No tiene problema en admitir que lo que está pasando en Estados Unidos, donde una “Corte provincial” puede arruinar la vida de millones de personas, le provoca miedo. Y avisa de la bancarrota de un sistema legal muy influenciable por el dinero. Raúl Zaffaroni sabe que lo van a criticar, pero propone que administrar los asuntos públicos haciendo cosas como entregar la jurisdicción al extranjero o armando una arquitectura financiera para beneficiar a otros sea un delito imprescriptible, tratado como un caso de derechos humanos.

–Como jurista y no como ministro de la Corte, ¿qué reflexión le merece la situación que plantean los llamados fondos buitre?
–Veo esto con un poco de miedo. Para decir la verdad, con mucho miedo. Como diría Galeano, todo parece patas arriba. Si trajésemos a alguien que hubiese dormido unas décadas, no podría entender nada. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico, que hacen lobby y pagan honorarios a profesionales de altísima especialización en estas maniobras. Lo digo más claramente: siempre ha habido y es inevitable que haya vínculos y acuerdos entre los poderes político y económico, pero ahora el primero tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo transnacionalizado. Este mundo comenzó hace cien años cuando un adolescente con una pistola mató a un príncipe aprovechando el error del chofer, que se metió por la calle equivocada, y eso sirvió de pretexto para que las industrias bélicas destrozasen la opereta de uniformes vistosos y coronas y sacrificasen a decenas de millones de jóvenes y población civil en una guerra de devastación de Europa. Como cantaba Gardel en “Silencio”, se mataron y nació un mundo nuevo, en donde el poder económico, después de un siglo, va ocupando por completo al político.
–¿Se refiere a que la decisión del juez Griesa está condicionada y al margen del gobierno de Estados Unidos?
–Aquí está la cuestión. ¿El gobierno de Estados Unidos es Obama? Se trata de un país cuyo gobierno conserva la separación de poderes de Montesquieu. Tuvo el mérito de hacer hace doscientos años lo que los europeos habían pensado y no habían hecho: la república. Bien. Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia. Esto plantea dos cuestiones diferentes. Primero, el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte. Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero. Ni siquiera tuvo el coraje de darle la razón a Griesa, sino que simplemente, en el equivalente a lo que nosotros en la jerga llamamos “un 280”, dijo “esto no me interesa tratarlo”. ¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre “queda bien”, haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más? Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos.
–¿Considera que los lobbies han operado sobre la Corte norteamericana?
–No conozco ni puedo afirmar nada al respecto, pero tampoco me extraña nada, porque la Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos. Tengo la suerte de pertenecer a una Corte Suprema que en su historia se ha equivocado muchas veces, pero ni de lejos alcanzó el nivel de aberraciones de la Suprema Corte norteamericana. Por suerte, nuestra Corte nunca declaró constitucional la esclavitud y precipitó una guerra civil, tampoco y mucho más cercanamente declaró la constitucionalidad del apartheid, ni dijo que estaba bien que los negros fuesen en un vagón y los blancos en otro, ni consideró adecuada a derecho la prohibición de matrimonios entre negros y blancos, ni tampoco legitimó –con el voto del famosísimo juez Holmes– la esterilización de discapacitados. Seguramente esa no es la jurisprudencia de esa Corte que suele citarse con reverencia, pero está. Es un tribunal cuya historia tiene más sombras que luces.
–¿Cómo se explica que nos hallemos hoy en esas manos?
–Esa es la segunda parte de la cuestión y respecto de la cual tenemos que pensar en el futuro. Nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero y a una Suprema Corte que declara no interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad para pagar abogados y hacer lobbies. Si alguien administra las propiedades de una viuda o de un huérfano y lo hace en su perjuicio, va preso, conforme a nuestro Código Penal, por el delito de administración fraudulenta, la vieja Untreue alemana, que introdujimos en nuestra ley hace unos cincuenta años. Pero si administra toda la economía de la Nación y entrega la jurisdicción, que es expresión consustancial de la soberanía. ¡Ah! Entonces da cátedra y consejos. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Le podemos seguir exigiendo a la ciudadanía que crea en el derecho y lo respete? ¿No nos damos cuenta de que estamos socavando la base ética elemental del derecho? Creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo.
–¿Cree que es viable?
–Más que viable, creo que es urgente. En la literatura penal de los últimos años se habla mucho de esto. Cito, por ejemplo, un pequeño gran libro muy reciente de Naucke, que no es ningún improvisado, sino un respetado profesor emérito, que lleva por título Una aproximación al hecho penal político-económico. Naucke dice que hace un siglo, cuando se quiso responsabilizar penalmente al emperador alemán al final de la Primera Guerra, muy respetados juristas dijeron que era una aberración, y hoy nos parece natural la responsabilidad penal de jefes de Estado por delitos de lesa humanidad, más allá de que escapen o no a la Justicia. Señala con razón que nuestro derecho penal se formó con la Ilustración, en contra del poder arbitrario de los estados, pero que hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo. El camino a seguir será análogo al que siguieron los delitos contra la humanidad cometidos por los políticos abusando del poder de los estados. Se trata de hechos políticos abusando del poder económico y también pueden causar muchos millones de muertos.
–Sería una innovación completa en el derecho...
–En algún sentido, no tanto. El propio Naucke lo recuerda. Lo que el denomina “hecho penal político-económico” en cuanto a responsabilidad de los particulares, es una cuestión que se abrió con los juicios de Nuremberg. Aunque no todos fueron condenados, se sometió a juicio a quienes se beneficiaron de la mano de obra esclava o a quienes contribuyeron a las masacres, fuera de sus actividades empresariales normales, incluso a los que vendían el gas para matar en los campos de exterminio.
–Pero eso parece ser algo diferente.
–Sí, lo es, pero abrió el camino jurídico. Muchos años más tarde, después de la caída del Muro de Berlín, se acusó a los jerarcas de la República Democrática Alemana, en particular a su presidente, Honecker, no sólo por las muertes en la frontera interalemana, sino también por administración fraudulenta en perjuicio de la propiedad socialista y el quebrantamiento de la confianza, definidos en el propio Código Penal de la Alemania comunista de Honecker, lo que sin duda era una acusación por delito político-económico. Unos años después, en 2010, fue acusado el ex primer ministro de Islandia por equivocadas decisiones financieras de gobierno, porque omitió lo necesario para evitar la crisis, y en este caso ni siquiera por conducta dolosa o intencional, sino que se lo acusó por negligencia. Estas cuestiones están llamando muchísimo la atención de los penalistas de todo el mundo. El mes próximo, el grupo de los llamados “jóvenes penalistas” de la Asociación Internacional se reúne en San Pablo para discutir el problema del abuso del poder económico, y me invitaron a pronunciar la conferencia de apertura. Hace tres meses apareció en Barcelona un libro colectivo sobre el tema, coordinado por Iñaki Rivera Beiras. Me parece que el tema está explotando en el mundo penal.
–¿En el anteproyecto de Código Penal no lo incluyeron?
–No, la nuestra es una comisión austera. Los técnicos no podemos proponer decisiones fundamentales de política criminal internacional. Eso lo debe decidir el poder político. Podemos asistirlos, asesorarlos, pero nos marcamos como límite ordenar y racionalizar un poco lo que hay en las leyes vigentes, agregar cosas indispensables, que se caían por maduras, como los delitos ecológicos, pero este tema exige debate político y decisión responsable de esos poderes.
–¿Propone algo respecto de lo que haya que hacer en la situación actual?
–En primer lugar, no es mi función asesorar al Gobierno y, en segundo término, no es mi materia y, aunque pasé por la política, no me acostumbré a hablar de lo que no sé. Lo que podría decir es por mera intuición jurídica.
–¿Y le dice algo su intuición jurídica?
–Bueno, si me apura, le diría que me indica que habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. No hay buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral. Cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado. Le reitero que no es mi materia, pero la intuición me indica que habría que explorar esta posibilidad. Insisto en que esto es mera intuición, pero creo que deberían analizarla los que saben de estas cosas.

Fte. Pagina 12 - 3.8.2014