martes, 27 de julio de 2021

El impresionante poder de las grandes corporaciones frente a los Estados - Aporte de A.Zaiat

 Fte.P.12 Nota de Alfredo Zaiat 

Alarma en las potencias occidentales y hasta en el FMI por el poder cada vez más impresionante de las grandes corporaciones

El capitalismo camina hacia el tecnofeudalismo

Mientras la derecha política y mediática local repite eslóganes y prejuicios contra el Estado, el debate mundial apunta a fortalecerlo, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital. Señales para la economía argentina acerca de la necesidad de intervenir sobre empresas que abusan de la posición dominante de mercado.

Tres ideas se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias, que necesariamente deberían tener influencia en países periféricos como Argentina:

1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.

2. La posición dominante de grandes empresas monopólicas u oligopólicas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.

3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de política monetaria, como la suba de la tasa de interés por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

No se trata de diagnósticos y propuestas de una plataforma de gobiernos de izquierda, sino que es la reacción de un sistema estatal que, desde su origen, estuvo aliado y, a la vez, condicionado por las corporaciones, pero ahora las firmas dominantes directamente se están independizando de ese circuito político y de control económico tradicional.

Esta emancipación se expresa en la utilización de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los países de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorción a la competencia; y la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Son más grandes que el Estado

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo concentrado cuando, por primera vez, una extraordinaria crisis económica-financiera global no afectó en forma negativa el negocio bursátil.

Por el contrario, el índice promedio de las principales bolsas mundiales está en niveles record, mientras las economías se derrumbaron y están tratando de recuperar lo perdido, la desocupación se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la economía real y la evolución de las cotizaciones de grandes firmas es uno –no el único- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En ésta se está desvinculando la histórica asociación entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organización tradicional de las fuerzas de producción.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales sólo son la reacción del mundo político de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervención e influencia de los Estados o, en los hechos, la pretensión de no perder importancia en las relaciones de poder.

Cuál será el legado de la pandemia

No deja de sorprender el análisis rústico de economistas locales, con sus habituales amplificadores, dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía.

Hasta la revista conservadora The Economist se hace eco de la nueva etapa y del papel central que está ocupando el Estado, espacio que aspira a preservar pese a la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital.

En el texto "Después de la enfermedad. El largo adiós a la covid-19" se asegura que, con la vacuna, están surgiendo destellos de vida poscovid, pero se advierte que existen dos cuestiones claras. Una, que la última fase de la pandemia será prolongada y dolorosa, y dos, que la covid-19 dejará atrás el mundo conocido.

Ese mundo nuevo que presenta The Economist seguiría el patrón establecido por pandemias pasadas, identificando tres cambios, definidos por el sociólogo y médico greco-estadounidense Nicholas Christakis de la Universidad de Yale:

1. La amenaza colectiva impulsa un crecimiento del poder estatal.

2. El vuelco de la vida cotidiana conduce a la búsqueda de sentido.

3. La cercanía de la muerte que trae precaución mientras la enfermedad se agita estimula la audacia cuando ha pasado.

La gente se atrinchera con el Estado

El artículo describe que cuando la población de los países ricos se refugiaba en sus casas durante los cierres, el Estado se atrincheró con ellos.

Detalla que durante la pandemia, los gobiernos han sido el principal canal de información, los que establecieron las reglas, fueron la fuente principal de dinero en efectivo y, finalmente, se han convertido en los proveedores exclusivos de vacunas.

Calcula que los Estados de los países ricos pagaron 90 centavos por cada dólar de producción perdida.

Menciona que existe un vigoroso debate académico sobre si los encierros "valieron la pena, pero el legado de la pandemia del gran Estado ya está a la vista".

Apunta en forma crítica –vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo- que "sólo hay que mirar los planes de gastos de la administración Biden". Para concluir que "cualquiera que sea el problema (desigualdad, crecimiento económico lento, seguridad de las cadenas de suministro), un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida".

Hasta el FMI se sorprende del poder de las corporaciones

Algo está cambiando en el marco analítico, por lo menos en la voluntad de reflexionar sobre la dinámica de la economía en la fase de la globalización pospandemia.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional "Taming Market Power Could (also) Help Monetary Policy", de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

Esta medida es lo que la ortodoxia local está reclamando que haga el Banco Central, para imitar al resto de las autoridades monetarias de la región que ya subieron las tasas.

Como se sabe, el alza de las tasas incrementa la renta de inversores y encarece el crédito, una forma de restringir así la demanda y, por lo tanto, controlar los precios. Es la receta monetarista clásica.

La idea de la suba de la tasa de interés, además, busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Sin embargo, esos economistas del Fondo se sorprendieron con un factor que, aseguran, el análisis convencional pasa por alto: el poder de mercado de las grandes empresas.

La investigación que presentaron revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía.

Lo dicen para países ricos, pero se puede extender a economías en desarrollo con mercados muy concentrados, en los cuales operan empresas con posición dominante y abundantes recursos financieros (en Argentina, por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones con ramificaciones en medios de comunicación).

Apple y Google tienen tanto dinero en efectivo que son Amo y Señor

El estudio del FMI describe que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esas utilidades, que se incrementaron pese a la tragedia de la pandemia o, para ser precisos, las aumentaron gracias a la pandemia, hacen que esas empresas sean menos sensibles a los cambios en las condiciones de acceso al financiamiento por decisiones de las bancas centrales.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

En cambio, las empresas que enfrentan mayores restricciones crediticias, como pymes o firmas con un margen de rentabilidad reducido, quedan condicionadas por la política monetaria.

Por lo tanto, la investigación concluye que "el poder de mercado excesivo también puede obstaculizar la capacidad de las bancas centrales para estimular la actividad económica durante las recesiones y enfriarla durante las expansiones". Lo dice el FMI, no un economista de izquierda.

El FMI pide más control a las corporaciones

Luego de ofrecer esta sorprendente definición teniendo en cuenta de donde proviene, esos economistas se destapan con la siguiente recomendación: 

"En un lugar destacado de la agenda se encuentran las mejoras en los marcos de políticas y leyes de competencia. Estos incluyen, dependiendo de las jurisdicciones, un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta de sanciones por los abusos, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución".

Joe Biden versus las corporaciones

Esta investigación del FMI no es casual. El gobierno demócrata de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión económica y de poder de las corporaciones.

El 9 de julio pasado, Biden firmó una orden ejecutiva (decreto) con 72 medidas que busca limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios de los productos y aumente la competencia.

Los sectores alcanzados van desde tecnología y transporte hasta salud y bancos, pasando por la agricultura y el negocio farmacéutico.

Biden quiere reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para combatir "prácticas anticompetitivas". Apunta, por ejemplo, a las fusiones o adquisiciones, algo común entre gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple y Amazon.

El objetivo expuesto por Biden es potenciar una mayor competitividad en la economía estadounidense, así como lograr "precios más bajos y aumentos de salarios".

"No más tolerancia a las acciones abusivas de los monopolios. No más fusiones perversas que conducen a despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores", afirmó Biden.

El abrazo de la derecha con EE.UU. debería ser completo: Pfizer + antimonopolio

La derecha local hace lobby para el laboratorio Pfizer, no sólo por privilegiar la elección de esa vacuna, sino por una evidente opción para promover la subordinación del país a los Estados Unidos.

Si esta es la manifiesta preferencia geopolítica de la alianza política y mediática conservadora, también debería tomar nota de que el actual gobierno de Estados Unidos impulsa una política antimonopolio, que si se aplicara en Argentina afectaría la principal base mediática de propaganda y difusión de la derecha.

Si la decisión entonces es subordinarse a Estados Unidos, el abrazo de sometimiento debería incluir a Pfizer y también a su actual política contra las empresas con posición dominante de mercados.

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó "El tecnofeudalismo se está apoderando", en Project Syndicate, texto que permite profundizar el análisis acerca de lo que está pasando en la economía con la expansión de las corporaciones.

Es un interesante aporte para eludir análisis rústicos que circulan y para escapar de las vulgaridades de la secta de economistas ortodoxos. Varoufakis afirma que "así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo".

¿Qué es el tecnofeudalismo?

Varoufakis explica que las transformaciones radicales tuvieron repercusiones trascendentales (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook y Amazon, que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino más bien como feudos.

Ofrece una definición provocadora del actual estadio del capitalismo: "Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps".

Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

El desafío para economías periféricas como la argentina, en este mundo en transformación y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia, y encontrar espacios para el desarrollo nacional entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalización.

azaiat@pagina12.com.ar

miércoles, 30 de junio de 2021

JUECES Y JUEZAS PARA UNA SOCIEDAD MAS DEMOCRATICA- importante nota de Juan Grabois y Leandro Rodriguez Pons

 Fuente Pagina 12 Bs.As. 30-6-2021

Jueces y juezas para una sociedad mas democrática e igualitaria

 (Fuente: Leandro Teysseire)
. Imagen: Leandro Teysseire

Ninguna sentencia puede ser justa,
ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad,
si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia”

Francisco

El importante lugar que ocupa en la actual agenda nacional el tema de la reforma judicial nos obliga a profundizar en el debate sobre cuáles son los cambios que deberían venir de la mano de dicha transformación institucional.

En general, se ha cuestionado el diseño institucional que tiene el Poder Judicial en nuestro país y se presenta al mismo como la principal causa del lawfare, que pareciera ser el mayor de los males del sistema. Frente a esto, las respuestas por parte del Ejecutivo nacional han apuntado a disminuir la concentración del poder que poseen en la actualidad los magistrados de los conocidos tribunales de “Comodoro Py”, mediante la creación de nuevos Juzgados y Tribunales Penales Federales. En la misma línea, se ha propuesto, también, la unificación de fueros, mecanismos de transparencia en el sistema de subrogancias y se creó un Consejo Asesor que elaboró un conjunto de sugerencias para modificar sistema judicial argentino.

Otro tema que ha sido ampliamente discutido, pero sobre el cual el gobierno nacional ha decidido no avanzar, es el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reducida cantidad de jueces de nuestro máximo tribunal nacional no encuentra demasiada justificación, especialmente si se compara con la composición que poseen las Cortes de igual jerarquía de otras naciones.

Desde ya estas iniciativas son importantes, pero para nada suficientes, especialmente si se piensa en realizar una verdadera transformación en nuestro sistema judicial que implique ir más allá de la lucha contra la judicialización de la política.

En primer orden, sería significativo que la nueva arquitectura tenga como resultado eliminar los privilegios y blindar a los jueces y juezas de la incidencia que tienen sobre sus decisiones los poderes económicos, políticos y mediáticos. Las mismas no pueden verse condicionadas ni siquiera frente a un circunstancial clamor de un sector del pueblo. Sino, por el contrario, deben ajustarse a derecho, a una ética de servicio y de imparcialidad, lo que los norteamericanos llaman el rule of law. Ello para que, parafraseando a José Hernández, la ley no sea como el cuchillo que no ofende a quien lo maneja ni, tampoco, como la tela de araña que la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos. Nunca. Ni cuando gobernamos unos ni cuando gobiernan otros.

Otro desafío fundamental es suprimir a todos los operadores de un color u otro, que actúan entre bambalinas como verdaderas mafias ofreciendo sus servicios de protección, extorsión o vengaza a quien pueda pagarlos. Son un peligro para la democracia que el poder político teme y utiliza al mismo tiempo, en vez de enfrentar con coraje a fin de eliminarlos.

Pero también, es imprescindible avanzar sobre el perfil de todos y todas aquellas que operan en nuestro sistema judicial, ya que, podemos reformar todo el diseño institucional del Poder Judicial, pero si quienes lo integran no cuentan con la formación y la orientación necesaria, los cambios no van a ser ni significativos ni, mucho menos, definitivos.

Cabe aclarar que jamás plantearíamos restarle importancia a los pergaminos académicos de los aspirantes a la magistratura, pero entendemos que también éstos deben demostrar su compromiso con la comunidad donde van a ejercer su jurisdicción. Esto garantizará jueces y juezas con conciencia social y ambiental, elementos esenciales para la construcción de una Justicia que tenga como centro a la persona y el goce efectivo de sus derechos. Para obtener dicho resultado, el Consejo de la Magistratura nacional y sus pares provinciales deben trabajar para que los Poderes Judiciales estén integrados por magistrados con mayor sensibilidad y responsabilidad social, entendiendo a la judicatura como una herramienta para la construcción de una sociedad mas inclusiva y no una manera de consolidar desigualdades como es hasta el momento.

Para tal fin, también hay que apuntar directamente a la formación que reciben los operadores del derecho. Una nueva Justicia necesita jueces comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, con mayor formación en Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, que perciban a la Justicia como un servicio público, que entiendan al derecho como una herramienta igualadora y cuyo principal objetivo sea garantizar el goce efectivo de los derechos, principalmente, a los mas vulnerables.

Esto obliga a que las universidades realicen las modificaciones necesarias en sus programas, tanto de grado como de posgrado. En este sentido, es importante democratizar la educación de posgrado en nuestro país, especialmente en aquellos temas que resultan esenciales para el desarrollo estratégico de la Nación. Esto también garantizará el acceso a dichas instancias de formación a los sectores que, a pesar de contar con formación profesional, siguen siendo populares y se encuentran imposibilitados de afrontar los cuantiosos gastos que implica las especializaciones o maestrías.

Claramente todo esto debe pensarse, debatirse, planificarse y ejecutarse. No podemos dejar en manos de la suerte o del poder político de turno la definición de las cualidades que deben reunir aquellos que tienen en sus manos resolver los conflictos entre las personas. Especialmente, cuando se trata de un poder machista, integrado de funcionarios con cargos vitalicios, con funciones caracterizadas por un escaso control popular y que tienen la facultad de decidir sobre la validez de las normas generales dictadas por los poderes que expresan en forma mas inmediata la voluntad de las mayorías.

Ello atento a que es imposible pensar en una sociedad mas inclusiva y sustentable sin un Poder Judicial que acompañe estos procesos de ampliación de derechos. Pensemos en el rol que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para facilitar el juzgamiento de las atrocidades ocurridas en la última dictadura militar. Nada de eso habría sido posible si no se hubiera impulsado un recambio en la integración de nuestro máximo Tribunal incorporando jueces que estuvieran comprometidos con las políticas de verdad, memoria y justicia. Otro ejemplo de ello, fue la resistencia que tuvo por parte de la Corte Suprema norteamericana el presidente Roosevelt para implementar su New Deal, fue la sustitución de los miembros de la misma lo que permitió impulsar cambios como la regulación del trabajo infantil y los salarios mínimos.

Esto es porque el diseño institucional puede ser dañino, pero es más nocivo cuando quiénes lo integran tienen un pensamiento jurídico conservador, desconocen completamente la realidad de los que menos tienen y no son conscientes de la responsabilidad social que la investidura trae consigo. Al mismo tiempo, un sistema judicial sin jueces probos nos conduce inevitablemente a una sociedad anómica y a un Poder Judicial sin legitimidad democrática.

Como resulta obvio, todos estos vicios afectan, en forma directa, a la gente común que resulta desatendida, ya que no es alcanzada por la Justicia con la misma “eficacia” y celeridad que la minoritaria clase política. Pero también, se ven perjudicados en forma indirecta, porque se da una intervención extraña en los procesos político-democráticos que termina atentando contra el Estado constitucional de derecho.

Quizás este resulta un momento oportuno para implementar en forma efectiva los juicios por jurados que contempla expresamente nuestra Constitución y para que la sociedad discuta si se puede avanzar con una reforma constitucional que permita limitar en el tiempo la duración en los cargos o que, al igual que en otros países, algunos jueces o fiscales puedan ser seleccionados mediante el voto popular.

Hay que tener en cuenta que, al final, la Constitución y las leyes dicen lo que a los jueces se les ocurre que dicen, por ese motivo necesitamos que aquellos que interpretan nuestro ordenamiento jurídico tengan el corazón y la formación orientada para acompañar los cambios que la construcción de una sociedad mas igualitaria y democrática necesita.

lunes, 28 de junio de 2021

Francisco reinvindicó el rol de los sindicatos que no se corrompen para custodiar el trabajo

 

 

 

Fuente: INFOGREMIALES "El trabajo en crisis" 28-6-2021

El Papa Francisco reivindicó el rol de los sindicatos en su discurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)


Frente al capitalismo de la globalización financiera, cuyos modos de producción oradan las fuentes de trabajo y la calidad de los empleos, Francisco no duda en quedarse del lado de los trabajadores y especialmente de las mujeres. Su plegaria política otorga voz a aquellos que no la tienen, e interpela a los dueños del capital, a los jefes de Estados y a las organizaciones sindicales a cuidar el trabajo humano y la dignidad de las personas, por encima de las variables de crecimiento económico.

*Damián Ledesma Politólogo (UBA) y Docente de la Universidad Nacional de Lanús

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Sumo Pontífice se mostró preocupado por el retroceso de los derechos básicos de los colectivos vulnerables y del avance de derechos del capital por sobre el trabajo. El Vaticano retoma la postura del Papa Pío XXI, cuando la iglesia reclamó ante el mundo medidas urgentes en contra del Liberalismo económico que llevó a la gran depresión de los años 30’. Los métodos de reconstrucción económica nuevamente cuestionados.

En su mensaje denuncia la proliferación de la cultura del descarte sobre trabajadores y trabajadoras (especialmente) y pide a los empresarios mayor compromiso para generar fuentes de trabajo decente, al tiempo que insta a los Estados a no descuidar los derechos y garantías de los “olvidados” del sistema. El discurso condensa su postura política sobre el trabajo, reivindicando el rol del Estado y de los sindicatos como centinelas de derechos.

Papa Francisco

Bergoglio volvió a identificar a la propiedad privada como un derecho secundario frente a la propiedad universal de bienes y su posibilidad de uso. Esta idea que tanto alteró al periodismo del establishment debe leerse en una cosmovisión más amplia, ya que también bregó por una nueva formar de concebir el desarrollo económico, contemplando lo ambiental y el trabajo humano como factores inherentes. Dos concepciones distópicas en un mundo al que el covid-19 le imprime una acelerada inequidad social.

1) Las organizaciones sindicales cumplen un papel importante para sostener y custodiar el trabajo. Aquellas que se corrompen se convierten en pseudo patrones y no cumplen su profecía de creación.

2) La tutela sobre el trabajo no debe hacerse solo con los ya incluidos, sino cuidar también “muros afuera” de la sociedad del trabajo. Hay que aceptar los cambios que están en marcha y contener a las nuevas formas de empleo, representando a colectivos no tradicionales y más marginados.

3) Las políticas de cuidado son insoslayable a todo trabajo. No solo para que las mujeres tengan guarderías y puedan salir a trabajar, sino también para que haya una relación sostenible, inclusiva y ampliatoria de derechos.

4) Las mujeres son las grandes perjudicadas del mundo laboral actual ya que padecen nuevas formas de esclavitud, les cuesta acceder a cargos jerárquicos y son discriminadas por su condición de géneros. Pide por cambios urgentes que nivelen condiciones de acceso y permanencia.

5) Los Estados tienen que garantizar el acceso a servicios básicos. Aquí el Papa reivindica el rol del Estado como garante de equidad social.

6) La competitividad no debe ser el único método para triunfar. Una clara postura en contra de la meritocracia como axioma individualizante del liberalismo moderno.

7) Los Estados y los sindicatos deben custodiar los derechos laborales, ya que la desregulación afecta y cercena conquistas laborales.

8) La misión más loable de la política es crear fuentes de trabajo decente. La caridad radica entonces en mejorar las condiciones sociales de los vulnerables en forma permanente.

9) Hay que volver a la cultura de la solidaridad por sobre la cultura del descarte. Cada pueblo tiene una identidad originaria que puede ser fuente de inspiración para lograr relaciones sociales inclusivas.

10) La propiedad privada es un derecho que debe estar subordinado a otro derecho: la propiedad universal, donde los bienes puedan ser usados por todos.

 

 

Estudios sobre la violencia política en las Universidades de Colombia: el caso del Profesor Jorge A. Freytter Romero

 

El crimen político del Profesor Jorge A. Freytter Romero.

Paralelismos dolorosos entre Colombia y Argentina[1]

Luis Raffaghelli*[2]

La violencia política es una nota histórica de nuestros países latinoamericanos, en el marco de la desigualdad social más grande del planeta.

El Terrorismo de Estado fue una de las respuestas desde varios regímenes políticos antidemocráticos y de facto, con miles de presos, desaparecidos y asesinados, muy notorio en Colombia y Argentina en el transcurso de los últimos cincuenta años.

El asesinato del Profesor Jorge A. Freytter Romero, de la Universidad del Atlántico de Barranquilla, Colombia el 28-8-2001, se inscribe en ese marco de violencia para-estatal, con 140 casos de víctimas de Estado, entre estudiantes, docentes y dirigentes sindicales, como surge del informe presentado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que ahora se visibiliza en Europa.

Las luchas universitarias en la hermana Colombia, se ha desarrollado frente a tres elementos claves[3]:

*La privatización de la enseñanza de la educación superior, impulsada por gobiernos de tendencia neoliberal.

*La persecución al Pensamiento Crítico a través de la represión de las marchas estudiantiles, los montajes judiciales, el exilio forzoso, las estigmatizaciones al profesorado, estudiantes y sindicalistas considerados ´enemigos internos.

*La lucha de la autonomía en los centros universitarios.

Este proceso de recuperación de la memoria y verdad históricas tiene conexión y continuidad, con las manifestaciones populares que cuestionan severamente el estado de cosas, en Colombia, como ha ocurrido también en Chile.

La actualización y difusión del crimen de lesa humanidad del Profesor Jorge A. Freitter Romero, impulsado por el Profesor Jorge Freitter – Florian, a 20 años del mismo, es de gran importancia para desmontar el ocultamiento e impunidad por los gravísimos hechos y castigar a los culpables de violación de derechos humanos fundamentales como la vida y la libertad.

Freytter Romero fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual participó activamente en las luchas sindicales.

Hay evidencias que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron mancomunadamente agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro) del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte y el Ejercito[4].

Este homicidio se suma a una serie de crímenes que se cometieron en contra de miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que manifestaron ser opositores de la administración del ente educativo y que realizaron denuncias por irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución pedagógica[5].

El ciclo se componía de seis hechos victimizantes: estigma, amenaza, desplazamiento, hostigamientos, detenciones arbitrarias y finalmente el homicidio.

En dicha Universidad, según lo registra el universo de víctimas construido en el proceso de investigación, se dieron 79 de estos hechos distribuidos entre amenazas (36), desplazamiento (18), homicidios (22) y muertes por artefacto explosivo (6)  relacionados con la presencia paramilitar en la institución, conforme surge de un fundado estudio de tales circunstancias[6].  

De dicho estudio se desprende que fueron declarados objetivos militares sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, bajo la asignación de “ser auxiliadores de la subversión”, generando un estigma que incorporó en el imaginario colectivo la idea de: guerrilla-organizaciones sociales.

La lucha por memoria verdad y justicia son banderas vigentes en Argentina, luego de la violenta dictadura cívico militar que dejó treinta mil desaparecidos y miles de detenidos políticos en el periodo 1976-1983 que interrumpió a sangre y fuego el orden constitucional.

El día 7 de julio fue declarado día del abogado laboralista y víctima del terrorismo de Estado, para recordar la desaparición de más de 100 abogados y abogadas en ese tiempo y particularmente los mártires de la noche de las corbatas, hecho ocurrido en Mar del Plata, en 1977 con el asesinato de los abogados laboralistas Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Manuel Arestín, Tomas Fresneda y Raúl Alais junto a otros tantos detenidos, por ejercer la defensa de trabajadores y para silenciar a quienes intentaran reemplazarlos.

Tampoco puede obviarse la tristemente conocida como “noche de los lápices” en setiembre de 1976 cuando fueron detenidos desaparecidos diez estudiantes del ciclo secundario.

Ni tampoco el secuestro, detención y asesinato de cientos de trabajadores docentes y no docentes, como de estudiantes universitarios.

En América Latina, este proceso por la verdad y lucha por los derechos humanos es creciente, pese a gobiernos regionales, que intentan frenarlo y como se ha dicho en el marco de desmonte de las dictaduras, el impulso de las organizaciones de los derechos humanos por conocer la trama de lo ocurrido y necesidades políticas de fortalecimientos de identidades, a partir de impulsar nuevas narrativas sobre los pasados más cercanos[7].

La conexión con éstos hechos dolorosos nos une, pero también nos da fuerzas para conseguir sociedades justas, con democracia, libertad política y justicia social.

 

Buenos Aires, 26 de junio de 2021.

 

 


 



[1] Colaboración con motivo de la Presentación y socialización del Informe: ‘Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 –2019) organizado por la Asociación Freytter Elkartea a cargo de Jorge FREYTTER-FLORIAN, Bilbao, España junio de 2021.

 

[2] Juez titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Buenos Aires, Argentina. Cofundador y ex presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Actual Director Académico.

[3] Elementos contenidos en el informe cita 1.

 

[5] Fuente cita anterior.

[6]Muriel Jiménez Ortega45 HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local ISSN: 2145-132X [vol 10, No. 21] Enero - junio de 2019E; José Corena Puentes; Christian Maldonado Badrán.

[7] Estudio citado nota anterior.