Nuevos protocolos para investigar la complicidad empresaria con la dictadura

“La motivación económica de la represión ilegal”

En esta entrevista, Carolina Varsky y Judith König explican que los procedimientos estandarizados en el protocolo permiten acceder a datos para “evaluar la participación que tuvieron los directivos de las empresas y el beneficio económico obtenido”.

Por Alejandra Dandan

 

König dirige la Oficina de Investigación Económica (Ofinec) y Varsky es coordinadora de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad.

“Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En general, esto es información pública, así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la Inspección General de Justicia y, además, en algunos casos se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en los protocolos. Lo que pretendemos es poder evaluar la participación que tuvieron en la represión ilegal tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido”, dice Judith König, contadora y directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (Ofinec). La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Ofinec crearon un protocolo destinado a fiscales de todo el país para investigar la responsabilidad empresaria en los crímenes de la dictadura. Una de las novedades es que las investigaciones que hasta ahora hacían los abogados sumarán la mirada de especialistas en libros contables. Dos equipos ya están trabajando. Uno por la Procuración y otro por la Ofinec. Carolina Varsky, que coordina el primer espacio, y König explican las hipótesis con que están avanzando y adelantan algunos resultados en casos como los de Loma Negra y La Nueva Provincia.

“Cuando empezamos a cruzar el trabajo de la Procuraduría con las necesidades que surgían en las causas de lesa humanidad en las que había empresas denunciadas, nos dijimos: tiene que haber alguna forma distinta de trabajar –dice Varsky–. En ese momento, nos dividimos el trabajo con la Ofinec, que empezó a hacer el aporte en materia contable. Por otro lado, noso-tros ya avanzábamos desde el punto de vista más tradicional. Muchas de las declaraciones ocurridas durante el Juicio a las Juntas, por ejemplo, ya hablaban de las empresas, sin embargo, esto estaba más invisibilizado porque se ponía el eje en visibilizar a represores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o las víctimas. Y no se prestaba atención a que las personas contaban que era delegado sindical de una empresa. O que esa empresa tenía a su vez otras tantas víctimas desa-parecidas. Nuestro aporte en este momento es darle una segunda mirada a lo ya recolectado y seguir buscando en otros archivos que todavía no fueron consultados.”

–¿Como por ejemplo?

Varsky: –Los archivos de los sindicatos, el Archivo General de la Nación, las causas 20.840 (los expedientes de actividades subversivas realizados por la dictadura), testimonios brindados en los ’80 ya sea ante Conadep, en el Juicio a las Juntas o los que derivaron después.

–Puede decirse que plantean dos abordajes: por un lado el análisis de los “hechos de sangre”, y por otro el análisis contable.

Varsky: –Lo que tiene de novedoso esto es que existe un área poco explorada en las causas de lesa humanidad por los fiscales que integran generalmente las unidades de derechos humanos. Estaban acostumbrados a investigar delitos “de sangre”: es decir, el secuestro, la desaparición, la tortura, la reducción a la servidumbre, los homicidios, la sustracción de menores. Todo tiene que ver con delitos de sangre. Y no miraban la parte contable. Esa es la idea del protocolo: frente a esa situación, vimos que se está dando un patrón común que muestra que en varias jurisdicciones hubo empresas que podrían tener alguna responsabilidad en las desapariciones, en la apropiación de bienes, en los homicidios. Ante esa situación, el fiscal, además de pedir el legajo Conadep de tal víctima, tiene que pedir diversas medidas para que las pueda analizar el contador.

König: –Y a nivel empresarial lo que buscamos son los balances. Pero las dos cosas son penales. Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En estos casos, se busca qué reflejan esos estados contables. En general, esto es información pública así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la IGJ y, además, en algunos casos, se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en el protocolo: lo que pretendemos es que los fiscales conozcan todas las medidas que se pueden llevar a cabo y las fuentes de información que existen para conseguir los datos y poder evaluar la participación que tuvieron tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido.

–¿Cuál es la hipótesis con la que trabajan?

König: –Estudiamos la evolución de las distintas variables económicas a nivel nacional. Específicamente, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que en 1974 y 1975 alcanzó el 45 por ciento, y luego, con la dictadura, se produjo una abrupta caída en el nivel salarial de los trabajadores en el ingreso nacional. El “fifty-fifty”, como dice la Presidenta, cayó abruptamente ya desde junio del ’75. Y fue cayendo. Y llegó al 22 por ciento. Luego lo que estudiamos es cómo ese comportamiento macroeconómico se refleja a nivel empresarial. Hay empresas con mano de obra intensiva, donde lo que más pesa en los costos es la mano de obra. Pero el peso de la mano de obra, sea el porcentaje que sea, cayó entre un 50 y un 20 por ciento, depende del caso. O sea, buscamos verificar la motivación económica de estos delitos: si se verifica o no se verifica en el caso de cada empresa. Y en qué medida. Eso, en general, se encuentra en las cifras de los balances.

–¿Cuáles fueron los primeros casos que analizaron?

König: –Loma Negra y ahora Molinos. En Loma Negra se consiguió la documentación porque en un principio la empresa la aportó (NdR: son otros propietarios), pero en Molinos los fiscales hicieron directamente un allanamiento. Fuimos con ellos a la sede administrativa principal de la empresa, junto con la policía y secuestramos los libros que vimos necesarios. Ahora estamos analizándolos de modo contable. Con Loma Negra ya hicimos ese análisis. Y se verificaron las hipótesis. Pero es importante señalar que en cada caso hacemos el estudio de aquellas cuentas contables que tienen que ver con el caso en particular: como no sólo damos una mirada contable, sino que trabajamos con los fiscales y estamos al tanto del hecho de represión, buscamos los datos específicos en las cuentas. En Loma Negra estuvo la particularidad del abogado (NdR: el secuestro y el asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de los trabajadores) y la particularidad de una cuenta: un rubro contable en los libros de la empresa que se llama Previsión Ley 20.744, donde se agrupaban los importes que la empresa pensaba que iba a erogar en materia de indemnizaciones. No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos: vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho sucedió en el ’77, y para el año siguiente el importe bajaba. Eso está ubicado en Pasivos no Corrientes. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. No se extinguió, pero disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.

–¿Pero la enorme caída tuvo que ver con Moreno?

König: –Está más marcado con la extinción del factor litigante, digamos. En otros casos, estudiamos las variables que se dan en cada uno. Puede ocurrir que no tengamos desagregado lo contable como para desagregar el costo laboral. Depende del balance, sobre todo en esa época.

–¿Qué otros casos trabajaron?

König: –Estamos trabajando con los libros de La Nueva Provincia. Hicimos el estudio de la documentación que los fiscales secuestraron. Estamos buscando y analizando otra información, pero, por ejemplo, nos detuvimos en el nivel salarial y los sueldos de cada empleado. Comparamos la brecha entre los mejor remunerados y el peor remunerado, al comienzo y al final del período. Vimos que en 1976, el que menos ganaba recibía un 85 por ciento del que más ganaba. Al final del período, esa brecha era del 1400 por ciento.

–Parece un impacto directo del crimen: la desaparición de dos delegados gremiales.

Varsky: –Es que justamente es eso: los números van a importar de acuerdo con las víctimas. Porque hay empresas en las que hay víctimas desaparecidas. En Loma Negra hablamos de Moreno y allí está la reducción en el Fondo de Previsión. Distinto es el caso de víctimas secuestradas de la propia empresa. O cuando el imputado integra la empresa en lo cotidiano y no es un presidente al que no ve ningún empleado. Lo que se mide está vinculado con la causa penal. Todo ayuda a la causa penal, a establecer si existe o no responsabilidad o participación criminal de la empresa. Nosotros como abogados nos dedicamos a lo penal.

–¿Cuál es el peso de estos datos contables?

König: –Cuando alguien comete un ilícito que implica un enriquecimiento, un robo, por ejemplo, y se demuestra que no era de él y que lo obtuvo mediante una violencia, se lo decomisa y se lo restituye. En el caso de los delitos de represión ilegal, cuando la motivación era económica y se logró un beneficio, hay que cuantificarlo y eventualmente tomar medidas judiciales.

–¿Podrían llegar a una restitución?
König: –Claro, por eso es importante cuantificar el beneficio económico adicional obtenido.

“Mejoró la escucha”

–¿Cómo llegamos hasta acá?

Varsky: –Hasta ahora tenías históricamente los casos de Mercedes Benz y Ford, una con la comisión interna desaparecida, otra con un centro clandestino adentro. Luego aparecen Blaquier y los casos de Salta y Jujuy, con Minera el Aguilar y La Veloz del Norte. Y ahora en distintas jurisdicciones puede haber alguna empresa frente a la que se dice: “Ah, mirá, acá también”. Esto es resultado, también, de cómo mejoró la escucha y estar más atento a lo que alguna vez se dijo. Porque la característica sindical laboral de muchas víctimas siempre estuvo. Sólo que uno ponía el ojo en otra cosa. Ahora que los juicios están avanzados, que los debates son muy ricos, los testimonios de las víctimas son completos en cuanto a que no sólo cuentan que fueron secuestrados tal día, sino que avanzan y dicen que militaban en tal lugar, eran delegados de tal empresa... Todo eso enriquece y permite dimensionar la condición laboral y sindical de muchas víctimas. Y el rol que cumplieron las empresas donde esas víctimas trabajaban.

König: –Y el beneficio económico que tuvieron. Lo llamativo es que todo está en los balances. Muchos son públicos y están disponibles y estuvieron disponibles siempre. Y creo que es una cuenta que nos debíamos. Que estaban ahí y nadie hizo esa cuenta. Esos balances fueron mirados desde otro punto de vista. A los fines bursátiles. O para saber qué rentabilidad tuvo la empresa. Pero no para ver cómo bajó el costo laboral en ese período.

Hubo trabajos sobre el impacto de la represión entre los obreros.

König: –Pero hasta ahora no se hizo la cuenta en cada empresa y en el marco de cada causa penal. Un balance sirve para hacer correlaciones. En general, se analiza para ver si le dan un crédito a tal empresa o si conviene invertir o comprar acciones de esa compañía. Siempre la mirada fue otra. Es muy difícil que se mire desde el punto de vista del impacto social o de lo que pasó.

–¿Se hizo este trabajo en algún otro país en contextos represivos? ¿Alemania?

König: –En Alemania la cosa fue distinta, no ocurrió esto de hacer un estudio de los balances con este criterio.

Varsky: –En marzo hicimos una reunión sobre esta materia con fiscales de distintas jurisdicciones. Ahí surgió la necesidad de armar un protocolo; que el trabajo sea interdisciplinario y que haya un equipo como la Ofinec, porque se necesita una experticia.

–A la luz del protocolo, ¿puede decirse que ya hay un “patrón” sobre cómo fue esa relación entre empresas, Estado terrorista y crímenes?

Varsky: –Hay una constante sobre qué mirar en materia contable. Pero sobre la participación de las empresas en el plan sistemático de exterminio, no. Hay empresas en las que funcionó un centro clandestino dentro de la planta. En otras se ve la relación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque custodiaban o prestaban elementos, como Mercedes Benz o Ledesma. En algunos casos hay trabajadores desaparecidos, en otros abogados o en un tercer caso sobrevivientes secuestrados en centros clandestinos que funcionaron dentro de las empresas. O víctimas sobre las que tenían conocimiento las empresas. Suponemos además cierta colaboración de las empresas en entregar un listado de víctimas que molestaban. Por algo fueron a buscar a determinadas personas. Ahora estamos en el momento de leer los procesamientos para poder identificar patrones comunes. Es difícil porque hasta ahora, en las causas, las víctimas no estaban agrupadas como integrantes de determinada empresa. Recién ahora se está reuniendo a las víctimas con esta mirada, para analizar si la empresa o funcionarios de la empresa, más bien, tuvieron o no responsabilidad en las desapariciones.

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ELOGIO DEL DESACATO de Blazquez

Elogio del desacato

Por José Ramón Blázquez - Jueves, 3 de Abril de 2014 

La desobediencia cambió el mundo y lo transforma cada día. Derribó tiranías, batió complacencias, descompuso dogmas y hoy se enfrenta a sutiles enemigos mucho más peligrosos que los viejos dictadores y los míticos dioses a los que sirvieron y adoraron los siglos. En su mejor versión verbal se llama rebeldía y es el derecho latente al ensanchamiento de la libertad real, incluyendo la impugnación de la legalidad y la disposición a enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre aquella en forma de normas abusivas y poderes intocables revestidos de legitimidad democrática y hasta de amable apariencia. Jamás en la historia estuvo el ser humano más controlado que ahora y nunca tan condicionado por resortes invisibles; pero también nunca como hoy las personas tuvimos más oportunidades de vencer. Existe el derecho al desacato.

La ley es el problema. No la ley genérica que emana de la representación popular y sirve de marco de convivencia y zona de equilibrio social, sino la ley cruelmente impuesta, creada al servicio de los más fuertes, la ley castrante que consagra la vigencia de las fechorías de la historia, la ley tramposa que juega con cartas marcadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros siendo iguales; la ley que sostiene la injusticia… la ley que bloquea la democracia. Como en España. Rebelarse hoy contra esa ley es tan sublime como antes la lucha a muerte contra el déspota.

¿Y qué es hoy la insurrección? Un oficio romántico pero impracticable. Para el sistema, a lo más, es el aplauso y la emoción por una gesta titánica narrada en una película o novela, pero imposible de llevar a la práctica real; un sueño, un acto de entretenimiento. Como en la publicidad: solo es imaginable rebelarse para cambiar de Coca-Cola a Pepsi, de marca de coche o pasar de Windows a Apple. Juegos infantiles y devaneos bobos del espíritu democrático. Y, sin embargo, todos los días hay subversiones: el Estado orilla sus propias normas, se paralizan cumplimientos jurídicos, se desobedece a conciencia, se atacan los derechos, se violenta a las personas y se ejerce la injusticia y la desigualdad. ¿Existe algo más absurdo y surrealista que pleitear con la Administración -el contencioso- que usa los recursos públicos como defensa y ataque simultáneamente frente a los ciudadanos ofendidos por la ley?

Pero el derecho al desacato es un método, no un fin. Es el impulso de una necesidad de cambio que el poder se empeña en taponar para subsistir con sus reglas tramposas. Todas las transformaciones históricas, sin excepción, estuvieron precedidas de períodos de rebeldía con mucho sacrificio humano y todas se hicieron contra la invocación de la inmutabilidad del sistema en vigor, del rey o la ley. Los marcos legales se resisten a variar, se autojustifican en su permanencia artificial. Los cambios tienen en el desacato su precursor. No hay necesidad de revertirlo todo, sino lo inservible e injusto. La libertad es un impulso poderoso que, en su lúcida inteligencia, es capaz de percibir lo que la oprime. Y frente a ese agobio, primero es la denuncia y después, la subversión.

Llegará el momento en que haya que lanzar el reto al Estado y utilizar con inteligencia, proporción y categoría el desacato democrático. ¿Por qué no ignorar leyes vejatorias?

Con la legitimidad democrática en sus manos y la conciencia de que sirve a una causa razonable, deben mantener su desafío a la España castradora. Ahora no pueden ceder. Deben fortalecerse en la unidad catalanista que les sostiene. El president Mas ha anunciado su disposición a continuar y dar salida al mandato popular. Es lo justo y lo correcto. Ni un paso atrás. Mientras haya canales jurídicamente válidos deben evitar la confrontación. Y llegar hasta el extremo en el uso de estos cauces. La subversión necesita proyectar la estética de su grandeza democrática y la ética del respeto con quienes rivaliza.

Y como España no quiere escuchar la demanda catalana, la confrontación es una consecuencia obligada, incluso deseable. Más allá de la exigencia democrática, el choque de trenes es una metodología imprescindible: cuando se cierran las demás salidas, el conflicto político y social es el único recurso válido. Hay una libertad que pide paso y una barrera que le impide avanzar. Hay que saltarla, eso sí, con criterio, unión y responsabilidad.

Cataluña está poniendo al Estado frente a sus contradicciones, con la evidencia de que vivimos bajo un régimen de democracia retórica y vacía. ¿Que España cumple su amenaza de suspender la autonomía catalana, apelando al artículo 155 de la Constitución? Muy bien, que lo haga, y así la contienda adquirirá proporciones sociales que en poco tiempo derivarán en solución pactada. ¿Que Rajoy, invocando el artículo 8, moviliza al ejército español contra Cataluña? Perfecto, el resultado será un escenario creativo y, aunque traumático, llevará a España hacia una segunda transición, esta vez sin trampas, de la que surgirá un Estado confederal y asimétrico. Si España no sale de su adolescencia política, la subversión democrática le madurará de golpe.

Entiendo que Euskadi pide a gritos unos acuerdos básicos y un intenso, abierto y sincero debate público. Es imprescindible que el PNV y EH Bildu alcancen un pacto sobre el soberano derecho a decidir, sin que por ello deba deducirse ningún frente: pueden mantener sus discrepancias en otras políticas, pero estar lealmente unidos en un acuerdo nacional. Y a partir de este ejercicio de responsabilidad, proyectar a la ciudadanía un liderazgo y unas ilusiones de futuro que conciten el máximo apoyo popular. Llegará el momento en que haya que lanzar el reto al Estado y utilizar con inteligencia, proporción y categoría el instrumento del desacato democrático. Empezando por lo simbólico. ¿Por qué no 200 ayuntamientos vascos negándose, todos a la vez, a exhibir la enseña rojigualda? ¿Por qué no ignorar leyes vejatorias?

Es hermosa la rebeldía cuando se tiene la razón, el entusiasmo de la libertad y el respaldo de la mayoría. Cuando la ley se convierte en yugo y la libertad está sometida a la perversión normativa, está justificado el desacato. Prácticamente, no hay más alternativa.

salud mental y trabajo

Video sobre la desigualdad y la riqueza en el mundo

Las tremendas condiciones laborales de la FOXCNN TECHNOLOGY fábrica de electrónicos mundial

Foxconn: el "dragón oculto" ha quedado al descubierto

Fte: Kabir Chibber

BBC, Tecnología  24.9. 2012

Terry Gou fundó la empresa en 1974 con US$7.500 que le pidió prestado de su madre.

La tapa posterior del iPhone dice: "Diseñado por Apple en California. Ensamblado en China".

Las personas que ensamblan la mayoría de los iPhones y otros apetecidos productos de Apple como el iPad trabajan para Foxconn, fabricante propiedad del grupo taiwanés Hon Hai Precision.

Por años, Foxconn se ha mantenido con un bajo perfil, pese a que emplea 800.000 trabajadores en todo el mundo.
Foxconn se cuenta a sí mismo como uno de los "dragones ocultos" -grandes pero a menudo oscuras compañías que fabrican bienes, principalmente en China, para las más importantes marcas del mundo en electrónica, ropa, juguetes y electrodomésticos.
Pero los escándalos sobre las condiciones de trabajo y la creciente visibilidad de los productos que fabrica, ha llevado a la empresa a ser el centro de las miradas.
¿Qué es Foxconn y qué es lo que hace?
clic Lea: trifulca en fábrica de Foxconn

La mayor firma taiwanesa

Qué ensambla Foxconn

• Apple iPods, iPads y iPhones
• Componentes de computadoras Dell
• Xbox 360 de Microsoft
• Kindle de Amazon
• Teléfonos inteligentes de Nokia, Motorola y Sony

Foxconn es parte de una organización de múltiples tentáculos llamada Hon Hai Precision, y es el mayor fabricante mundial de productos electrónicos de consumo masivo.
Por ejemplo, Foxconn Technology ayuda a ensamblar el iPhone de Apple y el iPad. Otra filial, Foxconn International, es el contratista más grande del mundo en la fabricación de teléfonos móviles y no tiene nada que ver con los productos distintivos de Apple.
Y Hon Hai trabaja en temas de avanzada, como la nanotecnología y ciencias de materiales.
Lo que es ahora Foxconn fue fundada en 1974 con US$7.500 que el fundador, Terry Gou, tomó prestado de su madre.
La compañía empezó a cotizar en bolsa en Taipei en 1991 y actualmente su valor aproximado es de US$37.000 millones.
Foxconn no es sólo utilizado por Apple, sino por todas las grandes compañías tecnológicas del mundo. Algunos de sus clientes son HP, Microsoft, Nokia y Sony.
Dice que le han concedido 25.000 patentes en todo el mundo.
La firma de Gou es uno de los mayores exportadores de China.

Mente clara

Foxconn es famoso por su enfoque estilo "revolución industrial": los trabajadores comen, duermen y viven en sus instalaciones.

Terry Gou, que es reacio a la publicidad, es el hombre más rico de Taiwán.
Empezó haciendo botones para televisores en blanco y negro de factura estadounidense, antes de convertirse en proveedor de conectores para los controles joystick del fabricante de juegos de video Atari.
En una inusual entrevista, al rememorar su primera visita a EE.UU., Gou contó que alquiló una limusina para visitar las oficinas de empresas como IBM y que durmió en la parte de atrás por la noche para ahorrar dinero.
Según Bloomberg Businessweek, en su oficina hay libros que contienen palabras de sabiduría de Gou, como "las personas con hambre tienen una mente especialmente clara".
Foxconn es famoso por su enfoque estilo revolución industrial a la fabricación: los trabajadores comen, duermen y viven en grandes dormitorios adyacentes a las fábricas en las que trabajan. La compañía, incluso, ofrece médicos.
La planta de Shenzhen, que incluye panaderías, bancos y clínicas de acupuntura, por ejemplo, emplea a más de 400.000 personas.
Los trabajadores viven en un dormitorio con siete desconocidos, realizando la misma tarea seis días a la semana.

Suicidios en la planta

Las condiciones laborales de la compañía han generado protestas de grupos de distintos sectores.

Pero el abismo existente entre la belleza de los productos que produce Foxconn y las condiciones con las que fabrican fueron expuestos de forma brutal cuando una serie de muertes golpeó a la empresa.
Trece empleados chinos se suicidaron en Foxconn o en plantas relacionadas en 2010, lo cual llamó la atención respecto a las condiciones de trabajo en China y a las crecientes huelgas laborales.
En el mismo año, Foxconn tuvo que cerrar temporalmente una fábrica en India cuando 250 trabajadores cayeron enfermos. Y en mayo de 2011, dos personas murieron tras una explosión en una planta de Foxconn en Chengdu.
Foxconn dijo que las condiciones de trabajo no fueron responsables de las muertes. Inicialmente fue desdeñosa respecto a los suicidios.
Pero pronto debió responder a la atención de los medios en todo el mundo elevando salarios, reduciendo horas de trabajo y asignando sicólogos al lugar.
Apple envió inspectores independientes de la Asociación de Trabajo Justo de EE.UU. para auditar sus instalaciones. Estos hallaron "asuntos importantes" en las prácticas de trabajo.
Apple dijo que "aceptó totalmente" las conclusiones del informe.
A pesar de ser un blanco de las críticas, Foxconn es considerado uno de los mejores empleadores de China por muchos grupos de derechos laborales en ese país, por pagar a los trabajadores a tiempo y por todas las horas extras.
El salario inicial en su planta de Shenzhen -que emplea a la mayor parte de sus trabajadores- es de US$285 en comparación con un salario mínimo de US$237,61 en la ciudad.
El salario mensual sube a US$348,50 luego de un período de prueba, y más si se incluyen las horas extras.
Debido al alto perfil de su vínculo con Apple, la empresa ha sido objeto de un escrutinio mucho mayor que otras industrias similares, orientadas a la exportación.
En 2011, las acciones de Hon Hai cayeron un 22%. Eso además de la caída de 13% del año anterior.
Pero sus acciones han subido un 27% este año, en parte impulsado por la demanda para el último teléfono de Apple.
Foxconn está trasladando su producción a provincias en el interior de China, en vista de los aumentos sustanciales a los costos laborales en las provincias costeras conocidas como el Delta del Río Perla.
¿Podrá esto, sumado a las nuevas medidas de seguridad industrial, hacer frente a las permanentes inquietudes de los trabajadores? Sólo el tiempo podrá decirlo.

AUSPICIOSA RESOLUCION DE LAS MAYORIAS GLOBALES

Fte.P12 10.9.2014

La ONU aprobó la necesidad de crear un marco jurídico para los procesos de reestructuración de deudas soberanas

Una pulseada global contra los buitres

La propuesta del G-77 más China, promovida por la Argentina, consiguió el voto a favor de 124 países. Hubo 41 abstenciones y sólo 11 naciones se pronunciaron en contra. “Es un día histórico”, celebró el canciller Héctor Timerman.

Por Sebastian Abrevaya

Ahora Naciones Unidas deberá definir la nueva reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período ordinario.

Página/12 En Estados Unidos

Desde Nueva York

Por 124 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 11 en contra, la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer la resolución que establece la necesidad de crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. Tras más de una década de postergaciones, el organismo internacional resolvió que deberá trabajar y definir esa reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período de sesiones ordinarias. La Argentina consiguió el respaldo del G-77 más China, que llevó una propuesta común a la última reunión anual de la asamblea general. “Es un día histórico”, aseguró el canciller Héctor Timerman, que viajó especialmente a Nueva York para participar de la sesión y las negociaciones. Al conocerse el contundente respaldo de la asamblea, la comitiva argentina, completada por la representante permanente ante la ONU, Marita Pérceval, y la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón, entre otros, aplaudió de pie.
“La trascendente votación que acabamos de realizar es la expresión más contundente de esta representatividad global: los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural y democrático, como éste, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto”, aseguró Timerman durante su discurso, en el que recordó que justamente 50 años atrás, un 9 de septiembre, el diplomático argentino José María Ruda realizaría un alegato histórico exponiendo la posición argentina contra todas las formas de colonialismo.
De los 193 miembros de las Naciones Unidas, los únicos países que votaron en contra fueron 11: Estados Unidos, Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Japón e Inglaterra. Las abstenciones alcanzaron un número más alto, 41. Muchas de ellas pertenecen a la Unión Europea (como Bélgica, España, Grecia, Italia, Francia, Holanda) y otras a Estados nórdicos (como Dinamarca, Noruega, Suecia), también de Oceanía (como Nueva Zelanda). Desde la comitiva argentina consideraban un avance que muchos países se hayan expresado de esta manera, sin obstaculizar el tratamiento de una reglamentación mundial sobre deuda soberana. De hecho, al comenzar las negociaciones, unos 46 países habían adelantado que rechazarían el proyecto y ese número luego se redujo a 11.
El encargado de presentar el proyecto fue el representante de Bolivia, Sacha Llorenti, en su condición de presidente del G-77 más China, que nuclea a 133 países en desarrollo. Llorenti manifestó el “compromiso de construir un sistema financiero internacional en el que las reglas sean justas y favorables al desarrollo, para que los países puedan también lograr un desarrollo sostenible”. El proyecto, entre otros puntos, sostiene que deben intensificarse los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda, definirse las modalidades de adopción del texto jurídico a aprobarse y recuerda las reiteradas oportunidades en las que tanto las Naciones Unidas así como otros foros multilaterales han intentado sin éxito abordar este tema. Si bien el debate sobre el sistema financiero internacional data en Naciones Unidas al menos de 1970, uno de los primeros antecedentes concretos sobre el tema deuda soberana es la cumbre de Monterrey en la que, hace 12 años, los líderes de distintos países expresaron el compromiso de trabajar en un mecanismo internacional de negociación.
También hay otros antecedentes en el Fondo Monetario Internacional, que no prosperaron debido al rechazo de países con mucho poder dentro del organismo, como Estados Unidos. “Hoy le toca a la Argentina, pero muchos países en desarrollo o desarrollados han sufrido la misma conducta depredadora y continuará sucediendo si no actuamos ahora”, aseguró Llorenti en relación con la actitud de los fondos buitre, que a través del fallo del juez Thomas Griesa han logrado impedir el cobro del 92,4 por ciento de los tenedores de deuda argentina.
Uno de los principales argumentos de los países opositores a la creación del marco regulatorio fue la necesidad de “un debate técnico”, que debería realizarse en foros especializados, como el FMI o el Club de París, precisamente donde ellos tienen mayoría. “Tratar esta cuestión en las Naciones Unidas, en un plazo irregularmente corto y con irregularidades de procedimiento, politiza una cuestión que es de índole técnica. Foros como el FMI o el G-20 son más apropiados”, señaló el representante de Canadá, en la misma línea que la representante de Japón.
Entre las pocas voces que se pronunciaron en contra, la más destacada fue la de Estados Unidos, precisamente donde se ha desencadenado el conflicto con los fondos buitre. “Generaría incertidumbre en los mercados financieros, lo que hará que cobren primas más elevadas y eso asfixiará a los países en desarrollo”, advirtió la representante estadounidense, Samantha Power, quien anticipó “resultados muy inciertos” en el debate sobre el marco regulatorio. Según Power, los países del G-77 cometieron irregularidades en el procedimiento para tratar el tema y además, “adelantaron el resultado” del debate sobre el marco regulatorio. Estados Unidos incluso planteó reparos respecto de los “costos” del proceso de debate, aunque desde la secretaría general, a cargo de Ban Ki-moon, descartaron problemas de tipo presupuestario.
“Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias al vacío legal actual. Este vacío no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio, escandalosamente rentable, invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobbistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa”, aseguró el canciller Timerman. “No votaron en contra 165 Estados soberanos, que éticamente proclamaron la soberanía de los países y la dignidad de los pueblos”, agregó la representante argentina ante la ONU, Marita Pérceval, quien consideró que “no es un país, sino la voluntad de América latina la que se expresó”.
Precisamente, la resolución recibió el apoyo de la gran mayoría de los países latinoamericanos (con excepción de México), de muchos países africanos y también de países de peso en el contexto internacional como China, India y Rusia. A su turno, el representante cubano, Rodolfo Reyes Rodríguez, rechazó la denominación de “fondos buitre”, ya que esas aves carroñeras “realizan una contribución positiva al ecosistema, mientras estos fondos son parásitos que atentan contra el bienestar de los pueblos”. El embajador de Cuba recordó además la lucha de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo que “enfrentaron la tragedia del silencio frente a la desaparición de sus familiares”, pero que a pesar de eso dijeron “nunca más”. “Esperemos que lo que ha ocurrido (con los fondos buitre) nunca más vuelva a producirse contra la Argentina o cualquier pueblo de este planeta”, remató Reyes Rodríguez, despertando un inusual aplauso en medio del desarrollo de la asamblea. El segundo momento donde se escucharon aplausos fue al concluir la votación, en la que se cristalizó el contundente apoyo a la iniciativa del G-77.

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La participación empresaria en crímenes de la última dictadura

Fte: P.12

8-9-2014

Una querella para investigar al directorio de Bunge & Born

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.

Por Alejandra Dandan

El secuestro de Jorge (foto) y Juan Born fue un hecho relevante para vincular la desaparición de los trabajadores con la empresa.

“Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico”, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de “trabajador” y “trabajador organizado”. En ese contexto, explica que “las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder”.

“El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico”, señala el CELS. “Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos.”

El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.

El caso

A mediados del año pasado, tres hijos de desaparecidos de Molinos acompañados por una profesora de historia reunieron sus historias, material de archivo y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Presentaron ese material en la Justicia acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda y de una niña. Hoy la presentación del CELS reúne 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las cinco y seis de la mañana, hora de ingreso del turno mañana. Tres camiones del Ejército estacionaron sobre la calle Deán Funes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores que, de acuerdo con los relatos, va de 20 a de 80. Tres están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos.

Desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de la disputa entre capital-trabajo. Y el CELS retoma ahora esta línea. Todos las víctimas pertenecían, o estaban cerca, a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Dos eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas “brigadas de control de precios” para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y sumaron los efectos del secuestro de los Born.

“A lo relatado se agrega un hecho altamente relevante para vincular la desaparición y persecución de los trabajadores con la empresa. Nos referimos al secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born el 19 septiembre de 1974 por la organización Montoneros”, dice el escrito. “Juan y Jorge Born eran el gerente y el director general del grupo económico Bunge & Born, propietario de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. entre otras empresas. Entre los pedidos de la organización Montoneros para liberarlos se planteaban reivindicaciones laborales para los trabajadores de las empresas que pertenecían al grupo (Molinos, Grafa, Alba, Compañía Química y Centenera), las que eran coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados. Otra de las condiciones para la liberación era la entrega de mercaderías por la suma de un millón de dólares para ser repartida en barrios carenciados. Producida la liberación de los empresarios, esa mercadería se distribuyó a través de militantes de la organización y en algunos casos a través de los mismos trabajadores de la empresa, como el caso de Héctor Dadin Vasere y Santos Ojeda en la planta de Molinos.

Este hecho le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios. Los hechos mencionados produjeron el recrudecimiento de la persecución a los trabajadores con mayor activismo por parte de la empresa.”

La presentación

Desde hace años el CELS sigue las causas de complicidad empresaria. En 2002, se presentó como querella en la causa Mercedes-Benz, pero no volvió a hacerlo hasta ahora. Sí –y como parte de este mismo camino–, se presentó como “amicus curiae” en la causa Ledesma, estuvo en Rosario con la historiadora y especialista en el movimiento obrero Victoria Basualdo para acompañarla institucionalmente en su declaración en el juzgado que investiga la causa Acindar y el eje de Villa Constitución. “Pero más allá de estas presentaciones queríamos hacer un acompañamiento institucional, como organismo: es esto lo que estaban pidiendo los querellantes”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigios del CELS.

Uno de los ejes del escrito es que el tema de la responsabilidad empresarial no es nuevo, sino que se viene señalando desde el comienzo del proceso de justicia. La intervención de empresarios en algún tramo del plan sistemático está presente en los relatos de los sobrevivientes y familiares desde el Juicio a las Juntas. En ese contexto, la presentación da cuenta de esa microhistoria política: recuerda las primeras causas como Mercedes-Benz, Ford y Papel Prensa y se detiene sobre todo a repasar las de los dos últimos años, donde los empresarios tienen algún grado de participación señalado con procesamientos o elevación a juicio como el caso Ledesma, La Veloz del Norte y Ford. También agregan aspectos internacionales de la relación entre empresas y regímenes dictatoriales.

“En las investigaciones en curso, se ha planteado que el accionar criminal de las empresas no fue aislado sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto. Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos –explican–. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia, lo que demuestra una permanente conexión entre ‘el proyecto de apropiación de la riqueza y de apropiación de la vida’”, señalan.

En línea con el informe de la CNV, señalan que pueden diferenciarse dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto. La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda, dicen, tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.

Y al analizar más sistemáticamente los casos, logran trazar patrones en común: “En las resoluciones en las que se ha procesado a directivos en empresas por crímenes de lesa humanidad se ha tenido en cuenta distintos aspectos: el interés que puede tener un empresario en el secuestro y desaparición de un delegado, el vínculo cercano entre los dueños de las empresas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la presencia de personal de esas fuerzas en las instalaciones de las fábricas, la evidencia de que las empresas entregaron listas con nombres de empleados que debían ser secuestrados”.

Pero acaso el aporte más importante de este escrito radica en la perspectiva de análisis: la posibilidad de pensar en una narración jurídica la dimensión económica del plan sistemático no sólo desde el lado del “capital”, sino de los efectos sobre el mundo del “trabajo”. Esta perspectiva mira las confrontaciones no sólo en términos políticos, como dice el escrito, sino también “desde las transformaciones económicas y sociales”: rasgos que, como explica, “quedaban ocultos o subestimados desde miradas predominantemente políticas”.

En la querella se analiza cómo las organizaciones del sindicalismo combativo constituían una herramienta fundamental en la disputa por la distribución del ingreso y estaban atravesadas por las luchas y debates sobre el grado de profundidad y el tipo de las transformaciones que se intentaban promover en la estructura económica y social argentina. “Fue justamente debido a estas razones que las patronales las consideraban una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales” (ver recuadro).

Hace dos 24 de marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un informe que fue estructural en las causas para pensar la complicidad empresaria. A través de una serie de documentos, el informe mostraba desapoderamientos a empresarios en un análisis que hacía foco en los efectos que tuvo la imbricación del aparato represivo con la alianza cívico militar destinada a la implementar un modelo económico, basado en la especulación financiera que destruyó el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras. 

Ahora bien, el escrito del CELS puede pensarse como la contracara de aquel informe que ponía el acento en el capital; como un segundo tiempo, dado que se pone a trazar una narración en términos jurídicos de lo que fue pasando sistemáticamente con los trabajadores y el movimiento sindical.

“Para comprender lo que estaba en juego entonces en el proceso de organización de los trabajadores de la empresa Molinos es necesario comprender que el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó, a mediados de los años ‘70, un pico inédito en términos históricos”, señala. “La clase trabajadora, que había conquistado en la década peronista una estructura sindical de gran alcance y fortaleza y una posición central en la economía y la sociedad, no tuvo un papel marginal en esta confrontación, sino que desempeñó un papel central en el ascenso de la conflictividad que, lejos de ser únicamente una pugna política, tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo. El poder de la clase trabajadora, que puede visualizarse, por ejemplo, en los niveles de participación de los asalariados en el ingreso que alcanzaron los 47 puntos en 1974, tenía sus raíces no sólo en las características del modelo de industrialización y en el papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, sino también en los mecanismos de representación y organización de los que disponía y en su vinculación (parcial, contradictoria, conflictiva, pero fundamental) con un arco de organizaciones políticas radicalizadas. El desarrollo y la vitalidad de los delegados y las comisiones internas durante esta etapa es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo frente al capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales.”

El período que se abre con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un hito de enorme importancia en esta historia, señala. “Las medidas aplicadas a partir del golpe, aunque marcadas por múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” Uno de los aportes de esta presentación lo hizo Victoria Basualdo. El CELS hizo además un convenio con Flacso destinado a trabajar sobre la relación entre empresas y terrorismo de Estado, un proceso en el que se fueron acercando a Molinos.

“Uno está acostumbrado a ver organizaciones políticas porque las fuerzas de seguridad secuestran a integrantes de Montoneros, o al militante del ERP. Pero cuando tenés al empresario enfrente, tenés que poner de relevancia la identidad gremial”, explica en este caso Palmas Zaldúa. “¿Bunge & Born qué quería? ¿A Montoneros? Sí, probablemente haya habido una predisposición pero quería perseguir a los trabajadores que se revelan con planes de lucha y generaban problemas dentro de la planta. La idea es la de un disciplinamiento y esto es lo que se ve en todas las causas donde se ve la responsabilidad de los empresarios.”

Molinos es un capítulo de todo esto.

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ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA - CAMBIOS

La nueva clase media 

Fte: p 12 ( 6/9/14)

*Por Alfredo Zaiat

La estructura social en el país ha registrado una interesante transformación en los últimos diez años.

Detectar ese cambio facilita la comprensión de algunos acontecimientos económicos y políticos que quedan envueltos en¨: deliberadas confusiones. La más usual es que el mercado laboral y la situación social se encuentran igual que en los ’90. Algunos más exaltados dicen peor. Ese relato ficcional tiene un objetivo político electoral de corto plazo, y otro más estructural de intentar desacreditar los avances en el bienestar de la población de lo que denominan despectivamente políticas populistas.

Esos análisis están alejados de abordajes cualitativos y cuantitativos y están motivados por la revancha ortodoxa que están palpitando.

La actual fase recesiva del ciclo económico con dificultades en el frente externo por la escasez de divisas la utilizan como prueba de que nada ha cambiado y que el desenlace será el mismo que en el período de acumulación regido por la valorización financiera.

Sin embargo, es otro el régimen de generación de riqueza ahora basado en la economía real, el nivel de ocupación y la estructura social, lo que limita aunque no anula la capacidad de daño de quienes aspiran a la restauración conservadora.

Un factor poco mencionado que actuará como barrera a ese deseo es la irrupción de una nueva clase media a partir de la intensidad del proceso de asalarización de la población económicamente activa desde 2003. La resistencia de ese sector fue quebrada en su momento con la represión a sangre y fuego en la dictadura militar, y luego también con la hiperinflación de 1989 que actuó como disciplinador social.

Ninguna de esas dos posibilidades es probable, más allá del desvarío del titular de la UIA, Héctor Méndez, y de los promotores del miedo disfrazados de economistas.

Décadas de políticas económicas neoliberales tuvieron como saldo una sociedad fragmentada, con profundas asimetrías y extrema polarización de los ingresos. La mitad de la población en condiciones de incorporarse en forma activa al mercado laboral estaba en serios problemas por la desocupación y por salarios desarticulados de la protección social, con crecientes subsidios por desempleo.

En 2003, en relación con la Población Económicamente Activa (PEA), los asalariados constituían dos tercios de los ocupados, de los cuales los registrados en la seguridad social constituían apenas 37,4 por ciento de los ocupados, una muy baja proporción del empleo total.

Los perceptores de subsidios ascendían a 6,8 por ciento de la PEA ocupada en el tercer trimestre de 2003.

En los últimos diez años, la situación laboral muestra un crecimiento notable de los asalariados, cuya participación en la PEA supera los registros históricos más elevados. Aumentó en 9 puntos porcentuales al pasar de 66,4 a 75,5 por ciento, lo que representa en términos absolutos la incorporación de unos 3,4 millones de trabajadores asalariados a la población ocupada urbana.

EN PERSPECTIVA HISTÓRICA, ESA PROPORCIÓN DE ASALARIADOS ES SUPERIOR A LA REGISTRADA A MEDIADOS DE LA DÉCADA DEL ’70, CUANDO EN UN PROCESO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO IMPULSADO POR LA INDUSTRIA LOS ASALARIADOS HABÍAN LLEGADO A CONSTITUIR EL 74 POR CIENTO DE LA PEA OCUPADA.

La asalarización de las ocupaciones es homogénea, ya que está articulada con la protección social, mientras que los trabajadores precarizados, cuyos ingresos no están registrados en el sistema de jubilaciones, pierden peso relativo.   

LA DISMINUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS DESOCUPADOS Y DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO PERMITIÓ LA RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL.

La proporción de perceptores de subsidios es inferior al 1 por ciento de la PEA.

No pocos analistas y políticos siguen confundiendo la Asignación Universal por Hijo como un subsidio por desempleo, pese a que desde 2009 esa ampliación de derechos sociales desplazó a la iniciativa que atendía a la población con problemas laborales.

Estas cifras y las siguientes surgen de la Encuesta Permanente de Hogares y están incluidas en el documento El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. Sus autores, Héctor Palomino y Pablo Dalle, se preguntan cómo interpretar el proceso de asalarización en la estructura social y qué carácter social tuvo ese proceso.

Para buscar respuestas definen que el grupo ocupacional que más creció en ese período fue el de obreros calificados de la industria y de servicios básicos asociados, que incluyen las actividades vinculadas con la industria manufacturera, la construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, gas y agua. 

Este grupo ocupacional, el más numeroso entre los asalariados, se expandió 65 por ciento, lo que equivale a un millón de nuevos trabajadores en ese período pasando de 1,6 a 2,6 millones, lo que representa un tercio del incremento total de asalariados.

Tres grupos ocupacionales (obreros calificados de la industria y servicios básicos, empleados administrativos y profesionales) cubren más de la mitad de esa expansión asalariada. “Esta evolución permite afirmar que desde 2003 el crecimiento económico impulsó la expansión del empleo vinculado tanto con el núcleo de la clase obrera como de los cuadros administrativos Y LOS PROFESIONALES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ESTOS ÚLTIMOS TRADICIONALMENTE ASOCIADOS CON LAS CLASES MEDIAS”, destacan Palomino y Dalle.

Precisada la magnitud de esta transformación, los investigadores interpretan la evolución de esos grupos ocupaciones como el crecimiento de las “nuevas clases medias” formadas por directivos, profesionales y empleados de la administración. Señalan que el epicentro de ese cambio en la estructura ocupacional y social fue el aumento de los estratos asalariados de clase media y la clase obrera calificada.

En el documento se menciona que las clases medias ampliaron sus fronteras en la estratificación social, puesto que los grupos ocupacionales que integran esta heterogénea clase social pasaron de 43,0 a 46,4 por ciento. “Un hecho destacable es que dicha expansión se debió fundamentalmente al crecimiento del estrato inferior que se incrementó 3,2 puntos porcentuales”, explican Palomino y Dalle. Los grupos ocupacionales que más crecieron en este estrato fueron los empleados administrativos y los técnicos, docentes y trabajadores calificados de la salud.

También lo hizo parte de la pequeña burguesía compuesta por dueños de comercios, locales de servicios o talleres con local establecido y algunos pocos empleados. Este grupo pasó del 2,7 por ciento en 2003 al 3,3 por ciento en 2011.

En cambio, los trabajadores por cuenta propia (con un local, auto o maquinaria) disminuyeron su peso relativo del 11,0 al 9,6 por ciento. La clase media superior se mantuvo casi en el mismo nivel relativo, sin embargo, uno de los grupos que la componen, los profesionales asalariados, incrementó su peso relativo en el total de la población del 4,1 al 5,0 por ciento.

Las clases populares disminuyeron su participación relativa del 56,1 al 52,8 por ciento.

Palomino y Dalle indican que en los últimos años en la Argentina ha habido dos tipos de movilidad social: individual y colectiva, y ambos estuvieron asociados. Mencionan que los flujos de movilidad individual de trabajadores desde el sector informal hacia ocupaciones registradas constituyeron una base fértil sobre la cual se desarrolló un proceso intenso de movilización y mejoras colectivas obtenidas por la clase obrera calificada y un sector de la clase media asalariada. “El efecto combinado del crecimiento del empleo asalariado y del cambio de composición hacia un incremento de la participación de trabajadores registrados ha impulsado un fortalecimiento del sistema de relaciones laborales”, afirman, para detallar que SU NÚCLEO ES LA RELACIÓN SALARIAL QUE VINCULA A LOS TRABAJADORES CON UN SISTEMA DE GARANTÍAS COMO EL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA EL GRUPO FAMILIAR A TRAVÉS DE LAS OBRAS SOCIALES, Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS SALARIOS Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO. “EN ESTE SENTIDO, EL FLUJO DE MOVILIDAD ASCENDENTE DESDE UN ESTRATO PRECARIO DE LA CLASE TRABAJADORA A OTRO INTEGRADO FORMALMENTE IMPLICÓ UN PROCESO DE RECOLECTIVIZACIÓN, QUE SE REFLEJÓ EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SINDICATOS TANTO EN SU DENSIDAD COMO EN SU CAPACIDAD PARA NEGOCIAR LOS SALARIOS”, CONCLUYEN.

ESTA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL PERMITE INCORPORAR UNA DIMENSIÓN ADICIONAL A LOS ANÁLISIS TRADICIONALES DE DIFERENTES ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS, COMO EL INSISTENTE PEDIDO DE LAS CENTRALES SINDICALES POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS A LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, COMO TAMBIÉN DEMANDA LA NECESIDAD DE TENER UN DISCURSO POLÍTICO RENOVADO HACIA ESE DINÁMICO SUJETO SOCIAL.

LA ESTRATIFICACIÓN DE CLASES SURGIDA DEL ACTUAL PROCESO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE ALTERÓ LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OCUPACIONAL, Y POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS (INCLUSIÓN PREVISIONAL Y ASIGNACIÓN UNIVERSAL), DERIVARON EN TRANSFORMACIONES EN EL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE LAS CLASES SOCIALES. EN ESE CONTEXTO, LAS “NUEVAS CLASES MEDIAS” TIENEN DEMANDAS DE SEGUNDA GENERACIÓN CON CAPACIDAD PARA RESISTIR LA REVANCHA ORTODOXA QUE LES PROMETE BONANZAS SIN DECIRLES QUE ESA ILUSIÓN LAS TERMINARÁ HUNDIENDO A LA SITUACIÓN DE DETERIORO DE LOS ’90.

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LA CARRERA DE CALLE EL DEPORTE MAS DEMOCRATICO

Opinión: El running no es nada

Publicado el 02.09.14 - LN

Por Juan Martínez (*)
El running, en sí mismo, no tiene nada de maravilloso. Entrar en esta actividad no te va a hacer sentir instantáneamente las emociones que escuchás que otros sienten. No vas a ser súbitamente feliz ni vas a ser una máquina de conseguir logros. No te vas a convertir en un atleta. El running no es un psicólogo ni reemplaza ninguna terapia ni te va a hacer mejor persona de manera automática.
Correr es, si estás dispuesto, una búsqueda. Todo lo anterior puede suceder como resultado de esa búsqueda, pero no es una consecuencia obligatoria al final del camino. De hecho, no hay final del camino. O sí, pero vos ya no estás en él. Sólo hay checkpoints por los que vas pasando, con más o menos aire, con más o menos piernas, con más o menos corazón.
El running no es nada, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un medio de expresión, de descarga e incluso de creación. No es un arte, pero para quienes estén con los sentidos abiertos y dispuestos, puede acercarse a eso.
También puede ser una exacerbación de vanidades, una guerra boba de egos, un desencadenante de consumismo pavote y fanatismos. Incluso, puede ser una vidriera de la nada, un lugar donde se muestren cosas sin contenido alguno simulando llevar un mensaje.
El running es tantas cosas como corredores hay en él. Es un mundo lleno de posibilidades por descubrir. Es un lugar donde transpirar sudor y liberar toxinas, pero también para transpirar enojos, frustraciones, molestias y liberarte de todo eso. Al menos por un rato.
Es también un espacio para emocionarte. Cuando terminás una carrera que ansiabas, llorás, y aprovechás para mezclar en esas lágrimas otras que no te animabas a soltar. Es un espacio para expresar lo que de otra manera contendrías.
Puede funcionar como limpiaparabrisas, al correr a un costado distracciones y trampas mentales, para despejar la cabeza y enfocarla en lo necesario. Después de un rato largo solo, corriendo, algunas defensas ceden y mirás de frente algunas cosas que esquivabas. Cuando volvés de correr, tus problemas siguen ahí, pero quizá puedas verlos de una manera diferente.
El running no le sirve a todo el mundo. Muchas personas encuentran lo mismo en otras actividades. Pero vos lo encontraste corriendo, y está buenísimo.
Fotos de Diego Winitzky.
(*) @jmartinezsalta es periodista, locutor y maratonista amateur. Nació en Salta y vive desde 2007 en Buenos Aires. Su sitio es http://jmartinezsalta.tumblr.com/