"ES DIFICIL ENJUICIAR A LOS EMPRESARIOS"

Fte: 18 de marzo de 2015

El criminólogo Willem de Haan habla sobre las causas a los civiles por crímenes de lesa humanidad

Es profesor del Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad de Amsterdam y estudioso del proceso de justicia argentino. “Establecer la complicidad de las empresas es un paso necesario para terminar con la impunidad”, señala.

Por Alejandra Dandan

 Willem de Haan.

Willem de Haan es profesor del departamento de criminología y derecho penal del Centro de Justicia Penal Internacional de la Universidad de Amsterdam. Desde 2002 viene una vez al año a la Argentina, especialmente interesado en el proceso de justicia transicional, dentro del cual aparecen no sólo los juicios a los militares, sino también, dice, las investigaciones sobre la complicidad civil. En esta nota evalúa los avances y el marco internacional. Explica cómo los análisis de sus estudiantes confirman la hipótesis de que las empresas se involucran en violaciones de los derechos humanos debido a las circunstancias excepcionales como la dictadura militar en las que intervinieron y desde donde obtuvieron beneficios económicos. Y reflexiona sobre los fallos de la última semana sobre tres causas emblemáticas como Papel Prensa, el diario La Nueva Provincia y el caso Blaquier. “Si bien los hechos no están negados y la empresa es cómplice en crímenes de lesa humanidad, la prueba de la responsabilidad individual deja a la Justicia un problema porque la causa puede fracasar. Superar estos problemas jurídicos es difícil también por el poder económico y político de las empresas y la vulnerabilidad de la Justicia con respecto a la presión política. En este caso es difícil evitar la impresión de que las decisiones judiciales no están basándose exclusivamente sobre los hechos y las pruebas.”

–¿Cuál es la lectura que hizo del fallo de Casación en la causa Blaquier?

–Hasta ahora tenía la impresión de que la política de derechos humanos en Argentina tuvo importantes avances. El año pasado, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, destacó que la Procuraduría había empezado a ocuparse de los cómplices civiles. Este fue un paso importante, porque las estructuras políticas y económicas de la dictadura militar en la Argentina y el papel de los actores civiles y económicos no había recibido tanto interés como los represores individuales. En el marco internacional, la indagación de complicidad empresarial es un desafío que tiene muchos obstáculos. Fue prometedor cuando, en enero de este año, un informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad destacó en ese sentido avances importantes. Después de eso, nos encontramos con los rechazos de tres casos de complicidad empresarial en menos de una semana.

–¿Es una sorpresa?

–Desde una perspectiva internacional, no es sorprendente. En general, es muy difícil enjuiciar a dueños o gerentes de empresas grandes. Hay problemas legales y jurídicos con respecto a pruebas, pero también problemas de prácticas y de políticas. Entre los problemas jurídicos está que la complicidad de una empresa no existe en el derecho penal en la Argentina, tal como tampoco existe en la mayoría de las jurisdicciones en el mundo. Y la responsabilidad criminal individual es muy difícil de probar, o sea, la prueba de la de causalidad, del conocimiento y de la previsibilidad. Entonces, si bien los hechos no están negados y la empresa es cómplice en crímenes de lesa humanidad, la prueba de la responsabilidad individual deja a la Justicia un problema. Superarlo es difícil también por el poder económico y político de las empresas. En este caso es difícil evitar la impresión de que las decisiones judiciales no están basándose exclusivamente sobre los hechos y las pruebas.

–¿Por qué?

–Con frecuencia me sorprende la polarización en la Argentina, no sólo en la política, sino también en la Justicia. Es como si la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de Justicia fuera muy porosa. A propósito (pensando en Papel Prensa): se nota que aparentemente fue posible rechazar en menos de 24 horas un caso en que hasta ahora cada decisión tomó por lo menos un año. Por otro lado, la politización de la Justicia en la Argentina no es tan diferente del derecho penal internacional.

–¿Qué sucede con la posibilidad de avanzar en el marco internacional?

–En el marco internacional, el enjuiciamiento de dueños o gerentes de empresas por su complicidad en crímenes de lesa humanidad todavía es excepcional. En mi país, Holanda, un gerente estaba condenado a 17 años en prisión por crímenes de guerra en Irak. Pero, en casos como la complicidad de Mercedes-Benz o Ford en crímenes de lesa humanidad en la Argentina, los jueces en Alemania o los Estados Unidos tampoco se mostraron dispuestos a proceder. Afortunadamente, estos crímenes son imprescriptibles. Establecer los hechos de la complicidad de las empresas es un paso importante y necesario para terminar con la impunidad.

–Existe una preocupación por los efectos del fallo de Casación. Los camaristas hablan de Blaquier, pero esta interpretación puede alcanzar otros casos. Sobre todo cómo aparece aquí leído el aporte “civil” a la dictadura, como “una colaboración admitida”. ¿Qué puede decir sobre esto?

–Según el Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial y Responsabilidad Legal (2008), el aporte material de camionetas fue el modo en que la empresa “facilitó” a los represores la forma de cometer los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esta perspectiva internacional, de ninguna manera esa facilitación puede ser un “aporte civil”. Sin embargo, me parece muy probable que la interpretación de la ley penal en la Argentina por la Cámara de Casación –que los aportes “civiles” a la dictadura fueron “una colaboración admitida”– alcance otros casos como nueva jurisprudencia.

–En esta causa se pensó en el contexto histórico para pensar en el conocimiento que Blaquier o la administración del ingenio podían tener sobre lo que sucedía. ¿Cree que es posible pensarlo así?

–Sí, es posible pensar el “contexto histórico” como parte de la prueba penal subjetiva. Por ejemplo, en la Argentina veremos un evolución en la interpretación del “contexto” desde crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un plan criminal organizado y sistemático en el juicio de 1985; en el marco de terrorismo de Estado en los años 1990 y en el marco de un genocidio. Un plan criminal implica la responsabilidad criminal con autores mediatos. El terrorismo de Estado implica la responsabilidad de superiores en la jerarquía militar o policial que existe en el derecho penal internacional como la responsabilidad de los superiores por omisión. De una perspectiva criminológica, el marco de un genocidio los piensa en el marco de una responsabilidad civil y social. No sé si el marco de un genocidio realmente tiene consecuencias legales en los juicios. El derecho penal internacional mantiene una definición más restrictiva que la actual en la jurisprudencia en Argentina.

–¿Cuál es su relación con la Argentina?

–Al principio me interesé por razones personales. Conocí refugiados argentinos que llegaron a mi país alrededor de 1978. En los años ’90 me enseñaron a bailar tango y así me llevaron a la Argentina por primera vez en 1999. Desde 2002 estuve en la Argentina cada año y cada año paso aún más tiempo en ese hermoso país. Lo más importante es que en la Argentina se produce un proceso de justicia transicional, dentro del cual aparecen no sólo los juicios a los militares, sino además las investigaciones sobre la complicidad civil. Es interesante para mí porque los holandeses no somos muy buenos discutiendo la complicidad civil, por ejemplo en nuestro pasado colonial o la colaboración con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todavía tenemos dificultades para enfrentar los hechos y lidiar con ellos. Me convertí en profesor del Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad en Amsterdam. Ahí hacemos estudios sociales y legales, teoréticos y empíricos sobre crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, primero para explicar estos crímenes y segundo para encontrar respuestas legales, sociales y políticas, adecuadas y efectivas. No sólo empresas argentinas colaboraron y se beneficiaron con esto, sino también multinacionales como Ford y Mercedes-Benz. Ahora estamos trabajando en un proyecto sobre la complicidad de multinacionales holandesas en violaciones de los derechos humanos en los años de la dictadura en la Argentina.

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PREOCUPANTE FALLO QUE FAVORECE LA IMPUNIDAD CIVIL DE LA DICTADURA

Fte: P12 - 17.3.2015

JUECES Y FISCALES ANALIZAN Y CRITICAN EL FALLO QUE BENEFICIO AL EMPRESARIO CARLOS BLAQUIER

Una falta de mérito que es absolución encubierta

Los especialistas señalan que es la primera vez en 20 años que el tribunal decide introducirse en una causa, aún abierta, con un procesamiento y sin detenidos, para dictar una falta de mérito.

 Por Alejandra Dandan

Los sobrevivientes de las noches de apagones en Jujuy todavía hablan de las “camionetas de Ledesma” o de la “Gendarmería de Ledesma” al recordar las redadas y secuestros nocturnos de julio de 1976. Denunciaron la presencia de los vehículos de Ledesma en el Juicio a las Juntas de 1985; lo repitieron en las rondas realizadas durante años en torno del ingenio. Pero la Justicia no aceptó la validez de ese dato hasta 2012, cuando procesó a Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, por privación ilegal de la libertad de trabajadores y referentes sociales. El fallo de Casación del viernes pasado aceptó que se usaron las camionetas de Ledesma en los secuestros. No discutió lo que a las víctimas y familiares de los de-

saparecidos les costó probar durante casi cuarenta años. Pero como si se tratara de una tomadura de pelo o de una trampa, el mismo gesto de aprobación vació de sentido esa prueba: ahora que reconocen el uso de las camionetas, esas camionetas ya no importan: dicen que no bastan para probar la intención de Blaquier de colaborar en los secuestros.
Luego de un año y tres meses de tener la causa paralizada en Buenos Aires, la Sala IV de la Cámara de Casación dictó el viernes pasado una “falta de mérito” para Blaquier y Alberto Lemos. Quienes conocen la lógica de Casación entienden que la resolución encierra varias claves. Por un lado, que es “excepcional” y “escandalosa” porque es la primera vez en veinte años que el tribunal decide introducirse en una causa, aún abierta, con un procesamiento y sin detenidos en prisión, para dictar una falta de mérito. Por otro lado, señalan que la “falta de mérito” en realidad es una trampa, porque a cuarenta años de los crímenes opera como una “absolución encubierta”. Y por último explican que uno de los votos de la sentencia puede brindar un mensaje de impunidad hacia otras causas semejantes, porque señala que la colaboración civil es inocua.

La excepción

Blaquier y Alberto Lemos, el entonces administrador del ingenio, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara de Casación de Salta. La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, tomó el expediente en diciembre de 2013. Los jueces se pronunciaron el viernes pasado. Como dijo este diario por entonces, dieron por probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros pero negaron el “dolo”, es decir que el dueño y administrador del ingenio hayan conocido los fines para los que se usaron.
Un dato elocuente para quienes conocen la dinámica de Casación es la notoria intención que mostró la Sala IV en intervenir en este expediente. Consultado por este diario, un juez señaló que ese tribunal no se mete en un expediente cuando hay un procesamiento en marcha. Al parecer, añadió, “la doctrina pacífica” de ese tribunal señala que no interviene en esos asuntos hasta que no hay una sentencia definitiva. Este caso muestra una excepción a ese principio. El dato lo confirmó un integrante de ese tribunal de alzada, que señaló que se trata de un “escándalo” y se preguntó por qué los fallos no fueron publicados por lo menos hasta ayer en el CIJ, que es el servicio de noticias de la Corte Suprema.

La falta de mérito como trampa

Este diario señaló como un problema en otras ocasiones y en delitos de lesa humanidad el dictado de las “faltas de mérito”. Por ejemplo, cuando la Cámara de Salta liberó por “falta de mérito” al capitán retirado Jorge Isaac Ripoll, mano derecha del coronel Carlos Néstor Bulacios, máxima autoridad represiva en la provincia de Jujuy. Esta figura exige nuevas pruebas para que la causa pueda ser reabierta y en el contexto del paso del tiempo eso se torna imposible. Jueces, fiscales y abogados consultados por este diario señalaron que la falta de mérito opera como un “sobreseimiento encubierto”. “La falta de mérito dictada en primera instancia puede ser apelada por el fiscal, pero en este caso fue dictada por el más alto tribunal antes de la Corte”, explicó uno de los jueces. Javier de Luca es fiscal general y tuvo a cargo las apelaciones ante la Cámara de Casación. Tiene diez días para presentar un recurso extraordinario a la Corte. “El problema estrictamente jurídico de una falta de mérito en Casación es que parte de un estándar analítico equivocado –dice–. Yo no sé si van a aparecer nuevas pruebas. El sistema procesal vigente tiene una etapa de instrucción escrita y otra de juicio oral que debe valorar si las pruebas alcanzan o no para juzgar y condenar. Eso no debe hacerlo ni la Cámara Federal de Salta ni la Cámara Federal de Casación, sino el correspondiente tribunal oral. Queda claro así que la ‘falta de mérito’ en Casación es un sobreseimiento encubierto, porque como en el sistema vigente no puede haber un sobreseimiento por duda (hasta hace veinte años existía el sobreseimiento provisional), ante un estado de sospecha debe enviarse la causa a juicio para que otros jueces juzguen.” Es decir, señala, “se basaron en un estándar de certeza, que se emplea en una sentencia, y esto sólo era un procesamiento”. En el mismo sentido, el primer juez agregó: “Casación dijo que había que seguir investigando. Pero a esta altura, con casi cuarenta años de historia, ¿qué aportes esperan? Si todas las pruebas que hay no son suficientes para demostrar la intención, ¿qué esperan? Por eso, en realidad esto no es una cuestión de prueba sino de valoración: de cómo se miran las pruebas, por eso hablamos de sobreseimiento encubierto en la falta de mérito”.

El dolo: ¿qué sabía Blaquier?

Hasta 2012 las causas sobre crímenes de lesa humanidad habían avanzado en los procesamientos a integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad y civiles, pero vinculados como funcionarios al aparato organizado de poder. La complicidad de los empresarios supuso abrir caminos alternativos para pensar las imputaciones. Uno de los aportes de esta causa fue situar a las camionetas del Ingenio Ledesma que se usaron para los secuestros en un contexto. El juez de instrucción Fernando Poviña reunió varios elementos. Indicó que la entrega de las camionetas no estaba registrada, que fueron entregas ocultas, sin control y que, justamente, no eran “inocuas”, sino que se hacían en un contexto histórico determinado: una época de fuerte persecución política y sindical, a trabajadores o líderes sindicales. Explicó que la empresa tenía antecedentes de disputa con esos mismos sindicalistas. Y que había sanciones o llamados de atención de parte de la empresa a esos trabajadores, e incluso actividad de inteligencia realizada sobre ellos para ver qué actividad sindical tenían. Los datos, recordaron en el juzgado, estuvieron apoyados por una abundante profusión de documentos: el acuerdo entre Blaquier y el represor Antonio Domingo Bussi; la instalación de un puesto de Gendarmería Nacional en un predio en las inmediaciones del ingenio, una fuerza de frontera que quedó ubicada así a varios kilómetros de la frontera real con Bolivia y estaba allí para “cubrir el avance del comunismo”. Se agregaron documentos sobre la intervención de Blaquier en el grupo Azcuénaga, en la preparación del golpe de Estado. La solicitada de apoyo a la dictadura publicada por Ledesma un año después del golpe. La carta al “Querido Joe” de Blaquier a José Alfredo Martínez de Hoz para ofrecer donantes y publicar un artículo en Estados Unidos que desacreditara las denuncias por las violaciones de derechos humanos en Argentina. Es por todo esto que en el juzgado creen que Casación leyó “descompaginadamente” la prueba penal y fragmentó los hechos. El fallo tiene también otros problemas. A los conflictos gremiales, por ejemplo, los llaman “desavenencias”. Al espionaje o inteligencia ilegal sobre los trabajadores se los presenta como controles legítimos sobre los bienes de la empresa. Y lo mismo ocurre cuando describen la prueba recogida en los allanamientos del 2012. Casación dice que eran actividades que hacía la empresa para cuidar sus bienes, cuando el juzgado habló de espionaje. Entre esos elementos hay hasta fotos que la empresa sacó desde adentro de una iglesia donde se hacía una misa por la memoria de Olga Aredez, la vida del intendente Luis Aredez, uno de los desaparecidos, tal vez el más emblemático, de Ledesma.

El dolo de Blaquier

• Fernando Poviña, juez de instrucción a cargo de la causa Ledesma: “Tanto en el auto del procesamiento como en la resolución de la Cámara Federal de Salta que lo confirma, al valorarse de manera conjunta todos los elementos probatorios y no aisladamente se concluyó que se encuentra provisoriamente acreditado el tipo subjetivo, la representación que se hacen de estos hechos, por lo menos para esta etapa del proceso. Es decir, que no fue inocua o carente de sentido la entrega de los vehículos, sino que, además de no haber sido registrada, adquiere sentido en el contexto en que ocurrieron los hechos. Es decir que en esa situación de represión y persecución a los líderes sociales y sindicales se estimó en dichas resoluciones que al menos los supuestos partícipes tienen que haber tenido la representación de que los vehículos iban a ser utilizados para las detenciones ilegales de los trabajadores y representantes sindicales (que según consta ya venían siendo objeto de persecución) relacionados con la empresa y en la zona geográfica de influencia de ésta”.
• Rodolfo Yanzón, abogado: “La Sala IV de la Cámara de Casación tiene competencia en cuestiones que ponen fin al proceso. El procesamiento no es una de ellas, pues sólo habilita la realización de un juicio oral, que sí le pone fin. Para sortear ese impedimento los jueces hicieron referencia a una situación de gravedad institucional por designación irregular del fiscal y analizaron la prueba reunida durante la instrucción, cuestión que, como dije, les está vedada en esta etapa. De tal forma, dispusieron la falta de mérito de los imputados porque consideraron que no existían pruebas suficientes para sostener que tuvieron conocimiento que el aporte de las camionetas era para secuestrar personas. Como el procesamiento se dictó sólo por el delito de privación ilegal de la libertad, el fiscal recurrió ante la Casación por las torturas y los homicidios, lo que también habilitó la intervención de la Cámara. Esta decisión no pone fin al proceso y las partes acusadoras podrán continuar insistiendo en su hipótesis. Pero resulta grave que la Sala IV haya impedido la realización de un juicio oral, donde se podría haber discutido con plena libertad sobre la prueba y, en todo caso, los imputados haber resaltado que no se hallaban probados su conocimiento e intervención en los crímenes cometidos”.
• Tomás Ojea Quintana, abogado: “De ninguna manera es necesario probar cuándo, cómo, ni los detalles del momento en que él o pide la intervención militar, es informado o toma conocimiento de lo que los militares van a hacer. Se debe aplicar la metodología de los juicios contra militares, esto es, tener presente el contexto político y militar de la época para definir los hechos y la responsabilidad penal, otorgar especial valoración a la prueba en estos juicios y considerar la clandestinidad del terrorismo de Estado y la búsqueda de impunidad. De esta forma, la responsabilidad de Blaquier está demostrada y la Cámara de Casación Penal equivocada. Que él sabía, podía saber o suponer lo que iba a pasar se infiere lógicamente de la secuencia y características de los hechos: la empresa tenía problemas con los trabajadores, estos trabajadores era un obstáculo, la probada relación de Blaquier con las fuerzas militares, la entrega de recursos logísticos, la actitud de la empresa luego de los secuestros, etc. De todo esto se infiere su participación penal en los delitos.”

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CASO NISMAN: investigacion de la Universidad Nacional de San Martin - Revista Anfivia

En estos días, se acusa a quien piensa distinto sobre la muerte de Nisman de “aferrarse a su ideología con la ceguera del fanatismo”. En este ensayo, el antropólogo Alejandro Grimson actúa como un maestro de la sospecha e indaga en interpretaciones infundadas que medios y políticos naturalizan. Sin caer en relativismos, distingue entre hechos y conjeturas, y explica la crisis cultural que atraviesa hoy la sociedad argentina y los posibles escenarios futuros.

Revista ANFIBIA on line

“La certeza es, por así decirlo, un tono en el que se constata cómo son las cosas; pero del tono no se sigue que uno esté justificado. Sería posible hablar de un estado anímico de convicción. Y tal estado de ánimo podría ser el mismo tanto cuando se supiera como cuando se creyera erróneamente.”

Ludwig Wittgenstein, Sobre la certeza

Certezas de todo tipo

Todos los argentinos nos convertimos en Sherlock Holmes el 19 de enero. El baño, la pistola, la sangre, la custodia, las cámaras, la lista del supermercado, las cerraduras, el pasadizo secreto, la denuncia, un espía, otro espía, wikileaks, un barrido electrónico, el ADN. Holmes, al momento de concluir, nos explicaba cómo encajaban todas y cada una de las piezas. Agatha Christie también fue una maestra en sostener el misterio hasta el final. La novela moderna, la racionalidad absoluta en que todas las piezas encajan. Literatura de un mundo pequeño comparada con los novelistas actuales del suspenso: el autor sueco Mankell y su detective, Wallander, tienen varias diferencias con Holmes. Wallander es un policía con sobrepeso, a veces bebe de más, y gracias a su persistencia y una corazonada logra resolver los casos, aunque deja atrás muchísimos cabos sueltos. Nunca todo encaja. Nunca hay una racionalidad total; el mundo no entra en una novela.

Sin esperar ni a Holmes ni a Wallander, los argentinos nos lanzamos a discutir el caso Nisman, siempre estando completamente seguros. De cada hecho emerge una interpretación clara. Si la puerta del baño no podía abrirse, suicidio. Si no había pólvora en su mano, asesinato. El cerrajero abrió rápido: asesinato. Pero la madre había abierto otra puerta: suicidio. Todo lo que se dice podría ser interpretado de otro modo. Un ejemplo: la famosa discusión sobre si era o no verdadera la revelación de lo que había en el tacho de basura de Nisman se llevó adelante como si la existencia de esos papeles tuviera un significado transparente. Nisman pensó en pedir la detención de la presidenta, “dejó un mensaje”… Pero eran papeles que había tirado a la basura. Quien afirma que “dejó un mensaje”, ¿tiene certeza de que se suicidó?, ¿también sabe por qué no mandó el supuesto mensaje por email?

Como la verdad no podía alcanzarse a la velocidad que necesitábamos, en lugar de deshojar una margarita con las hipótesis debíamos partir de un hecho: sólo sé que no sé nada. A partir de ahí, establecer los hechos. Y hacer preguntas sobre las interpretaciones y los contextos.

Devastación

Las presunciones son simples. Si fue suicidio por propia voluntad es porque la denuncia de Nisman carecía de sustento. Si fue asesinado por algún pretendido oficialista, era una verdad irrefutable. Si fue asesinado por quienes lo ayudaron en la preparación de dicha denuncia, fue víctima de una trampa para desestabilizar al gobierno. Si fue inducido al suicidio, se aplican cualquiera de estos últimos dos criterios.

Foto: Rolando Andrade

¿Y si no fuera así? ¿Si fuera más complicado? ¿Si la necesaria verdad, cualquiera sea, revelara mucho más que estas presunciones, un entramado más enmarañado y desconocido? ¿Cómo encaja la causa AMIA? ¿Qué incidencia tiene la causa por encubrimiento que en pocos meses va a juicio oral? ¿La geopolítica mundial se reduce a kircherismo y antikirchnerismo? Desde el instante en que se conoció la conmocionante noticia, el vértigo interpretativo habría pecado de leer equivocadamente los indicios, de sacar conclusiones más apresuradas que certeras. Este artículo es una invitación a preguntarnos si no deberíamos mirar las cosas de otro modo y si ese ejercicio no nos permitiría ver otros procesos.

La sociedad argentina atraviesa una crisis de interpretación como pocas veces ha sucedido en su historia. La capacidad de los principales actores sociales, mediáticos y políticos de distinguir los hechos de las interpretaciones parece devastada. Desde el momento en que la noticia nos puso a todos la piel de gallina, la pregunta que guía las conversaciones se refiere al dictamen final: suicidio, asesinato, instigación, quién. Hay una necesidad colectiva de responder de forma urgente esos interrogantes. Esa misma necesidad nos ha tendido una trampa: pedirle a cada hecho, a cada noticia, a cada evidencia, a cada paso de la investigación que le otorgue un sentido cristalino a un acontecimiento que, posiblemente, carezca de él.

Suicidio, asesinato, ángeles y demonios

La matriz hermenéutica argentina, se sabe, es dicotómica. Por lo tanto, durante los días y semanas posteriores a la muerte del fiscal Nisman fueron surgiendo ángeles y demonios.

La celeridad de algunos altos funcionarios por afirmar que fue un suicidio contribuyó a alimentar la interpretación de que fue un asesinato. Es más, en el caso de que efectivamente Nisman se hubiera suicidado es posible que, tal como están las cosas hoy en día, amplios sectores de la sociedad jamás lo crean. En pocos días la principal dicotomía entonces se desplazó de “suicidio versus asesinato” a “¿quién lo mató?”, aunque hasta ahora no se ha hecho pública una sola prueba que dé lugar a la certeza de que hubo un homicidio.

Se ha instalado la idea de que nada previo a la muerte del fiscal puede ser puesto en análisis y discusión porque implicaría falta de decoro. ¿Es así?

Deberíamos acordar que conocer la verdad sobre las causas o motivos de su muerte es una condición para que el futuro de la sociedad argentina esté marcado por las instituciones y la democracia. Sin verdad, ni siquiera tendríamos pruebas de impunidad, ya que para ello necesitamos la certeza de que hubo un homicidio, si es que lo hubo. Así que, con el debido respeto, una discusión o reflexión sobre la actuación de Nisman en la causa AMIA y sobre la denuncia que presentó el 14 de enero debería poder darse de modo civilizado como una herramienta más para conocer los hechos.

Los hechos y las interpretaciones

En la sociedad contemporánea, el aforismo de Nietzsche cobra un vuelo quizás inesperado: “no hay hechos, hay interpretaciones”. Hay hechos: los muertos son hechos. Por supuesto, puede decirse que cada palabra es una interpretación: cadáver, fallecido, asesinado, ultimado, portan sentidos muy distintos. El sentido no es inherente, el sentido es siempre una relación interpretativa.

Ahora, si pasamos a un segundo nivel donde “muerto” es una convención que permite describir un hecho, podemos partir de acuerdos sociales básicos. Así, un muerto es un muerto. Tortura es tortura. Genocidio es genocidio.

Foto: Rolando Andrade

En el primer nivel, donde todo está sujeto a interpretación, afirmar que un prisionero fue torturado es una cuestión de puntos de vista. Esto es inaceptable, moral y epistemológicamente.

El problema es dónde se traza la frontera entre los hechos y las interpretaciones. Los negacionistas consideran que el genocidio nazi no fue un hecho, ni los muertos ni el plan criminal. En otros países puede haber debate sobre si el término genocidio es el adecuado para comprender hechos que nadie pone en cuestión.

Hay hechos objetivos, incluso si las instituciones no tienen capacidad de probarlos. Hay hechos incluso si no son nombrados: muertos que no son socialmente reconocidos, tanto como hay planetas y estrellas que la humanidad no conoce y por lo tanto no nombra. Pero potencialmente pueden ser descubiertos y designados.

Ahora, las interpretaciones no son equivalentes. Es distinta una interpretación interesada que se apoya en los hechos, de las interpretaciones ridículas. Las dos características principales de éstas, es que no se atienen a los hechos y no tienen verosimilitud o legitimidad social.

Sin embargo, hay otras que tienen amplia o alguna legitimidad social, con las que disentimos. Son verosímiles. Son hegemónicas. La ficción del “uno a uno” de la convertibilidad es un buen ejemplo.

Un nuevo problema surge cuando las interpretaciones que contradicen abiertamente los hechos tienen legitimidad social. Los argentinos somos derechos y humanos. Entiéndase bien: existe la situación en la que los hechos habilitan de modo verosímil diferentes interpretaciones. Eso tiene un límite. Podría decirse que hay interpretaciones que están exactamente en el límite de lo plausible. Pero hay otras que son puramente delirantes: esto que usted está leyendo no es un artículo, es un elefante.

Performatividad equivocada

El aforismo de Nietzsche tenía otra implicancia: las verdades pueden ser fabricadas a través de interpretaciones verosímiles. Y esas “verdades” producen efectos reales, transforman la realidad. Las expresiones de deseos como certezas y la voluntad de la profecía autocumplida. Frases como “el peronismo ha muerto” o “los radicales no pueden gobernar” justamente son interpretaciones que buscan fabricar realidades futuras. Con las encuestas electorales sucede que la búsqueda de la profecía autocumplida puede tender una trampa cuando el electorado se espanta ante los pronósticos.

Ahora, ¿por qué existen tantas profecías no cumplidas? Es que la conciencia social de performatividad no es tan sencilla. Ante el anuncio de que habrá un determinado triunfo electoral el resultado puede ser el contrario del buscado: la concentración de votos en el otro candidato con posibilidades. Esto es muy sabido, pero poco teorizado.

Ante la muerte de Nimsan, la sociedad sabe que las interpretaciones son interesadas. Cuando el interés es autoevidente puede resultar más eficaz una acción reflexiva sobre las consecuencias paradojales de la lucha de interpretaciones que una simple lucha de interpretaciones.

Así se generan las famosas consecuencias no deseadas de la acción o la paradoja de la conciencia de performatividad. Sé que mi interpretación puede fabricar realidades, pero pierdo de vista que eso no es mecánico: aunque no fuera mi intención, si se percibe un gesto forzado, todo cae en el descrédito.

Guerra hermenéutica

La noticia de la muerte de Nisman perteneció a aquellas escasas informaciones que generan un efecto físico sobre nuestros cuerpos. Todos nos preguntamos acerca de cómo comprender este mundo llamado Argentina. La sociedad ingresó en un estado de estrés, de ansiedad colectiva, que sólo podría cerrarse con la verdad. Pero la verdad se presentó escurridiza, emergieron datos contradictorios, florecieron interpretaciones. Todos los rostros rotaron para mirar al gobierno. Aparecieron las palabras suicidio, después llegó “suicidio, ¿suicidio?” y posteriormente “el suicidio (que estoy convencida) no fue un suicidio”.

En el escenario político, Nisman se había convertido en un adversario político del gobierno. Con todos los derechos y garantías, por más endeble y carente de pruebas que fuera su denuncia. Un fiscal tiene derecho a presentar una denuncia absurda. Serán las instituciones correspondientes las que deban establecer un dictamen sobre la misma y eventualmente juzgar, a través de los procedimientos establecidos, su actuación.

Hay sectores del oficialismo que hasta hoy no han comprendido que una de las demandas sociales vigentes es que el gobierno, a cargo del Estado, garantice incluso los derechos de quienes los critican o denuncian, así lo hagan alocadamente. Y no alcanza con que el gobierno lo haga, también debe generar la sensación clara de hacerlo. No sólo hay que ser, hay que parecer. Un ejemplo extremo: la mejor tradición democrática argentina que involucró a gobiernos diversos fue garantizar los derechos procesales y ciudadanos de Jorge Rafael Videla, comenzando por garantizar su propia vida. La diferencia entre lo que yo pueda opinar acerca de la denuncia de Nisman y el derecho que tenía Nisman –y todos quienes quieran hoy a sostener esa denuncia–, es un abismo. Un abismo separa el derecho de decir y denunciar independientemente del contenido de la denuncia. Es una pena que no todos hayan actuado como la Procuradora General, que envió una corona de flores al velatorio de Nisman. Es su deber institucional y un acto humano. Si otros quieren destruir la corona o escupir las condolencias, cada uno deberá hacerse cargo de sus acciones. Sería un error no enviar coronas, condolencias o solidaridad con los familiares por la opinión sobre las acciones del fiscal. Ese error indica que no se comprende la complejidad de lo que está sucediendo.

Certezas

El pensador Santiago Kovadloff asistió al entierro de Nisman y leyó un texto. Decía que hay un sector de la argentina que “habita otro país. Es invulnerable a la magnitud de la muerte. Es invulnerable al crimen porque lo entiende como parte de una patraña orientada hacia la destitución de un gobierno constitucional. Es absolutamente impermeable a la verdad de los hechos y se aferra a su ideología con la ceguera del fanatismo. Esa dualidad, ese desgarramiento terrible de dos realidades que se confrontan y parecen combatirse entre sí son en el fondo una dificultad muy profunda para hacer de nuestro país un solo país. Para hacer de nuestro dolor un solo dolor. Para hacer de nuestra conciencia crítica la conciencia crítica de un pueblo”.

Foto: Telam

Comparto con Kovadloff el deseo, la ilusión, de algún día habitar una Argentina donde el dolor de la muerte sea “un solo dolor”, una Argentina con conciencia crítica, una Argentina que sea un solo país. Creo, sin embargo, que en un caso como el de Nisman eso sólo hubiera sido posible si ningún sector de la Argentina hubiera asegurado saber “la verdad de los hechos”. Porque la verdad de los hechos no podría ser una cuestión de fe. Sucedió lo contrario. Llevamos un mes sin conocer la verdad y acusando a aquellos que interpretan los hechos de otro modo de “aferrarse a su ideología con la ceguera del fanatismo”. Sólo podría haber habido un solo dolor si ese dolor hubiera estado asociado a la ausencia temporal de una verdad concluyente.

Al dolor y la conmoción que nos produjo la muerte de Nisman, le sumamos la conmoción de volver a reconocer que Argentina es un país que padece la incapacidad cultural de compartir experiencias límites.

Y de estar abierto a la verdad, sea cual fuera. Quiero saber la verdad y con mayor énfasis si muestra que estoy equivocado. Mis convicciones estarán sujetas a los hechos que se demuestren.

“Ahora matan”

Establecí una relación entre muchas declaraciones. Por tomar dos de enorme potencia: Carrió dice “ahora matan” y Despouy afirma, “estamos en 1973”.

Imagino que para el antikirchnerismo la idea de que el gobierno o un sector del oficialismo mandó a matar a Nisman es la confirmación de una degradación moral. “Ahora matan” no implica una certeza, sino dos. Y en una, que no es poco, estamos de acuerdo: por más criticable que sea el kirchnerismo nunca usó el asesinato como herramienta política. No es que no haya habido muertos y desaparecidos en democracia. La lista es más extensa que lo que cualquier puede aceptar. Pero Carrió dice que no fue el brazo del gobierno, lo cual es obvio. Ella afirma que ahora sí, segunda afirmación dicha con la certeza máxima. La pregunta será si el estatus moral (no matarás es una cuestión moral, antes que jurídica) ha cambiado. O si eso no ha cambiado, sino solo la oportunidad para hacer ahora semejante acusación. Necesitamos saberlo.

Despouy dijo: “Vivimos en un país como el del ’73, ahí se instaló el asesinato político”. Es un ejemplo de interpretación absurda. En 1973 la Argentina salía de una dictadura de siete años, donde ya había habido asesinatos políticos. En 1973 había dos importantes organizaciones políticas que estaban armadas en conflicto no sólo con fuerzas del Estado, sino con fuerzas políticas de orientación contraria. Al menos desde 1974 desde áreas del Estado se montó un aparato paramilitar que persiguió y asesinó sistemáticamente a dirigentes políticos y sociales de la izquierda, antesala del terrorismo de Estado desde 1976.

Pocas veces hubo dudas con los asesinatos de la Triple A, que se caracterizaban por su espectacularidad. No sabemos si Nisman fue asesinado. Quien suponga que lo fue no tiene un solo elemento de prueba de que haya habido sectores del Estado involucrados. Es una interpretación con carencia de hechos conocidos. Pero la idea de que se habría inaugurado ahora en Argentina una etapa comparable a la de 1973 en cualquier caso es una interpretación aberrante porque viola todos los parámetros de comparación histórica.

Foto: Rolando Andrade

El hecho de que el kirchnerismo no sólo jamás utilizó la muerte como herramienta política, sino más bien por el contrario, tuvo cierta obsesión en evitar situaciones sociopolíticas que pudieran terminar en muertes, plantea la pregunta acerca de por qué podría haber cambiado. Supuestamente, según he leído, por la denuncia de Nisman. He leído análisis de periodistas y juristas relacionados con el oficialismo sobre la denuncia, pero no he leído análisis pormenorizados por parte de la oposición. El diario La Nación consultó juristas que indicaron que no se conocen pruebas contra la presidenta o el Canciller. De allí, se explicarían las opiniones de Canicoba Corral o el dictamen de Servini de Cubría al no habilitar la feria.

Debe investigarse la denuncia de Nisman. Debe ser una investigación objetiva y contundente. El antikirchnerismo puede hablar del watergate. Pero en el watergate no quedó duda alguna, las pruebas fueron evidentes. Los hechos hablaban por sí solos. Mientras no exista ninguna prueba, seremos muchos quienes creeremos que los errores políticos del gobierno no implican un delito penal. Y que intentar convertir una cosa en otra es nada más ni nada menos que fabricar un watergate falso. Reconoceremos nuestro error si las pruebas alguna vez aparecieran. Pero exigiremos que no pretendan imponernos la idea de que una imputación es una prueba. Es justamente dicha pretensión tan falsa y tan forzada la que nos lleva a creer que carecen de pruebas. Si estuvieran tan seguros como en un watergate, ¿a qué se debe que se confunda a la población con el significado del término “imputación”? ¿No será que precisan una condena ahora porque ante los tribunales resultará imposible?

Defender la institucionalidad a rajatabla implica defender la independencia de la justicia tanto como el debido proceso, el derecho a la defensa y la consideración de inocencia proclamada por la carta magna. Para mí la disyuntiva no es imputar o no imputar. La disyuntiva es: ofrecen pruebas como en el watergate o actuamos en función de la ausencia de las mismas.

Nos guste o no, la verdad sobre la denuncia y sobre Nisman es parte inocultable de revelar toda la verdad de los hechos. Hubiera querido, a favor del debate republicano, leer a algunos de los excelentes juristas opositores hacer una encendida defensa de esa denuncia. Supongo que si no lo han hecho tendrán alguna razón de peso.

No comprendo por qué los intelectuales honestos del antikirchnerismo pasan por alto las declaraciones de Interpol sobre la denuncia o los datos objetivos sobre el comercio bilateral. Son hechos. Necesitamos toda la verdad.

Muerte y política

La muerte de Nisman es política y nos remite a las conmociones de las grandes muertes políticas de nuestra historia, aunque de un modo específico. La muerte de Perón o la muerte de Kirchner generaron un gran estremecimiento social por múltiples razones, entre ellas por la enorme tristeza que generaron en amplias mayorías de la población y porque incidirían de modo inexorable en nuestro futuro de un modo imprevisible. Pero nadie se preguntó si sectores relacionados al Estado o contra el Estado habían tramado algo en esos casos. Hubiera sido absurdo. Las muertes políticas de estos treinta años de democracia han sido muchas, al menos para un país que entre sus escasos consensos culturales ha optado de modo contundente por extirpar la posibilidad del homicidio de la lucha política. Kostecki y Santillán, los muertos del 20 de diciembre de 2001, Fuentealva, Mariano Ferreyra, los Qom como Roberto López, los muertos del Parque Indoamericano, de conflictos territoriales en provincias se suman a la dolorosa desaparición de Miguel Bru y Julio López. Muchas de esas muertes se asociaron a crisis institucionales y políticas. Frente a otras reinó el silencio, el anonimato, la ausencia de una foto en los medios de comunicación. Hay muertes con rostro y sin rostro. Hay muertes impunes y otras esclarecidas. En varias de las más mediáticas los autores materiales fueron condenados y la sociedad tiene una presunción sobre las responsabilidades políticas. 

Un sector de la sociedad considera obvio que si Nisman denunció a la Presidenta, el oficialismo es responsable de la muerte del fiscal. Otro sector de la sociedad, en el que me incluyo, cree que esa lectura es muy simplista y que pasa por alto algunos datos evidentes. Primero, la debilidad de la denuncia del 14 de enero. Segundo, las consecuencias políticas de su muerte.

En cualquier caso, las muertes políticas con repercusión pública generan procesos de corrosión institucional y crisis interpretativas. Ese rasgo de la cultura y la historia argentina se encuentra agravado en el caso de Nisman por la dificultad de comprender las condiciones en que ocurrió su muerte. Homicidios como suicidios fabricados, suicidios inducidos, suicidio del fiscal, simulaciones. Nada es lo que parece. Hay olor a montaje. Cuando no hay pruebas que indiquen de dónde viene, es habitual que se mire al poder político. Con lupa. Cualquier nuevo error, cualquier incomprensión de la crisis cultural que atravesamos, puede tener consecuencias aún más graves.

El futuro: error de cálculo

Estamos atravesando una crisis cultural: la irrupción de un hecho de gran significación ha afectado los marcos interpretativos. El sentido común pierde vigencia y se torna imperiosa una forma diferente de ver el mundo. La crisis hermenéutica está acompañada por la angustia social. La paradoja es que la ansiedad por cerrar una crisis cultural puede producir efectos indeseados.

La política jamás se reduce a lucha de poderes en la trastienda. Los marcos interpretativos de los dirigentes políticos pueden ser muy diferentes de aquellos de la gente de a pie. Los primeros acceden a informes de inteligencia y contrainteligencia, creen conocer los intereses de una agencia internacional, de un gobierno extranjero, de un grupo de poder. En el mundo democrático, sujeto a procesos electorales pero también a modos de legitimidad social previos y posteriores a las elecciones, la política jamás se restringe a juegos de ajedrez que puedan perder de vista las demandas sociales.

Cuando se produce una demanda social relevante, la pregunta política nunca es exclusivamente cuáles son los intereses de quienes la encabezan. Hay otra pregunta, crucial, que se refiere a los motivos profundos por los cuales esos grupos lograron canalizar ese reclamo. Creer que todos los sectores que quieren expresarse a favor del esclarecimiento de la muerte de Nisman responden a los intereses de quienes son más visibles, es perder de vista cómo se construyó de modo contingente una articulación política. Adherir a la teoría de la manipulación de los tontos por parte de los malvados es un pecado capital, que produce un efecto de parálisis y sólo puede generar nuevos errores.

Por el contrario, resulta crucial comprender que por alguna razón se encadenaron motivaciones heterogéneas. Los intereses corporativos, siempre están. Pero si llegara a haber multitudes podría ser la consecuencia de haber renunciado a la construcción hegemónica. Entre los que aman y odian al gobierno hay una enorme franja de ciudadanos que desea una investigación transparente de todos los hechos. No tienen partido a priori. Si no se les habla a ellos, es difícil que puedan escuchar.

Quienes creen que algún sector oficialista tiene responsabilidad aducen que los errores políticos y comunicacionales del gobierno son prueba de ello. Hay quienes percibimos esos errores y no les quitamos gravedad, pero creemos que por el contrario indicarían un total asombro e improvisación que contrastan con un plan. Si me encuentro en un error de interpretación, soy el primero en querer saberlo. Mientras tanto, escucho demasiadas voces dispuestas a embarrar la cancha para que sus certezas carentes de pruebas no puedan ser desmentidas ni siquiera por los hechos.

En el “caso Nisman” la sociedad y la democracia necesitan toda la verdad. Eso implica la verdad sobre el atentado a la AMIA, la verdad sobre el próximo juicio oral por el encubrimiento de los noventa, la verdad sobre la denuncia de Nisman presentada el 14 de enero, la verdad sobre Nisman y sobre su muerte. No aceptemos que nada quede fuera del debate. Nada.

Quién no quisiera que fuera el hilo de Ariadna. La verdad es que sin saber aún si hay salidas del laberinto, los vahos de podredumbre resultan insoportables.

Hay una dimensión crucial de la política que no se juega en las matemáticas, ni en el palacio, ni siquiera en las leyes. Se juega en la legitimidad social y en las grandes mayorías. El dato es sencillo: hoy esa legitimidad y esas mayorías se juegan en función de que se alcance o no la verdad. Debe fortalecerse todo aquello que garantice la total autonomía de una investigación eficiente y eficaz, que nos saque del atolladero (podría contribuir una presencia de un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Las únicas dos hipótesis relevantes son si la Argentina logra o no establecer la verdad de lo sucedido. Si lo consigue, muchas certezas quedarán como especulaciones irresponsables, se acrecentará la confianza de la población hacia las instituciones y el país habrá podido reaccionar ante una tragedia irreparable.

En cambio, si la Argentina no logra establecer la verdad, se profundizará una crisis cultural que está provocando una corrosión generalizada, donde pareciera que todo puede ser dicho, que toda teoría puede ser afirmada sin sustento. En el esclarecimiento de la muerte de Nisman hay mucho más en juego que lo que muchos creen.

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Analisis del caso NISMAN

Santiago O'Donnell

  Con la tecnología de Traductor

sábado, 7 de febrero de 2015

Nisman, espionaje y geopolítica x Santiago O´Donnell

Me pareció de interes compartir este analisis de un experto en temas de inteligencia y politica como ocomo Santiago O´Donnell. Bs.As. 11.2.2015 Luis Raffaghelli.

Ya pasaron algo más de un par de semanas desde la muerte de Nisman y desde aquì mis condolencias a la familia del fiscal. En la Argentina se vive con angustia, con una gran sensación de inseguridad y se dicen muchas cosas, pero por debajo de la política y el sensacionalismo un nuevo tipo de miedo parece haberse instalado en la sociedad. El miedo a la impunidad, pero a la impunidad en serio.

 No tanto por la muerte del fiscal, porque no tiene tanto misterio como parece. Más allá de lo insondable de la mente humana y más allá de que en el futuro la investigación pueda tomar un giro inesperado por la aparición de alguna prueba contundente, lo que se sabe hasta ahora es suficiente como para hacernos una buena idea, más allá de lo que cada cual elija creer. Lo que se sabe es que Nisman le pidió prestada un arma a su colaborador más cercano, después de pedírsela sin éxito a su guardaespaldas más cercano, y  apareció muerto al día siguiente con un balazo en la cabeza en un baño cerrado de un departamento cerrado, sin rastro alguno de que esas entradas hayan sido vulneradas, sin que se encontrara ADN de una tercera persona ni señal alguna de su presencia en ese ámbito cerca de la hora del desenlace fatal.

Si queremos pensar que lo asesinaron, tendrìa que ser alguien muy cercano a Nisman para que no despierte sospechas, o un experto en cerraduras electrónicas tan sigiloso que logró sorprenderlo y a la vez tan convincente que logró que Nisman no se resistiera, ya que el cuerpo del fiscal no presenta ni un sólo golpe o rasguño., Los exámenes toxicológicos estarán listos en un para de semanas más, pero asumiendo que no lo drogaron, el intimo amigo sigiloso experto en cerraduras y convincente chamuyero también tendría que ser hipnotista para persuadirlo a Nisman a que se desnude y se meta en el baño y que le sostenga la puerta mientras él lo mata, borra las huellas digitales, pone la pistola en la mano del fiscal y su dedo índice en el gatillo, para que cuando el fiscal se desplome,  el cuerpo aparezca apoyado contra la puerta y obturando la entrada.

Dadas las circumstancias no puede sorprender que la fiscal siga como hipótesis principal que Nisman se suicidó.  Quienes nos hemos dedicado alguna vez a la perversión de investigar noche a noche muertes violentas, en mi caso como reportero de policiales del Washington Post entre 1991 y 1994, durante la epidemia de homicidios  más severa que jamás haya conocido la capital estadounidense, sabemos que nada es tan redondo y contundente como aparece en series tipo CSI o Criminal Minds. Pero también aprendemos, después de ver muchos muertos con ojos abiertos y sorprendidos, y de escuchar a muchos deudos negándose a aceptar lo sucedido, esa máxima de la crimínalistica que dice, con lógica irrefutable, que  los cadáveres hablan.

El miedo, entonces, va más allá de lo que le pasó a Nisman, Tiene que ver con lo que Nisman investigaba y con lo que acusó a Cristina Kirchner de encubrir. O sea, tiene que ver con los 85 argentinos muertos en la voladura de la AMIA y con el tomar conciencia, 20 años después, que no tenemos ni idea quiénes los mataron. Lo cual significa que quienes lo hicieron pueden hacerlo otra vez y si no lo hacen es porque no quieren y no porque generamos una respuesta con nuestras instituciones, con nuestra Justicia y con nuestro servicio de inteligencia que impide que vuelva a suceder.  Más allá de las eternas y nunca comprobadas teorías conspirativas, el 9-11 tiene sus culpables. Atocha los suyos, Londres los suyos y Charlie Hebdo también. Nosotros no.

El miedo, entonces, tiene que ver con el encubrimiento y con lo que seguimos encubriendo.

 Empieza con un acuerdo entre Argentina, Estados Unidos e Israel para culpar a Irán  desde el principio de la investigación,.  Con un coche bomba completamente desmentido por la evidencia forense, con una célula de Hezbolá que habría actuado en la Argentina con más sigilo que el asesino fantasma de Nisman, con apoyo logístico de no se sabe qué desde la estigmatizada Triple Frontera, con destrucción de cassettes con escuchas. Con el juez Galeano , con los fiscales Mullen y Barbaccia, con el ex jefe de la SIDE Anzorreguy, con el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, "Fino" Palacios, y con el ex presidente Menem procesados por coimas, encubrimientos, fabricación y destrucción de pruebas y diversos prevaricatos y violaciones a los deberes de funcionario público diez años después.

Sigue con la decisión de Néstor Kirchner en el 2004 de poner a Nisman y al agente de inteligencia Stiusso a cargo de la investigación.y una política de estado de sostener contra viento y marea la hipótesis oficial. Ambos habían participado activamente en la ya por entonces escandalosa investigación de Galeano y compañía siguieron con las mismas pistas, las mismas fuentes y los mismos sospechosos que sus antecesores. Y el miedo tapó lo obvio. Nisman y Stiuso pensaban y decían que sus antiguos jefes habían acertado el camino pero no la forma de transitarlo. O sea, los encubridores no eran malos, sólo habían sido desprolijos. Nisman y Stiuso nunca iban a llagar a los autores del atentado por el camino lógico, que es averiguar a quiénes encubrían los encubridores y por qué, porque ya habían elegido mantener la historia de los encubridores, o sea el encubrimiento.

Y así llegamos a un caso que no debe tener muchos antecedentes en la historia: se acusa a los presuntos autores intelectuales sin saber quiénes son los autores materiales. Y se los acusa en base a testimonios de tercera mano de testigos dudosos e interesados, que estaban a miles de kilómetros de donde el atentado supuestamente se decidió.

Es importante señalar que en ese momento Estados Unidos se encontraba en plena campaña para sancionar a Irán por su programa nuclear, George W: Bush había colocado a ese país en el centro del Eje de Mal y en la lista de patrocinadores de terrorismo y buscaba su aislamiento internacional porque tanto su gobierno como israelí estaban convencidos que los iraníes estaban fabricando una bomba atómica. Israel amenazaba con invadir y se aprestaba a bombardear las centrales nucleares iraníes y declaraba al régimen de los ayatolas como su mayor enemigo en todo el mundo.

Los cables del Departamento de Estado estadounidense filtrados por Wikileaks desde y hacia embajadas estadounidenses en América Latina muestran un celo casi obsesivo de Estados Unidos con respecto a la presencia de Hezbolá y sobre todo de Irán en la región, inclusive durante los primeros años del gobierno de Barack Obama, cuando Washington ya había empezado abrir discretos canales de negociación con Teherán para combatir al Talibán en Afanistán y para negociar una salida a la guerra civil en Irak.  Pero más allá de lo que pasaba en Medio Oriente y Asia menor, en Latinoamércia Irán seguía siendo el principal enemigo, el reemplazo del oso soviético y el cuco cubano, al menos para el sector latino del Departamento de Estado, cuya burocracia había funcionado durante décadas con la preocupación casi excluyente del régimen castrista,  colonizada por viejos guerreros de la Guerra Fría como Roger Noriega y Otto Reich, que seguian la misma lógica con el nuevo cuco iraní: cuanto más cerca de ellos, más lejos de nosotros.  Así lo demuestra un cable de enero del 2009 firmado por Hillary Clinton y dirigido a 24 embajadas de latinoamérica y el caribe, más la unidad de inteligencia basada en La Habana que cito en mi libro Argenleaks:

Los analistas de Washington afirman que Teherán está extendiendo su mano a los países latinoamericanos para reducir su aislamiento diplomático e incrementar sus vínculos con gobiernos izquierdistas de la región, que, según la percepción de Teherán, comparten su agenda estadounidense. El presidente Mahmoud Ahmadinejad parece ser la fuerza impulsora detrás de esa política.

A continuación el cable pasa del análisis a un cuestionario sobre las actividades de Irán en cada país desde sus vinculos con Hezbolá y con los espías locales, hasta qué hacen los estudiantes "adoctrinados" en Irán cuando regresan a sus países americanos.

A su vez el gobierno argentino, a diferencia de sus amigos bolivarianos, mostraba un férreo alineamiento con Estados Unidos en el tema que más interesaba a Washington, el de la seguridad internacional post 9-11.  Un cable de diciembre del 2004 citado en el mismo libro muestra que dos meses antes los gobiernos de Kirchner y Bush habían firmado un acuerdo de cooperación entre las agencias antidroga de los dos países que  Washington "venía buscando desde hace más de diez años".O sea, desde la época de las relaciones carnales. O sea, ni Menem había dado tanto acceso y libertad de acción a los agentes estadounidenses como Néstor,

 Y a diferencia del Brasil de Lula, la Bolivia de Evo Morales, la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Correa y la Nicaragua de Ortega, Néstor guardaba  una considerable distancia con respecto a Irán. Argentina votaba codo a codo con Washington en la agencia de energía atómica de Naciones Unidas (AIEA) cada vez que había que sancionar a Teherán.  Y fue Néstor quien denunció a Irán como estado terrorista en la asamblea de Naciones Unidas en septiembre del 2007 en un discurso que según los cables fue tan festejado en la embajada de Buenos Aires como en la fiscalía de Nisman. Para que no queden dudas en Octubre del 2006, en un cable citado en mi libro Politileaks el entonces ministro del Interior Aníbsl Fernández le dijo al embajador estadounidense que Néstor nunca negociaría con los iraníes, a los que no dudo en llamar "terroristas".

Fernández contó que tras asumir en el 2003 el presidente Kirchner dijo, en referencia a la AMIA, que no habrá pactos de impunidad. Fernández entonces citó a Ariel Sharon y dijo que no se puede negociar con los terroristas y que somos socios y hermanos en este tema.

Un detalle para nada menor sobre los cables de Wikileaks de América latina: casi no aparece la palabra Al Qaeda (el Estado Islámico surgió después de la filtración, que termina en febrero del 2010). Sin embargo, los autores de todos los grandes atentados de terrorismo islámico en Occidente, de Nueva York a París, de Madrid  a Londres, son yihadisitas sunitas de Al Qaeda y el Estado Islámico_los mismos que están en guerra desde hace siglos con los islamistas chiítas de Irán. Es más, amén de Argentina, casi no se conocen grandes atentados terroristas atribuidos a Irán y Hezbolá fuera de Medio Oriente. Por eso era tan importante adjudicarles los atentados de la AMIA  y de la embajada israelí de 1992, aún antes de que los iraníes fueran encontrados culpables en un juicio. Para mantener la imagen de esas entidades como patrocinadores del terrorismo y enemigos de Occidente, para poder aislar y castigar a Irán, objetivo prioritario en ese entonces de Estados Unidos e Israel.

Por eso, más allá del desplante del 2005 por el tema del ALCA en la cumbre de Mar del Plata, en lo que realmente le interesaba a Estados Unidos, Néstor era un soldado de la causa.

Después algunas cosas empezaron a cambiar. Las guerras en Medio Oriente hicieron que Estados Unidos descuidara el patio trasero y emergieran la Unasur, la Celac y la idea de un bloque sudamericano. La crisis del 2008 trajo a China como principal socio comercial de la región reemplazando a Estados Unidos y Europa. Los BRICS se fortalecieron, instalándose como polo altrernativo de poder. La elección del moderado Hasan Rohani en Irán en el abril del 2013 abrió el camino hacia una solución negociada para programa nuclear de Teherán.

En medio de todo eso, hace dos años Cristina firma un acuerdo con Irán para llevar el caso AMIA a una Comisión de la Verdad internacional. La movida la puso en sintonía con el liderazgo regional de Lula y los amigos bolivarianos de los K, pero sabiendas o no, marcó un quiebre con Washington, como si Cristina se hubiera mandado una suerte de avivada imperdonable. Con o sin negociación nuclear, para los latinoamericanistas del Depatamento de Estado Teherán seguía siendo un régimen negacionista, antisemita y violador sistemático de los derechos humanos, promotores del antiamericanismo más recalcitrante en el mundo. Sobre todo, seguían siendo los terroristas que habían volado la AMIA. Cristina dice que lo hizo porque la causa no iba a ningún lado y en eso hay que reconocerle que tenía razón. Sea como sea, terminada la colaboración entre Washington y Buenos Aires, entre Obama y los K, en el único tema bilateral que realmente le interesaba a los norteamericanos, Stiusso y Nisman quedaron colgando de un pincel.

Hasta ahí el escenario geopolítico que se desprende de los recortes de diarios y los cables de Wikileaks. Después está el  temita de la guerra de espías. Hace algo más de un mes Cristina desplazó a la cúpula de la Secretaria de Inteligencia, incluyendo Stiusso. Si sólo hubiera echado a Stiuso se podría decir que se lo estaba castigando por vender humo en la causa AMIA. Pero como echó a toda la cúpula hay que pensar en otras razones y esas razones son bastante obvias.

Es un secreto a voces desde los tiempos de la famosa servilleta de Corach que desde hace años la agencia estatal de espionaje se usa para sobornar y chantajear a jueces y fiscales para que actúan de acuerdo a los deseos del gobierno de turno. Al mismo tiempo que descabezaba la secretaría Cristina denunció una fuerte ofensiva judicial en contra de su entorno, como si se tratara de una conspiración.

La realidad indica que durante su paso por los más altos cargos de la función pública el matrimonio Kirchner  se ha enriquecido de manera grosera, teniendo como socio a nada menos que al principal contratista de obra pública del país, hoy imputado por lavado de dinero, mientras otros amigos, allegados, parientes y secretarios también han incrementado su patrimonio de manera asombrosa.

Demás está decir que un presidente o un alto funcionario, en tanto servidor público, no debería hacer ningún negocio mientras ejerce su mandato, ya que bastante tiene con el manejo del país y para eso le pagan un buen sueldo. Y mucho menos dedicarse a negocios opacos, plagados de conflictos de interés y extraordinariamente redituables como los que eligieron Néstor y Cristina a lo largo de la década K.

No queda bien, y además inspira denuncias judiciales. Ahí entra a tallar Stiusso, el chico malo terror de jueces y fiscales, o el amigo silencioso que dispensa los sobres de la cadena de la felicidad. Mientras los Kirchner se mostraron poderosos, las causas ser cerraban o dormían el sueño de los justos con asombrosa regularidad. Al parecer, el superespía promovido por Néstor venía atajando todos los penales judiciales que le pateaban a los K. Más que preguntarse por qué las causas avanzan ahora que Cristina está débil porque llega al final de su mandato, quizás deberíamos preguntarnos por qué las denuncias no avanzaron mucho antes. Y Stiusso sería al menos una buena parte de la respuesta. "Yo le fui leal a todos los presidentes que me tocaron," se ufanó hace muy poco ante la revista Noticias, Pero tampoco puede hacer milagros.

Habrá perdido motivación después de que Cristina lo dejara pagando con sus contactos estadounidenses e israelíes en la investigación-encubrimiento del atentado, puede ser. Pero tanto en su misión de embarrar la causa AMIA como en su otra tarea, la de embarrar a jueces y fiscales, a políticos y periodistas, esa función que tan bien ilustrara Gustavo Béliz en su recordada despedida, no tenemos por qué´no creerle a Stiusso que hizo lo que pudo y que fue leal hasta el fin, o al menos hasta que lo echaron.

El miedo, entonces, con Stiusso suelto, con Nisman muerto y con Cristina presidenta, es por lo que se viene por no saber lo que nos pasó. Publicado por Santiago O'Donnell en 2:30 16 comentarios:

Derechos Laborales de los presos... de que se trata tambien son derechos humanos

* Fte. Ecos Diarios Necochea 17.12.2014

 

Por qué se deben respetar los derechos laborales de los presos

Nuestra Democracia mantuvo intocable la política que implementa en sus cárceles, el Servicio Penitenciario es amo y señor de la vida y de la muerte en los penales argentinos

Por Leandro Halperín*

El Estado no puede violar la ley. Sin embargo, a pesar de la obviedad de esta premisa, un fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le recordó al Poder Ejecutivo Nacional que el Servicio Penitenciario Federal debe respetar y hacer respetar la legislación vigente en las cárceles a su cargo. Particularmente se hizo referencia en esta ocasión al trabajo en contextos de encierro, señalando la imposibilidad de restringir derechos inherentes a todo trabajador, incluyendo en dicha categoría a los que se encuentren privados de su libertad.

La cuestión causó revuelo en la opinión pública y publicada. La noticia se presentó inicialmente mal, muy mal. Se dijo entonces que: "Los presos recibirán 4400 pesos por mes”. Sobrevoló entonces la creencia que el estar detenido significaba acceder a ese beneficio aunque con el correr de los días se enderezó la cuestión. El fallo abarcaba sólo a los que trabajan en prisión; y de ellos apenas el 20 % accede a un trabajo de 40 horas semanales, llegando así a la suma indicada; el resto trabaja menos horas o directamente no tiene trabajo.

A partir de aquí fueron otros los cuestionamientos: "Deben pagar por el alojamiento y la comida”, "Que indemnicen a la víctima”, "¿Por qué tienen derecho a trabajar?”. La ley, la experiencia, la realidad y el sentido común (el menos usado de los sentidos), pueden ayudarnos a resolver estos planteos.

Un hombre detenido en el penal de Ezeiza trabaja en la imprenta de la cárcel. La mayoría de los presos que trabajan no llegan a las 40 horas semanales, por lo que no cobran ni el salario mínimo

Corresponde señalar entonces que la pena privativa de la libertad es la más grave de nuestro ordenamiento jurídico, y que su consecuencia es la de permanecer en prisión durante el tiempo que la Justicia haya determinado. Las personas que allí son alojadas pierden transitoriamente el derecho a la libertad ambulatoria, pero también como lo señala el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional conservan todos aquellos derechos que la Ley no cercena.

Que los presos reintegren parte de la inversión estatal y reparen a la víctima es algo que también prevé la legislación vigente, la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) establece en su artículo 121 que: "La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;

b) 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil;

c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento;

d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.”

Pero claro, ninguno de estos supuestos podría darse si no trabajan o si lo hacen en negro como ocurre en la actualidad.

Sobrevive entonces otro debate, que es el que no se da y que está más allá de lo establecido por la Ley: ¿Cuál es el rol de la cárcel en nuestra sociedad?

Para aquellos que desean lo peor para los presos, tienen que saber que eso es lo que ocurre hoy. En Argentina el Estado delinque también en contextos de encierro. En nuestras cárceles se mata, se tortura, se viola, se corrompe. Las consecuencias del rumbo elegido por quienes nos gobiernan están a la vista: la cárcel margina a sus prisioneros casi definitivamente de una vuelta al medio libre que los integre pacíficamente y perjudica a la sociedad que declama proteger porque reproduce las conductas que sanciona.

No se trata de justificar a los autores de las acciones penalmente reprochables, pero si de evitar la reiteración de las mismas y comprender sus causas.

Dicen que es por nuestra seguridad cuando nos entretienen con el debate sobre el código penal y el procesal penal, inútiles placebos para una sociedad que está harta de tener miedo. Claro que son necesarias las reformas pero no sirven para prevenir el delito. El Derecho Penal llega tarde frente al conflicto que sanciona, no lo resuelve y en ocasiones agrava el problema. Es hora de probar respetar la ley y promover que todos la respeten, comenzando por el Estado, que si la viola pierde autoridad moral para reprochar a quienes siguen su mismo camino.

Nuestra Democracia mantuvo intocable la política que implementa en  sus cárceles, el Servicio Penitenciario es amo y señor de la vida y de la muerte en los penales argentinos. Su principal herramienta es la violencia y la transformación de lo que en el medio libre llamamos derechos para abolirlos como tales y convertirlos en privilegios. El resultado lo padecemos todos.

La seguridad es el principal problema de los argentinos y no parece que nos vaya bien con el rumbo hasta hoy elegido. Debemos cambiar el norte de las políticas públicas en materia penitenciaria. Promover el acceso a la educación, la capacitación en oficios y el empleo. No son opciones: es obligación del Estado garantizarlo. Hasta hoy no lo hace y en las más de las ocasiones se ocupa de impedirlo. Claro que no será medicina contra el delito, pero probar con el respeto por la ley y con la creación de oportunidades, seguro será mejor que lo hecho hasta ahora.

Hay que reducir el daño que la cárcel provoca a la sociedad, a sus trabajadores y a los privados de libertad. El Estado debe respetar y hacer respetar la Ley, nosotros exigir que así suceda; porque una sociedad que clama por venganza y exige que se viole la ley para satisfacerse, está condenada a reproducir lo que la atemoriza.

*Leandro Halperín es ex director del Programa UBA XXII, un programa educativo dentro de las cárceles, y docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UBA