viernes, 13 de enero de 2017

Importante Declaración de la Asociación latinoamericana de Jueces del Trabajo emitida en Recife el día 12 de enero de 2017,  en solidadidad con la Jueza del Trabajo de la 4º Region de Brasil Valdete Souto Severo por los ataques de que ha sido objeto, como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional, en una grave lesión a la independencia judicial. Los jueces laborales argentinos en su gran mayoría apoyamos y nos solidarizamos con Valdete, exigiendo el respeto de su función.
Buenos Aires, 13 de enero de 2017
Luis A.Raffaghelli 


 

NOTA PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE JUÍZES DO TRABALHO - ALJT, em face das graves ofensas lançadas contra a Juíza do Trabalho da 4.ª Região, Valdete Souto Severo, vem a público solidarizar-se com a magistrada, nos termos seguintes:
1. A juíza Valdete Souto Severo, nos estritos limites de sua atividade jurisdicional,determinou que cinco fundações do Estado do Rio Grande do Sul se abstivessem de despedir 1.200 empregados sem prévia negociação coletiva com o sindicato das categorias.
2. A decisão da magistrada encontra amparo no entendimento sobre a matéria pacificado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e foi confirmada, em segunda instância, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região.
3. Ainda que assim não fosse, nada estaria a macular a juridicidade e a legitimidade da decisão, uma vez que proferida com espeque no princípio da independência judicial, requisito essencial do estado democrático de Direito.
4. Por conta da decisão tomada, a juíza Valdete Souto Severo foi violentamente atacada, em redes sociais, por pessoas que utilizaram linguagem chula em manifestações de caráter claramente ideológico e misógino, detratoras do gênero e da postura garantista da magistrada, bem como ofensivas aqo Poder Judiciário e à Justiça do Trabalho, em particular.
5. Agressões como essas, que se vêm consolidando como lamentável e corriqueira prática em nosso país, revelam a destruição fascista do esclarecimento, a conversão do pensamento em mercadoria e a afinidade com a paranóia ideológica, racista, misógina, entre outras características, num absurdo que manifesta a fraqueza do poder de compreensão resultante das práticas atentatórias à democracia.
6. Atitudes desse jaez merecem imediata e rígida oposição, como forma de resistência cidadã, pela adoção das medidas judiciais cabíveis, bem como pelo apoio político-institucional à magistrada agravada.
     Recife, 12 de janeiro de 2017.

Hugo Cavalcanti Melo Filho
Presidente da ALJT


lunes, 9 de enero de 2017

POESIA DE MIGUEL HERNANDEZ el gran humanista


                                       LAS MANOS  

                                                                                                       Miguel Hernández

                                        Dos especies de manos se enfrentan en la vida,
brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,
como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.

Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,
constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.

Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.

Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,
y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.

Como si con los astros el polvo peleara,
como si los planetas lucharan con gusanos,
la especie de las manos trabajadora y clara
lucha con otras manos.

Feroces y reunidas en un bando sangriento
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,
paisaje de asesinos.

No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos,
mudamente aletean, se ciernen, se propagan.
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos,
y blandas de ocio vagan.

Empuñan crucifijos y acaparan tesoros
que a nadie corresponden sino a quien los labora,
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros
caudales de la aurora.

Orgullo de puñales, arma de bombardeos
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña:
ejecutoras pálidas de los negros deseos
que la avaricia empuña.

¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden
al agua y la deshonran, enrojecen y estragan?
Nadie lavará manos que en el puñal se encienden
y en el amor se apagan.

Las laboriosas manos de los trabajadores
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.
Y las verán cortadas tantos explotadores
en sus mismas rodillas.

jueves, 5 de enero de 2017

DERECHO DEL TRABAJO: IMPLICANCIAS DEL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

DERECHO DEL TRABAJO

“UN ESTUDIO SOBRE LAS IMPLICANCIAS DEL NUEVO CODICO CIVIL Y COMERCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA”

David Duarte Coordinador 
Editorial Bdef Montevideo - Buenos Aires 2016

Comentario de Luis Raffaghelli

Una obra necesaria, bien organizada, desde lo general a lo particular, con un enfoque claramente crítico como lo anuncia su título, partiendo desde los principios generales del Derecho del Trabajo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hacia figuras jurídicas particulares del nuevo Código Civil y Comercial.

Un acierto de la Asociación de Abogados Laboralistas, al producir una herramienta de valiosa utilidad para todos quienes interactuamos en el mundo del trabajo.

Advierto que el trabajo trata seriamente en sus 400 páginas, una variedad de temas que en modo alguno pueden ser reflejados en éstas notas.

Desde el punto de partida fijado en el Derecho Social, la obra contiene  un abordaje interdisciplinario importante, mayoritariamente jurídico, pero que suma miradas desde la economía del trabajo, la historia, la sociología y la antropología social, lo que no es un dato menor.

A su vez desde el Derecho, hay voces de la abogacía litigante, la magistratura y la academia que otorgan a la obra un amplio panorama, en todos los casos con autores de gran reconocimiento y fundados antecedentes.

De inicio se denuncia la filtración en el nuevo Código de distintas formas asociativas presentadas como modernos, pero que responden a una estrategia del capital a través de la tercerización en desmedro de los derechos sociales, con severos interrogantes que se responden ampliamente en la obra.

Y sigue de inmediato, señalando la contradicción entre la estructura normativa de los derechos humanos y la tendencia a dejar librada a la contractualidad individual de los negocios prescindiendo de las desigualdades sociales y los valores que las amparan.
Se reclama una nueva seguridad social como respuesta al nuevo paradigma  tecnológico,  que no acepte mansamente el mantenimiento de la desigualdad sino todo lo contrario,  a través de decisiones que exceden lo teórico y transitan las decisiones políticas, económicas y sociales en pos de modificaciones estructurales del país (T. Raffo).

Dejando de lado el fenómeno de la Tercerización como elemento artificial fraudulento se sostiene que no es una solución prohibirla ya que hay una tercerización objetiva expresada en la concentración creciente del capital y un proceso histórico de des/integración y especialización objetiva de base técnica y económica. (D. Ximénez Saez).

Luego se distingue la tercerización de la terciarización como incidencia del sector servicios en la economía, y se comprenden aquella  tanto en la subcontratación , como la intermediación de mano de obra y la contratación de trabajadores a través de contratos de servicios, monotributistas o independientes, prohibidos por la ley cuando hay fraude laboral.

Se concluye en este aspecto que la tercerización constituye una ofensiva contra las formas de organización y representación de base de los trabajadores, que pueden revertir ese proceso  (V.Basualdo – A. Esponda).

El Título preliminar en su art.1 refiere que los casos que éste Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos  lo que supone un diálogo inescindible, fluido y permanente entre el Derecho Constitucional-convencional y el derecho privado.
Para ello, Duarte apunta, que se introducen otras formas de interpretación fundadas en las técnicas de ponderación superando las herramientas de subsunción, método tradicional de pensar el derecho.

De esa manera la jerarquía y directriz éste artículo condiciona la forma y sentido en que debe ser interpretado todo el nuevo Código unificado.

Amargamente señala que el nivel de realización de los derechos económicos-sociales que apuntan a la igualdad, tan cara a los objetivos del Derecho del Trabajo, es muy inferior a los contenidos constitucionales con lo que surge automáticamente la conocida aporía de su irreductible ilegitimidad jurídica  proclamada tantas veces por Luigi Ferrajoli al reclamar la dimensión sustancial de la democracia
Finaliza elevando la vara de la jurisdicción no ya como la simple sujeción del juez a la ley, sino como analista crítico de su significado y medio de controlar su legitimidad constitucional.

Cuando entramos a los derechos humanos no debemos hablar de principios en plural sino del principio mayor o principia “máxima” que es la dignidad de la persona humana, tal como lo señala Gialdino, citado en el texto.
Se incluye un interesante método de posibilidades interpretativas, comparando las normas convencionales, constitucionales, la LCT y ley especial, con la protección del trabajo como eje.

Agrega el principio de progresividad y pro persona para juzgar la validez de un acto jurídico laboral (Barrera Nicholson).

Luego se aborda el tema de las fuentes del Derecho del Trabajo como un ejercicio de repensar constantemente el tema, según el consejo de Enrique Fernández Gianotti.
Se afirma que el nuevo Código Civil y Comercial aun siendo fuente subsidiaria del Derecho del Trabajo posee significativo valor por resultar el acervo común del derecho privado, su prelación histórica y la riqueza de la elaboración jurisprudencial y doctrinaria generada a su derredor.

Respecto de la Ac. 36/09 de la CSJN  que creó la Unidad de Análisis Económico, se plantea  un severo interrogante en tanto introduce la teoría de la interpretación económica del derecho, que permitiría apartarse de las disposiciones constitucionales y derechos fundamentales (Rozenberg).

Mario Elffman no oculta  su veta de buen cinéfilo, ya que nos recuerda obras notables y las pone en paralelo con la dura realidad del trabajo, de las normas y sus interpretaciones.

Recuerda al gran maestro que fue Roberto García Martínez cuando en épocas dictatoriales de conculcaciones de derechos fundamentales, apelaba a renovar la relación con el derecho civil usando algunos de sus institutos para articular la defensa de derechos sociales. Memorable.

Es muy importante el aporte de Elffman en un camino iniciado junto a García Martínez…hacia una teoría general de las obligaciones laborales” que por los caprichos del destino, en las presentes circunstancias recupera una notable actualidad y necesidad.

Considera conveniente desmitificar la trascendencia para el derecho laboral del tan publicitado título preliminar del CCyC.

Agrega, que si hay un “orden público común” civil o comercial, él no proyecta ningún efecto sobre el orden público laboral, por razones constitucionales y supra constitucionales, ya que se trata de un régimen legal especial que las contiene, en un modelo que prohíbe y reprime la simulación o el fraude laboral.

Concluye que la nueva normativa civil y comercial no ha de producir efectos directos sobre la normativa laboral, ni su interpretación o algunas de sus disposiciones e institutos que conmovieron al iuslaboralismo de nuestro país.

Dice bien que el Derecho del Trabajo conserva la aptitud para operar como especialidad autónoma sin dejarse inocular cuerpos extraños.

Y cierra afirmando con una frase que es un sello de la obra…”los juslaboralistas...no nos conformamos con ninguna reducción de los derechos laborales…porque nos ocupamos de los desigualados y éstos constituyen las mayorías que justifican nuestros esfuerzos intelectuales. 

Entrando en el análisis de instituciones especiales se señala que el Código Civil y Comercial vino a establecer un marco general de reglas para las personas jurídicas comprendidas: las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, empresas de economía solidaria, mutuales, cooperativas, sindicatos, consorcios de propiedad horizontal, incorporando técnicas de responsabilidad personal.

Deja planteado para el debate y estudio exhaustivo los casos de uniones transitorias y fideicomisos, con gran incidencia en las relaciones del trabajo (Arese).

Bajo la óptica interpretativa del nuevo Código se repasa lo referido a la edad mínima y capacidad para el trabajo de las personas menores de modo coherente con las normas que las protegen en materia laboral, a tenor de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, llamando la atención respecto a las prácticas de explotación infantil y la responsabilidad de la acción que deben ejecutar los gobiernos para prevenirlas (Litterio).

En la misma línea se analiza el trabajo infantil y adolescente según le incidencia de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con el inquietante título de la “banalización de la injusticia social”.

Ubica al contrato con personas menores de edad como de objeto prohibido frente al cual debe primar un derecho especial, protectorio y progresivo como el derecho del  trabajo frente a las normas de derecho común, y reclama el principio de indemnidad para exigirle al empleador la reparación integral del daño causado por los efectos de ese contrato prohibido (María Terragno).

En su tradicional y constante aporte sobre el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica en el Derecho del Trabajo, Diana Cañal analiza cómo queda tras la sanción del nuevo código Civil y Comercial, para lo cual nos recuerda las claves societarias del viejo régimen para comprender las mejoras del nuevo.

Repasa los temas procesales y de fondo que provoca la cuestión, concluyendo que la reforma ha venido a solucionar muchos problemas interpretativos bajo el paradigma de los derechos humanos y el principio de realidad como madre de todos y vía para llegar a la verdad.

Luego se analiza la incidencia del nuevo Código en el Derecho del Trabajo, señalando que las coordenadas históricas en las que hace su aparición presentan aspectos sumamente complejos y contradictorios, ya que las nuevas políticas de corte popular en la región sudamericana en el siglo XXI se dio en el difícil marco de una fuerte ofensiva global del capital a nivel mundial, contra el trabajo, para lograr su reestructuración.

Se analizan los contratos de suministro, obra y servicios, señalando que las respuestas que aparecen en el nuevo código resultan preocupantes  y las garantías ofrecidas en relación a su aplicación en el marco de prelación de la normativa constitucional parecen notoriamente insuficientes cuando se toma en cuenta la reciente jurisprudencia de la Corte (Pérez Crespo).

En una perspectiva similar se analizan los contratos asociativos y otras modalidades, afirmando que del análisis de la nueva normativa surge una evidente regresión que se contrapone a los principios generales que rigen el Derecho del Trabajo y que “nos obliga a volver permanentemente a ellos a fin de evitar que el nuevo Código Civil y Comercial concrete lo que su articulado refiere”…se agrega que figuras como los contratos asociativos, las “sociedades unipersonales” de responsabilidad limitada,  la utilización del término “remuneración” en figuras contractuales no laborales se contrapone con los objetivos del contenido inicial del nuevo Código.

Los contratos comerciales modernos que se introducen tienen una fuerte presunción de fraude  e igual sospecha de no pasar el test de constitucionalidad (G.Pajoni).

Sobre el contrato de agencia se afirma que regula una evidente relación de dependencia laboral cuyas características son similares a la regulada por el Estatuto del Viajante de Comercio, y se evidencia su finalidad fraudulenta (L.Elgorriaga).

Luego se detiene en los contrato s de “concesión y franquicia”, analizando las responsabilidades del franquiciante y franquiciado, frente a la tutela del trabajador.

En cuanto al contrato de concesión pensado para la industria automotriz, resultan de aplicación en materia de responsabilidad frente a terceros y por las obligaciones incumplidas del concesionario todas y cada una de las reglas de responsabilidad que se deben aplicar en el marco del contrato de franquicia (Barrera Nicholson).

El fideicomiso en el nuevo Código y en el marco de las relaciones laborales es analizado con recopilación de antecedentes históricos y jurídicos.

El actual tratamiento del instituto se puede equiparar al régimen de una sociedad comercial, en tanto a sujetos que persiguen un mismo interés, por lo que el fideicomiso es sujeto de derecho y se garantizan los derechos laborales.

Se concluye en que si bien el nuevo Código supera la ley vigente no están las reglas supletorias que brinden seguridad jurídica a las partes del mismo y a los terceros que hayan sufrido daño a causa de la ejecución del contrato (H.Mansueti).

Al analizar la protección del crédito laboral mediante el régimen de privilegios en el nuevo código se pondera su simplificación y correlato con la ley de concursos, pero se reprocha que no se hayan tenido en cuenta los Convenios de la OIT, respecto de la protección de los créditos laborales ante la insolvencia del empleador y el aseguramiento del cobro de naturaleza alimentaria (G.Boquin).

Luis Ramírez otorga gran importancia a la acción preventiva que introduce elart.1711 del nuevo CCyCN afirmando que frente a un daño previsible a la salud, los bienes o los derechos de un trabajador o de un sindicato es factible promover ésta acción a la que da su bienvenida como una nueva herramienta legal con enormes posibilidad de aplicación en el derecho laboral.

Incluso no la descarta en los conflictos intra-sindicales  como procesos electorales, sanciones a afiliados o directivos aunque reconoce la complejidad de la cuestión.
”En los conflictos entre una ART y una víctima de  un siniestro laboral, por las prestaciones en especie o dinerarias, en algunos casos la acción preventiva puede ser el camino correcto para evitar un daño a la salud o a la subsistencia del trabajador y su familia”.

Luego se analiza las funciones preventivas y resarcitorias de la responsabilidad civil en el nuevo Código y su influencia en materia de daño laboral. Se resalta el deber de prevención del daño del art.1710.

En el resarcimiento del daño se destaca la unificación de las órbitas de responsabilidad contractual y extracontractual, calificado en moderna doctrina como “unidad del fenómeno resarcitorio” y poniendo al daño según Formaro, como el eje principal de la responsabilidad.

Señala que el nuevo Código consagra explícitamente el principio que abreva en el art.19 de la Constitución Nacional al imponer que la reparación debe ser plena, en los términos de su art.1740.

Otro interesante aporte es el de los denominados daños punitivos, instituto traído del common law, definidos por Daniela Favier, como multas privadas impuestas para castigar una conducta gravemente reprochable y disuadir su futura imitación.

Sostiene con cita de precedentes jurisprudenciales, que los daños punitivos son aplicables al ámbito del Derecho del Trabajo, no requiriendo declaraciones de inconstitucionalidad, ni recurrir a la analogía,  puesto que la situación del trabajador se encuentra incluida en el art.1 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya en la versión de la Ley 26361 como en la del nuevo CCyC, particularmente en la relación de la víctima de un accidente o enfermedad con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, afirmando que resulta justificado hacer uso del art.52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

Otro interesante estudio incluido en la obra aportan González, Cremonte y Barraza al analizar la responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y  Comercial de la Nación, desde los orígenes históricos fincados en su irresponsabilidad hasta su responsabilidad en materia contractual y extracontractual.

Son críticos respecto de la Ley 26944 sobre “Responsabilidad del Estado” aunque señalan que según los administrativistas su sanción representa un avance.

Empero los autores afirman que dicha ley es difícilmente compatible con el art.19 de la Constitución Nacional en cuanto a la respuesta que el Estado se compromete a dar a los particulares frente a las consecuencias dañosas de su accionar u omisión, legítima o ilegítima, y señalan las restricciones que la ley citada estableció para el alcance de la responsabilidad estatal.

Analizan la responsabilidad del Estado por acciones y omisiones ilícitas, y la irresponsabilidad por actividad judicial lícita.

Denuncian luego la sustracción del empleo público de la esfera del Derecho Social.

Plantean una inquietante cuestión cual es que de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial los empleados públicos contratados en forma directa o trabajadores subcontratados por contratistas del Estado respecto a éste se verían privados de obtener resarcimiento pleno por los daños y perjuicios que pudieran sufrir a consecuencia de algún infortunio laboral.

Destacan la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos y la noción de responsabilidad internacional desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando en la doctrina de las garantías de “no repetición” con cita del caso “Servellón García y O. c/ Honduras” S.21-9-2006 y otros valiosos precedentes del Tribunal interamericano.

NO puedo obviar en ésta breve sinopsis, destacar la importancia del art. 2561 – tercer párrafo (Libro sexto cap.2 – Secc.2ª) del nuevo Código CyC  que establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad como de extraordinaria relevancia, implicando una ratificación de los avances en materia de derechos humanos en  Argentina, que no admite marcha atrás pese a lo cual la doctrina no ha dado aún el tratamiento que semejante tema merece[1].

Concluyendo puedo afirmar que se trata de un fundamental aporte de abogados laboralistas y cientistas sociales, con agudas observaciones, críticas certeras y propuestas, desde la lógica de protección del trabajo humano, que ameritan el debate y la reflexión frente a la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Luis A. Raffaghelli

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016.

                                                                                                                            




[1] Raffaghelli Luis “IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION CIVIL DERIVADA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Su  incorporación al Código Civil y Comercial de la Nación” Artículo en Revista Erreius, marzo 2016.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

DECLARACION DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS

Comparto la postura de la AAL sobre el tema en cuestión. Bs.As. 28 de diciembre de 2016.   
Luis Raffaghelli
ANTE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN REDACTORA
DEL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL LABORAL
DE LA C.A.B.A.

La Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado laResolución Nº 410/SSJUS/16, el 16-12-2016, publicada en el B.O. del 22-12-2016, ha designado a una Comisión Redactora de un Proyecto de Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la CABA que conforme su ANEXO se encuentra integrada por los Dres. Julio Grisolía, Juez Nac.; Alejandro Perugini, Fiscal ante la JNT; Miguel Pérez, Juez Nac.; María López, Jueza del Trab. (PBA); Claudio Loguarro, Sec. Gral. de la CNAT; Liliana Picón, Fiscal ante la JNT; Adriana Fernández, Sec. de Juz. Nac.-
La Asociación de Abogados Laboralistas (A.A.L.)ha expresado en reiterados pronunciamientos su oposición, en las actuales condiciones, al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en sentido coincidente se han expresado diferentes Asociaciones de Abogados de la Ciudad, magistrados y funcionarios integrantes de la Justicia Nacional del Trabajo, representantes de los trabajadores judiciales y sus organizaciones gremiales, las centrales sindicales nacionales, así como distinguidos académicos de la especialidad.-
La oportunidad y fecha de publicación, el criterio de integración de la Comisión Redactora y los Considerandos de la Resolución indican con claridad la intencionalidad de avanzar en una política judicial de hechos consumados ajeno al falazmente pregonado diálogo y búsqueda consensos en materias que requieren de la más amplia participación de los sectores protagonistas del quehacer cotidiano.-
En la integración de la Comisión Redactora se observa no casualmente la expresa exclusión de cualquier representante de la abogacía, jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los trabajadores del fuero y de los estamentos académicos; más allá de alguna excepción y la consideración personal que puedan merecernos algunos de los nominados cuya aceptación no dejaría de sorprendernos. Ello está indicando la intencionalidad de imponer políticas regresivas de los principios tutelares de la Justicia del Trabajo.-
En los Considerando de la Resolución se efectúa una referencia (inatinente pero reveladora) sobre las normas procesales para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas; y del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario señalando como aspectos relevantes la implementación de "formas de resolución alternativas a las sentencias judiciales""con la consecuencia de la efectiva y real disposición de los derechos", aspectos que no pueden proyectarse como si fuesen paradigmas generales a la Justicia del Trabajo ya que, precisamente, la "tutela preferida" constitucionalmente (CSJN, "Vizzoti") de los derechos del trabajador pasan, en la mayoría de los casos, por la irrenunciabilidad –no disponibilidad, ni transabilidad– de sus derecho fundamentales.-
Con tales antecedentes reiteramos nuestra disconformidad y oposición a esta nueva manifestación contra la Justicia del Trabajo y los derechos de los trabajadores.-

domingo, 30 de octubre de 2016

Video Conferencia en el Enuentro Latinoamericano de Pensamiento y cultura latinoamericana octubre 2016

Convegno di pensiero e cultura latinoamericani

“Identidad y Resistencia” - Cremona, 15 e 16 ottobre 2016

Associazione Latinoamericana di Cremona

Conferenza di cultura e pensiero latinoamericani

*Intervento di Luis A. Raffaghelli  (CV finale)

Traduzione di Sofía Morandini Raffaghelli

1.Innanzitutto vorrei mettere in evidenza il livello di sviluppo sociale e la coscienza etica di una società entro le tematiche legate al lavoro umano.

Alcuni dati recenti riguardo ai nostri due paesi si rivelano sicuramente preoccupanti.

In ARGENTINA il Ministero del Lavoro ha sottoscritto nel maggio del 2016 una convenzione assieme all’ Azienda Multinazionale a cui fa capo Mc Donald’s, al fine di incorporare 5000 giovani tra i 18 e i 23 anni, senza la protezione di un contratto di lavoro, per lavorare secondo le norme dell’azienda ad una somma decisamente inferiore rispetto al salario minimo.

L’aspetto più grave è che il Ministero dovrebbe essere l’autorità che controlla la legalità dei contratti collettivi del lavoro nel paese.

In parallelo si assiste a un aumento della disoccupazione, l’economia si adegua alle regole del FMI e si verifica una ripresa del debito estero.

In ITALIA nel 2015 sono emigrati[1] , per mancanza di opportunità, più di CENTOMILA giovani qualificati, di cui 40 MILA avevano tra i 18 e i 34 anni.

Al contempo, PARADOSSALMENTE 150 MILA MIGRANTI in stato di disperazione, che arrivano dal nulla, lottano per entrare in Italia in quello stesso anno, evidenziando le miserie della globalizzazione.

***

2.Il Diritto del Lavoro e i Diritti Umani richiedono storicamente un necessario connubio e questo si è visto chiaramente anche nell’esperienza riguardante l’Argentina, esperienza che motiva il mio intervento.

Il Diritto Sociale e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani sono reciprocamente tributari.

Il Trattato di Versailles del 1919 contiene al capitolo XIII un messaggio di speranza: “(…) La Società delle Nazioni ha per iscopo di stabilire la pace universale e che questa pace non può essere fondata che sulla base della giustizia sociale”.[2] 

Così si instaurava un intenso legame tra il Diritto Sociale e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani.

A seguito della Seconda Guerra Mondiale, con la firma nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questi ultimi diventano le fondamenta su cui ricostruire l’Europa, in particolare sulla base del principio del lavoro in condizioni dignitose.

Nell’articolo 1 della Costituzione italiana del 1947 si è stabilito come principio fondamentale che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Per quanto riguarda l’Argentina, non molto tempo fa, la popolazione ha subito una gravissima violazione dei suoi diritti umani, resa evidente nell’ambito del lavoro con la privazione della libertà, la tortura e la scomparsa di milioni di attivisti politici e sociali.

Per sconfiggere l’impunità, si è percorso un lungo cammino che ha portato in un primo momento a processare e condannare le alte gerarchie militari, dirette responsabili del genocidio commesso nel periodo dal 1976 al 1983.

Successivamente, vi è stata la necessità di procedere con leggi di impunità per processare tutti gli esecutori di quel massacro.

Prima sono stati chiamati testimoni ai diversi processi al fine di scoprire la verità sull’accaduto e più tardi, grazie anche al grande contributo dato dai giovani e dai settori coinvolti in quella causa, si è arrivati al processo totale riguardante i casi di scomparsa, detenzione, sequestro di bambini nati in prigionia e stupro di prigioniere politiche.

Questi processi sono peraltro animati dall’esempio di lotta delle Madri e Nonne di Plaza de Mayo, modelli etici della società argentina.

Oggi vi è un dibattito sulla complicità civile senza cui non sarebbero state possibili l’installazione e la permanenza di quella dittatura militare, e in particolare il settore imprenditoriale[3]  che ha favorito la persecuzione degli attivisti sindacali, come si può notare nelle grandi imprese quali Mercedes Benz, Ford, Techint, Siderca, Loma Negra-Fortabat, Ingenio Ledesma de Jujuy, importanti mezzi di comunicazione e altri ancora.

Si tratta della maturità raggiunta dalla nostra società, maturità acquisita innanzitutto a partire dalla scoperta della verità e in un secondo momento attraverso la giustizia, in un lungo percorso che parte dal recupero della democrazia nel 1983 fino ai giorni nostri.

3. Per raggiungere questo traguardo era necessario superare ostacoli legali e uno di questi riguardava l’imprescrittibilità delle azioni civili vincolate ai crimini di lesa umanità, giacché è indiscutibile che le azioni penali abbiano quel carattere.

Pertanto, se si applicavano le disposizioni civili comuni, il tempo trascorso dagli avvenimenti fino all’inoltro delle cause, veniva cancellata la responsabilità civile degli autori, compartecipi e complici dei crimini.

Nell’anno 2014, a seguito di un lungo dibattito, si sanziona un nuovo Codice Civile e Commerciale della Nazione, che sostiene l’imprescrittibilità dell’azione civile per il reclamo dei danni subiti dalle vittime dei crimini di lesa umanità nell’articolo 2561, 3° paragrafo.

Tanto per la sua origine, quanto per il suo contenuto, ha il valore di portare a un consolidamento dello Stato sociale e democratico di Diritto in Argentina.

Sottoscrive inoltre, come fonte esplicita di diritto, la Costituzione Nazionale e i Trattati dei Diritti Umani, regolamentando l’avanzamento interpretativo realizzato dalla giurisprudenza a partire dal 2004, principalmente in materia di diritti sociali.

Si tratta allora di un riscatto che il nuovo Codice unificatore inquadra nell’espansione dei diritti economici, sociali e culturali, espansione evidenziata negli anni immediatamente successivi alla sanzione del Codice, che ha così permesso di ampliare i limiti argomentativi e al giudice di avere nuove regole ermeneutiche per decidere ragionevolmente, pena l’arbitrarietà, dequalificante per la sua sentenza.

La norma che stabilisce l’imprescrittibilità delle azioni civili derivanti da crimini di lesa umanità ha un’incredibile rilevanza poiché costituisce un grande contributo per il rispetto dei diritti umani.

Ratifica gli avanzamenti in materia di diritti umani in Argentina e non ammette marcia indietro.

Grande importanza ha avuto anche l’incorporazione, attraverso la riforma del 1994, dei Trattati Internazionali alla Costituzione Nazionale, sulla seguente materia:

DUE DICHIARAZIONI

   Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo.
   Universale dei Diritti Umani

DUE PATTI

   Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali.
   Internazionale dei Diritti Civili e Politici e il suo Protocollo Opzionale.

SEI CONVENZIONI

   Americana sui Diritti Umani.
   Per la Prevenzione e repressione del Crimine di Genocidio.
   Sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
   Sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna.
   Sui diritti dei bambini.
   Contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli.

4. Operato della Giurisprudenza.

Abbiamo assistito a un’evoluzione nelle sentenze giudiziarie con casi esemplari, che hanno dimostrato l’inscindibile legame tra il Diritto del Lavoro e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani.

Per questo è stato molto importante l’operato della Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDU) nei casi esemplari in cui è stata condannata la violazione di tali diritti da parte delle dittature del continente, come per esempio:


“Condición Jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” Opinión Consultiva OC-18/03   -  2003.

“Niños de la calle, “Villagrán Morales y otros vs.[4]  Guatemala” 1999

Almonacid Arellano y Otros vs.[5]  Chile”  2004

“Huilca Tecse vs[6] . Perú, 2005.

Masacre de Pueblo Bello vs.[7]  Colombia”  2006

“Gelman Juan vs.[8]  Uruguay”  2011.

 “Barrios Altos vs.[9]  Perú”  2011.

Anche la nostra Corte Suprema della Giustizia della Nazione ha contribuito nel dichiarare incostituzionali le leggi dell’obbedienza dovuta e del punto finale, e il decreto dell’indulto dei capi militari in casi rilevanti come:

•           “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros” 2004


•           “Simón Julio Héctor y Otros”. 2005

•           “Larrabeiti Yañez, Anatole  c/ Estado Nacional”  2007

•           Mazzeo Julio Lilo y otros. 2007

•           Videla Jorge Rafael y Massera Emilio Eduardo 2010


Il Tribunale Nazionale di Seconda Istanza (sezione lavoro) nella Sala che ha integrato, ha dato il suo contributo in due famosi casi di sequestro di delegati del personale, al sospendere i termini di prescrizione:

   “Conti Juan C. c/ Ford Motor Argentina SA”  e “Amoroso Juan C.  c/ Ford Motors Argentina SA“  entrambi del 1987

Recentemente nel caso “INGEGNIEROS María Gimena c/ TECHINT” a causa della scomparsa di un attivista sindacale, è stata rifiutata l’eccezione di prescrizione.

Per questo, riprendendo norme internazionali, si è affermato che le imprese transnazionali e altre imprese commerciali, i loro dirigenti, inclusi gli amministratori, membri del Consiglio di Amministrazione o capi, altri amministratori esecutivi e le persone che vi lavorano hanno, tra l’altro,  obblighi e responsabilità in materia di diritti umani (Preambolo delle “Norme sulle Responsabilità delle Imprese Transnazionali e altre Imprese Commerciali in materia di Diritti Umani”, Commissione per i Diritti Umani, del Consiglio Economico e Sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite <ECOSOC>).

Tale argomentazione si fonda sul principio “pro homine”[10]  che impegna ermeneuticamente il giudice.

Nei casi di risarcimento dei danni derivati dai crimini di lesa umanità sono in gioco diritti fondamentali della vittima e, in particolare degli aventi diritto, sanciti per tutelare interessi e valori che esulano dalla sfera patrimoniale di questi ultimi.

I crimini di lesa umanità hanno portato inesorabilmente a interpretare il diritto attraverso una visione basata sui diritti umani.

Da quel momento sono nati i grandi strumenti giuridici dell’umanità, prima nel diritto internazionale consuetudinario, lo “ius cogens”, plasmato successivamente nei Trattati e Convenzioni a partire dai conflitti bellici mondiali.

Le sentenze citate hanno portato alla luce un’evidente testimonianza della ridefinizione del ruolo del Giudice nello Stato costituzionale del Diritto: un giudice attivo ed impegnato nei diritti umani.

Molti sono i timori sul futuro che possono essere dissolti solamente grazie alla consolidazione della dimensione sostanziale del sistema democratico, come afferma l’egregio Professore fiorentino Luigi Ferrajoli: “la tutela e l’effettività dei principi e dei diritti fondamentali”.

Per questo è necessario inoltre rivalutare il significato del contratto sociale internazionale, avanzando dallo status dei diritti del cittadino al rispetto incondizionato di quelli della persona: la legge del più debole.

Mille grazie per la Vs attenzione.

Luis Raffaghelli

Buenos Aires, 11 ottobre 2016.

 CV abbreviato di Luis RAFFAGHELLI

Laureato in Giurisprudenza all’Università Nazionale di La Plata, Provincia di Buenos Aires negli anni settanta.

Attualmente riveste il ruolo di Giudice ordinario del Tribunale Nazionale di Seconda Istanza (sezione lavoro) con sede nella Città Autonoma di Buenos Aires, Repubblica Argentina.

Ha esercitato la professione di avvocato del lavoro in tutto il paese fino all’anno 2000.

è stato membro dell’Associazione degli ex detenuti-scomparsi per ragioni politiche.

è stato nominato Giudice del Lavoro tramite concorso pubblico nella Provincia di Buenos Aires nel dicembre del 2000.

Nel febbraio del 2011 ha iniziato a ricoprire la sua attuale carica, assegnatagli per pubblico concorso.

Ha conseguito un Master in Scienze Sociali del Lavoro - UBA con tesi sulla precarietà del lavoro nei processi del lavoro.

Specializzazione in Costituzionalismo dello Stato Sociale e democratico di Diritto-Toledo, Spagna, 2006.

Professore ordinario della Scuola di Giustizia della Nazione e docente in Diritto Collettivo del Lavoro nel corso di laurea “Relazioni del Lavoro” all’Università di Buenos Aires.

Relatore abituale in giornate nazionali e della regione.

Pubblicista di lavori, articoli e libri specializzati in materia.

Cofondatore dell’Associazione Latinoamericana di Giudici del Lavoro, Basilia 2005.

Luisraffaghelli.blogspot.comDiritti Umani del Lavoro e della Giustiziamailto:luisraffaghelli@gmail.com










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