miércoles, 17 de diciembre de 2014

Derechos Laborales de los presos... de que se trata tambien son derechos humanos


* Fte. Ecos Diarios Necochea 17.12.2014
 
Por qué se deben respetar los derechos laborales de los presos

Nuestra Democracia mantuvo intocable la política que implementa en sus cárceles, el Servicio Penitenciario es amo y señor de la vida y de la muerte en los penales argentinos


Por qué se deben respetar los derechos laborales de los presos
Por Leandro Halperín*

El Estado no puede violar la ley. Sin embargo, a pesar de la obviedad de esta premisa, un fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le recordó al Poder Ejecutivo Nacional que el Servicio Penitenciario Federal debe respetar y hacer respetar la legislación vigente en las cárceles a su cargo. Particularmente se hizo referencia en esta ocasión al trabajo en contextos de encierro, señalando la imposibilidad de restringir derechos inherentes a todo trabajador, incluyendo en dicha categoría a los que se encuentren privados de su libertad.
La cuestión causó revuelo en la opinión pública y publicada. La noticia se presentó inicialmente mal, muy mal. Se dijo entonces que: "Los presos recibirán 4400 pesos por mes”. Sobrevoló entonces la creencia que el estar detenido significaba acceder a ese beneficio aunque con el correr de los días se enderezó la cuestión. El fallo abarcaba sólo a los que trabajan en prisión; y de ellos apenas el 20 % accede a un trabajo de 40 horas semanales, llegando así a la suma indicada; el resto trabaja menos horas o directamente no tiene trabajo.
A partir de aquí fueron otros los cuestionamientos: "Deben pagar por el alojamiento y la comida”, "Que indemnicen a la víctima”, "¿Por qué tienen derecho a trabajar?”. La ley, la experiencia, la realidad y el sentido común (el menos usado de los sentidos), pueden ayudarnos a resolver estos planteos.
Un hombre detenido en el penal de Ezeiza trabaja en la imprenta de la cárcel. La mayoría de los presos que trabajan no llegan a las 40 horas semanales, por lo que no cobran ni el salario mínimo
Corresponde señalar entonces que la pena privativa de la libertad es la más grave de nuestro ordenamiento jurídico, y que su consecuencia es la de permanecer en prisión durante el tiempo que la Justicia haya determinado. Las personas que allí son alojadas pierden transitoriamente el derecho a la libertad ambulatoria, pero también como lo señala el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional conservan todos aquellos derechos que la Ley no cercena.
Que los presos reintegren parte de la inversión estatal y reparen a la víctima es algo que también prevé la legislación vigente, la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) establece en su artículo 121 que: "La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;

b) 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil;

c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento;

d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.”

Pero claro, ninguno de estos supuestos podría darse si no trabajan o si lo hacen en negro como ocurre en la actualidad.
Sobrevive entonces otro debate, que es el que no se da y que está más allá de lo establecido por la Ley: ¿Cuál es el rol de la cárcel en nuestra sociedad?
Para aquellos que desean lo peor para los presos, tienen que saber que eso es lo que ocurre hoy. En Argentina el Estado delinque también en contextos de encierro. En nuestras cárceles se mata, se tortura, se viola, se corrompe. Las consecuencias del rumbo elegido por quienes nos gobiernan están a la vista: la cárcel margina a sus prisioneros casi definitivamente de una vuelta al medio libre que los integre pacíficamente y perjudica a la sociedad que declama proteger porque reproduce las conductas que sanciona.
No se trata de justificar a los autores de las acciones penalmente reprochables, pero si de evitar la reiteración de las mismas y comprender sus causas.
Dicen que es por nuestra seguridad cuando nos entretienen con el debate sobre el código penal y el procesal penal, inútiles placebos para una sociedad que está harta de tener miedo. Claro que son necesarias las reformas pero no sirven para prevenir el delito. El Derecho Penal llega tarde frente al conflicto que sanciona, no lo resuelve y en ocasiones agrava el problema. Es hora de probar respetar la ley y promover que todos la respeten, comenzando por el Estado, que si la viola pierde autoridad moral para reprochar a quienes siguen su mismo camino.
Nuestra Democracia mantuvo intocable la política que implementa en  sus cárceles, el Servicio Penitenciario es amo y señor de la vida y de la muerte en los penales argentinos. Su principal herramienta es la violencia y la transformación de lo que en el medio libre llamamos derechos para abolirlos como tales y convertirlos en privilegios. El resultado lo padecemos todos.
La seguridad es el principal problema de los argentinos y no parece que nos vaya bien con el rumbo hasta hoy elegido. Debemos cambiar el norte de las políticas públicas en materia penitenciaria. Promover el acceso a la educación, la capacitación en oficios y el empleo. No son opciones: es obligación del Estado garantizarlo. Hasta hoy no lo hace y en las más de las ocasiones se ocupa de impedirlo. Claro que no será medicina contra el delito, pero probar con el respeto por la ley y con la creación de oportunidades, seguro será mejor que lo hecho hasta ahora.
Hay que reducir el daño que la cárcel provoca a la sociedad, a sus trabajadores y a los privados de libertad. El Estado debe respetar y hacer respetar la Ley, nosotros exigir que así suceda; porque una sociedad que clama por venganza y exige que se viole la ley para satisfacerse, está condenada a reproducir lo que la atemoriza.

*Leandro Halperín es ex director del Programa UBA XXII, un programa educativo dentro de las cárceles, y docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UBA


miércoles, 10 de diciembre de 2014

Investigación sobre el vínculo entre corporaciones financieras y dictadura. Importante documento


 Fuente: P12 10.12.2014

Dueños del poder y del golpe

El libro La dictadura del capital financiero, presentado ayer en la CNV, analiza la documentación del sistema financiero en la última dictadura y revela el severo control de las corporaciones sobre las decisiones de política económica de los militares.

Por Raúl Dellatorre
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Más que colaboradores, las corporaciones fueron los dueños del plan que tuvieron a los militares como ejecutores.
“La documentación hallada obliga a resignificar el concepto de colaboración durante la dictadura: las corporaciones financieras fueron más que colaboradores de los militares, más que cómplices. Fueron protagonistas, artífices de un plan del que los militares, y la sangrienta represión, fueron su instrumento.” Esta consideración recorrió ayer varios de los discursos en la presentación de La dictadura del capital financiero - El golpe militar corporativo y la trama bursátil. ensayo elaborado por tres jóvenes investigadores (Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio) que trabajaron desde la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, creada bajo la gestión de Alejandro Vanoli (actual titular del Banco Central). El trabajo revela, 31 años después de recuperada la democracia, cómo un reducido grupo de empresas concentradas, con José Alfredo Martínez de Hoz como su representante, utilizaron los organismos del Estado, las leyes dictadas durante la dictadura y la represión de las Fuerzas Armadas para obtener beneficios y generar un sistema económico altamente concentrado que perdurara en el tiempo. La documentación encontrada y los testimonios de sobrevivientes, más los antecedentes previos al golpe (del Rodrigazo de 1975 en adelante) y las consecuencias posteriores, en materia de estructuras y leyes que se mantuvieron en el tiempo, permitieron a los investigadores reproducir el vínculo y la relación entre el poder económico y los ejecutores del siniestro plan de exterminio y control social.
La presencia de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Alejandro y Carlos Iaccarino (empresarios secuestrados y torturados en la dictadura), más el saludo grabado por el historiador y periodista Osvaldo Bayer, marcaron la intensidad emocional de la presentación. Alejandro Vanoli subrayó el valor de “la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia” para echar luz sobre delitos cometidos y otros que tienen continuidad en el tiempo, y como “herramienta valiosa para entender aquel pasado y este presente”. Comprometió, además, la continuidad de ese camino a través de la apertura de los archivos del Banco Central que, seguramente, podrán aportar muchos más elementos al conocimiento e interpretación de ese pasado.
Ricardo Aronskind, economista e investigador, fue uno de los presentadores del libro, y subrayó como “hallazgos” del trabajo, por un lado, la profundización en el rol determinante que cumplió ese grupo de corporaciones empresarias, nucleadas en torno de Martínez de Hoz, durante la dictadura militar. “En los diálogos que se reproducen se ve cómo eran esos miembros del equipo económico quienes daban las órdenes, y los jefes militares hacían las consultas, y obedecían”, apuntó. El otro subrayado se refiere a la “periodización” del proceso, destacando que hay un “antes” al 24 de marzo de 1976 y un “después” a la entrega del poder a un gobierno democrático, el 10 de diciembre de 1983. El proyecto transformador a favor de una mayor concentración económica se inicia con el golpe de mercado del Rodrigazo (con Ricardo Zinn como principal mentor y ejecutor) y se prolongó más allá del fin de la dictadura, principalmente en las políticas de los ’90. “Si nos limitamos al período 1976 al ’83 vamos a ver el trabajo sucio, pero no vamos a ver toda la trama”, completó luego Bruno Nápoli, uno de los autores.
El ensayo abunda en documentación sobre las reuniones en que se elaboraron los proyectos económico financieros más trascendentes de la ápoca (Ley de Entidades Financieras, Ley de Inversiones Extranjeras, Ley de Descentralización de Depósitos), el rol que jugaron diversas instituciones a favor de la especulación y la concentración financiera (Banade, Banco Nación, CNV, Bolsa de Comercio), las fusiones y cesiones “forzadas” o “fraguadas” de empresas (Papel Prensa, Banco de Hurlingham, Industrias Siderúrgicas Grassi y otras), y otros hechos que, por su relevancia, merecieron capítulos aparte: Acindar SA y el montaje de empresas y financieras desde la ESMA.
La dictadura del capital financiero es una versión ampliada, más elaborada y redactada para hacer más accesible su lectura, de lo que fue el informe preliminar titulado “Economía, Política y Sistema Financiero - La última dictadura cívico militar en la CNV”, publicado en marzo de 2013. A fines del mismo año, el libro Cuentas pendientes, coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, incorpora un resumen de aquel informe de la Oficina de Derechos Humanos. La profundización de la investigación para esta última versión incluyó el cruzamiento de datos con el equipo de expertos en archivos del Ministerio de Defensa, que encabeza Estela Segado, que desclasificó abundante documentación vinculada con discusiones entre corporaciones civiles y funcionarios militares.
El propósito de este nuevo libro es ampliar la circulación de esta información y, a la vez, aportar datos sobre el rol de un poder económico que marcó una etapa negra de la historia pero que, en más de un sentido, sigue vigente.
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