Fte. Diario P.12 -Bs.As. Argentina (11-4-2022)
Archivos desclasificados muestran las
denuncias realizadas en dictadura ante la Organización Internacional del
Trabajo
Los registros de la persecución al movimiento obrero
A partir de
1977, el organismo recibió cartas, listas de dirigentes encarcelados y
desaparecidos, pedidos desesperados de diversos sindicatos. La documentación
pronto estará disponible para consulta pública.
11 de abril de
2022 - 00:35
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La histórica marcha de 1982
protagonizada por el movimiento sindical.
El 28 de enero de 1977, el director general de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entonces era Francis
Blanchard, recibió una carta de parte de la Confederación Mundial del Trabajo,
una entidad con sede central en Bruselas. En esa carta, el secretario general
adjunto de esa confederación, José González, denunciaba la "gravedad de la
represión y la violación de las libertades fundamentales de los
trabajadores" que, por aquellos años, atravesaba el movimiento obrero en
la Argentina, bajo la dictadura cívico militar eclesiástica. La carta
llevó adjunta una lista con 499 “obreros, dirigentes sindicales y sin
cargo alguno, que han sufrido la represión del régimen actual", que
“han sido detenidos, secuestrados, desaparecidos, asesinados o que por
estar a disposición del Poder Ejecutivo nacional optaron por salir del país y
no pueden regresar a la Argentina pues serían encarcelados
nuevamente".
Esa fue una de las tantas listas que la OIT recibió
durante el terrorismo de Estado de parte de sindicatos y gremios nacionales e
internacionales, federaciones y confederaciones regionales, agrupaciones
políticas y colectivos de referentes del movimiento obrero. La documentación
está en poder del Estado argentino desde mediados de marzo.
“Se trata de documentos que escriben la
historia del movimiento obrero bajo la persecución del terrorismo de Estado”,
señala Julián Scabbiolo, titular de la Comisión de Trabajo por la
Reconstrucción de Nuestra Identidad, la entidad que recibió los archivos
entregados por la OIT. Un cúmulo de información que hace hasta poco estaba
“guardada en Europa”, y que dentro de poco estará “a disposición de todos los
argentinos".
La denuncia por el secuestro de
Alfredo Bravo.
La memoria del movimiento obrero
En 2017 la Comisión que funciona bajo la órbita del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación se propuso iniciar conversaciones con
la oficina de la OIT en la Argentina para solicitar la apertura de
archivos de ese organismo que reflejaran reclamos vinculados a la
persecución y exterminio del movimiento obrero por parte de la última dictadura
cívico militar.
Entonces, la CGT y la CTA, además de
Abuelas de Plaza de Mayo, apoyaron la misión de recuperar ese archivo “tan
importante para la historia, la política y la cultura del movimiento obrero”,
apuntó Scabbiolo. Dos años después, en octubre de 2019, se llegó a un acuerdo y
a través de un memorando de entendimiento, el organismo internacional
se comprometió a buscar y entregar a la Comisión copias de toda la
documentación que en sus oficinas de Argentina y Ginebra se hallara
vinculada a denuncias e intercambios sobre el accionar del terrorismo de Estado
contra el pueblo trabajador argentino.
No fue aquel el primer pedido de desclasificación
de documentación que el Estado argentino realizó a la OIT. En 2015, el director
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo --a cargo de Carlos
Tomada-- Julio Rosales, presentó el primer pedido.
Hasta hoy, la Comisión recibió cuatro envíos de
documentación –el último, a mediados de marzo pasado–, aunque no se descarta
que haya otras más adelante. Entre lo entregado hasta ahora hay
presentaciones de entidades obreras argentinas, regionales y mundiales, de
confederaciones y federaciones, de agrupaciones políticas que denuncian ante la
OIT detenciones, secuestros, torturas y desapariciones de dirigentes y
militantes de base sindicales, pero también la interrupción de derechos
gremiales en la Argentina desangrada por las Juntas militares. Listas
de obreros víctimas, como la de la CMT de enero de 1977, pedidos de
intervención “personal” al director de la OIT, solicitudes para que se trate el
caso de Argentina en las conferencias anuales del organismo. Pedidos de
intervención al organismo internacional. También hay respuestas del
Gobierno represor.
Patrimonio histórico
“Toda esta documentación es un gran aporte a la
reconstrucción de la persecución al movimiento obrero no solo argentino, sino
también regional. Hay reclamos por trabajadores de países de la región por lo
que se percibe el impacto del Plan Cóndor. Y además es la confirmación de que
el pueblo trabajador fue atacado ferozmente, pero que también resistió”,
concluyó el titular de la Comisión.
Ahora están dedicados a analizar la información,
identificarla y clasificarla, para luego poder abrirla al acceso público en
la Biblioteca de Trabajo y Derechos Humanos "Roberto Repetto", que
maneja la entidad. “Que esté preservado por el Estado Nacional y accesible en
forma gratuita para su consulta en la biblioteca de la Comisión es importante.
Estamos hablando de un patrimonio histórico cultural para las
futuras generaciones”, concluyó.
Denuncias colectivas
La situación represiva que sufrió el movimiento
obrero desde el minuto cero de la instalación de las Fuerzas Armadas en el
gobierno nacional fue denunciada de inmediato ante la OIT. En su
análisis La OIT y las dictaduras latinoamericanas, la
investigadora Luciana Zorzoli ubica en el 25 de marzo de 1976 la primera queja
formal que el organismo internacional recibió sobre el tema. Fue de parte de la
Federación Sindical Mundial. "En los siguientes siete días el crecimiento
de las denuncias fue exponencial", sostiene Zorzoli en su
documento, donde explica que las presentaciones fueron derivadas al Comité de
Libertad Sindical de la OIT, en el marco de la apertura de un caso ante la
entidad: el número 842.
Como todas las que llegaron después, aquella lista
de trabajadores y referentes sindicales secuestrados y detenidos presentada por
la Confederación Mundial del Trabajo el 28 de enero de 1977 fue incluida en el
Caso 842. Esa presentación reclamaba también, la intervención
"personal" al director del organismo ante el Gobierno de facto para
que "deje en libertad a los detenidos, informe de la situación de las
personas desaparecidas, proceda al juicio correspondiente a los
responsables de los asesinatos que se mencionan y restablezca el estado de
democracia y respeto a los derechos sindicales y a las libertades fundamentales
de los trabajadores”.
La misma entidad vuelve a contactarse con la OIT en
marzo de 1977, cuando pide a Blanchard "su intervención personal ante las
autoridades de la República Argentina a fin de que sean puestos en libertad los
dirigentes sindicales: Oscar Smith, Amilcar González, Dolores Domínguez, Miguel
Ángel Maldonado". González, Domínguez y Maldonado estaban a disposición
del PEN. Smith fue secuestrado y continúa desaparecido. Antes y
después habrá nuevas presentaciones de la Federación Sindical
Mundial, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la Unión
Internacional Sindical deTrabajadores Metalúrgicos, la Federación Internacional
Sindical de la Enseñanza, entre otras agrupaciones internacionales.
Las listas enviadas a la OIT.
Las listas
Las denuncias con listas de trabajadoras y
trabajadores, dirigentes y referentes del movimiento obrero argentino y
latinoamericano secuestrados y desaparecidos, detenidos a disposición del Poder
Ejecutivo y perseguidos, fueron creciendo a medida que pasaban los meses y se
iba corriendo el velo sobre los crímenes que a diario cometía la dictadura
argentina. Zorzoli señaló que esos listados impulsaron al Comité de Libertad
Sindical de la OIT a "llevar un registro detallado y pedir al
gobierno en forma periódica informes sobre las situaciones particulares" de
esas personas. Incluso mencionó que el organismo llegó a recibir cartas
de familiares de esas víctimas, aunque se determinó que solo serían
incorporadas al expediente aquellas presentaciones emanadas de organizaciones
sindicales.
El 21 de abril de 1978, la Federación Sindical
Mundial le vuelve a escribe a Blanchard. Le recuerda la "no
observancia" por parte de la Junta genocida "del Convenio sobre
libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y sobre la
detención o desaparición de sindicalistas y ex sindicalistas, la intervención
de organizaciones sindicales y restricciones impuestas a las actividades
sindicales”. Adjunta una lista con trabajadores víctimas: 1500
militantes sindicales presos o desaparecidos en Argentina.
Pedidos individuales
En febrero de 1977, el Frente Unido de Trabajadores
de Puerto Rico (FUT) le solicitó a la OIT "pronta intervención" ante
la "alarmante situación por la que están atravesando en este momento
trabajadores argentinos y peruanos". "En particular el peligro de
muerte en que se halla el compañero Jorge Di Pascuale, secretario general de la
Federación de Trabajadores de Industrias Farmacéuticas de Argentina, además de
la encarcelación de centenares de compañeros líderes sindicales de ambos
países”.
Di Pascuale había sido secuestrado la madrugada del
29 de diciembre de 1976 por una patota que lo fue a buscar a su casa.
Sobrevivientes del Vesubio lo vieron allí, torturado. Estuvo desaparecido
durante 33 años, hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense
identificó sus restos en una fosa común del Cementerio de Avellaneda.
El caso de Alfredo Bravo
En octubre de 1977, la Confederación de
Trabajadores de la Educación (CTERA) le escribió al presidente de la Comisión
de Libertad Sindical de la OIT para denunciar la detención del secretario
general del gremio, Alfredo Bravo. En el documento informaban que
el fundador de CTERA había sido detenido en su lugar de trabajo (una escuela de
adultos de la Ciudad de Buenos Aires) y que "durante 12 días no se
tuvieron noticias de su paradero, nadie se hacía responsable de su
suerte". La dictadura nunca lo dijo, pero el dirigente fue trasladado a La
Plata en aquellos días, encerrado en el centro clandestino que funcionó en la
Brigada de Investigaciones de esa cuidad y torturado en el Destacamento de
Arana. El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz fue su torturador. Años
después, ya reestablecida la democracia, ambos se encontrarían cara a cara en
un "debate" en el programa televisivo Hora Clave.
La misiva evidencia que no es la primera vez que el
caso de Bravo llega a la OIT; se mencionan denuncias anteriores de la
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza y la
Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza. Sin embargo, la
presentación de la CTERA sería una de las únicas dos que organizaciones
sindicales argentinas realizarán ante la OIT por casos puntuales de referentes
desaparecidos. La otra pertenece al Sindicato de Empleados de Entidades
Financieras no Bancarias, que en enero de 1978 denuncia la desaparición de una
trabajadora y su esposo.
La insistencia de Montoneros
En noviembre de 1980, la rama sindical del
Movimiento Peronista Montonero también le escribió a Blanchard una carta en la
que una nueva lista con trabajadores y dirigentes sindicales "secuestrados
por las fuerzas represivas, o prisioneros de la Junta Militar argentina" a
la que definió como "incompleta" debido "a la magnitud del
genocidio cometidos contra los trabajadores argentino". La carta la firma
Eduardo Berrozpe, encargado de asuntos internacionales de Montoneros. Desde ya, no
era la primera jugada que la agrupación hacía ante el organismo internacional.
“Mucho se hizo ante la OIT, siempre con la
intención difundir los crímenes de la dictadura, por la despiadada represión
contra los trabajadores sindicalizados, y con las principales organizaciones
sindicales intervenidas”, recordó Berrozpe en diálogo con este diario. Desde
Montoneros, los primeros contactos con entidades vinculadas a la organización
de los trabajadores a nivel mundial fueron entablados por dirigentes sindicales
de la organización, que cada tanto salían del país con ese objetivo, para luego
retornar y seguir organizando la resistencia sindical. Armando Croatto, del
Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda; José Dálmaso López,
dirigente sindical de la industria química de Santa Fe, Gonzalo Chávez, de la
Juventud Trabajadora Peronista lideraron esas tareas.
En paralelo, fronteras adentro, comenzaba a
gestarse la Comisión de los 25, en la que dirigentes de diferentes sindicatos
impulsaron la resistencia y los reclamos por secuestros, desapariciones y
detenciones de dirigentes e integrantes de base del movimiento obrero.
Berrozpe, dirigente bancario, se sumó a la tarea de
relaciones sindicales internacionales a fines de 1978. “Fue muy importante todo
lo que se hizo sistemáticamente con todas las centrales sindicales
internacionales y en particular en el marco de la OIT. Las denuncias
cobraron mucha potencia desde 1977, particularmente durante el Mundial, y
la situación en Argentina se trató reiteradamente en las Conferencias de la OIT,
también con la presencia en ellas de dirigentes de “Los 25”, que organizaron el
primer paro contra la dictadura 27 de abril de 1979”, remarcó.
¿Qué hacía la OIT?
Frente a esta cantidad de decenas, la OIT asumió un
rol mediador: recibía las demandas, las traspasaba al representante argentino
en el organismo y pedía explicaciones. Antonio Malintoppi, un representante del
director del organismo, Francis Blanchard, visitó la Argentina en dos
oportunidades entre 1978 y 1980, consigna Zorzoli.
Además, la persecución al movimiento obrero
fue un tema denunciado en las conferencias anuales de la OIT. La
investigadora de Conicet y titular de la Unidad especial de investigación sobre
delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Basualdo, concluye que
la OIT "cumplió un papel importante" en ese aspecto debido a la
exposición que significó el tema a nivel mundial. En un contexto "de
censura, control sobre la prensa y represión intensa, encuentros
internacionales como la conferencia anual eran también foros de importancia
potencial central para difundir lo que ocurría en la Argentina. Precisamente
por eso se convirtió también en un eje importante de discusión en el seno del
movimiento sindical, y en un objetivo para los sectores perseguidos que
buscaban también lograr alguna presencia allí, aunque fuera informal",
apunta en La OIT entre la dictadura y la democracia en la Argentina,
uno de sus tantos artículos al respecto.
Argentina no quitó los pies del plato de la OIT
durante la última dictadura cívico militar
eclesiástica. Mantuvo a su agregado, Gabriel Martínez, a cargo de la misión
permanente del país ante la organización y fue éste quien se hizo cargo de las
respuestas vertidas por las Juntas genocidas, que fueron varias y todas en el
mismo tenor. En octubre de 1977, en respuesta a una denuncia de la
Confederación Internacional de Federaciones Sindicales Libres, los funcionarios
dictatoriales hablan de una "gravísima situación económica, social,
política y moral que había colocado al país al borde del caos" como
fundamento para "las restricciones al ejercicio de importantes
derechos", como los sindicales reclamados ante la OIT.
Dicen que "no existió ni existe una suspensión
total de los derechos sindicales sino de aquellos que fueron absolutamente
indispensables para arribar a los resultados socio económicos propuestos”, sin
aclarar cuáles son; reconocen que establecieron una “pausa respecto de la libre
actividad de índole gremial colectiva” así como la “suspensión de la
negociación colectiva” de salarios. Y reconocen la detención bajo
disposición del Poder Ejecutivo Nacional de diez dirigentes gremiales. Nada
dicen de las centenas de trabajadores desaparecides que, para entonces, ya era
información conocida mundialmente.
