jueves, 17 de diciembre de 2015

Medidas economicas del nuevo gobierno: a quienes favorecen

Fte: P.12 Jueves, 17 de diciembre de 2015
Salarios en el blanco

Por Alfredo Zaiat
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Resulta ilustrativo exponer la secuencia de las medidas económicas del gobierno de Macri, como propuso al inicio de su conferencia de prensa el ministro Alfonso Prat-Gay, para comprender cuál es su objetivo central. La megadevaluación anunciada ayer, sin precisar el “número mágico” pero sugerido en 14,25 pesos (como mínimo equivale a un alza del 45 por ciento respecto del tipo de cambio oficial de ayer), es una de las principales iniciativas pero no la única del plan económico. La desproporcionada alteración de la paridad cambiaria forma parte de un paquete que tiene un blanco predeterminado: la definición de un nuevo estadio de la distribución del ingreso, regresivo a partir de ahora rompiendo con la tendencia de los últimos años. Esto será así porque se está afectando en forma negativa el poder de compra de trabajadores y jubilados, con la lejana promesa de un acuerdo social para convalidar ese retroceso. Detrás de la presentación marketinera “fin del cepo”, lo que se anunció fue una megadevaluación con el objetivo es bajar la incidencia del salario (en pesos y en dólares) en el costo de las empresas. La fuerte transferencia regresiva de ingresos es indudable y no se logra disimular con la alegría que buscó transmitir Prat-Gay por terminar con las restricciones para la compra de dólares. Es una alegría sorprendente teniendo en cuenta la historia económica argentina con las bruscas devaluaciones.

Previo a detallar el recorrido de las medidas es conveniente saber que no era necesario semejante ajuste en ninguna de las variables económicas. La economía argentina no está en crisis aunque sí enfrenta tensiones cambiarias, inflacionarias, fiscales y del sector externo. Solo el repiqueteo –acción que está proponiendo el macrismo para la difusión de análisis económicos en los grandes medios amarillos– de la falacia acerca de la inexistencia de reservas y del desborde del déficit fiscal justifican los bruscos cambios que Macri dispuso en retenciones, en el tipo de cambio y en la administración del comercio exterior. Es una decisión política deliberada realizar un ajuste de semejantes proporciones. Ajuste que no se inició con la efectivización de las medidas, sino cuando fueron anunciadas el mes pasado por sus economistas. Por eso en la evaluación de la actual gestión económica no hay que estar distraídos y saber que comenzó en noviembre, pese a la intención de Prat-Gay de eludir esa carga al señalar que su referencia son los precios del 30 de noviembre. Adelantar iniciativas que históricamente aquí y en cualquier otro país son informadas de un día al otro para evitar especulaciones y comportamientos defensivos de agentes económicos fue una de las innovaciones de los economistas de Macri. Por eso la inflación y el deterioro de la actividad económica de noviembre, extendido con mayor intensidad en este mes, es responsabilidad de Macri, aunque su ministro de Hacienda y Finanzas pretenda desentenderse.

La sucesión de medidas comenzó con la eliminación de las retenciones a las exportaciones del complejo agrario –y reducción de 5 puntos a las de la soja–, de economías regionales e industriales. Significa una transferencia de ingresos de unos 30 mil millones de pesos anuales teniendo en cuenta un valor del dólar de 9,80, que se eleva a unos 60 mil millones de pesos en 2016 al nuevo tipo de cambio entre 14,50 y 15,00 pesos. También implica un aumento de los precios internos de esos productos de exportación y de sus derivados (por ejemplo, el cerdo que se alimenta con maíz). El impacto inflacionario de esa medida no puede disimularse.
Prat-Gay reiteró una confusión deliberada para justificar su megadevaluación afirmando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en ocho años lo hizo “en 230 por ciento” (para no cultivar la ignorancia vale señalar que no existe una devaluación del 100 por ciento –desaparición de la moneda–, lo que hubo fue un aumento del tipo de cambio en esa proporción). La diferencia sustancial es que esa variación fue en ocho años con una política de ingresos progresiva que permitió avances en términos reales del salario y las jubilaciones. 

En cambio, el fortísimo ajuste cambiario de Prat-Gay es aplicado en un solo día sin ninguna iniciativa de compensación en los ingresos de trabajadores y jubilados. Integrantes de esos grupos sociales que se sentían bajo tortura financiera porque no podían comprar dólares libremente, ahora no lo van a poder hacer por el alza de la paridad y por la caída de la capacidad de ahorro porque el shock inflacionario está deteriorando el presupuesto familiar. No podrán comprar dólares pero lo harán con alegría.

El otro paso del plan económico de Macri es la apertura comercial, liberalizando las exportaciones de productos de la canasta básica y la eliminación del principal instrumento (DJAI) para evitar el ingreso irrestricto de importaciones. Lo primero presiona aun más sobre la tasa de inflación por el lado de la competencia entre el abastecimiento interno y las ventas al exterior y por el impacto pleno del precio internacional en el mercado local. En sentido contrario, las importaciones servirán para frenar los aumentos de precios pero con consecuencias negativas sobre la producción nacional y el empleo. Es una estrategia de menos inflación con más desempleo.

La medida no mencionada ayer por Prat-Gay pero que constituye otro pilar importante del programa contra el salario es la reducción y hasta eliminación de los subsidios en servicios públicos esenciales (inicialmente en luz y gas; sin definiciones por ahora en transporte). Aquí la obsesión es el nivel de gasto público y el déficit fiscal, entonces buscan compensar la pérdida de recursos por la eliminación de retenciones con menores subsidios. 

Pero la megadevaluación aumentará esa cuenta por el costo de la energía importado, salvo que también lo trasladen al consumidor, lo que las tarifas subirían todavía mucho más de la estimación inicial. Un alza que se reflejará en la tasa de inflación.

Para sostener estos cuatro frentes del plan económico (retenciones, devaluación, apertura y menores subsidios) que provocan un shock inflacionario que el Indec-Todesca anunció que no medirá, Prat-Gay apelará a la suba de la tasa de interés para desalentar la compra de dólares y al endeudamiento desenfrenado. Fue impactante la alegría expresada por el ministro cuando informó que no serán 10 mil millones de dólares, sino de 15 mil a 25 mil millones de dólares el monto del blindaje financiero. Es un paquete de deuda que estará completado en cuatro semanas, confió el ministro. Por ahora se tiró a una pileta que sólo estará abastecida con 400 millones de dólares diarios por adelantos de las exportadoras de cereales. Además, disparar la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre el nivel de actividad con el objetivo de no alimentar la corrida cambiaria. Es recesivo y una trampa de difícil salida, como enseñan situaciones similares de las décadas del 70 y 80.

El plan económico de Macri, que tiene la innovación de un ministro presentando una megadevaluación con alegría por el “fin del cepo”, apunta a redefinir una distribución regresiva del ingreso. El salario y las jubilaciones quedaron alcanzados de ese modo por el dardo de Prat-Gay.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

No a la designacion de Jueces de la Corte por Decreto


NO A LA DESIGNACIÓN DE LA CORTE POR DECRETO

 
El recien asumido Presidente de la Nación, Mauricio Macri, designó en comisión a Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se informó en un comunicado de Presidencia, en el día de ayer. Fundó su decisión en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
 
Se esperaba que el actual gobierno, en ejercicio de las declamaciones de campaña, agotara cuanto menos, los canales institucionales a la hora de designar a los jueces de la Corte; esto es, que por un lado, realizara la propuesta al Honorable Senado de la Nación, para que, luego del trámite correspondiente brindara el Acuerdo. Y que, por otro lado, aplicara los Decretos 222/2003 y 588/2003 que limitan las facultades del Poder Ejecutivo y convoca a la participación de la comunidad frente a cada una de las propuestas de candidatos para cubrir las vacantes de la magistratura judicial, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores.
 
Como profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, manifestamos nuestra preocupación por el mecanismo utilizado por el Gobierno Nacional para la designación de los jueces de la Corte.
 
Sin abrir juicio respecto de las características y condiciones personales de los candidatos propuestos, creemos que deben agotarse los canales institucionales a fin de garantizar la participación de la comunidad ante tan trascendente decisión. El servicio de administración de justicia requiere la participación de todos.
 
 Somos una agrupación de docentes e investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que compartimos principios, convicciones y propuesta y que aspiramos a participar activamente en la vida académica en todos sus planos. 

martes, 15 de diciembre de 2015

El art 99 in 19 es inaplicable para los fines utilizados por el Presidente Macri


La interpretancion del art.99 inc.19 de la Constitución Nacional utilizada para los decretos de designacion de los dos nuevos miembros de la Corte Suprema de justicia de la nacion identifica a los jueces del maximo tribunal como "empleados" lo que no se compadece con la division de poderes y las normas especificas de designacion de jueces.
La norma utilizada esta referida a miembros de las fuerzas armadas, diplomaticos y empleados especiales que requieran acuerdo del senado.

Luis Raffaghelli


fTE: p.12


EL PAIS › EL ANALISIS DE ESPECIALISTAS

“Sólo en dictadura”

 Por Adriana Meyer

Entre estupor e indignación mostraron los expertos consultados por Página/12 sobre la decisión de Mauricio Macri de designar por decreto a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Sólo hay dos alternativas, busca armar un escándalo para luego negociar con el Senado las aprobaciones o, si no, estamos ante una locura institucional total”, expresó Sergio Wischñevsky, historiador y profesor universitario. Aunque el mecanismo elegido por el nuevo gobierno figura en la Constitución, es la primera vez que lo aplica un gobierno elegido en forma democrática. En cambio, hay varios casos bajo dictaduras.
“Esto no tiene antecedentes, citan al gobierno de Bartolomé Mitre pero es falso, los cuatro jueces que designó para integrar lo que fue la primera Corte Suprema asumieron después de su confirmación por parte del Senado, que el 18 de octubre de 1862 prestó acuerdo”, detalló Wischñevsky en diálogo con este diario. “El presidente Juan Domingo Perón puso en comisión a todos los jueces pero para que el Senado aprobara uno por uno, los únicos gobiernos que integraron la Corte por decreto fueron las dictaduras, por eso esta situación es inédita”, precisó. La Corte Suprema posee un mecanismo interno para designar jueces suplentes por sorteo, pero sobre candidatos posibles establecidos previamente, y, en todo caso, se trata de un dispositivo del Poder Judicial nunca del Ejecutivo. “Este problema ya existió cuando eran siete miembros, y ya entonces Ricardo Lorenzetti decía que no nombren nuevos jueces porque así podían trabajar igual. En realidad de lo que se trata es de que una Corte Suprema tiene que tener coherencia de criterio, no se la puede integrar de cualquier manera”, opinó Wischñevsky.
Desde el punto de vista histórico, recordó que “el presidente Arturo Frondizi también llamó a comisión a los jueces, que significa ponerlos entre signos de pregunta hasta que el Senado los vuelva a ratificar”. Sin excepciones todos los presidentes intentaron modificar la conformación del máximo tribunal, incluso Arturo Illia, salvo que el radical no lo logró. Por definición, entonces, los jueces en comisión “no ejercen, y cualquier decisión que tomen será considerada inválida, no tienen legitimidad de origen, es gravísimo”, expresó el historiador. “Creo que sería muy raro que este terrible mamarracho prospere, parece más una amenaza para luego negociar con el Senado”, dijo Wishñevsky.
El jurista Eduardo Barcesat admitió que el mecanismo “está previsto en la Constitución pero no es lo que establece la ley regulatoria, que fija un período de publicación previa de antecedentes y la intervención de la sociedad civil. Macri sigue la misma política de hechos consumados como hizo con el DNU que cambió la Ley de Ministerios, en lugar de llamar a sesiones extraordinarias y mandar los pliegos una vez cumplido ese período”. Para el diputado Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FpV, “Macri debe dar marcha atrás porque está arrasando con la Constitución”, y se preguntó “¿Qué quieren sacar durante el receso de verano, qué favores necesitan?”.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

ACCESO A LA INFORMACION DERECHOS DE LA MUJER - ESTANDARES DE LA COMISION IDH

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CIDH publica informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”


20 de noviembre de 2015

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. El informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.

RESUMEN  del Informe

1. El presente informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación. A la vez, este informe busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.

2. Para la elaboración de este informe, la Comisión realizó una serie de actividades destinadas a recopilar información sobre la situación del acceso a la información referida a la violencia y discriminación contra las mujeres en la región. Estas actividades incluyeron la circulación de un cuestionario de consulta a los Estados y la sociedad civil y una visita de trabajo a Colombia entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2014. La Comisión agradece el apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia (ASDI-SIDA) para la ejecución del componente de América Latina y el Caribe de esta iniciativa.

3. En relación con los estándares internacionales en materia del acceso a la información como un derecho humano de las mujeres, la CIDH destaca que éste se encuentra protegido por el artículo 13 de la Convención Americana y el artículo IV de la Declaración Americana y que ampara tanto el derecho de toda persona a solicitar acceso a la información en poder del Estado como la obligación positiva del Estado de suministrarla.

4. El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos de todos los niveles de gobierno. Este derecho recae sobre toda información bajo el control del Estado, la información que éste capta y produce –o la que está obligado a captar o producir– y la información que está bajo el poder de quienes administran los servicios y fondos públicos, respecto de tales servicios y fondos. En particular, respecto de la información que el Estado capta y produce, el derecho de acceso a la información comprende también la obligación estatal de recopilar información sobre asuntos tales como la violencia y la discriminación contra las mujeres, así como la obligación de producir y difundir información estadística acerca de dichos asuntos.

5. El derecho de acceso a la información pública es fuente de obligaciones positivas para los Estados, los que se encuentran obligados a garantizar la disponibilidad y el acceso oportuno a información completa, accesible y fidedigna. A partir de la interrelación e interdepenciencia de los derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública se caracteriza por su condición instrumental, en tanto es un presupuesto para que las personas puedan conocer sus derechos y, en consecuencia, exigirlos. En tanto los Estados son los principales garantes en materia de derechos humanos, garantizar la disponibilidad (es decir, el registro y la producción) y el acceso a la información sobre derechos humanos se torna una obligación sustantiva.

6. La CIDH observa que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, la gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación –en virtud del cual la transparencia y el acceso a la información deben ser la regla general, sujeta a limitadas excepciones– y buena fe. A la luz de estos principios y de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información sólo puede ser limitado cumpliendo con los requisitos de excepcionalidad de las restricciones, consagración legal de las mismas, objetivos legítimos, necesidad y proporcionalidad.

7. Como se señaló más arriba, el derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado con la realización de otros derechos humanos, y en ese sentido, puede entenderse que la inobservancia de las obligaciones de respeto y garantía del derecho acceso a la información para las mujeres puede ocasionar diversas vulneraciones a sus derechos a vivir libres de violencia y discriminación.
De este modo, el derecho de acceso a la información resulta indispensable para que las mujeres puedan ejercer plenamente todos sus derechos, y especialmente, sus derechos sexuales y reproductivos y sus derechos económicos, sociales y culturales.En estas áreas, el acceso a la información adquiere un carácter instrumental o facilitador de la prevención de la discriminación y la violencia y del acceso a la justicia de las víctimas.

8. La CIDH observa en el marco de este informe que en materia de discriminación y violencia contra las mujeres el derecho de acceso a la información supone la observancia de dos obligaciones estatales principales: (i) la obligación de garantizar la disponibilidad y acceso oportuno a la información, que incluye el registro y producción de información y la disponibilidad de mecanismos efectivos para acceder a ella; y (ii) la obligación de transparencia activa.

9. En relación con la primera de estas obligaciones, la Convención de Belém do Pará establece en su artículo 8 (h) la obligación estatal de adoptar medidas destinadas a asegurar “la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios”. La importancia de la recopilación de datos y la producción de estadísticas ha sido destacada en el Sistema Interamericano y en el Sistema de Naciones Unidas como el mecanismo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas y programas de prevención, atención y protección frente a la violencia y la discriminación. La información estadística que produzca el Estado debe estar debidamente desagregada en base al sexo, raza, etnia, edad, condición social, situación de discapacidad, y otros factores que permitan abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres desde una perspectiva interseccional, es decir, considerando debidamente los riesgos específicos de vulneración de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres en razón de la intersección de factores  Resumen ejecutivo.

10. Asimismo, la producción de información estadística debe realizarse desde una perspectiva intercultural. Ello implica que la información que se produzca debe considerar las distintas cosmovisiones, prácticas y necesidades particulares de grupos específicos de mujeres, como las mujeres indígenas y las afrodescendientes, entre otras.

11. Con respecto a la obligación de transparencia activa, la CIDH ha sostenido que las mujeres no pueden reivindicar sus derechos si no los conocen, y por ello, esta obligación implica el deber del Estado de difundir información sobre los derechos de las mujeres y las vías legales para exigirlos y hacerlos efectivos. Dicha información debe ser completa, comprensible, formularse en un lenguaje comprensible y encontrarse actualizada. En particular, en el ámbito judicial, los Estados deben promover un acceso efectivo de las mujeres a información sobre sus derechos, las formas de acceder a las instancias judiciales de prevención y protección, el procesamiento de los casos y las formas de contribuir a la investigación y el proceso judicial. La difusión de esta información debe tomar en cuenta la diversidad del público objetivo en función de sus diversas razas, etnias y lenguas.

12. El acceso a la información es un requisito esencial para que las mujeres que se encuentran bajo el riesgo de sufrir actos inminentes de violencia puedan acceder a los mecanismos de protección que contempla la legislación nacional. Para ello, los Estados deben garantizar la difusión de la información relativa a tales mecanismos y las vías para hacerlos valer y ponerlos en ejecución. A la vez, los Estados deben adoptar medidas encaminadas a garantizar la disponibilidad de servicios de asistencia jurídica gratuita de calidad, la capacitación de los operadores de justicia y demás funcionarios públicos que actúen en materia de violencia, y la implementación de protocolos de actuación frente a casos de violencia inminente.

13. Por otra parte, en relación con los principales desafíos en materia del acceso a la información pública sobre discriminación y violencia, la CIDH ha constatado en diversas oportunidades la existencia de deficiencias en la disponibilidad, calidad e integridad de la información pública sobre violencia y discriminación contra las mujeres, tales como la falta de recopilación de información completa sobre todas las formas de violencia y discriminación en los diversos órganos del Estado, la falta de producción de estadísticas integrales a partir de esa información y la desagregación de la información estadística según factores como el sexo, raza, etnia, edad, condición social, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, y otros criterios que permitan apreciar la incidencia real de la violencia y la discriminación en grupos específicos de mujeres. Asimismo, la CIDH ha observado que aún en aquellos Estados que cuentan con mecanismos institucionalizados para la recopilación, procesamiento y producción de información sobre violencia contra las mujeres, muchas veces la difusión de dicha información resulta insuficiente. Del mismo modo, la CIDH ha notado que en la región existe una falta de coordinación generalizada entre los diversos sistemas de recopilación y producción de información que coexisten en los Estados, por ejemplo, los registros de las oficinas de asistencia jurídica gratuita, los datos recopilados por los observatorios de violencia o discriminación y los mecanismos de estadísticas judiciales.

14. Otro desafío prioritario en esta materia dice relación con la implementación efectiva de los estándares internacionales sobre acceso a la información en el ámbito nacional. Al respecto, la CIDH ha constatado que si bien la gran mayoría de los países de la región cuentan con normativa constitucional y/o legal en tal sentido, no se cuenta con información concreta acerca de la implementación material de dicha normativa y su efectividad, de manera que es desafiante evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.

15. El acceso a la información en el ámbito de la administración de justicia es un área de especial interés para la CIDH, en la cual se presenta una serie de desafíos relacionados la garantía del acceso a la información en su dimensión de derecho facilitador del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y discriminación. En este contexto, la CIDH destaca como desafíos prioritarios el asegurar a las mujeres y sus familiares el acceso a la información sobre sus casos pendientes de violencia o discriminación, la disponibilidad de servicios adecuados y suficientes de asistencia jurídica gratuita y el acceso a intérpretes e información en lenguas diversas para las mujeres que no hablan en idioma oficial del Estado, entre otros. Asimismo, la CIDH subraya la importancia de contar con información pública respecto del funcionamiento de la administración de justicia, incluyendo datos acerca del número de arrestos, procesamientos, condenas, órdenes de protección y sentencias dictadas; el tiempo de resolución de los casos; la composición de género de los sistemas de justicia; los presupuestos asignados a la actividad judicial; y los mecanismos internos de rendición de cuentas.

16. La Comisión a su vez resalta en este informe un conjunto de esfuerzos emprendidos por los Estados vinculados al respeto y garantía del derecho de acceso a la información en materia de discriminación y violencia contra las mujeres, en las áreas del reconocimiento constitucional y legal de dicho derecho, la publicación y difusión de estadísticas judiciales desagregadas, la creación de bases de datos sobre casos judiciales de discriminación y violencia, la publicidad de las sentencias de las Cortes superiores de justicia, la provisión de servicios en diferentes idiomas, y la creación de unidades especializadas de género dentro de los poderes judiciales. Estos esfuerzos ilustran el potencial de los Estados en las Américas de lograr el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este ámbito.


17. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la CIDH concluye este informe con una serie de recomendaciones encaminadas a facilitar los esfuerzos de los Estados para respetar y garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información en los ámbitos de la violencia y la discriminación contra las mujeres. La CIDH destaca su disposición para colaborar con los Estados en sus esfuerzos en esta esfera de protección fundamental para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

APOYO INTERNACIONAL A LA INVESTIGACION SOBRE COMPLICIDAD ECONOMICA CON LA DICTADURA

APOYO INTERNACIONAL A LA INVESTIGACION SOBRE COMPLICIDAD ECONOMICA CON LA DICTADURA

Custodiada por expertos

Los relatores y expertos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos apoyan la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Complicidad Económica con la dictadura, que hoy se tratará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Por Horacio Verbitsky

Cinco expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declararon ayer su apoyo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre las Complicidades Económicas con la dictadura argentina, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy a las 15 será tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Los expertos y relatores especiales Pablo de Greiff, Juan Pablo Bohoslavsky, Juan E. Méndez, Virginia Dandan y Alfred de Zayas consideran el establecimiento de la Comisión como “una oportunidad para expandir más el derecho a la verdad en relación con violaciones cometidas con la complicidad o participación activa del sector empresarial. A pesar de la relevancia de los factores económicos ya sea como incentivos o como condiciones propicias para violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el papel de los actores económicos que contribuyeron, se beneficiaron o participaron directamente en crímenes internacionales sistemáticos es generalmente ignorado. Esta comisión ofrece una nueva perspectiva en los procesos de justicia transicional”.

La Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia fue sancionada por la Cámara de Diputados según un proyecto del diputado Héctor Recalde, que también firmaron sus colegas Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio, Adela Segarra, María Teresa García, Nancy Parrilli, Verónica Magario, Jorge Rivas, Adriana Puiggrós, Edgardo Depetri, Horacio Pietragalla y Carlos Raimundi. El radicalismo apoyó su creación, luego de que se introdujeran modificaciones sugeridas por el ex diputado Ricardo Gil Lavedra y el actual diputado Fabián Rogel, uno de cuyos asesores, Alejandro Olmos Gaona, expuso ante los diputados sobre la necesidad de constituir esa comisión. El proyecto fue aprobado el 24 de septiembre por 170 votos a favor (de los Frentes para la Victoria, Renovador, Amplio Progresista, de la Izquierda y los Trabajadores y por la UCR), con 14 abstenciones (del PRO y de sus aliados en Jujuy y Mendoza). La comisión podrá “instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación”. También se crea en el Congreso un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ofrecerá al público los documentos que hubieran sido utilizados por la comisión para la elaboración de su informe final.

El diputado de PRO Pablo Tonelli dijo que no apoyaban el proyecto porque “una comisión del Congreso no puede interferir en el trabajo de la Justicia”. El mismo argumento utilizaron en sendas declaraciones la Unión Industrial, IDEA y el Colegio de Abogados de la Citi de Buenos Aires. Para el Colegio (que tiene entre sus socios a los abogados de las mayores empresas, que contribuyeron a redactar la legislación de facto a partir de 1976 y hoy litigan contra la Argentina ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de París) “el proyecto subvierte el estado de derecho y el debido proceso legal al atribuir a la Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución Nacional conforme la cual se declara la ‘inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona’ y se establece que ‘nadie puede ser penado sin juicio previo’”. Sin embargo, la comisión no tiene atribuciones judiciales ni facultades punitivas y sólo podrá auxiliar a los tribunales mediante el aporte de la información que reúna. La objeción es idéntica a la que en 1983 acompañó la formación de la Conadep, y por las mismas razones.

Según los expertos de Naciones Unidas “dar claridad sobre el papel de estos actores sería una importante contribución a la verdad, justicia, reparación y a la garantía de no repetición”, ya que “la dimensión económica es crucial para entender por qué regímenes que han cometido violaciones graves de los derechos humanos surgen y cómo consolidan su poder”. La declaración firmada en Ginebra recuerda que la obligación de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho concierne tanto al sector público como al privado y menciona el precedente que sentaron hace siete décadas los juicios de Nuremberg “poniendo fin a la impunidad para los delitos de cuello banco”. Los expertos que se congratulan por la creación de este cuerpo parlamentario señalan que debe observar los más altos estándares, para evitar cualquier riesgo de politización, entre los que menciona “la imparcialidad, el debido proceso, la transparencia y la participación” y reclaman que “diferentes actores, incluidas las víctimas, la sociedad civil y los académicos, tengan la posibilidad de participar activamente en el proceso”. También indican que la comisión no podrá juzgar “la responsabilidad criminal de los individuos”, tarea que corresponde a “las autoridades judiciales competentes”.

viernes, 11 de septiembre de 2015

Situación de vulnerabilidades en el trabajo documentos internacionales

Situación de vulnerabilidad documentos internacionales. Adhesión CSJN

…la situación de vulnerabilidad hace referencia a una situación en la que la persona es más propensa a brindar su conformidad a ser explotado, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionalmente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de la situación (cfr. "Nota orientativa sobre el concepto de‘abuso de una situación de vulnerabilidad’ como medio para cometer el delito de trata de personas, expresado en el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional".

…Es que la vulnerabilidad de la víctima obedece a distintas razones que, según se ha definido en el documento de Naciones Unidas antes citado, puede ser: personal (por ej. una discapacidad física o psíquica), geográfica (porque la persona se encuentra en situación irregular en un país extranjero, social o lingüísticamente aislada) o circunstancial (por ej. desempleo, penuria económica).

Asimismo, en las "Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad" (Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, marzo de 2008, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nro. 5/2009), en donde se estableció que …"se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico […] Podrán constituir causas de vulnerabilidad,  entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico" (Capítulo 1, sección segunda) - (Causa nro. 14.449, "CÓRDOBA, Jorge Raúl y otro s/recurso de casación", Reg. Nro. 2663/12, rta. el 28/12/2012, causa nro. 14.792, "VERGARA, Miguel Ángel s/recurso de casación", Reg. Nro. 2391/12, rta. El 13/12/2012, entre otras). 

  Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas del Delito de Trata de Personas

Conclusiones globales sobre los tres talleres investigados:

"...Acerca de la situación de vulnerabilidad de las personas entrevistadas...serían de diferentes localidades de países Latinoamericanos -Perú, Bolivia y.Paraguay- y coincidieron en que las condiciones socioeconómicas de sus lugares de origen, habrían sido un factor determinante para migrar hacia la República Argentina... no podrían cubrir las necesidades básicas de los mismos... Es importante destacar que algunos de los trabajadores no habrían finalizado el ciclo de educación básica, esta situación acentúa su grado de vulnerabilidad y limita, aún más, sus posibilidades de conseguir un trabajo regulado y bien remunerado. En este contexto, de vulnerabilidad y necesidad, una oferta de trabajo que resulte satisfactoria en relación a los ingresos económicos se presenta como susceptible de ser aceptada ... La migración podría considerarse un factor vulnerabilizante ... frente a la posibilidad de acceder a una mejora de su situación laboral, las personas pueden asentir situaciones que luego, no se correspondieran con lo que se les habría prometido ... Acerca de las condiciones de trabajo en los talleresallanados, se puede decir que en todos ellos las jornadas son excesivamente extensas, -en lo que se concibe como jornadas de trabajo y en algunos de ellos horas extras-, incluyendo como días de trabajo los sábados sin que esto fuera proporcional con la remuneración percibida... se evidenció un alto grado de precariedad laboral debido a que ninguno de los trabajadores se encontraba contratado regularmente en el marco que la legislación laboral vigente lo exige, por lo que no gozarían de ninguno de los beneficios y derechos propios de un trabajo reglado: salario familiar, vacaciones, aportes jubilatorios, obra social, jornadas limitadas, A.R.T., etc.

La precariedad laboral también se vería reflejada en las condiciones de seguridad de los talleres allanados, donde pudieron observarse instalaciones eléctricas precarias, falta de ventilación o la ausencia de matafuegos que permitirían controlar posibles incendios, ubicados generalmente en el fondo de las viviendas, espacios poco accesibles para una evacuación inmediata...si bien tenían la posibilidad de ingresar y egresar de los talleres, ninguno de los trabajadores contaría con llaves de cada uno de los lugares, debiendo solicitar permiso y/o avisar para el ingreso y egreso de los lugares de trabajo. Similar situación se evidenció en el taller ubicado en la calle Chivilcoy 585 (Ciudad de Bs.As.) en el que cuatro (4) de las personas que allí trabajaban también residían teniendo horarios de salida y entrada a la vivienda. Esta situación podría inferirse como un mecanismo de restricción por parte de los empleadores, quienes de esa manera se asegurarían la permanencia y presencia de los trabajadores y de ese modo un diario funcionamiento del taller. A pesar de las desfavorables condiciones descriptas, no se observó un registro, por parte de los trabajadores en relación a los responsables de cada uno de los talleres allanados. Esa dificultad para percibir el carácter perjuicioso y desfavorable de la situación podría deberse a la situación de vulnerabilidad en la que se encontrarían lo que les impediría dar cuenta de la asimetría en el vínculo con sus ‘empleadores’ y la forma en que éstos obtendrían rédito económico producto de la situación que penarse como explotación de los trabajadores" [1]

En definitiva, la condición de migrantes de los trabajadores, el irregular estatus migratorio de algunos de ellos, las limitaciones inherentes a su realidad socio-económica, el exiguo salario que percibían por su trabajo, las prolongadas jornadas de trabajo, la precariedad de la relación laboral (trabajo informal) a la que se hallaban sometidos, la situación de encierroque sufrían en el ámbito laboral y que limitaba su libertad ambulatoria y el riesgo latente para su integridad física en caso de accidente -derivado de la situación de encierro- configuran un cuadro de elementos que, valorados íntegramente, no permiten, a esta altura del proceso, adoptar un temperamento desvinculatorio, tal como lo hizo el a quo, en orden a las hipótesis delictivas que, provisoriamente, se atribuyen a los imputados en autos.                                                                              



[1] Datos de la  Causa "ORELLANA CONDO, Olga y otros s/recurso de casación" Sala I de la Cám. Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal  (BA) SD11 de febrero de 2014  (fs. 1065 vta./1066, el destacado no obra en el original).                                                                         

Justicia y Derechos Humanos de una resolucion AVANCE DEMOCRATICO Y SOBERANO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CONTRA LOS FONDOS BUITRES

IMPORTANTE RESOLUCION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 












miércoles, 2 de septiembre de 2015

NUEVA DECLARACION SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR

Declaración Sociolaboral del MERCOSUL de 2015. I Reunión Negociadora. Brasilia, 17 de julio de 2015
DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR DEL 2015
Las Presidentas y los Presidentes de los Estados Partes del Mercado Común del Sur
PREÁMBULO
Considerando lo establecido en el artículo 24 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, los Estados Partes procedieron a la revisión de la Declaración firmada el 10 de diciembre de 1998.
Considerando que los Estados Partes reconocen, de conformidad con los términos del Tratado de Asunción -1991-, que la integración constituye una condición fundamental para el desarrollo económico con justicia social;
Considerando que los Estados Partes, asimismo, reconocen que la concreción de la justicia social requiere indudablemente políticas que prioricen el empleo como centro del desarrollo y del trabajo de calidad;
Considerando que los Estados Partes concuerdan en que la plena vigencia de los valores democráticos solamente es posible en una sociedad altamente participativa e inclusiva, en los ámbitos político, económico, social y cultural, cuya construcción requiere necesariamente el compromiso de todos los sectores, para un modelo de desarrollo equitativo y comprometido con la creación de trabajo como factor determinante para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática;
Considerando que reiteradamente los Estados Partes en todas sus expresiones políticas internacionales han evidenciado esta coincidencia, como emerge de la Declaración de los Ministros de Trabajo del MERCOSUR en la Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR en el año 2004; de la IV Cumbre de las Américas que estableció la pauta de un modelo de desarrollo sostenible e integrador de la región o en la adhesión al Pacto Mundial de Empleo de la OIT;
Considerando que los Estados Partes concuerdan con los principios y valores de la Declaración de Filadelfia (1944) de la OIT, particularmente, que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen el derecho a perseguir su bienestar material, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades, y que lograr estas condiciones debe ser el objetivo de la política nacional e internacional de los países;
Considerando que los Estados Partes adoptan los principios de la democracia política y del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos de la persona humana que constituyen la base inalienable del proceso de integración;
Considerando, además, que los Estados Partes apoyaron la "Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” (1998), la cual reafirma el compromiso de promoverla y respetarla;
Considerando que los Estados Partes están comprometidos con las declaraciones, pactos, protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la Humanidad, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1947) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948);
Considerando que diferentes foros internacionales, entre ellos la Cumbre de Copenhague (1995), han enfatizado la necesidad de instituir mecanismos de seguimiento y evaluación de los componentes sociales de la globalización de la economía, con el fin de asegurar la armonía entre progreso económico y bienestar social;
Considerando la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social en el proceso de integración, y asegurar los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y el cumplimiento de los principales convenios de la OIT;
Considerando que la Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles (OIT, 2007) reconoce que las empresas sostenibles son fuente principal de crecimiento, creación de riqueza y de empleo, y que la promoción de dichas empresas es una herramienta importante para alcanzar el trabajo decente, el desarrollo sostenible y la innovación que mejoran los niveles de vida y las condiciones sociales;
Adoptan los siguientes principios y derechos en el área del trabajo, que pasan a constituir la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, sin perjuicio de otros que la práctica nacional o internacional de los Estados Partes haya instaurado o vaya a instaurar:
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 1
Definiciones
A efectos del presente instrumento, los términos "trabajador” y "trabajadores” comprenden "trabajador y trabajadora” y "trabajadores y trabajadoras”, y los términos "empleador” y "empleadores” comprenden "empleador y empleadora” y "empleadores y empleadoras”.
ARTÍCULO 2
Trabajo Decente
1. Los Estados Partes se comprometen a:
a)  formular y poner en práctica políticas activas de trabajo decente y pleno empleo productivo, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, articuladas con políticas económicas y sociales, de modo de favorecer la generación de oportunidades de ocupación e ingresos;
b) elevar las condiciones de vida de los ciudadanos;
c) promover el desarrollo sostenible de la región;
2. En la formulación de las políticas activas de trabajo decente, los Estados Partes deben tener presente:
a) la generación de empleos productivos en un ambiente institucional, social y económicamente sostenible;
b) el desarrollo de medidas de protección social;
c) la promoción del diálogo social y del tripartismo; y
d) el respeto, difusión y aplicación de los principios y derechos fundamentales del trabajo.
ARTÍCULO 3
Empresas sostenibles
 Los Estados Partes se comprometen a:
a.promover el desarrollo sostenible en la región;
b.estimular la creación y el desarrollo de empresas sostenibles;
c.promover el crecimiento de los mercados interno y regional y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas sostenibles para el acceso a los mercados internacionales;
d.promover el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales para lograr un mayor valor agregado, identificar inversiones e integrarlas a la producción;
e.promover un ambiente propicio para la creación, el crecimiento y la transformación de empresas sobre una base sostenible que combine la búsqueda legítima de su crecimiento con la necesidad de un desarrollo que respete la dignidad humana, la sostenibilidad del medio ambiente y el trabajo decente;
f.promover las condiciones básicas para el desarrollo de empresas sostenibles, englobando el conjunto de factores previstos en la Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles de la OIT, 2007.
CAPÍTULO II
DERECHOS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 4
No discriminación
1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, conforme a la legislación vigente y las prácticas nacionales, la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de sexo, etnia, raza, color, ascendencia nacional, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, edad, credo, opinión y actividad política y sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social, familiar o personal.
2. Todo trabajador percibirá igual salario por trabajo de igual valor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en cada Estado Parte.
3. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo que respecta a los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo.
ARTÍCULO 5
Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres
Los Estados Partes se comprometen, conforme a la legislación y las prácticas nacionales, a fomentar las políticas públicas con miras a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el trabajo, en particular en lo que atañe al acceso al empleo o actividad productiva, y no discriminación en el acceso a puestos de relevancia en las empresas e instituciones públicas, remuneración, condiciones de trabajo, protección social, educación, calificación profesional y conciliación de obligaciones laborales y familiares, y el ejercicio del derecho a sindicalización y a negociación colectiva.
ARTÍCULO 6
Igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores con discapacidad
1. Las personas con discapacidad serán tratadas de forma digna y no discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y laboral.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar y articular medidas efectivas, especialmente en lo que se refiere a la educación, calificación, readaptación y orientación profesional, a la accesibilidad y a la percepción de bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan posibilidad de desempeñar una actividad productiva en condiciones de trabajo decente.
ARTÍCULO 7
Trabajadores migrantes y fronterizos
1. Todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, tienen derecho a la asistencia, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo, así como derecho de acceso a los servicios públicos reconocidos a los nacionales del país en el que estuvieren ejerciendo sus actividades, de conformidad con la legislación de cada país.
2. Los Estados Partes tendrán en cuenta los derechos establecidos en el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile y los demás instrumentos complementarios que se suscriban, de los que sean Partes.
3. Los Estados Partes se comprometen a adoptar y articular medidas tendientes al establecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de dichos trabajadores, en los términos de los acuerdos específicos para esta población, sobre la base de los derechos reconocidos en los acuerdos de residencia e inmigración vigentes.
4. Los Estados Partes se comprometen, asimismo, a desarrollar acciones coordinadas en el campo de la legislación, de las políticas laborales, de las instituciones migratorias y en otras áreas afines, con vistas a promover la libre circulación de los trabajadores y la integración de los mercados de trabajo, en forma compatible y armónica con el proceso de integración regional.
ARTÍCULO 8
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
1. Toda persona tiene derecho a un trabajo libremente elegido y a ejercer cualquier oficio o profesión, de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma de trabajo forzoso u obligatorio exigido a un individuo bajo amenaza de sanción y para el cual no se haya ofrecido espontáneamente.
3. Los Estados Partes se comprometen, asimismo, a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda utilización de mano de obra que propicie, autorice o tolere el trabajo forzoso u obligatorio.
4. Los Estados Partes se comprometen, de modo especial, a suprimir toda forma de trabajo forzoso u obligatorio o degradante que pueda ser utilizado:
a) como medio de coerción o de educación política, o como castigo por no tener o expresar, el trabajador, determinadas opiniones políticas, o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;
b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;
c) como medida de disciplina en el trabajo;
d) como castigo por haber participado, el trabajador, en actividades sindicales o huelgas;
e) como medida de discriminación racial, social, nacional, religiosa o de otra naturaleza.
ARTÍCULO 9
Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al trabajador adolescente
1. La edad mínima de admisión al trabajo será aquella establecida por las legislaciones nacionales de los Estados Partes, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad obligatoria.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar políticas y acciones que conduzcan a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para el ejercicio de actividad laboral.
3. El trabajo de los adolescentes será objeto de protección especial por los Estados Partes, especialmente en lo que concierne a la edad mínima para el ingreso al empleo o trabajo y a otras medidas que posibiliten su pleno desarrollo físico, intelectual, profesional y moral.
4. La jornada de trabajo de los adolescentes, limitada conforme a las legislaciones nacionales de los Estados Partes, no admitirá su extensión mediante la realización de horas extras y bajo ningún concepto se permitirá su realización en horarios nocturnos.
5. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que los adolescentes ejecuten trabajos que, por su naturaleza o circunstancias, sean susceptibles de perjudicar la salud, la seguridad y la moral.
6. La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características antes señaladas no podrá ser inferior a los 18 años.
ARTÍCULO 10
Derechos de los empleadores
Los empleadores, de conformidad con la legislación nacional vigente en cada Estado Parte, tienen el derecho de crear, organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa.
ARTÍCULO 11
Jornada
Todo trabajador tiene derecho a la jornada no superior a ocho horas diarias, en conformidad con las legislaciones nacionales vigentes en los Estados Partes y lo dispuesto en el convenio o acuerdo colectivo de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones específicas para la protección de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.
ARTÍCULO 12
Descanso, licencia y días feriados
1. Todo trabajador tiene derecho al reposo diario, dentro y entre jornadas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en los Estados Partes.
 2. Los trabajadores, de acuerdo a su modalidad de contratación, tendrán derecho a un día de reposo semanal remunerado, preferentemente los domingos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en los Estados Partes.
 3. Todo trabajador tiene derecho al goce de licencia anual remunerada, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en los Estados Partes.
 4. Todo trabajador tiene derecho a los días feriados establecidos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en los Estados Partes.
 5. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el goce efectivo de estos derechos por parte de los trabajadores.
ARTÍCULO 13
Licencias
 1. Todos los trabajadores tienen derecho a gozar de licencias remuneradas y no remuneradas, de conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte y en los convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
 2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar y articular las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de este derecho por parte de los trabajadores.
ARTÍCULO 14
Remuneración
1. Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo de conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte, suficiente para atender a sus necesidades y a las de su familia.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de estos derechos por parte de los trabajadores.
ARTÍCULO 15
Protección ante el despido
Todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada en caso de despido, de conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte.
Los Estados Partes asegurarán disposiciones en sus legislaciones que contemplen este derecho.
CAPÍTULO III
DERECHOS COLECTIVOS
ARTÍCULO 16
Libertad sindical
1. Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a dichas organizaciones, de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la creación y gestión de las organizaciones constituidas, además de reconocer su legitimidad en la representación y la defensa de los intereses de sus representados.
3. Los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo.
4. Los Estados Partes deberán garantizar a los trabajadores:
a) la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación, sin que esto comprometa el ingreso a un empleo, su continuidad o la oportunidad de ascenso en el mismo;
b) la protección contra despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales;
c) el derecho a ser representados sindicalmente, conforme a la legislación, convenios y acuerdos colectivos de trabajo vigentes en los Estados Partes.
5. Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos para asegurar el derecho a la creación y a la gestión de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de reconocer la legitimidad en la representación y en la defensa de sus representados en los diferentes ámbitos.
ARTÍCULO 17
Negociación colectiva
1. Los empleadores o sus organizaciones representativas, incluso los del sector público, las organizaciones representativas de trabajadores, incluso las del sector público, tienen derecho a negociar y celebrar convenios y acuerdos colectivos para regular las condiciones de trabajo, de acuerdo a las legislaciones y prácticas nacionales de los Estados Partes.
2. Los Estados Partes se comprometen a facilitar mecanismos para fomentar el ejercicio de la negociación colectiva en sus diferentes ámbitos.
ARTÍCULO 18
Huelga
1. Los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, atendiendo a las disposiciones nacionales vigentes en cada Estado Parte.
2. Los mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad.
ARTÍCULO 19
Promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de conflictos
Los Estados Partes se comprometen a fomentar y articular la creación de mecanismos válidos de autocomposición de conflictos individuales y colectivos de trabajo, mediante procedimientos independientes, imparciales y voluntarios, con el objetivo de mejorar el clima organizacional y la armonía en el ambiente laboral; la disminución del costo y del tiempo de duración del conflicto.
ARTÍCULO 20
Diálogo social
1. Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en el ámbito nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables para el crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y para la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos.
2. La consulta permanente, practicada sobre las bases efectivas del tripartismo previsto en el Convenio 144 de la OIT, debe permitir el examen conjunto de cuestiones de interés mutuo, a fin de alcanzar, en la medida de lo posible, soluciones aceptadas de común acuerdo.
3. La consulta tiene como objetivo general incentivar la comprensión mutua y las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, con el objetivo de promocionar el diálogo social y la posibilidad de generar acuerdos marco de trabajo como elementos esenciales para la consolidación de una sociedad democrática, plural y justa.
CAPÍTULO IV
OTROS DERECHOS
ARTÍCULO 21
Centralidad del Empleo en las Políticas Públicas
Los Estados Partes reafirman la centralidad del empleo en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo sostenible de la región.
ARTÍCULO 22
Fomento del empleo
Los Estados Partes se comprometen a promover y a articular el desarrollo económico, la ampliación de los mercados interno y regional, y poner en práctica las políticas activas referentes al fomento y creación del empleo a fin de elevar el nivel de vida y corregir los desequilibrios sociales y regionales.
ARTÍCULO 23
Protección de los desempleados
Los Estados Partes se comprometen a instituir, mantener y mejorar mecanismos o sistemas de protección contra el desempleo, compatibles con las legislaciones y las condiciones internas de cada país afectado por la desocupación involuntaria y al mismo tiempo facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios de reubicación y a programas de recalificación profesional que faciliten su retorno a un empleo o a una actividad productiva, a fin de garantizar la inclusión social.
ARTÍCULO 24
Formación profesional para trabajadores empleados y desempleados
1. Todo trabajador tiene derecho a la educación, orientación, formación y calificación profesional sistemática y continuada a lo largo de su vida laboral.
2. Los Estados Partes se comprometen a instituir, con las entidades involucradas que voluntariamente así lo deseen, servicios y programas de formación, calificación y orientación profesional continua y permanente, a fin de permitirle a los trabajadores obtener las calificaciones exigidas para el desempeño de una actividad productiva, perfeccionar, reciclar y actualizar los conocimientos y habilidades considerando fundamentalmente las modificaciones resultantes del progreso técnico.
3. Los Estados Partes se comprometen a implementar Servicios Públicos de Empleo instalando oficinas de empleo en sus territorios y adoptarán medidas destinadas a promover la articulación entre los programas y servicios de orientación, formación y capacitación profesional, las actividades de intermediación laboral, la protección de los desempleados y otros componentes del sistema público de empleo, con el objetivo de mejorar el acceso de los trabajadores a los puestos de trabajo.
4. Los Estados Partes se comprometen, además, a garantizar la efectiva información sobre los mercados de trabajo y su difusión tanto a nivel nacional como regional.
ARTÍCULO 25
Salud y seguridad en el trabajo
1. Los Estados Partes deberán, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, formular, planificar, implementar, controlar y evaluar periódicamente, un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo, que garantice la mejora continua de las condiciones y del ambiente del trabajo.
2. Las instituciones gubernamentales responsables del sistema de salud y seguridad en el país deberán crear canales permanentes de consulta a las representaciones de trabajadores y empleadores que permitan su participación efectiva en la elaboración e implementación de políticas nacionales de condiciones y medio ambiente de trabajo.
3. El sistema de seguridad y salud deberá disponer de mecanismos de notificación obligatoria de los accidentes y enfermedades laborales que permitan la elaboración de estadísticas anuales sobre la materia, debiendo estar disponiblespara el conocimiento del público interesado.
4. Los Estados Partes deberán instituir, mantener y fortalecer los servicios de inspección de trabajo, dotándolos de los recursos materiales y legales necesarios para que hagan posible un desempeño efectivo en el control de las condiciones y el medio ambiente de trabajo para una protección adecuada de la salud física y psíquica de los trabajadores.
5. El sistema de salud y seguridad en el trabajo deberá prever el acceso a la orientación, educación, formación e información en materia de salud y seguridad en el trabajo, disponibles para trabajadores, empleadores y especialistas del área.
6. El sistema de salud y seguridad en el trabajo deberá prever la participación de trabajadores y empleadores en el ámbito de las empresas con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades originadas en el trabajo, de forma de hacer compatible, permanentemente, el trabajo con la preservación de la vida y la promoción de la salud de los trabajadores.
7. La legislación y las prácticas nacionales deberán garantizar que la fabricación, uso, cesión a título oneroso o gratuito de máquinas, equipamientos y tecnologías, sean seguros.
8. La adopción de medidas de protección contra los riesgos ocupacionales y el sistema de salud y seguridad en el trabajo deberán crear condiciones que privilegien las acciones de carácter colectivo. Cuando las medidas colectivas no fueren suficientes para el control de riesgos, o mientras estuvieren siendo implementadas o en situaciones de emergencia, las empresas deberán proporcionar a los trabajadores, gratuitamente, equipos de protección individual adecuados para los riesgos y en perfecto estado de conservación y funcionamiento e instruirlos para su uso.
9. El sistema de seguridad y de salud deberá crear controles adecuados de sustancias, procedimientos y tecnologías que, en base a la evidencia científica, puedan producir efectos graves sobre la salud de los trabajadores.
10. Las legislaciones nacionales deberán prever que las empresas extranjeras instaladas en los países del MERCOSUR deben cumplir las mismas condiciones de salud y seguridad que las empresas del MERCOSUR.
Los Estados Partes promoverán que cuando estas empresas dispongan de estándares superiores en sus casas matrices o filiales, estos sean aplicados en los países del MERCOSUR.
11. La legislación y las prácticas nacionales deberán garantizar que los trabajadores puedan negarse a desarrollar sus actividades laborales siempre que existan condiciones de riesgo grave e inminente, sin perjuicio para ellos, de acuerdo a la legislación y usos nacionales.
12. Los Estados Partes reconocerán el derecho a la información de los trabajadores sobre los riesgos permanentes en los diversos procesos de trabajo y las medidas adoptadas para su control o eliminación.
13. La legislación y las prácticas nacionales deberán prever los servicios competentes de salud y seguridad en el trabajo con el objetivo de asesorar a los empleadores y trabajadores en la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales.
ARTÍCULO 26
Inspección de trabajo
Los Estados Partes se comprometen a instituir y a mantener servicios de inspección del trabajo, con el propósito de asegurar, en sus respectivos territorios, la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo las convenciones internacionales ratificadas, los convenios y acuerdos colectivos de trabajo y las Decisiones CMC Nº 32/06 y 33/06, en lo concerniente a la protección de los trabajadores y a las condiciones de trabajo.
ARTÍCULO 27
Seguridad social
1. Los trabajadores tienen derecho a la seguridad social, en los niveles y condiciones previstos en las respectivas legislaciones nacionales, observando, en relación con los trabajadores de los Estados Partes, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR.
2. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, mediante políticas públicas articuladas y universales, una red mínima de protección social a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, frente a las contingencias sociales adversas, especialmente las motivadas por enfermedad, discapacidad, invalidez, vejez y muerte.
CAPÍTULO V
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 28
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos fundamentales contenidos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las practicas nacionales, las convenciones internacionales de trabajo ratificadas, los contratos, convenios y acuerdos colectivos de trabajo y los actos normativos del MERCOSUR pertinentes a estos derechos fundamentales.
2. Para atender a estos objetivos los Estados Partes mantienen, como parte integrante de esta Declaración, a la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, órgano tripartito, auxiliar del Grupo Mercado Común, dotado de instancias nacionales y regionales, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplicación de este instrumento.
3. La Comisión Sociolaboral del MERCOSUR se manifestará por consenso de los tres sectores, y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a)         definir y desarrollar permanentemente metodologías orientadas a promover la difusión, aplicación y efectivo cumplimiento de la Declaración, así como evaluar las repercusiones socioeconómicas del instrumento;
b)         examinar, comentar y canalizar los informes periódicos, cuyos temas deben ser previamente definidos en el ámbito regional de la Comisión, preparados por los Estados Partes;
c)         analizar los informes presentados periódicamente por los Estados Partes sobre el cumplimiento de los derechos y compromisos contenidos en la Declaración;
d)         elaborar, en base a los informes anteriormente mencionados, análisis, diagnósticos, informes y memorias sobre la situación de los Estados Partes, tomados individualmente y/o como Bloque, en relación a los derechos y compromisos que constan en la Declaración;
e)         formular planes, programas de acción y proyectos de recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y el cumplimiento de la Declaración y elevarlos al Grupo Mercado Común para su aprobación u orientación a las autoridades y esferas nacionales y regionales competentes. En el ámbito nacional se buscará que estos programas, recomendaciones y cursos de acción tendientes al cumplimiento de la Declaración se integren en todos los programas de promoción de los derechos fundamentales del trabajo;
f)          examinar observaciones, consultas, dudas, dificultades e incorrecciones presentadas por organizaciones representativas de trabajadores, empleadores y gobiernos, concernientes a la aplicación y cumplimiento de la Declaración y proporcionar las aclaraciones y orientaciones necesarias;
g)         efectuar y recibir proposiciones, acuerdos y compromisos para elevar al Grupo Mercado Común con el fin de mejorar la aplicabilidad de los principios y derechos de la Declaración;
h)         examinar y presentar las propuestas de modificación de la Declaración y darles el curso pertinente.
4. Las formas y mecanismos de canalización de los asuntos listados anteriormente, así como el modo de interacción de las instancias nacionales y regionales de la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, serán adoptados por los reglamentos internos de dichas instancias de acuerdo a la forma prevista en el art. 34.
5. El examen de las observaciones, consultas y dudas a que se refieren los literales "c”, "d”, "f” e "g” del ítem 2 deberán atender a los siguientes procedimientos:
a)         envío a la comisión regional, la cual las remitirá para su examen previo a la comisión nacional del respectivo Estado Parte;
b)         de no haber consenso en la sección nacional de la Comisión, la solicitud será devuelta, instruida de las razones presentadas por los sectores presentes en la forma del Reglamento Interno, para examen de la comisión regional.
ARTÍCULO 29
Informes de los Estados Partes
1. Los Estados Partes deberán elaborar, por intermedio de sus Ministerios de Trabajo y en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales sobre:
a) información sobre la normativa vigente y prácticas nacionales relacionadas a la implementación de principios, derechos y compromisos enunciados en esta Declaración;
b) la indicación de políticas, programas y acciones adoptados por los Estados Partes para llevar a cabo el cumplimiento de los derechos y compromisos de la Declaración;
c) el análisis de los efectos resultantes de la aplicación de la Declaración en la promoción del trabajo decente y productivo en los Estados Partes, en especial con relación a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores;
d) el relato de las dificultades y obstáculos enfrentados en la aplicación de la Declaración;
e) la indicación de medidas tendientes a perfeccionar la Declaración e impulsar su cumplimiento.
2. Las memorias deberán tratar un Capítulo cada año, siguiendo lo dispuesto en el ítem 1 en su elaboración y de acuerdo al estándar definido en el Reglamento Interno.
ARTÍCULO 30
Reuniones
La Comisión Sociolaboral del MERCOSUR deberá reunirse de forma ordinaria, por lo menos, dos veces al año para analizar los informes elaborados por los Estados Partes y preparar informes y proyectos de recomendación para ser elevados al Grupo Mercado Común.
ARTÍCULO 31
Ámbito de aplicación
1. Esta Declaración se aplica a todos los habitantes de los Estados Partes.
2. Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos contenidos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con las convenciones internacionales ratificadas, actos normativos del MERCOSUR pertinentes a la misma, la legislación y demás prácticas nacionales, convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
3. Los Estados Partes subrayan que esta Declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, siendo vedada, en particular, su aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, todas las personas físicas y jurídicas, para participar de proyectos financiados con fondos del MERCOSUR, deberán observar el contenido de los derechos expresados en esta Declaración, según los criterios establecidos o que se establezcan en los reglamentos de los fondos correspondientes.
ARTÍCULO 32
Revisión de la DSL
Los Estados Partes acuerdan que esta Declaración, teniendo en cuenta el carácter dinámico de su contenido y el avance del proceso de integración regional, será objeto de revisión, transcurridos seis años de su adopción, con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 33
Financiamiento
Los Estados Partes acuerdan activar los mecanismos necesarios con el objetivo de alcanzar el financiamiento para el funcionamiento de la Comisión Sociolaboral.
ARTÍCULO 34
Reglamento Interno
1. La Comisión Sociolaboral del MERCOSUR adoptará en sus instancias nacionales y regionales, por consenso, sus reglamentos internos, sometiéndolos a la aprobación del Grupo Mercado Común.

2. La adopción mencionada en el ítem 1 de este artículo deberá ocurrir en el plazo de un año, prorrogable por igual período, a partir de la fecha de la firma de la Declaración revisada.