Fuente: Pagina 12
versión digital 18.2.2020
La larga huelga en Petrobras pone contra las cuerdas a Bolsonaro
Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes.
Por Dario Pignotti
Con sus mamelucos color naranja los
trabajadores de Petrobras cumplieron 18 días de una huelga que incomoda (y
mucho) al régimen capitaneado por Jair Bolsonaro. El expresidente y otrora
líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, él también de overol anaranjado,
posteó este martes una foto de apoyo a la medida de fuerza en las redes
sociales.
Es el primer paro de envergadura en lo
que va de este gobierno y afecta a la empresa más importante del país: que 2019 alcanzó su
record productivo con 2,7 millones de barriles de crudo diarios.
El juez del Tribunal Superior del
Trabajo, Ives Gandra Martins Filho, declaró ilegal la medida de fuerza, además
de autorizar el despido por "justa causa" de los huelguistas y el
descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción
tuvieron el carácter de un ultimátum.
Para reventar al gremio el magistrado,
ligado al Opus Dei y a una familia que participó en la dictadura, estipuló una
multa de 130 mil dólares diarios si no se cumple su fallo.
La Federación Única de los Petroleros
(FUP), formada por nueve gremios, no se acobardó. Ratificó el plan de acción
por tiempo indeterminado y le respondió al juez que "la huelga es un
derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la
Constitución de 1988". En su último boletín FUP informó que cuenta con la
adhesión de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de
cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas
y una planta de fertilizantes.
Uno de los reproches que el juez
bolsonarista Gandra Martins Filho les enrostró a los trabajadores es el de
llevar a cabo una medida de carácter "político". Se trata de una
imputación que los gremialistas lejos de rechazar, reivindican como legítima.
Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de
la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un
ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes,
quien ha declarado en repetidamente, incluso ante banqueros estadounidenses ,
que si por él fuera vendería toda petrolera de un solo golpe, en lugar
de entregarla en partes a través de las licitaciones de los pozos.
La FUP también exige que no sean
despedidos mil empleados, entre ellos los de la fábrica de fertilizantes de
Aracucaria , en el sureño estado de Paraná.
Con el correr de los días el
movimiento, iniciado en un relativo aislamiento, fue ganando fuerza
principalmente en Río de Janeiro, donde tiene sede la estatal y se encuentran
los mayores recursos energéticos del país, especialmente los gigantescos campos
de pre-sal en aguas ultraprofundas descubiertos a partir de 2007, cuando Lula
era presidente y Dilma Rousseff ocupaba la jefatura de gabinete, tras haber
sido ministra de Minas y Energía.
Hasta el momento hay trabajadores en
paro activo, con ocupación de plantas y oficinas, en trece estados mientras la
empresa contrató a trabajadores temporarios para garantizar un piso de
producción.
Los dirigentes de la FUP denunciaron la
"desnacionalización" en marcha a través de la virtual entrega de las
reservas del pre-sal y el programa de "desinversiones"
ejecutado por Castelho Branco que no sólo suspendió los programas para
construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de
actividad, u operando parcialmente.
Con esto se induce a la importación de
nafta y diesel en un país que podría ser autosuficiente: y en lugar de exportar
productos refinados se vende al exterior petróelo crudo.
Asimismo el plan de lucha
denuncia la política de precios orientada por el valor internacional del
barril, que es muy superior al del petróleo extraído en los campos de aguas
ultraprofundas o al ras del fondo del mar. Ese encarecimiento, explica
la FUP, es para aumentar el lucro de los accionistas privados, en particular
los tenedores de títulos vendidos en la Bolsa de Nueva York.
Para sensibilizar a la población los
petroleros instalaron puestos de venta de garrafas de gas a 30 reales (7,5
dólares) en lugar de los 80 reales (20 dólares) que es el precio impuesto por
Petrobras siguiendo al mercado externo.
Ganar las mentes y corazones de los
consumidores, esto es de la opinión pública, es primordial para que los
trabajadores pueden continuar adelante con su pelea.
Un dato clave es el tiempo: se estima
que a partir de la semana próxima comenzará a haber desabastecimiento de
combustibles y esto podrá ser utilizado por la propaganda gubernamental para
descalificar a los huelguistas.
Los grandes medios privados son aliados
de Bolsonaro y el ministro Guedes en su plan de
privatización-desnacionalización de Petrobras y enemigos de la FUP, ignorando
casi por completo sus comunicados de prensa. Fue por ello que la semana pasada
un grupo del sindicato se reunió frente a los estudios de la TV Globo, en Río,
exigiendo que se les garantice el derecho a comunicar sus motivos ante el gran
público.
Si el paro sobrevive no se descarta que
se convierta en la chispa que contagie otros reclamos contenidos. Un sector que
parece pronto a explotar es el de los camioneros, los que luego de apoyar a
Bolsonaro en las elecciones ahora están desengañados por el incremento del
gasoil, y ya realizaron un acto de protesta el lunes frente al puerto de
Santos, en San Pablo, el más importante del país y otro en la Plaza de los Tres
poderes, en el centro de Brasilia.
