Avanza la bicameral investigadora sobre las complicidades económicas con la dictadura

La derogacion de 25 articulos de la Ley de Contrato de Trabajo y la reforma regresiva de otros 75 mas la prohibición de la actividad sindical, el congelamiento de la negociacion colectiva, la represion de la huelga y la criminalización de su ejercicio, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la desaparición de miles de delegados y  activistas sociales son la prueba irrefutable de la complicidad sumada a un plan economico devastador y que favorecio al capital concentrado. 

Luis Raffaghelli

fte.P12  29.10.2014

“Derecho a la defensa contra la amnesia”

La iniciativa del diputado Héctor Recalde obtuvo ayer dictamen favorable en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja. El proyecto será discutido ahora por las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto.

Por Miguel Jorquera

Recalde, autor del proyecto; Verbitsky, el principal expositor en la reunión de ayer.

La Cámara de Diputados avanzó ayer en la creación de la comisión bicameral investigadora sobre las complicidades económicas durante al dictadura. El oficialismo emitió dictamen favorable al proyecto del diputado y abogado laboralista Héctor Recalde en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. La UCR acompañaría la iniciativa, mientras el Frente Renovador presentó su propio proyecto, el PRO no adhirió a la propuesta y Elisa Carrió abandonó la sala sin pronunciarse. El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky; el investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona; ex trabajadores de Ford y de Acindar de Villa Constitución (Santa Fe), torturados y reprimidos durante la dictadura cívico-militar, expusieron ante los diputados su apoyo a la creación de la bicameral, que ahora debe pasar por las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto.

El proyecto presentado por Recalde crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la Ultima Dictadura Militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia. La iniciativa apunta a elaborar un informe detallado sobre el accionar de empresas privadas y actores económicos y financieros que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad y que se beneficiaron con la política económica y el terrorismo de Estado implementado por la dictadura.

“Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad, porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó Recalde. La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar “la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”, describe el proyecto de creación de la bicameral que deberá emitir un informe en 180 días de conformada y que abarcará el período que va desde el golpe del 24 de marzo del ’76 hasta 1983, cuando los militares abandonaron el poder.

Aunque por sugerencia de los propios expositores y diputados, también se propondrá en los fundamentos del proyecto avanzar en paralelo con una investigación similar durante la etapa neoliberal de la década del ’90.

“La democracia avanzó en la responsabilidad de quienes ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Pero no hizo lo mismo con otros partícipes, impulsores y beneficiarios” de estos delitos, destacó Verbitsky ante los diputados, para celebrar la iniciativa legislativa. El periodista argumentó que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se juzgó a las juntas militares, pero que por el “contexto político, en pleno apogeo del neoliberalismo, no se pudo avanzar” con las complicidades del poder económico. “Ahora sí se puede avanzar”, agregó para concluir que “hoy estamos viendo un desprecio del poder económico con la democracia que tiene que ver con la impunidad que gozan”.

“Analizar la dictadura sin el componente económico es imposible”, insistió Verbitsky, quien leyó un párrafo de la carta abierta del periodista y escritor Rodolfo Walsh al año de la dictadura militar, donde describe como “gran síntesis” –agregó el presidente del CELS– la transferencia económica de toda la sociedad a las grandes corporaciones. Además de dejar al presidente de la comisión, el kirchnerista Alfredo Dato, su libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos, coeditado con el abogado Juan Pablo Bohoslavsky, hoy relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la deuda externa.

En tanto, Alejandro Olmos Gaona, que asesoró al presidente ecuatoriano Rafael Correa en la investigación de la deuda externa de su país, pidió ampliar la investigación hasta la década del ’90. “Los grupos económicos sostuvieron la dictadura y el plan económico de los ’90”, afirmó y apuntó a empresas de “Franco y Mauricio Macri, Perez Companc, Citibank, Techint y Ford”. Olmos Gaona aseguró que durante los ’90 se firmaron los “peores” contratos de endeudamiento a favor del sector privado.

Tomás Ojeda Quintana, querellante en una causa por el secuestro y tortura de veinte delegados y otros cinco trabajadores de Ford durante la dictadura, reclamó por la iniciación del juicio oral y público a tres directivos de la automotriz que todavía no tiene fecha. Pedro Troiani, ex delegado de Ford, contó que fue torturado por los militares en el propio quincho de la empresa, que luego de los secuestros y más despidos aumentó la producción de los Ford Falcon, que le vendían a la dictadura, de 200 a 250 por turno.

Victorio Paulón, ex secretario de la OUM de Villa Constitución, relató cómo Acindar, tras la represión desatada meses antes de la dictadura, que dejó un saldo de “30 compañeros muertos, otros 300 trabajadores que fueron encarcelados y mil despedidos”, eliminó a 35 empresas competidoras “algunas con la misma metodología utilizada en Papel Prensa” –afirmó– para pasar a dominar el monopolio siderúrgico junto a Techint. Claro que Acindar aportó a la dictadura como ministro de Economía al presidente de su directorio, José Alfredo Martínez de Hoz.

En tanto, Carlos Manestes, docente y dirigente de la CTA porteña, relató su experiencia como trabajador gráfico durante la dictadura. Tras sufrir un accidente de trabajo y ya como delegado de una subsidiaria de Arcor fue secuestrado, recluido y adormecido en una clínica privada, mientras la empresa despedía a sus trabajadores. La misma compañía mentora de la Fundación Mediterránea, desde donde Domingo Cavallo –con su tarea como funcionario de la dictadura y como ministro de Carlos Menem– contribuyó a su consolidación como una de las fuertes del país en el rubro alimentación. Varios ejemplos que estarán en la agenda de la bicameral investigadora, tras su creación.

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APARECIO EL LIBRO "TRABAJO Y DERECHOS" Obra colectiva dirigida por Moises Meik

Es una obra colectiva dirigida por el Prof. Moises Meik de la Univ. Nacional de La  Plata  y coordinada por el Prof. Guillermo Contrera de la Univ.Nacional de La Matanza quienes tambien tuvieron a su cargo capitulos de la obra. Son autores ademas la Dra. Laura Contrera y Viviana Dobarro ambas profesoras de Histora del Trabajo y de Derecho del Trabajo en las Univ. de La  Matanza y Buenos Aires respectivamente. Tambien los Dres. David Duarte y Luis Raffaghelli Profesores de la Univ. de Buenos Aires y de la Escuela de Justicia de la Nación. La obra fue cuidadosamente editada e impresa por Editora Platense a cargo de Enrique y Eduardo Bonatto. La tapa fue diseñada por el Lic. Santiago Raffaghellli.

La defensa de la estabilidad laboral en Italia frente al desafio de amparar a los trabajadores en precariedad

Parte del sindicalismo italiano defiende la estabilidad laboral conseguida. El desafio radica en como mantener esa conquista pero ampliar los derechos a los que estan en situacion de precariedad laboral que constituyen una parte significativa de los trabajadores de hoy en Italia.

Lo se por experiencia personal. Mi hija una calificada investigadora no ha podido acceder a los beneficios del trabajo estable y permanente, estando pendiente de la renovación temporal de sus vinculaciones con instituciones educativas luego de varios años de labor.

Luis Raffaghelli

 

 

Fte:P12-25.10.2014

Italia se moviliza contra la reforma laboral de Renzi

Convocadas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), miles de personas marcharon hasta la Piazza San Giovanni para rechazar la modificación de la legislación que protege contra los despidos arbitrarios a los profesionales de empresas con más de 15 empleados, y avala su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados a sus puestos.

La líder de la CGIL, Susanna Camusso, adelantó que su movimiento continuar+a con su iniciativa contra la reforma laboral "con todas las formas necesarias", es decir que no descartó una huelga general. La dirigente gremial marchó detrás de una pancarta con el lema "Trabajo, dignidad, igualdad para cambiar Italia".

Entre los puntos más pol?micos de la reforma de Renzi está la modificación del Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores del 20 de mayo de 1970, que protege a los profesionales de empresas con más de 15 empleados contra los despidos improcedentes y avala su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo.
Algunos manifestantes comenzaron a entonar la canción "Bella ciao" -cantada por los partisanos durante la II Guerra Mundial en su lucha contra las tropas fascistas- y en la calles se pudo ver también a trabajadores de la Ópera de Roma despedidos recientemente.
"Para crear empleo hay que cambiar la política económica", se lee en la convocatoria de la CGIL, que se interpreta como una prueba de fuerza del principal sindicato del país contra la senda de reformas impulsadas por el Gobierno del Partido Demócrata (PD) de Renzi.
El Gobierno de Silvio Berlusconi ya había intentado modificar el Artículo 18 y provocó una huelga general y una de las manifestaciones más numerosas del país con cerca tres millones de personas. Hoy algunos responsables de la CGIL dijeron que esperan que se llegue a reunir a un millón de personas en Roma, donde se han trasladado decenas de autobuses con simpatizantes del sindicato para participar en la manifestación.

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Nuevos protocolos para investigar la complicidad empresaria con la dictadura

“La motivación económica de la represión ilegal”

En esta entrevista, Carolina Varsky y Judith König explican que los procedimientos estandarizados en el protocolo permiten acceder a datos para “evaluar la participación que tuvieron los directivos de las empresas y el beneficio económico obtenido”.

Por Alejandra Dandan

 

König dirige la Oficina de Investigación Económica (Ofinec) y Varsky es coordinadora de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad.

“Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En general, esto es información pública, así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la Inspección General de Justicia y, además, en algunos casos se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en los protocolos. Lo que pretendemos es poder evaluar la participación que tuvieron en la represión ilegal tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido”, dice Judith König, contadora y directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (Ofinec). La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Ofinec crearon un protocolo destinado a fiscales de todo el país para investigar la responsabilidad empresaria en los crímenes de la dictadura. Una de las novedades es que las investigaciones que hasta ahora hacían los abogados sumarán la mirada de especialistas en libros contables. Dos equipos ya están trabajando. Uno por la Procuración y otro por la Ofinec. Carolina Varsky, que coordina el primer espacio, y König explican las hipótesis con que están avanzando y adelantan algunos resultados en casos como los de Loma Negra y La Nueva Provincia.

“Cuando empezamos a cruzar el trabajo de la Procuraduría con las necesidades que surgían en las causas de lesa humanidad en las que había empresas denunciadas, nos dijimos: tiene que haber alguna forma distinta de trabajar –dice Varsky–. En ese momento, nos dividimos el trabajo con la Ofinec, que empezó a hacer el aporte en materia contable. Por otro lado, noso-tros ya avanzábamos desde el punto de vista más tradicional. Muchas de las declaraciones ocurridas durante el Juicio a las Juntas, por ejemplo, ya hablaban de las empresas, sin embargo, esto estaba más invisibilizado porque se ponía el eje en visibilizar a represores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o las víctimas. Y no se prestaba atención a que las personas contaban que era delegado sindical de una empresa. O que esa empresa tenía a su vez otras tantas víctimas desa-parecidas. Nuestro aporte en este momento es darle una segunda mirada a lo ya recolectado y seguir buscando en otros archivos que todavía no fueron consultados.”

–¿Como por ejemplo?

Varsky: –Los archivos de los sindicatos, el Archivo General de la Nación, las causas 20.840 (los expedientes de actividades subversivas realizados por la dictadura), testimonios brindados en los ’80 ya sea ante Conadep, en el Juicio a las Juntas o los que derivaron después.

–Puede decirse que plantean dos abordajes: por un lado el análisis de los “hechos de sangre”, y por otro el análisis contable.

Varsky: –Lo que tiene de novedoso esto es que existe un área poco explorada en las causas de lesa humanidad por los fiscales que integran generalmente las unidades de derechos humanos. Estaban acostumbrados a investigar delitos “de sangre”: es decir, el secuestro, la desaparición, la tortura, la reducción a la servidumbre, los homicidios, la sustracción de menores. Todo tiene que ver con delitos de sangre. Y no miraban la parte contable. Esa es la idea del protocolo: frente a esa situación, vimos que se está dando un patrón común que muestra que en varias jurisdicciones hubo empresas que podrían tener alguna responsabilidad en las desapariciones, en la apropiación de bienes, en los homicidios. Ante esa situación, el fiscal, además de pedir el legajo Conadep de tal víctima, tiene que pedir diversas medidas para que las pueda analizar el contador.

König: –Y a nivel empresarial lo que buscamos son los balances. Pero las dos cosas son penales. Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En estos casos, se busca qué reflejan esos estados contables. En general, esto es información pública así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la IGJ y, además, en algunos casos, se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en el protocolo: lo que pretendemos es que los fiscales conozcan todas las medidas que se pueden llevar a cabo y las fuentes de información que existen para conseguir los datos y poder evaluar la participación que tuvieron tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido.

–¿Cuál es la hipótesis con la que trabajan?

König: –Estudiamos la evolución de las distintas variables económicas a nivel nacional. Específicamente, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que en 1974 y 1975 alcanzó el 45 por ciento, y luego, con la dictadura, se produjo una abrupta caída en el nivel salarial de los trabajadores en el ingreso nacional. El “fifty-fifty”, como dice la Presidenta, cayó abruptamente ya desde junio del ’75. Y fue cayendo. Y llegó al 22 por ciento. Luego lo que estudiamos es cómo ese comportamiento macroeconómico se refleja a nivel empresarial. Hay empresas con mano de obra intensiva, donde lo que más pesa en los costos es la mano de obra. Pero el peso de la mano de obra, sea el porcentaje que sea, cayó entre un 50 y un 20 por ciento, depende del caso. O sea, buscamos verificar la motivación económica de estos delitos: si se verifica o no se verifica en el caso de cada empresa. Y en qué medida. Eso, en general, se encuentra en las cifras de los balances.

–¿Cuáles fueron los primeros casos que analizaron?

König: –Loma Negra y ahora Molinos. En Loma Negra se consiguió la documentación porque en un principio la empresa la aportó (NdR: son otros propietarios), pero en Molinos los fiscales hicieron directamente un allanamiento. Fuimos con ellos a la sede administrativa principal de la empresa, junto con la policía y secuestramos los libros que vimos necesarios. Ahora estamos analizándolos de modo contable. Con Loma Negra ya hicimos ese análisis. Y se verificaron las hipótesis. Pero es importante señalar que en cada caso hacemos el estudio de aquellas cuentas contables que tienen que ver con el caso en particular: como no sólo damos una mirada contable, sino que trabajamos con los fiscales y estamos al tanto del hecho de represión, buscamos los datos específicos en las cuentas. En Loma Negra estuvo la particularidad del abogado (NdR: el secuestro y el asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de los trabajadores) y la particularidad de una cuenta: un rubro contable en los libros de la empresa que se llama Previsión Ley 20.744, donde se agrupaban los importes que la empresa pensaba que iba a erogar en materia de indemnizaciones. No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos: vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho sucedió en el ’77, y para el año siguiente el importe bajaba. Eso está ubicado en Pasivos no Corrientes. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. No se extinguió, pero disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.

–¿Pero la enorme caída tuvo que ver con Moreno?

König: –Está más marcado con la extinción del factor litigante, digamos. En otros casos, estudiamos las variables que se dan en cada uno. Puede ocurrir que no tengamos desagregado lo contable como para desagregar el costo laboral. Depende del balance, sobre todo en esa época.

–¿Qué otros casos trabajaron?

König: –Estamos trabajando con los libros de La Nueva Provincia. Hicimos el estudio de la documentación que los fiscales secuestraron. Estamos buscando y analizando otra información, pero, por ejemplo, nos detuvimos en el nivel salarial y los sueldos de cada empleado. Comparamos la brecha entre los mejor remunerados y el peor remunerado, al comienzo y al final del período. Vimos que en 1976, el que menos ganaba recibía un 85 por ciento del que más ganaba. Al final del período, esa brecha era del 1400 por ciento.

–Parece un impacto directo del crimen: la desaparición de dos delegados gremiales.

Varsky: –Es que justamente es eso: los números van a importar de acuerdo con las víctimas. Porque hay empresas en las que hay víctimas desaparecidas. En Loma Negra hablamos de Moreno y allí está la reducción en el Fondo de Previsión. Distinto es el caso de víctimas secuestradas de la propia empresa. O cuando el imputado integra la empresa en lo cotidiano y no es un presidente al que no ve ningún empleado. Lo que se mide está vinculado con la causa penal. Todo ayuda a la causa penal, a establecer si existe o no responsabilidad o participación criminal de la empresa. Nosotros como abogados nos dedicamos a lo penal.

–¿Cuál es el peso de estos datos contables?

König: –Cuando alguien comete un ilícito que implica un enriquecimiento, un robo, por ejemplo, y se demuestra que no era de él y que lo obtuvo mediante una violencia, se lo decomisa y se lo restituye. En el caso de los delitos de represión ilegal, cuando la motivación era económica y se logró un beneficio, hay que cuantificarlo y eventualmente tomar medidas judiciales.

–¿Podrían llegar a una restitución?
König: –Claro, por eso es importante cuantificar el beneficio económico adicional obtenido.

“Mejoró la escucha”

–¿Cómo llegamos hasta acá?

Varsky: –Hasta ahora tenías históricamente los casos de Mercedes Benz y Ford, una con la comisión interna desaparecida, otra con un centro clandestino adentro. Luego aparecen Blaquier y los casos de Salta y Jujuy, con Minera el Aguilar y La Veloz del Norte. Y ahora en distintas jurisdicciones puede haber alguna empresa frente a la que se dice: “Ah, mirá, acá también”. Esto es resultado, también, de cómo mejoró la escucha y estar más atento a lo que alguna vez se dijo. Porque la característica sindical laboral de muchas víctimas siempre estuvo. Sólo que uno ponía el ojo en otra cosa. Ahora que los juicios están avanzados, que los debates son muy ricos, los testimonios de las víctimas son completos en cuanto a que no sólo cuentan que fueron secuestrados tal día, sino que avanzan y dicen que militaban en tal lugar, eran delegados de tal empresa... Todo eso enriquece y permite dimensionar la condición laboral y sindical de muchas víctimas. Y el rol que cumplieron las empresas donde esas víctimas trabajaban.

König: –Y el beneficio económico que tuvieron. Lo llamativo es que todo está en los balances. Muchos son públicos y están disponibles y estuvieron disponibles siempre. Y creo que es una cuenta que nos debíamos. Que estaban ahí y nadie hizo esa cuenta. Esos balances fueron mirados desde otro punto de vista. A los fines bursátiles. O para saber qué rentabilidad tuvo la empresa. Pero no para ver cómo bajó el costo laboral en ese período.

Hubo trabajos sobre el impacto de la represión entre los obreros.

König: –Pero hasta ahora no se hizo la cuenta en cada empresa y en el marco de cada causa penal. Un balance sirve para hacer correlaciones. En general, se analiza para ver si le dan un crédito a tal empresa o si conviene invertir o comprar acciones de esa compañía. Siempre la mirada fue otra. Es muy difícil que se mire desde el punto de vista del impacto social o de lo que pasó.

–¿Se hizo este trabajo en algún otro país en contextos represivos? ¿Alemania?

König: –En Alemania la cosa fue distinta, no ocurrió esto de hacer un estudio de los balances con este criterio.

Varsky: –En marzo hicimos una reunión sobre esta materia con fiscales de distintas jurisdicciones. Ahí surgió la necesidad de armar un protocolo; que el trabajo sea interdisciplinario y que haya un equipo como la Ofinec, porque se necesita una experticia.

–A la luz del protocolo, ¿puede decirse que ya hay un “patrón” sobre cómo fue esa relación entre empresas, Estado terrorista y crímenes?

Varsky: –Hay una constante sobre qué mirar en materia contable. Pero sobre la participación de las empresas en el plan sistemático de exterminio, no. Hay empresas en las que funcionó un centro clandestino dentro de la planta. En otras se ve la relación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque custodiaban o prestaban elementos, como Mercedes Benz o Ledesma. En algunos casos hay trabajadores desaparecidos, en otros abogados o en un tercer caso sobrevivientes secuestrados en centros clandestinos que funcionaron dentro de las empresas. O víctimas sobre las que tenían conocimiento las empresas. Suponemos además cierta colaboración de las empresas en entregar un listado de víctimas que molestaban. Por algo fueron a buscar a determinadas personas. Ahora estamos en el momento de leer los procesamientos para poder identificar patrones comunes. Es difícil porque hasta ahora, en las causas, las víctimas no estaban agrupadas como integrantes de determinada empresa. Recién ahora se está reuniendo a las víctimas con esta mirada, para analizar si la empresa o funcionarios de la empresa, más bien, tuvieron o no responsabilidad en las desapariciones.

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ELOGIO DEL DESACATO de Blazquez

Elogio del desacato

Por José Ramón Blázquez - Jueves, 3 de Abril de 2014 

La desobediencia cambió el mundo y lo transforma cada día. Derribó tiranías, batió complacencias, descompuso dogmas y hoy se enfrenta a sutiles enemigos mucho más peligrosos que los viejos dictadores y los míticos dioses a los que sirvieron y adoraron los siglos. En su mejor versión verbal se llama rebeldía y es el derecho latente al ensanchamiento de la libertad real, incluyendo la impugnación de la legalidad y la disposición a enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre aquella en forma de normas abusivas y poderes intocables revestidos de legitimidad democrática y hasta de amable apariencia. Jamás en la historia estuvo el ser humano más controlado que ahora y nunca tan condicionado por resortes invisibles; pero también nunca como hoy las personas tuvimos más oportunidades de vencer. Existe el derecho al desacato.

La ley es el problema. No la ley genérica que emana de la representación popular y sirve de marco de convivencia y zona de equilibrio social, sino la ley cruelmente impuesta, creada al servicio de los más fuertes, la ley castrante que consagra la vigencia de las fechorías de la historia, la ley tramposa que juega con cartas marcadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros siendo iguales; la ley que sostiene la injusticia… la ley que bloquea la democracia. Como en España. Rebelarse hoy contra esa ley es tan sublime como antes la lucha a muerte contra el déspota.

¿Y qué es hoy la insurrección? Un oficio romántico pero impracticable. Para el sistema, a lo más, es el aplauso y la emoción por una gesta titánica narrada en una película o novela, pero imposible de llevar a la práctica real; un sueño, un acto de entretenimiento. Como en la publicidad: solo es imaginable rebelarse para cambiar de Coca-Cola a Pepsi, de marca de coche o pasar de Windows a Apple. Juegos infantiles y devaneos bobos del espíritu democrático. Y, sin embargo, todos los días hay subversiones: el Estado orilla sus propias normas, se paralizan cumplimientos jurídicos, se desobedece a conciencia, se atacan los derechos, se violenta a las personas y se ejerce la injusticia y la desigualdad. ¿Existe algo más absurdo y surrealista que pleitear con la Administración -el contencioso- que usa los recursos públicos como defensa y ataque simultáneamente frente a los ciudadanos ofendidos por la ley?

Pero el derecho al desacato es un método, no un fin. Es el impulso de una necesidad de cambio que el poder se empeña en taponar para subsistir con sus reglas tramposas. Todas las transformaciones históricas, sin excepción, estuvieron precedidas de períodos de rebeldía con mucho sacrificio humano y todas se hicieron contra la invocación de la inmutabilidad del sistema en vigor, del rey o la ley. Los marcos legales se resisten a variar, se autojustifican en su permanencia artificial. Los cambios tienen en el desacato su precursor. No hay necesidad de revertirlo todo, sino lo inservible e injusto. La libertad es un impulso poderoso que, en su lúcida inteligencia, es capaz de percibir lo que la oprime. Y frente a ese agobio, primero es la denuncia y después, la subversión.

Llegará el momento en que haya que lanzar el reto al Estado y utilizar con inteligencia, proporción y categoría el desacato democrático. ¿Por qué no ignorar leyes vejatorias?

Con la legitimidad democrática en sus manos y la conciencia de que sirve a una causa razonable, deben mantener su desafío a la España castradora. Ahora no pueden ceder. Deben fortalecerse en la unidad catalanista que les sostiene. El president Mas ha anunciado su disposición a continuar y dar salida al mandato popular. Es lo justo y lo correcto. Ni un paso atrás. Mientras haya canales jurídicamente válidos deben evitar la confrontación. Y llegar hasta el extremo en el uso de estos cauces. La subversión necesita proyectar la estética de su grandeza democrática y la ética del respeto con quienes rivaliza.

Y como España no quiere escuchar la demanda catalana, la confrontación es una consecuencia obligada, incluso deseable. Más allá de la exigencia democrática, el choque de trenes es una metodología imprescindible: cuando se cierran las demás salidas, el conflicto político y social es el único recurso válido. Hay una libertad que pide paso y una barrera que le impide avanzar. Hay que saltarla, eso sí, con criterio, unión y responsabilidad.

Cataluña está poniendo al Estado frente a sus contradicciones, con la evidencia de que vivimos bajo un régimen de democracia retórica y vacía. ¿Que España cumple su amenaza de suspender la autonomía catalana, apelando al artículo 155 de la Constitución? Muy bien, que lo haga, y así la contienda adquirirá proporciones sociales que en poco tiempo derivarán en solución pactada. ¿Que Rajoy, invocando el artículo 8, moviliza al ejército español contra Cataluña? Perfecto, el resultado será un escenario creativo y, aunque traumático, llevará a España hacia una segunda transición, esta vez sin trampas, de la que surgirá un Estado confederal y asimétrico. Si España no sale de su adolescencia política, la subversión democrática le madurará de golpe.

Entiendo que Euskadi pide a gritos unos acuerdos básicos y un intenso, abierto y sincero debate público. Es imprescindible que el PNV y EH Bildu alcancen un pacto sobre el soberano derecho a decidir, sin que por ello deba deducirse ningún frente: pueden mantener sus discrepancias en otras políticas, pero estar lealmente unidos en un acuerdo nacional. Y a partir de este ejercicio de responsabilidad, proyectar a la ciudadanía un liderazgo y unas ilusiones de futuro que conciten el máximo apoyo popular. Llegará el momento en que haya que lanzar el reto al Estado y utilizar con inteligencia, proporción y categoría el instrumento del desacato democrático. Empezando por lo simbólico. ¿Por qué no 200 ayuntamientos vascos negándose, todos a la vez, a exhibir la enseña rojigualda? ¿Por qué no ignorar leyes vejatorias?

Es hermosa la rebeldía cuando se tiene la razón, el entusiasmo de la libertad y el respaldo de la mayoría. Cuando la ley se convierte en yugo y la libertad está sometida a la perversión normativa, está justificado el desacato. Prácticamente, no hay más alternativa.