Siete años presa. Esa marca define hoy al calvario Milagro Sala. Detenida según la administración de Gerardo Morales, en Jujuy, por "instigación a cometer ilícitos". Según la consigna del acampe que lideró la dirigente social en 2016 --y que desencadenó la privación de su libertad--, por exigir conocer el funcionamiento de las cooperativas de trabajo en la provincia, en el marco del reconocimiento de derechos que hizo de su agrupación, la Túpac Amaru, una bandera de “reivindicación de los humildes” como señaló ayer Hugo Yasky en la conferencia de prensa realizada en reclamo por su libertad y en la que volvieron a pedir el indulto del presidente Alberto Fernández.

Se cumplieron siete años de su detención. Y sobre el cúmulo de procedimientos judiciales que atraviesa la referente de la Túpac, las voces en su defensa se amplifican. Tanto en las calles de su provincia, como en los pedidos institucionales a nivel nacional; desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismos de derechos humanos que en conferencia de prensa advirtieron sobre “la persecución judicial” que pesa sobre ella.

Esa mesa de organismos anunció para los próximos días el pedido de una nueva reunión con el Presidente Alberto Fernández, donde acercarán la fundamentación necesaria --basada en tratados de Derecho Internacional--, que avala el indulto presidencial necesario para liberar a la dirigente jujeña. Así lo explicó a este diario María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien participó de la conferencia de prensa y confeccionó además, la carta que se le envió el jueves al Presidente con el pedido de indulto.

Así este lunes por la mañana, mientras una marcha recorría las calles de San Salvador de Jujuy reclamando por su libertad (ver aparte); referentes de los organismos, diputados y dirigentes sindicales realizaban la conferencia en la sede de ATE en la ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad vía un indulto y coincidieron en que su caso "lesiona la democracia".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que en la detención de Milagro Sala se da un "uso político del encarcelamiento" a través de la "construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla". Y reiteró que el "hostigamiento político y judicial" que sufre la referente de la Túpac Amaru afecta su salud. En tanto, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti sostuvo a través de redes sociales: “El Estado debe responder ante los órganos del sistema interamericano y del sistema universal de protección de DDHH por los atropellos de las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, convalidados por la Corte Suprema, en la persecución arbitraria a Milagro Sala”, tuiteó Pietragalla. Su voz refleja el vértice del arco político que al interior del FdT reclama la libertad de la dirigenta.

Mientras, en la conferencia convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó: "Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad". El legislador fundamentó que "cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho, y las garantías constitucionales en una provincia, le compete la intervención al Presidente de la Nación". Yasky ordenaba así las prioridades del reclamo. Y el indulto presidencial quedaba en primera línea.

Y en eso coincidían los referentes presentes en la sede de ATE: el presidente de la APDH Eduardo Tavani, quien además aportó la adhesión de Hijos, y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como Taty Almeida y Vera Jarach. También la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y entre otros, el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, quien destacó que "la democracia está en terapia intensiva porque hay un poder judicial que atenta contra ella de manera permanente".

Los Metrodelegados, la Federación Gráfica, y la de Telefónicos, el Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) y otros organismos de derechos humanos como Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, y la Liga Argentina completaban la mesa desde la que se expresaba el reclamo. Porque “cuando el Poder Judicial no funciona, ¿quién nos garantiza el derecho como ciudadanos? Milagro no puede estar presa ni un día más”, sostuvo Catalano acompañando el pedido de un indulto presidencial.

El proceso de hostigamiento que atraviesa Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016 por manifestarse contra el gobierno de carácter feudal que lleva adelante Morales en Jujuy, expresa las paradojas de un sistema político amordazado por los caprichosos fallos judiciales que la involucran, en el plano provincial. 

Su situación procesal se agravó por la acumulación de causas y condenas. Mientras su salud se deteriora, desde el oficialismo se tensan las cuerdas en torno al pedido de indulto para la mujer que creó un complejo habitacional en Alto Comedero, que incluía no solo casas, sino también piletas de natación y parques recreativos para niños. Y hoy recibe la solidaridad de organizaciones y personalidades que denuncian el "accionar persecutorio" que padece por parte del gobierno que encabeza el radical Gerardo Morales, lanzado a la carrera de las candidaturas del 2023.

Aquel 16 de enero, en la plaza de San Salvador de Jujuy, las organizaciones sociales se habían reunido para exigir a Morales --quien hoy preside el Comité Nacional de la UCR-- respuestas sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Esto derivó en la detención por "instigación a cometer ilícitos y tumultos". 

La estigmatización sobre el reclamo popular es el eje real del cargo por el que está detenida. Lo describió la ministra bonaerense, Estela Díaz quien advirtió que Milagro "estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda, como hizo siempre, militó toda la vida por los derechos de su pueblo y eso la llevó a la detención".

El objetivo de la conferencia de prensa fue “recordar y repudiar los siete años de prisión de Milagro y de los compañeros de la Tupac –expresó Naddeo a Página/12--, y volver a reclamar el indulto presidencial”. Con ese motivo se leyó una reseña de la carta enviada al Presidente el jueves pasado “donde hoy se abundó en los fundamentos políticos y en la razón humanitaria de este indulto. También en los tratados internacionales de derechos humanos que los complementan” explicó Naddeo.

“Los tratados señalan que cuando se vulneran derechos en una provincia, el Estado nacional es corresponsable y debe intervenir, y rendir cuentas de las medidas que toma para que cese esa vulneración de derechos”, ahondó. Y destacó que “la salud de Milagro se deteriora, y el ensañamiento de Gerardo Morales crece”.

En la reivindicación de los humildes que la dirigenta transformó en su bandera, se posiciona el descrédito que Morales levanta en torno a ella. “Eso es lo que no le perdona la oligarquía jujeña”, señaló Yasky. Y Tavani, en nombre de la mesa de organismos, expuso las gestiones que se están realizando para una nueva reunión en la que le harán llegar a Alberto Fernández, los documentos que fundamentan en razones de derecho, el pedido de indulto y de libertad.