REPUDIO DE EMPLEADOS DEL DIARIO LA NACION CONTRA UNA NOTA DEL MISMO

Trabajadores de La Nación repudiaron la nota editorial del diario

Reunidos en asamblea los empleados manifestaron que la nota publicada el lunes último “traza un oscuro paralelismo entre el Gobierno nacional y prácticas de la Alemania Nazi”.

La asamblea de trabajadores del diario La Nación expresó que no comparte lo expresado en la editorial "1933" publicada ayer en el matutino porque "traza un oscuro paralelismo entre el Gobierno nacional y prácticas de la Alemania Nazi" y "banaliza hechos como el Holocausto Judío".

"Los trabajadores del Diario La Nación sentimos la necesidad de expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo a este tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio, en momentos en que justamente desde el Diario La Nación, entre otros medios, se critica al Poder Ejecutivo por incentivar un
`Estado de crispación` en la sociedad", afirmaron.

"Llamamos a la reflexión a quienes banalizan hechos como el Holocausto Judío y la sangrienta Dictadura Cívico/Militar, en pos de expresar su desacuerdo con medidas del actual Gobierno Nacional", expresaron los trabajadores.

En el comunicado, la asamblea remarcó que el editorial de un diario es lo que explicita la posición del medio y, por tanto, afirmaron: "Quienes a diario hacemos el Diario La Nación expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el Gobierno nacional".

"Nosotros, los trabajadores del Diario La Nación reunidos en Asamblea, alentamos y defendemos la libertad de expresión como un derecho de todos", aseguraron.

Y agregaron: "En ejercicio de la libre expresión hoy vigente en la Argentina, el Diario La Nación publicó el lunes 28 de mayo una editorial titulada: 1933. En ella se traza un oscuro paralelismo entre el Gobierno Nacional y prácticas de la Alemania Nazi".

La muerte del dictador genocida en prision

 Las marcas de Videla

 Por Eduardo Jozami *  Director del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti.

Pocos días antes de morir, circunstancia que para un hombre de 87 años nunca es sorpresiva, Jorge Rafael Videla volvió a mostrarse ajeno a todo propósito de arrepentimiento, haciéndose, una vez más, responsable de todo lo que habían hecho sus subordinados. Este reconocimiento no supone un costo significativo para alguien que, a su edad, ha acumulado tantos años de cárcel, pero muestra cómo el dictador quiso ser recordado: no como alguien que puede acomodarse a las circunstancias –como él consideraba a su aborrecido Massera– sino como el cruzado que no abandona sus propósitos, en función de éxitos o fracasos, el soldado de una causa que, piensa Videla, no tiene por qué pertenecer únicamente al pasado.

No diremos que la actitud del dictador nos merece respeto, porque Videla pertenecía a esa categoría de personas, como Hitler, a las que uno sólo puede aborrecer, pero vale la pena reflexionar sobre las razones que fortalecen esa determinación. A mi juicio, no sólo el general degradado había comprendido que ningún arrepentimiento modificaría hoy su suerte, sino que creía seguir representando una corriente histórica del pensamiento argentino. Aunque no se privó de denunciar el abandono de los políticos y empresarios que, en buena medida, utilizaron a los militares golpistas como chivos expiatorios, Videla tenía buenas razones para pensar que había ganado un lugar en la historia de la derecha argentina.
En el enfrentamiento que había dividido al Ejército en los años ’60, Videla estuvo con la fracción colorada, en términos de John William Cooke, aquellos que eran gorilas y cipayos las 24 horas del día, a diferencia de los azules que sólo actuaban así cuando hacía falta. Oficial de infantería, tuvo la prudencia necesaria para seguir ascendiendo mientras reinaba en el Ejército el arma de Caballería. Después del ’73 llegaría a la jefatura de Estado Mayor, mostrando un supuesto sesgo profesionalista que lo preservó de comprometerse más con la aventura represiva de las tres A. Aparecía entonces una persona muy seria —(y bastante aburrida)—, lo que habrá contribuido también a ganarle cierta respetabilidad frente al cambalache de la gestión de Isabel y López Rega.
De este modo, se hizo creer a muchos que la toma del poder por los militares iba a terminar con la represión ilegal. Recuerdo que, en agosto de 1975, me crucé en el centro de Buenos Aires con un respetado intelectual de izquierda, quien me dijo que Videla estaría vinculado con el sector más progresista del radicalismo. Otros testimonios que he recogido más tarde confirman que esa versión y otras similares formaban parte de una campaña orientada a hacer más aceptable el golpe militar. Que hubiera algunos ingenuos dispuestos a creer esos rumores sólo puede explicarse en el enrarecido clima político de mediados de 1975. El violento estallido de la crisis peronista, la desacertada gestión de Isabel, el horror impuesto por las tres AAA, la idea de que sólo los militares podían reestablecer el orden, provocaron un desencanto generalizado y, en ese contexto, los militares no fueron recibidos como salvadores pero hubo quienes los consideraron entonces como el mal menor.
Videla ya había dado, sin embargo, pruebas de su vocación autoritaria. A fines de 1975, en dos discursos –ante la Conferencia de Ejércitos Americanos y en un vivac militar de Tucumán– había fijado un plazo al gobierno y anunciado la disposición de su comando a utilizar toda la fuerza que fuera necesaria. Entre los muchos secretos que el dictador se llevó consigo está el referido a la adopción de la metodología represiva que incluía la desaparición de miles de personas. Aunque no haya por qué creerle, parecen veraces sus declaraciones que muestran cuán general era la aceptación de ese diseño criminal por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No es arbitrario pensar que algo debe haber tenido que ver en la decisión de las desapariciones el general Alcides López Aufranc, pionero en la vinculación de los militares argentinos con los represores de Argelia, quien ya en 1974 había señalado su preocupación por el hecho de que se mantuviera con vida a los prisioneros, tal como había ocurrido durante la dictadura iniciada en 1966.
Cursillista y católico ferviente, Videla no tuvo reparos en reeditar el frente que en 1955 sumó a liberales y socialistas. Era, por sobre todas las cosas, un hombre de derecha, un militar de los que celebraron el centenario de la genocida Campaña del Desierto como una efemérides nacional indiscutida, un convencido de que no bastaba con reprimir si uno no estaba dispuesto a traspasar todos los límites, alguien que –como Martínez de Hoz– consideraba que la represión no podía alcanzar sus objetivos si no se transformaba esa estructura social de la que derivaban su fortaleza los movimientos populares argentinos.
Durante los años de impunidad, Videla debe haber alimentado su confianza en que, tarde o temprano, se avanzaría en alguna forma de reconciliación. Así lo planteó Carlos Menem y ése era también el pensamiento íntimo de De la Rúa. La emergencia del kirchnerismo le resultó por eso intolerable. Comprendiendo la importancia de los símbolos en política, Néstor hizo descolgar su cuadro como el mejor anuncio de la nueva época que se iniciaba. Allí estaba implícita toda la política de reparación, reformas profundas y expansión de derechos que después desarrollaron los dos presidentes Kirchner. Que haya muerto en la cárcel es también un símbolo de esta Argentina que hoy se atreve a hacer justicia. Pero su muerte no marca el cierre de ninguna historia. Por el contrario, nos recuerda cuánto nos falta aún avanzar con los juicios a los genocidas y con la política que logre la desaparición total de las marcas que en la sociedad argentina aún evocan dolorosamente al dictador.

Delitos de lesa humanidad y responsabilidad empresaria

 

Fte. P12 22.5.2013

EX DIRECTIVOS DE FORD FUERON IMPUTADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los ex gerentes procesados

La jueza Alicia Vence procesó a tres ex directivos de la empresa trasnacional –Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Sibilla– por considerarlos partícipes de los secuestros y torturas que 24 trabajadores sufrieron durante la dictadura.

 Por Ailín Bullentini

La jueza federal Alicia Vence ordenó lo que ex trabajadores de la empresa Ford esperaban desde que los secuestros, torturas, robos y desapariciones sucedidos durante la última dictadura son considerados delitos de lesa humanidad: en un amplio y detallado fallo, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de San Martín procesó a tres ex gerentes de la planta que la trasnacional tenía en Pacheco, al norte del conurbano bonaerense, por considerarlos partícipes primarios penalmente responsables en 24 casos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional, con violencia y amenazas, e imposición de tormentos. En nueve de esos casos, la jueza encontró un agravante más: el hecho de haberse sostenido los delitos atribuidos durante más de un mes. “Hace diez años que trabajamos en esta causa –remarcó el abogado Tomás Ojea Quintana– y el objetivo principal siempre fue probar la complicidad civil en los delitos cometidos contra los trabajadores”, muchos de ellos involucrados en la actividad gremial de la empresa. Es el tercer caso en el que la Justicia considera la responsabilidad de civiles, siempre vinculados con grandes empresas, en esta clase de delitos y el primero en el que se involucra a una compañía trasnacional.

La causa en la que Vence aceleró el trámite desde marzo último, cuando citó a declarar a los ex gerentes hoy procesados, investiga el secuestro, las torturas y los homicidios de decenas de trabajadores de la sede de Ford en Pacheco, y está en manos de la Justicia federal desde hace una década. “El general (Santiago) Riveros fue fácilmente procesado, pero el objetivo fue siempre probar la complicidad de los civiles”, señaló Ojea Quintana para dimensionar la importancia del fallo de Vence.
En 150 fojas, la jueza imputó al ex gerente de Manufacturas de Ford en época de la última dictadura, Pedro Müller; su par entonces en Relaciones Laborales Guillermo Galarraga, y a quien era el jefe de Seguridad en la planta de Pacheco, Héctor Sibilla, por “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados –menciona los nombres de las 24 víctimas consideradas– para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”. El procesamiento dictado fue sin prisión preventiva, punto discutido por la querella de los ex trabajadores. Hace poco menos de tres meses, Müller y Galarraga desistieron de declarar. Sibilla negó todo.
Las víctimas supieron de la novedad el lunes a última hora, cuando la noticia comenzó a circular. “Fue una explosión de alegría y de fuerza. Muchos se estaban cansando de luchar”, resumió Ojea Quintana, que analizó como “lo más interesante del fallo” la postura de la jueza frente a la complejidad que significa el análisis de la responsabilidad civil durante el genocidio: “Vence plantea que si en Argentina la ley penal permitiera imponer penas a personas jurídicas, en este caso está claro que la empresa Ford es responsable de las torturas y los secuestros. Es importante, porque ratifica lo que siempre dijimos: que la Ford tiene responsabilidad y que como política de Memoria, Verdad y Justicia, y para evitar que se repita, es necesario que estas entidades respondan”, concluyó.
En base a legajos de la Conadep y, sobre todo, a las declaraciones de las víctimas –los 24 trabajadores fueron “blanqueados” después de pasar “entre 40 y 60 días” secuestrados en forma ilegal–, Vence dio por probado que Müller, Galarraga y Sibilla “aportaron, suministraron o de algún modo brindaron la información necesaria para que los militares de la Zona de Defensa IV pudieran detener ilegítimamente y someter a condiciones inhumanas de vida, sometiendo a golpizas a cada una de las víctimas”. La jueza también los imputó por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en los sectores del Campo de Deportes”, donde las víctimas “fueron golpeadas, maniatadas, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”, según puntualiza el fallo.