miércoles, 27 de noviembre de 2013

TREMENDO ACCIDENTE DE TRABAJO en BRASIL. OPCION AXIOLOGICA: PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO CEDE ANTE LA URGENCIA DE LAS OBRAS

TREMENDO ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL ESTADIO DE CORINTHIANS. IMPORTA MAS LA OBRA QUE LA VIDA DE LOS TRABAJADORES.

Ney, não é por falta de legislação protetora e que dê a prevalência à incolumidade física e mental do trabalhador, obrigando o empregador a investir em prevenção, eliminando os riscos do seu meio ambiente laboral. Mas o que prevalece é o mero interesse aos objetivos perseguidos pelo capital, a maior produtividade e lucratividade. Enquanto não conseguirmos, na unidade, na solidariedade, fazer cumprir os direitos e princípios fundantes da Carta Social vigente, enquanto a fiscalização prévia inexistir, enquanto se continuar aplicando o "ato inseguro", transferindo os riscos ao trabalhador infortunado, enquanto as indenizações de reparação continuarem sendo pífias, não consiguiremos mudança cultural, que torne esse mundo menos desigual e insano.
O Ministério Público do Trabalho tem tido um papel exemplar para mudança cultural com suas eficientíssimas ações civis públicas e seus pedidos de indenização de danos coletivos e em benício da própria sociedade, em especial quando tais valores são dirigidos a entidades que efetivamente retornem em benefícios diretos à população que sofre com a má política de distribuição de rendas no país. Mas acredito no poder da união dos homens de boa índole e de fé, para que juntos contribuamos para a eliminação dos vícios, abusos e discriminações praticadas pelos poderosos que tanto mancham a imagem de nosso país, como campeão mundial em acidentes do trabalho e em adoecimentos ocupacionais.

Luiz Salvador, atual Vice-Presidente da ALAL, Associação Latino Americana de Advogados Laboralistas.


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Terrível acidente de trabalho há pouco, aqui em São Paulo, na "Arena Corinthians", ceifou tragicamente a vida de dois trabalhadores.

Vejam a notícia abaixo.
 Percebam como a morte de vítimas inocentes ganha contorno secundário... O que importa mesmo é que "a estrutura da arquibancada não foi comprometida" e que "uma peça semelhante havia sido instalada há pouco maus de uma semana no setor sul do estádio, sem problemas" (???)...

Ao final, claro, o que mais importa na publicação na notícia: o incidente não atrapalhará a abertura da Copa!!

Mundo insano.
Ney Maranhão

Construtora identifica vítimas e diz que arquibancada não sofreu abalo

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Parte da estrutura da Arena Corinthians desabou na manhã desta quarta-feira
Foto: Bruno Santos / Terra
Em nota oficial, a constutora Odebrecht, responsável pela obra da Arena Corinthians, identificou as duas vítimas fatais do acidente ocorrido nesta quarta-feira e deu detalhes de como a tragédia aconteceu. Os funcionários mortos eram Fábio Luiz Pereira, 42 anos, motorista e operador da empresa BHM, e Ronaldo Oliveira dos Santos, 44 anos, montador da empresa Conecta.
saiba mais
Segundo as informações da construtora, o acidente se deu pouco antes das 13h. O guindaste que levantava o último módulo da estrutura de cobertura metálica tombou, provocando a queda da peça sobre parte da área de circulação do prédio leste. A estrutura que caiu danificou parcialmente a fachada em LED do estádio.
Andrés Sanchez fala sobre acidente na Arena CorinthiansClique no link para iniciar o vídeoAndrés Sanchez fala sobre acidente na Arena Corinthians
Já a estrutura da arquibancada não foi comprometida, de acordo com a análise da Odebrecht. A Arena Corinthians vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, com presença da Seleção Brasileira, em 12 de junho do ano que vem. A data-limite imposta pela Fifa para a entrega dos estádios é 31 de dezembro.
A construtora também informou que esta era a 38ª vez que esse tipo de procedimento era realizado na obra, e que uma peça semelhante havia sido instalada há pouco mais de uma semana no setor sul do estádio, sem problemas. O Comitê Organizador Local (COL) da Copa afirmou que confia na recuperação da Arena Corinthians para receber a tempo a abertura do Mundial.
Terra

viernes, 8 de noviembre de 2013

CUANDO LOS TRES PODERES FORTALECEN LA REPUBLICA

Daniel Paz & Rudy


La supremacía del Poder Judicial

 Por Gabriel Pérez Barberá *
Es imposible en pocas horas poder leer con detenimiento tan extenso fallo. De todos modos, ya pueden extraerse algunas conclusiones, más bien contextualizadoras, respecto de lo ocurrido con esta sentencia. Lo primero que llama mi atención es la conformación de su mayoría (y de su minoría). Como estoy de acuerdo con la decisión mayoritaria, y dado que no sólo ejerzo mi profesión como juez sino también como académico en la universidad, no deja de ser gratificante para mí advertir que la mayoría ha estado conformada, para decirlo de algún modo, por la fracción más académica –y por tanto más técnica– de la Corte. El prestigio y la trayectoria universitaria y bibliográfica de los jueces Zaffaroni, Highton y Lorenzetti desde ese punto de vista es ampliamente reconocido. Y que con ellos esté también Petracchi, el juez firmante de los mejores votos mayoritarios de la primera etapa de la Corte democrática (y de las mejores disidencias en tiempos aciagos), es también algo que no parece casual y que fortalece más todavía la autoridad moral del voto mayoritario. Es decir: no se trata de cualquier “4 a 3”. La mayoría ha sido ajustada, pero está representada por la parte más técnicamente formada de la Corte. A nadie, por tanto, le será sencillo objetarla, ni moral ni jurídicamente.
La otra reflexión que me surge en lo inmediato es la siguiente: ¿puede ser institucionalmente correcto que la decisión final acerca de la viabilidad de una política pública quede en manos de un tribunal? Personalmente creo que para las decisiones más importantes de la sociedad, con alcance colectivo amplio, la última palabra debería tenerla el legislador. Es decir, frente a la declaración de inconstitucionalidad de una ley de esa clase, el Poder Legislativo debería poder insistir con su posición, con una mayoría especial, tal como lo plantea la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo contrario, la tan mentada supremacía de la Constitución deviene en mera supremacía del Poder Judicial por sobre los demás poderes del Estado. Y ello no es consistente con un Estado democrático de derecho, por ser el Poder Judicial el menos legitimado democráticamente de todos los Poderes estatales.
El argumento, tanta veces esgrimido por la Corte Suprema, de que el sistema vigente se justifica para asegurar al ciudadano o a las minorías la protección de sus derechos contra la eventual arbitrariedad de “mayorías circunstanciales”, no sólo es inidóneo como justificación (porque adopta como razón precisamente lo que se critica: el “argumento contramayoritario”), sino que muestra además cuánto arraigo tiene en nuestra cultura constitucional la convicción de que es correcto que las decisiones más trascendentes para la sociedad queden en definitiva en manos de unas pocas personas sin mandato popular. Las que, por lo demás, en la toma de esas decisiones es obvio que actúan no sólo en virtud de razones jurídicas, sino también en función de criterios seguidos por los otros poderes del Estado (cálculo político, para decirlo con una expresión breve), pese a que ese cálculo no forma parte formalmente de sus mandatos funcionales y, por tanto, ni siquiera tienen que dar cuenta de él a la sociedad.
Por lo demás, históricamente, las minorías que –a partir de la idea de control judicial de constitucionalidad pergeñada en EE.UU. a comienzos del siglo XIX– quisieron ponerse a salvo de esas “mayorías circunstanciales” no eran personas socialmente vulnerables, sino aquellas que conformaban el más fuerte núcleo de poder económico en ese país. Proteger con el Poder Judicial al genuinamente vulnerable de mayorías arbitrarias es, desde luego, posible y deseable. Sólo requiere alguna creatividad en la organización del acceso al recurso judicial y en la generación de procedimientos diferenciados según la clase de actor. De lo contrario se cae en un uso o bien ingenuo o bien cínico (según las circunstancias) del argumento de la igualdad ante la ley.
Imagínese por un momento el escándalo moral y político que hubiese generado una mayoría inversa a la conseguida. Pues bien: que un tribunal (aunque sea el de última instancia) pueda impedir una política pública aprobada por amplias mayorías parlamentarias es, ante todo, algo que el actual sistema constitucional en el reparto de poderes permite. La necesidad de repensar ese reparto y la de modificar alguna vez la Constitución en consecuencia es la principal lección que, hoy, me deja lo ocurrido.
* Profesor titular (por concurso) de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba. Juez de la Cámara de Acusación de Córdoba.


Daniel Paz & Rudy
P12 - 8.11.2013

MIRADAS INTELIGENTES SOBRE LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES AL SER DECLARADA CONSTITUCIONAL POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

P12  El país|Jueves, 31 de octubre de 2013
OPINION

Mal asesorados

Por Andrea Pochak *
A raíz del fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la LSCA, el Grupo Clarín comunicó que acudiría al sistema interamericano de derechos humanos. Es evidente que están mal asesorados, porque esta denuncia internacional sería rechazada por inadmisible.
La ley 26.522 cumple con los estándares de libertad de expresión establecidos en el sistema interamericano, de modo que difícilmente la Comisión o la Corte Interamericanas puedan condenar al Estado argentino, al que, por otra parte, distintos expertos internacionales han felicitado por esta política que democratiza la comunicación. Pero el punto a resaltar es que una eventual denuncia ante la Comisión de la OEA no sortearía siquiera el primer escollo: la admisibilidad formal.
Los sistemas de protección de derechos humanos buscan proteger derechos humanos, esto es, derechos de personas físicas, no de empresas. Ergo, Clarín no puede ser peticionario.
Si alguna persona (accionista, periodista o cualquier ciudadano) se sintiera “afectada” por la ley, debería primero demostrar qué acto concreto de aplicación de la ley afecta sus derechos. Para ello, claro, no basta alegar la vigencia de la ley, sino que se debe argumentar cuál es el acto concreto de su aplicación que lesiona alguno de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, quien se considere víctima debe agotar los recursos internos respecto de esa supuesta violación a sus derechos. Esto significa que debe primero acudir a la Justicia argentina y transitar las diferentes instancias sin encontrar reparación a sus derechos.
En consecuencia, en tanto el actor de la causa que resolvió la Corte Suprema fue el Grupo Clarín, hasta el momento no existe ninguna persona que se encuentre habilitada para acudir el sistema interamericano.
El próximo viernes algunos periodistas de los grandes multimedios argentinos participarán de una audiencia ante la Comisión Interamericana para tratar “cuestiones referentes a la situación general de la libertad de expresión en la Argentina”. Es probable que desde los mismos multimedios se intente vincular este encuentro con el fallo dictado por la Corte Suprema sobre la LSCA. Sin embargo, nada tienen que ver. La audiencia no se vincula con ningún caso concreto de violaciones de derechos humanos en Argentina, sino que representa una respuesta de la CIDH a los insistentes pedidos de algunos periodistas para llevar al escenario internacional el discurso victimizante que reproducen desde hace años sin ningún tipo de restricción por los principales canales de televisión, radios, portales de noticias, diarios y revistas de nuestro país.

* Secretaria letrada PGN, ex vicedirectora del CELS y abogada de Eduardo Kimel ante el sistema interamericano.


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› LA PRESIDENTA DE JUSTICIA LEGITIMA, MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI, ANALIZA EL FALLO SOBRE LA LEY DE MEDIOS

“La ley va a enriquecer la discusión pública”

La presidenta de la Cámara del Crimen señala que la Corte Suprema tomó “la mejor decisión” y que “se nota en la redacción que han trabajado en el consenso”. También apunta: “El fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde”.
 Por Ailín Bullentini
A la presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, no se le borraba la sonrisa desde el mediodía del martes, cuando comenzaron los rumores acerca del fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para ella y sus compañeros de la comisión directiva de la organización, se trató de una “convalidación de la libertad de expresión que tendrá un significado histórico”, pero que, no obstante, “llegó cuatro años tarde”. La jueza analizó en diálogo con Página/12 el impacto político de la determinación de los altos magistrados.
–¿Cuán importante es el fallo?
–Es una sentencia que apuesta a la libertad de expresión y que actúa, sobre todo, sobre el negocio que se construye en torno de la libertad de expresión: la plata alrededor de la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Tras haber dado una primera lectura, con los miembros de la comisión directiva de Justicia Legítima concordamos en analizar este fallo como una convalidación de la garantía de la libertad de expresión que va a tener un significado histórico. A la larga, los efectos que va a producir la puesta en práctica de la distribución de las licencias por fuera del parámetro exclusivamente económico significará la pluralidad de opiniones, una diversidad que nuestra ley pretende, y eso va a enriquecer la discusión pública y de opiniones. La formación de opinión será de otro tenor, más adulta, más elevada, más compleja. La posibilidad de acceso a las licencias de universidades públicas u organizaciones comunitarias va a implicar que opiniones muy diversas entren al espacio público, que las podamos conocer y tener en cuenta al momento de formar nuestra opinión. La complejización de nuestro razonamiento, algo que siempre es una ventaja, se reflejará a la hora de elegir la gente que buscamos para que maneje el gobierno, el apoyo o no de determinados ítem. Y todo esto se transforma en más derechos.
–Pero la puesta en acción del 33 por ciento al sector comunitario no estaba afectada por el litigio en el que Clarín involucró a la ley y por lo tanto, no estaba frenado...
–No, pero tampoco estaba puesto en marcha, porque si no se podía aplicar la desinversión para uno de los oligopolios, no se aplicaba al resto de las empresas fuera de la ley. Así que no están repartidas las licencias todo lo que debían. Pareciera que el fallo, aparentemente, da un puntapié importante para que empiece a repartirse el espacio.
–¿Esperaba que la Corte definiera así la cuestión o la sorprendió?
–Para mí fue sorprendente. No tenía mucha esperanza. Es la mejor decisión, pero no tenía la esperanza de que pudieran obtener la mayoría necesaria para poder salir favorables a la ley todos los artículos cuestionados. Se nota en la redacción que han trabajado en el consenso. Hay algunos párrafos del fallo que no son absolutamente necesarios, pero que parecieran estar allí para obtener el acuerdo de los jueces. Son cosas que son obvias para cualquier juez.
–¿Qué significa su presencia allí? ¿Son mensajes de la Corte hacia afuera?
–A lo mejor son párrafos de consenso. Es una impresión, no tengo ninguna seguridad de todo esto. De todas maneras, cuando los jueces llegan a la misma determinación por diferentes fundamentos, lo dicen claramente en el fallo, se señala que está de acuerdo en cómo se decide, pero por esta otra razón que tal otro juez no tuvo en cuenta. La pluralidad ideológica existe en la Corte: no son todos de la misma tendencia. Está bien, se nota.
–¿Cómo analiza los considerandos que la Corte plantea al Gobierno, relativos a la pauta oficial, la función de los medios públicos, la autonomía de la autoridad de aplicación?
–Eso no estaba en cuestión. Esas son las cosas que no había por qué decirlas, que están de más, pero que creo que tienen que ver con el trabajo de consenso: “Si hacemos esta advertencia, ponemos esta aclaración, llamamos la atención sobre esto, entonces acordaremos en firmar”. El fallo es muy prolijo, está muy bien escrito, tiene muy buena ilación, está en un lenguaje sencillo que cualquiera puede leer; las partes que toma de jurisprudencia son breves, concisas y absolutamente apropiadas; no se excede en citas engorrosas. Incluso es muy diferente del que emitieron sobre la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, cuando se les notó el prejuicio en el idioma, en la forma de redacción. Se han tomado el trabajo de resaltar en negrita las directrices, incluso, pero... por ahí, aparece una obiter sobre el reparto de la pauta oficial y uno dice: “Esto está puesto para que alguien firme acá”.
–¿No considera útil o valedero que aparezcan estas cuestiones?
–No. No creo que los jueces tengamos que dar clases de nada. No me parece bueno como práctica judicial. Tenemos que resolver las cuestiones que nos plantean, no explicar al resto de los poderes o del mundo cómo deben hacer sus propias tareas. Es obvio que la distribución de la pauta oficial está mal, no hace falta que lo diga la Corte. Por supuesto que la pauta oficial mal distribuida puede ser materia de juzgamiento. Cuando eso suceda será el momento de opinar al respecto. No lo era en este caso y sin embargo hablaron de pauta oficial.
–Son posicionamientos políticos, entonces.
–Sí, puede ser.
–¿Cómo ubica políticamente a la Corte este fallo, teniendo en cuenta el debate en torno del rol del Poder Judicial en esa arena?
–La Corte pretende ratificar su independencia. Tanto es así que yo lo escuché a Zaffaroni decir que tuvieron mucho cuidado de no salir con anterioridad al período electoral para no influir en el posible resultado eleccionario. Los jueces sabemos que hay fallos que tienen un impacto que pueden llegar a modificar apreciaciones. Ahí tomaron una decisión: decidieron mantenerse al margen y eligieron salir después. Tal vez, algún politólogo o sociólogo podrían preguntarse por qué no salieron cuatro meses antes, para mantenerse al margen de las PASO, por ejemplo.
–Con un fallo tan esperado, a cuatro años de bloqueo parcial de la ley, ¿no influyeron con su demora de todas maneras?
–Terriblemente. Se puede pensar que el trámite de estudio puede durar seis meses, que las audiencias públicas pudieron haberlo demorado... Pero no cuatro años. Que cualquier fallo, del tenor de éste o de cualquier otro, demore cuatro años es injustificable. El Poder Judicial tiene que hacer su autocrítica. Y de hecho, nosotros en el comunicado de Justicia Legítima sostenemos eso: el fallo, fantástico, pero llegó cuatro años tarde.
–Técnicamente esa demora no fue responsabilidad de la Corte.
–No, pero la Corte pudo haber hecho algunas cosas de otra manera. Pudo, por ejemplo, haber fijado las cuestiones de otra manera en diciembre de 2012. De hecho, la Corte sostiene en este fallo, cuando habla del artículo 161, que el plazo venció entonces. Podría haber tomado otra decisión respecto de la medida cautelar. Hay que terminar esta historia de las medidas cautelares: no pueden paralizar las causas. Tampoco puede ser que los jueces dejen que las partes manejen los tiempos de los expedientes, porque los directores de los procesos son los jueces, son ellos los que deben marcar los tiempos de actuación.
–En ese sentido, ¿el fallo de ayer marca algún tipo de límite?
–No, porque nada dice de esto.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS HALLADOS DE LA REPRESION




Segado cuenta que hay “versiones taquigráficas de reuniones de la CAL con los directores de diferentes empresas”.
 
STELLA SEGADO, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA, ENCABEZARA EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS 

Fte. P12 - 6.11.2013

 “Son el marco político y burocrático de la muerte”

Explica que los archivos encontrados por la Fuerza Aérea dan cuenta de “la política pública del golpe” y que hasta el momento se conocían algunos papeles de este tipo, pero que “lo novedoso es la unidad de conjunto”.

 Por Ailín Bullentini
La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, no sale de su asombro. Siente, sencillamente, que durante los próximos seis meses “la historia” estará pasando por sus manos. Es la titular del equipo que analizará, sistematizará y digitalizará para enviar a la Justicia los 1500 biblioratos, libros y registros con información relativa al funcionamiento burocrático de la última dictadura cívico-militar. “Por primera vez tenemos frente a nosotros el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte”, consideró en diálogo con Página/12, desde la línea de largada al camino del análisis exhaustivo.
Tal como informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el lunes, Segado tomó contacto por primera vez con la documentación hallada en un subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea y desde entonces no volvió a trabajar en otro tema. “Realizamos un relevamiento general del material, sin ponernos a revisar en profundidad nada. Nos teníamos prohibido a nosotros mismos detenernos a leer cada papel, porque si no no terminábamos más”, reveló. El equipo de investigación de la dependencia que dirige se dedicará en pleno a la sistematización y análisis de la documentación encontrada, junto con un grupo de archiveros y algunos expertos en conservación de papel. En total, son 30 personas. Tendrán seis meses para terminar el trabajo. La intención de Segado es que, luego, los documentos queden en el archivo de la Fuerza Aérea.
–¿Por qué dejarlos allí?
–Soy una defensora de mantener los archivos en la fuerza como propios. De no moverlos hacia otra dependencia, no desguazarlos. Así, junto con otros documentos encontrados en la Fuerza Aérea, hay muchísimo de Malvinas, por ejemplo, dentro de su misma estructura, se puede observar una real dimensión de lo que fue el circuito represivo: su burocracia, su doctrina, su política. Todo.
–¿De qué hablan los documentos hallados?
–Hasta el momento hicimos un trabajo general desde el que podemos decir que son registros que revelan el funcionamiento burocrático de la última dictadura. Es increíble y fundamental. Primero porque, como destacó Rossi, los papeles los entregó la misma fuerza. Ellos descubrieron todo este papelerío y así como lo descubrieron cerraron la puerta con candado y nos llamaron, con la sospecha de que era inédito. La totalidad que abarcan los papeles es la otra razón de importancia, la unidad documental que significan y que dan cuenta de la política pública del golpe, de una política de exterminio no sólo de vida, sino total y absoluta. En el Archivo General de la Nación hay algunos expedientes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL), también algunas actas de la junta. En el Archivo de la Armada también hay algunas otras. Lo existente de esta información estaba suelto, disperso. Lo novedoso e inédito del hallazgo en la Fuerza Aérea es la unidad de conjunto.
–¿Se podrán resolver incógnitas que persisten desde aquellos años?
–Dudo de que se encuentren datos relativos al destino de los bebés apropiados o de los desaparecidos, pero nada indica que no pueda aparecer entre tanta orden alguna punta que pueda dar algún indicio. Es que en estos papeles, por lo que por ahora pudimos ver, siquiera se apropian de su política de muerte: cuando hablan de los desaparecidos lo hacen como si fuera mentira: cómo hacemos para que los desaparecidos no molesten desde la opinión pública, cómo se tenía que manejar en ese aspecto los dichos sobre los desaparecidos. En ningún lado de lo que leímos hasta ahora se hacen cargo de que son sus asesinatos.
–¿Por qué es tan importante este derrotero burocrático?
–Hasta ahora, siempre pasó que la perlita documental, aquel papel valioso era el que revelaba operativos, ofrecía nombres de personas o de estrategias de los que ya se tenía conocimiento. La prueba. Aquellos documentos que ofrecen un hecho delictivo, penal. Que se pensara sólo la importancia de los papeles que daban esos datos hacía que los abogados querellantes debieran quemarse las pestañas rearmando la estructura general del genocidio, aquello que le daba marco a la muerte. Por primera vez tenemos el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte. Frente a nosotros aparecen documentos en los que la junta designa quién sería el responsable de tal o cual tema, como el de seguir el “problema” de Papel Prensa, por ejemplo. Aparecen cargos, no aparecen los nombres, pero desde allí se puede empezar a rastrear. Habrá que hacerlo. También están las pruebas de todos los pedidos que llegaban a diario a la junta. Pedidos de organismos de derechos humanos, como el de Hebe o el de Abuelas, pedidos de personas individuales.
–¿En qué consistirá su trabajo?
–Trabajaremos en un catálogo muy preciso de lo hallado con una descripción minuciosa de cada cosa. A la vez lo iremos digitalizando y con eso armaremos unidades temáticas para mandar a la Justicia. No vamos a esperar a que la Justicia nos lo pida o lo vengan a buscar abogados. Lo vamos a entregar nosotros.
–¿Por dónde van a empezar?
–Por las actas, que están armadas casi cronológicamente, además de muy bien preservadas. Además están los escritos en los que los secretarios organizaban el temario, con anotaciones en lápiz, discusiones internas que son más pruebas de la lucha de poder hacia el interior del núcleo militar. Los informes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL) nos van a llevar más tiempo porque estuvieron guardados en carpetas de cartulina, una por cada decreto del Poder Ejecutivo Nacional, están todos, y todos húmedos, ya que estuvieron expuestas en un lugar que se inundaba. Habrá que restaurarlas. Hay reglamentos, el libro de entrada y salida de expedientes. Encontramos el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, la carta de salida de los genocidas del gobierno con todos sus borradores, en los que debatieron por qué no poner la palabra de-saparecidos, por ejemplo. El manejo de las privatizaciones con los peros y posturas de cada una de las fuerzas; qué decía Economía, qué decía la CAL. Hay, por ejemplo, versiones taquigráficas de reuniones de la CAL con los directores de diferentes empresas y las discusiones que se armaban ahí.
–¿Volverán a revisar las dependencias a partir de este descubrimiento?
–Están casi todas las unidades del país revisadas por nosotros. Fuimos a Córdoba, a Mar del Plata, a Puerto Belgrano. Las fuerzas las registraron en su totalidad. Lo que pasa es que uno busca en los lugares que cree que pueden llegar a ser depósitos de documentación. En este caso, se encontraron los documentos en un sótano, como si fuera el garaje de una casa.