Fte: 18 de marzo de 2015
El criminólogo Willem de Haan habla sobre las causas a los civiles por crímenes de lesa humanidad
Es profesor del Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad de Amsterdam y estudioso del proceso de justicia argentino. “Establecer la complicidad de las empresas es un paso necesario para terminar con la impunidad”, señala.
Por Alejandra Dandan
Willem de Haan.
Willem de Haan es profesor del departamento de criminología y
derecho penal del Centro de Justicia Penal Internacional de la
Universidad de Amsterdam. Desde 2002 viene una vez al año a la
Argentina, especialmente interesado en el proceso de justicia
transicional, dentro del cual aparecen no sólo los juicios a los
militares, sino también, dice, las investigaciones sobre la complicidad
civil. En esta nota evalúa los avances y el marco internacional. Explica
cómo los análisis de sus estudiantes confirman la hipótesis de que las
empresas se involucran en violaciones de los derechos humanos debido a
las circunstancias excepcionales como la dictadura militar en las que
intervinieron y desde donde obtuvieron beneficios económicos. Y
reflexiona sobre los fallos de la última semana sobre tres causas
emblemáticas como Papel Prensa, el diario La Nueva Provincia y el caso
Blaquier. “Si bien los hechos no están negados y la empresa es cómplice
en crímenes de lesa humanidad, la prueba de la responsabilidad
individual deja a la Justicia un problema porque la causa puede
fracasar. Superar estos problemas jurídicos es difícil también por el
poder económico y político de las empresas y la vulnerabilidad de la
Justicia con respecto a la presión política. En este caso es difícil
evitar la impresión de que las decisiones judiciales no están basándose
exclusivamente sobre los hechos y las pruebas.”
–¿Cuál es la lectura que hizo del fallo de Casación en la causa Blaquier?
–Hasta ahora tenía la impresión de que la política de derechos
humanos en Argentina tuvo importantes avances. El año pasado, el
secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, destacó que la
Procuraduría había empezado a ocuparse de los cómplices civiles. Este
fue un paso importante, porque las estructuras políticas y económicas de
la dictadura militar en la Argentina y el papel de los actores civiles y
económicos no había recibido tanto interés como los represores
individuales. En el marco internacional, la indagación de complicidad
empresarial es un desafío que tiene muchos obstáculos. Fue prometedor
cuando, en enero de este año, un informe de la Procuraduría de Crímenes
Contra la Humanidad destacó en ese sentido avances importantes. Después
de eso, nos encontramos con los rechazos de tres casos de complicidad
empresarial en menos de una semana.
–¿Es una sorpresa?
–Desde una perspectiva internacional, no es sorprendente. En
general, es muy difícil enjuiciar a dueños o gerentes de empresas
grandes. Hay problemas legales y jurídicos con respecto a pruebas, pero
también problemas de prácticas y de políticas. Entre los problemas
jurídicos está que la complicidad de una empresa no existe en el derecho
penal en la Argentina, tal como tampoco existe en la mayoría de las
jurisdicciones en el mundo. Y la responsabilidad criminal individual es
muy difícil de probar, o sea, la prueba de la de causalidad, del
conocimiento y de la previsibilidad. Entonces, si bien los hechos no
están negados y la empresa es cómplice en crímenes de lesa humanidad, la
prueba de la responsabilidad individual deja a la Justicia un problema.
Superarlo es difícil también por el poder económico y político de las
empresas. En este caso es difícil evitar la impresión de que las
decisiones judiciales no están basándose exclusivamente sobre los hechos
y las pruebas.
–¿Por qué?
–Con frecuencia me sorprende la polarización en la Argentina, no
sólo en la política, sino también en la Justicia. Es como si la división
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de Justicia fuera muy porosa. A
propósito (pensando en Papel Prensa): se nota que aparentemente fue
posible rechazar en menos de 24 horas un caso en que hasta ahora cada
decisión tomó por lo menos un año. Por otro lado, la politización de la
Justicia en la Argentina no es tan diferente del derecho penal
internacional.
–¿Qué sucede con la posibilidad de avanzar en el marco internacional?
–En el marco internacional, el enjuiciamiento de dueños o gerentes
de empresas por su complicidad en crímenes de lesa humanidad todavía es
excepcional. En mi país, Holanda, un gerente estaba condenado a 17 años
en prisión por crímenes de guerra en Irak. Pero, en casos como la
complicidad de Mercedes-Benz o Ford en crímenes de lesa humanidad en la
Argentina, los jueces en Alemania o los Estados Unidos tampoco se
mostraron dispuestos a proceder. Afortunadamente, estos crímenes son
imprescriptibles. Establecer los hechos de la complicidad de las
empresas es un paso importante y necesario para terminar con la
impunidad.
–Existe una preocupación por los efectos del fallo de
Casación. Los camaristas hablan de Blaquier, pero esta interpretación
puede alcanzar otros casos. Sobre todo cómo aparece aquí leído el aporte
“civil” a la dictadura, como “una colaboración admitida”. ¿Qué puede
decir sobre esto?
–Según el Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre
Complicidad Empresarial y Responsabilidad Legal (2008), el aporte
material de camionetas fue el modo en que la empresa “facilitó” a los
represores la forma de cometer los crímenes de lesa humanidad. Entonces,
en esta perspectiva internacional, de ninguna manera esa facilitación
puede ser un “aporte civil”. Sin embargo, me parece muy probable que la
interpretación de la ley penal en la Argentina por la Cámara de Casación
–que los aportes “civiles” a la dictadura fueron “una colaboración
admitida”– alcance otros casos como nueva jurisprudencia.
–En esta causa se pensó en el contexto histórico para pensar
en el conocimiento que Blaquier o la administración del ingenio podían
tener sobre lo que sucedía. ¿Cree que es posible pensarlo así?
–Sí, es posible pensar el “contexto histórico” como parte de la
prueba penal subjetiva. Por ejemplo, en la Argentina veremos un
evolución en la interpretación del “contexto” desde crímenes de lesa
humanidad cometidos en el marco de un plan criminal organizado y
sistemático en el juicio de 1985; en el marco de terrorismo de Estado en
los años 1990 y en el marco de un genocidio. Un plan criminal implica
la responsabilidad criminal con autores mediatos. El terrorismo de
Estado implica la responsabilidad de superiores en la jerarquía militar o
policial que existe en el derecho penal internacional como la
responsabilidad de los superiores por omisión. De una perspectiva
criminológica, el marco de un genocidio los piensa en el marco de una
responsabilidad civil y social. No sé si el marco de un genocidio
realmente tiene consecuencias legales en los juicios. El derecho penal
internacional mantiene una definición más restrictiva que la actual en
la jurisprudencia en Argentina.
–¿Cuál es su relación con la Argentina?
–Al principio me interesé por razones personales. Conocí refugiados
argentinos que llegaron a mi país alrededor de 1978. En los años ’90 me
enseñaron a bailar tango y así me llevaron a la Argentina por primera
vez en 1999. Desde 2002 estuve en la Argentina cada año y cada año paso
aún más tiempo en ese hermoso país. Lo más importante es que en la
Argentina se produce un proceso de justicia transicional, dentro del
cual aparecen no sólo los juicios a los militares, sino además las
investigaciones sobre la complicidad civil. Es interesante para mí
porque los holandeses no somos muy buenos discutiendo la complicidad
civil, por ejemplo en nuestro pasado colonial o la colaboración con los
nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todavía tenemos dificultades para
enfrentar los hechos y lidiar con ellos. Me convertí en profesor del
Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad en Amsterdam.
Ahí hacemos estudios sociales y legales, teoréticos y empíricos sobre
crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad,
primero para explicar estos crímenes y segundo para encontrar respuestas
legales, sociales y políticas, adecuadas y efectivas. No sólo empresas
argentinas colaboraron y se beneficiaron con esto, sino también
multinacionales como Ford y Mercedes-Benz. Ahora estamos trabajando en
un proyecto sobre la complicidad de multinacionales holandesas en
violaciones de los derechos humanos en los años de la dictadura en la
Argentina.
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