El país|Miércoles, 22 de abril de 2015
La fiscalía solicitó elevar a juicio la causa por los desaparecidos de Mercedes Benz
Pedido para juzgar a los civiles
El requerimiento de los fiscales incluyó, además de los ocho militares acusados, a dos ex directivos de la empresa. Ya habían hecho el planteo, pero el juzgado no había respondido. Ahora ordenó una serie de medidas de prueba.
Por Alejandra Dandan
Durante la dictadura fueron secuestrados 18 trabajadores de Mercedes-Benz.
Los fiscales de San Martín Miguel Angel Blanco García
Ordás y Hugo Bogetti pidieron elevar a juicio oral la causa por los
trabajadores secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz Argentina,
que investiga a ocho integrantes de las Fuerzas Armadas. El
requerimiento incluyó un pedido para que el juzgado de Alicia Vence
resuelva de forma “urgente” una solicitud más vieja, para que el juicio
pueda avanzar también sobre dos ex directivos civiles de la automotriz
imputados en esta causa: Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción
de la época, y Rubén Pablo Cuevas, entonces jefe de Asuntos Jurídicos.
Los fiscales hicieron el primer pedido en noviembre. El juzgado de Vence
les respondió con un “téngase presente”. Ellos insistieron. Vence
agregó que había que continuar la investigación antes de decidirlo.
Ellos insistireron. Y ayer, finalmente, la jueza se pronunció: volvió a
decir “téngase presente” sobre el pedido de indagatoria a los civiles,
pero ordenó un listado concreto de medidas de prueba.
En Mercedes-Benz fueron secuestrados 18 trabajadores; 17 obreros y
un supervisor. Todos habían integrado la comisión interna, enfrentada a
la dirección de la empresa y a la dirección del sindicato (Smata). Sin
embargo, la causa original quedó dividida en dos partes según el lugar
de detención ilegal de las víctimas. En San Martín quedaron sólo siete
“casos” de detenidos desaparecidos, trabajadores que fueron llevados a
Campo de Mayo –entre ellos está uno de los tres únicos sobrevivientes y
testigo clave desde la Conadep, Hector Aníbal Ratto–.
La jueza federal Alicia Vence es la persona que tiene a cargo las
causas de lesa humanidad de San Martín. En diciembre del año pasado, los
fiscales frenaron la elevación a juicio de la causa para pedir que se
incluyera a los civiles. La jueza primero rechazó el pedido, pero
después respondió con el “téngase presente”, que es la figura que
volvieron a cuestionar los fiscales en su última presentación.
“Requerimos a Vuestra Señoría en carácter urgente que conforme surge
de la prueba acumulada en el caso de referencia, existe de acuerdo con
el Código Procesal Penal de la Nación mérito suficiente para legitimar
pasivamente (llamar a indagatoria) a Rubén Pablo Cuevas y Juan Ronaldo
Tasselkraut, a lo que nos remitimos en un todo a los argumentos vertidos
en la solicitud efectuada por este Ministerio Público Fiscal” en
noviembre de 2014.
En el escrito le recuerdan que ellos hicieron “reiterados pedidos”
para que la jueza “adopte un criterio definitivo de la imputación” para
los dos ex directivos. Y también que la jueza había dicho que era
prematuro convocarlos porque había que llevar a cabo más medidas de
prueba, como “individualizar al personal militar y policial que habría
tomado la fábrica en aquellos tiempos, así como también (ubicar a)
quienes fueron todos los directivos de la compañía y qué rol desempeñó
cada uno, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades
penales”.
Los fiscales pidieron el 30 de marzo una definición: o que
investigue con la “premura necesaria” o “que resuelva en definitiva la
situación procesal” de los civiles, conforme fuera resuelto por la
Cámara. Eso es lo que finalmente acaba de resolverse ayer. La jueza
elaboró un largo listado de medidas de prueba.
Tsselkraut nació el 5 de abril de 1941 en Buenos Aires. Según
señala la periodista y querellante en los inicios de esta causa Gabriela
Weber, “su familia vivía en condiciones humildes, pero su ingreso a MB
le abrió un camino prometedor. En 1975, la empresa le asigna el cargo de
gerente de Producción en la fábrica de González Catán”. Los obreros lo
describen, según señala Weber, como muy autoritario y hombre de
confianza del Ejército.
En noviembre pasado, la fiscalía pidió la indagatoria para él y
Cuevas por “haber arbitrado los medios necesarios para indicar y señalar
al personal militar (...) a los delegados y empleados de la ex firma
Mercedes-Benz para que pudieran ser privados de la libertad y así
ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno de
facto”. Precisaron que los secuestros fueron posibles “en el marco del
ataque cívico-militar generalizado y sistemático contra un sector de la
población”, que incluyó a “las comisiones internas de empresa, empleados
y delegados gremiales, opositores al plan que fuera diseñado por el
Estado represor”.
Tanto la fiscalía como el CELS analizaron con detalle algunos
antecedentes a los secuestros: la huelga de 1975 con 115 despidos, la
lucha por las reincorporaciones, el rol del Smata, y el dato de que
varios de los despedidos fueron secuestrados en ’76. También el dato de
que era una de las 20 empresas de mayor facturación nacional y que tenía
como cliente principal al Ejército, al que le vendía los camiones
Unimog, los mismos que van a aparecer en los relatos de los colimbas de
Campo de Mayo: los veían llegar cargados con personas que iban rumbo a
los “vuelos de la muerte”.
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