Hay tres diferencias fundamentales entre el juicio a los magistrados que se está llevando a cabo en Córdoba, con los anteriores siete juicios que se hicieron en esta provincia por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
La primera son los imputados: en vez de represores, esta vez son cuatro ex funcionarios judiciales que tenían el deber de defender a los presos políticos, e investigar sus denuncias por torturas, lo cual no hicieron por omisión o por complicidad. Se trata del ex juez federal Miguel Ángel Puga; el ex fiscal Antonio Cornejo; el ex defensor oficial Ricardo Haro (que, entre otros galardones, recibió el Konex en 2006 en derecho Constitucional y un diploma al mérito en Humanidades), y el ex secretario penal y ex juez Federal hasta 2009, Carlos Otero Álvarez, quien fue vocal del primer tribunal que juzgó a Luciano Benjamín Menéndez en 2008.
La segunda particularidad, es que si bien los testimonios de las víctimas y sobrevivientes son de gran importancia, en este juicio la prueba determinante de los supuestos delitos estaría en los expedientes de cada uno de los 75 casos que abarca este proceso judicial. Folios escritos, firmados y sellados nada menos que por los propios acusados.
Puga, Cornejo, Haro y Otero Álvarez están en el banquillo de los acusados por 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas en falsas fugas en 1976 en la cárcel UP1 del barrio San Martín. Son los mismos 31 asesinados por los que en 2010 ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en cárcel común, los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Y la tercera diferencia, es el evidente intento de que el juicio pase lo más desapercibido posible, a pesar de que es inédito que se juzgue a jueces justo en la provincia que se conoce como la Docta por su legendaria producción de abogados. El juicio se hace en una micro-sala de un palacete estilo francés donde apenas pueden acomodarse una veintena de personas. Un sitio en el cual el sonido en la improvisada sala de prensa – a la sazón un hall de entrada por donde suelen pasar presos esposados con policías armados que se llevan puestos los cables de las computadoras- fue más que deficiente hasta hace apenas un par de semanas, cuando un empleado con buena voluntad trajo parlantes caseros para darle volumen a la pantalla. De este modo se pudo escuchar, por fin y de corrido, el micrófono del testigo que por una extraña casualidad, era el que más padecía de hipoacusia crónica. Un juicio donde no hay internet ni wi fi para los periodistas; ni registros taquigráficos para los fiscales, querellantes o abogados defensores. Algo que el propio presidente del Tribunal, Julián Falcucci, admitió el 22 de agosto. Un juicio en el que los familiares que se acercan cada lunes y martes a escuchar y acompañar, se apiñan en un garaje donde “falta el aire” y, según la sobreviviente Letizia Raggiotti, “pasa la cloaca y se nota”.
¿El porqué de tanta inconveniencia e incomodidad? “Es que ellos (los imputados) han sido jueces hasta hace poco. No pueden ser juzgados ante sus ex empleados y en la misma Torre que Videla y Menéndez. Nadie quería una foto así” admitió un funcionario judicial, ante lo que es vox pópuli.
Yo acuso
La mayoría de los testigos le recriminan con dureza a los imputados no haberlos defendido, ni haber investigado las denuncias de torturas y muertes que denunciaron las pocas veces que tuvieron oportunidad de verlos en las cárceles, o cuando eran llevados al juzgado federal “tabicados y maniatados” en vehículos-jaula del servicio penitenciario. Les achacan, 41 años después, permitir que militares y policías armados se quedasen a pasos de ellos mientras intentaban contar lo que estaban padeciendo en las cárceles; y los fusilamientos. Algunas víctimas, incluso, hasta les atribuyen “la construcción” discrecional de los expedientes.
Ese fue el caso del sobreviviente Luis “Vitín” Baronetto, quien le apuntó a Carlos Otero Álvarez: “El fue mucho más que un secretario penal, fue un fedatario”, lo definió. El imputado fue el secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma, quien de no haber muerto, sería uno más de los imputados. A Baronetto, que hoy tiene 68 años, no sólo lo secuestraron; lo torturaron y encarcelaron desde el 15 de agosto de 1975 hasta 1982; sino que el 11 de octubre de 1976 fusilaron a su esposa Marta González: una maestra de 26 años que acababa de ser madre dentro de la prisión y había sido secuestrada con él. “Hubo un manejo irregular del expediente -denunció-. Fijaban audiencias, no citaban al abogado. O lo citaban y las suspendían”. El testigo dijo que Luis Angulo, su abogado de entonces y actual ministro de Justicia del gobernador Juan Schiaretti, no era citado, o le suspendían audiencias inexistentes. “A mi mujer la mataron el 11 de octubre. Fíjense ustedes que suspendieron una audiencia del 15 de octubre por incomparecencia del abogado, pero ése fue el día que la enterraron. La justicia era instrumental al terrorismo de Estado”, razonó.
Baronetto aseguró que Otero Álvarez le dijo en el penal de Sierra Chica, adonde lo habían trasladado, "que Marta murió en un enfrentamiento armado, cuando ni siquiera en el mismísimo comunicado mentiroso (de Vicente) Meli decía eso; sino que el vehículo militar fue interceptado a raíz de lo cual murieron mi mujer y otros presos en una intersección (Guido y Amado Nervo) que no existía en barrio Lomas de San Martín. A mí me llamó la atención porque el lenguaje usado por Otero Álvarez ni lo usaron los militares, ni el forense Silvestre que puso ´heridas de bala´ (en su certificado de defunción) y como lugar el hospital Córdoba”. Furioso, el sobreviviente acusó: “¡Ese era el fervor militante del secretario penal! Y lo quiero repetir ante ustedes, porque al estigma de la muerte de su madre lo arrastraron mis hijos durante años. Ella había muerto en un enfrentamiento armado. A ella, que la sacaron atada y amordazada... A mí, cuando me preguntan, ya desde Sierra Chica, siempre digo que a mi esposa la mató el Ejército Argentino”.
Los dichos de Baronetto fueron confrontados con su abogado de entonces, Luis Angulo, quien dijo que en ese tiempo “el proceso judicial era más un simulacro que una honrada controversia”. El actual ministro de Justicia de la provincia dijo estar “convencido de que los que diseñaron el plan mal llamado de Reorganización Nacional necesitaban tener una estructura inclusive judicial que aceptara ese lineamiento de exterminio de opositores, y no se les opusiera a los objetivos”. Con voz grave, Angulo relató sus propios temores como joven abogado y el peligro que significaba presentar un hábeas corpus. “Eran rechazados rápidamente, y los abogados eran secuestrados y desaparecidos como les pasó a Hugo Vaca Narvaja (h) que era muy joven; Carlos Altamira y Luis Prol (quien sobrevivió). Yo a veces me pregunté a mí mismo que tenía una vida, qué estaba haciendo cuando iba a los tribunales, cuando cruzaba la calle. Si de ahí mismo (de los Federales) se habían llevado a Vaca Narvaja (el 20 de noviembre de 1975). Siempre me impresionó. Era muy joven”.
A la salida de su declaración, el ministro le mostró a Página 12 copias del expediente de Marta de González en el cual figuraban la firma y el sello de Otero Álvarez en citaciones que luego eran suspendidas y que coinciden con lo denunciado por Baronetto.
Ni abogados, ni testigos
Delia Galará tenía 19 años y hacía sólo veintitrés días que se había casado con Mario Paredes, de 20, cuando el 27 de enero de 1976 una patota en tres Ford Falcon llegó a secuestrarla. Estaba tomando mate en la vereda de la casa de su suegra cuando coparon la calle Argandoña en el barrio San Vicente. “Me dí cuenta de que me buscaban a mí. Yo era maestra alfabetizadora en una villa y en ese verano habían secuestrado a muchos (se refiere a lo que el represor Vergez, alias “Vargas”, llamó el operativo Moncholos”). A Mario lo habían llamado del servicio militar y estaba en Embalse de Río Tercero. Le había tocado la Marina”. Delia contó cómo en su intento de huída trepó una tapia; corrió por los techos; entró a una casa vecina y se escondió en un placard entre la ropa. Pero la encontraron y la llevaron a los golpes a la D2. Allí por días y noches enteros, padeció torturas, quemaduras, violaciones. La pérdida del sentido del tiempo por el dolor y terror de lo que pasaba. Ya en su celda de la UP1, supo que estaba embarazada. No sabía si de su flamante esposo o de los represores. Hubo un médico (un tal Tello) que pasó un día y, de modo frío, seco, le avisó que el bebé estaba muerto. No la asistió. Sobrevivió, sola, a un aborto en su celda.
“Miren -les dijo a los jueces en la primera declaración que hizo ante un Tribunal- ahí lo que se sentía era la injusticia. Estaba a la buena de Dios ¡De Dios! - sonrió con tristeza, dándose cuenta de la paradoja, corrigiéndola- ¡Ojalá hubiera sido Dios!”. Delia Galará no se circunscribió a lo personal. En su testimonio hubo mucho "nosotros". Habló por sus compañeras vejadas, asesinadas. Nombró a Ester “Tati” Barberis; a Marta Rossetti de Arquiola; a Diana Fidelman. “Nosotras llegamos a un momento en que nos despedíamos todas las noches. Teníamos miedo y también por los bebés. Yo estaba embarazada y tenía miedo de que me robaran el hijo. Era horrible cuando se los llevaban y no sabías si lo ibas a volver a ver”. Ese fue el único momento en que Delia, conocida por su fortaleza (ha sido una de las cronistas de los juicios) no pudo seguir y su dolor atravesó a gran parte de los presentes en la audiencia.
Cuando el fiscal Facundo Trotta le preguntó si en ese tiempo había declarado "ante alguna autoridad", Galará dijo que le habían hecho firmar una declaración en la D2, a tortura: “Firmé lo que ellos pusieron. Y si me decían que lo maté al Papa, les iba a decir que sí”.
-¿Y gente de la justicia?
-Recién vinieron en la cárcel (la UP1). Sé que fue el juez Zamboni Ledesma que ahora está muerto, y otros. Me sacaron de la celda. Yo tenía los ojos vendados y estaba atada. Cuando me descorrieron la venda los ví. Había uno de traje que tenía más miedo que yo. Atrás había un soldado armado. Los de traje no me maltrataron, no me desnudaron ni me manosearon. Pero no hicieron nada ¡Nada! -casi gritó-. Yo no tenía abogado particular. Si los abogados particulares eran (Hugo) Vaca Narvaja y el doctor (Eduardo “Tero”) Valverde y los mataron… El que se supone que era mi abogado (de oficio) tenía más miedo que yo”.
El fiscal le lee esa declaración. En ella, la joven prisionera había denunciado que fue trasladada al campo de concentración de La Ribera; y que aún así tampoco investigaron nada. "Yo reconocí la zona del campo porque militaba alfabetizando por ahí. Mientras, mis padres llevaban paquetes con comida a la UP1, y les decían "no está, está en comisión". Yo fui la segunda mujer que volvió a la cárcel desde el campo. La otra fue Nilda Jelenic (que sobrevivió), y antes Diana Fidelman (fusilada el 17 de mayo). El régimen en la UP1 se empezó a ablandar después del último fusilamiento (el 11 de octubre). Y esta entrevista con la justicia, me cuesta llamarla así, fue después, a mitad de noviembre de 1976".
Delia detalló que la condenaron a cuatro años. “Para nosotras no tenía importancia si eran cuatro u ochocientos. Sabíamos que no saldríamos. No creía en la Justicia. No sé si llamarles cómplices, pero ellos sabían lo que pasaba y no hacían nada. A mí me acusaron de tenencia de uniforme de guerra ¡De guerra! -se rió, con la mirada repleta de pena- Les traje fotos: era el uniforme (blanco) de mi marido cuando nos casamos".
El fiscal Carlos Gonella le exhibió a la testigo una declaración en Villa Devoto adonde la trasladaron en abril de 1977 en el piso de un avión Hércules C130, encadenada al piso, los ojos vendados. En ese documento del 26 de julio de 1978, que lleva la firma de Zamboni Ledesma y del secretario Carlos Otero Álvarez, consta que “(la detenida) quiere explicar el porqué de sus abstenciones (a declarar). Que tuvo miedo por no contar con las suficientes garantías”.
Delia padeció casi ocho años presa en distintas cárceles. Fue liberada recién en abril de 1983.
Gloria Di Rienzo, una sobreviviente que ya declaró en el Megajuicio La Perla, volvió a relatar su secuestro del 13 de septiembre de 1975 y las terribles vejaciones y el ensañamiento sufridos en la D2 que, de tan violentos, los propios torturadores debieron llevarla al Policlínico Policial cuando se les estaba muriendo.
Esta vez Di Rienzo detalló que cuando la llevaron a la penitenciaría UP1, además de la revisación médica donde constó su estado, el 1 de octubre la trasladaron a tribunales para tomarle declaración. “Me llevaron. Estaban mi padre y el defensor era (Ricardo) Haro. El me aconsejó que me abstenga de declarar. (En un intento de escucharla mejor, el acusado volcó todo su cuerpo sobre el pequeño escritorio que tenía enfrente). Me impresionó la persona que estaba escribiendo. En ningún momento me miró. En ningún momento pareció sorprenderse. Ni para bien ni para mal. Nunca hizo un gesto de nada”. A Gloria le imputaron violación a la ley 20.840, de "penalidades de actividades subversivas".
-¿Después de esa declaración pidieron informes médicos?
-Yo declaré todo. Fui detallada. Mucho tiempo después, y luego de la anulación de las leyes de punto final, fui al juzgado y pedí la copia completa de la causa para refrescar esa declaración. Pero no estaba. Esa declaración no estaba. Además estaba sobrefoliado el expediente. Y eso quedó demostrado en el juicio anterior.
Gloria Di Rienzo estuvo presa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 15 de marzo de 1980. Padeció el cautiverio en las celdas de la UP1 cordobesa y Devoto. Señaló que en su expediente “hay una presentación del doctor Haro, de febrero de 1976, de dos páginas en la que hace mención a que fui torturada y vejada. El solicitó la libertad; pero parece que hicieron desaparecer esa declaración". Di Rienzo precisa: "El juez (Miguel Ángel) Puga luego de la apelación que se hizo, apuntó que “cabe considerar que ha habido exceso profesional en la dura tarea de la lucha contra la subversión (…) Aduce haber recibido apremios ilegales y existieron. Si bien es cierto que la policía extrema hasta el punto de dureza su accionar, (la detenida) se abstiene de declarar ante la policía y ante el juzgado. Es una posición cómoda de la defensa, ya que obliga a encontrar por otros medios su participación en la subversión”.
Di Rienzo fue implacable en su testimonio: “Del análisis que yo hice del expediente judicial puedo diferenciar dos aspectos -explicó a los jueces-. Por un lado, si bien hubo reconocimiento a lo largo del expediente de las torturas y las violaciones, eso no prosperó en absolutamente nada. No investigaron. No se establecieron responsabilidades. Por otro lado, me llamó la atención que el juez cuestionara que pese a los apremios ilegales yo no hubiera declarado ante la policía ni ante los abogados, y habilitaba a que se averiguara por otros medios. Como la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas: dictaron sentencia sin llegar al veredicto”.
Mientras, el acusado Puga se revolvía en el banquillo. Lo de Di Rienzo era poco menos que lapidario. Y lo sabe.
El crimen con más testigos
El fusilamiento a quemarropa del estudiante de periodismo Francisco “Paco” Bauducco de 28 años, el 5 de julio de 1976 en el patio de la UP1 y ante los ojos de cientos de presos políticos y comunes, ha quedado registrado en la historia penal cordobesa como el crimen con mayor cantidad de testigos del que se tenga registro. Sus dos ejecutores inmediatos, el represor Enrique Mones Ruiz -que dio la orden-, y el cabo Miguel Ángel Pérez, que lo baleó en la nuca, ya fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2010.
La viuda de Bauducco, Dora Caffieri, dio testimonio en este juicio por videoconferencia desde España y ha sido uno de los más incriminantes para el imputado Ricardo Haro, quien entonces fungió como su abogado defensor de oficio. Esta arquitecta de 64 años, aplomada, enérgica, lo obligó a bajar la cabeza cuando le señaló: “¿Por qué me mintieron? Me vinieron a decir que mi marido le había querido sacar un arma a un militar. ¿Cómo iba a querer hacerlo en el estado de sometimiento que estábamos? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no fueron jueces y abogados como la ley lo dice?”.
Caffieri contó que ella estaba embarazada de siete meses cuando la secuestraron junto a su esposo el 20 diciembre de 1975 y los llevaron al D2. “A la semana nos declararon ilegalmente detenidos” y los trasladaron a la UP1. La testigo afirmó que tuvo dos entrevistas con funcionarios judiciales: una en enero, cuando estaba “notoriamente embarazada” y le no le preguntaron por su estado de salud; y la otra el 12 de agosto, cuando le avisaron que su marido estaba muerto. Su abogado defensor de oficio en ambas ocasiones fue Ricardo Haro.
“Miren –le espetó al Tribunal Dora Caffieri- ustedes preguntaron si yo juraba decir la verdad en este testimonio; que si no podrían penarme con diez años de prisión. ¿Y ellos? ¿No son juzgados por haberme mentido? No me recuerdo ni la cara que tenían. Imagínese lo personalizado que puede ser lo mío. No me importa quiénes son. Me importa el hecho. Ellos eran jueces, abogados, podrían haberse retirado si no querían mentir. ¿Pero cómo es que mintieron y después de 40 años siguen negando que me mintieron? ¡A mi marido lo mataron y a mí no me informaron y yo estaba ahí en el mismo sitio! Dijeron que era un guerrillero. ¿Limpiaron el nombre de mi marido? ¿Qué incidencia tienen esos jueces y abogados en el terrorismo de Estado que aplicaron? ¿Quién se hace responsable del ese daño? ¡Quiero que se paren ante mí y me pidan perdón! Quiero morirme con ese confort espiritual”, clamó.
En contraposición, Caffieri recordó "la actitud de una celadora delgadita, de unos 30 años en la cárcel. Se llamaba Marta. Fue la única que se plantó delante de los militares, y les dijo ´acá mando yo y ustedes no entran´. A mí me hubiera encantado que los jueces y los abogados se plantaran así frente a los militares”. Dora denunció que “en el momento que quise declarar apremios ilegales, robos en mi vivienda, malos tratos y tortura, me dijeron que no lo hiciera, porque como yo no tenía causa iba a salir más rápido”. Pero no fue así. La liberaron recién el 16 de septiembre de 1978. Y nunca tuvo una causa.
La vida es eterna en quince minutos
Rafael Vaggione, un abogado de 80 años no sólo dio un emocionado testimonio sobre “la valentía” de su colega y amigo Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), que antes de que lo mataran le revocó el poder para defenderlo, "y me dijo que no volviera más, que me iban a matar y prefirió quedarse solo”; sino que describió una maniobra jurídico-militar que parece haber sido utilizada de modo consuetudinario durante la dictadura.
“Con el doctor Luis Rubio (actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia), defendíamos al abogado Miguel García. El había trabajado junto con Vaca Narvaja en el mismo estudio, y ambos pertenecían al Peronismo Auténtico”. Vaggione siguió: “La causa estaba en el juzgado Federal 1, y el secretario era Otero Álvarez. Nosotros tratábamos con un empleado, Carlos Montoya”. El abogado relató que junto a su socio se dieron cuenta que había “una ventana de tiempo de 15 minutos entre que le daban la libertad a alguien y que se informaba a la Policía Federal que llegaba con una orden del PEN y lo volvían a meter preso”. De allí que esa ventana “de quince minutos” se les había vuelto obsesión. Había que sacar a García en esos quince minutos entre que les avisaban por teléfono que y ellos llegaban en auto o taxi a buscarlo al juzgado.
Vaggione detalló que le pidieron a Montoya que “les estirara” ese tiempo. Que era insuficiente. Que les hiciera el favor. Y que este hombre "Montoya entró a una oficina, donde alguien lo autorizó" y nos dieron unos 25, 30 minutos para sacar a Miguel García. “Ese era el mecanismo”, sintetizó. El liberado logró quedarse escondido un tiempo “con su esposa y todo” en la casa de Vaggione, y luego fue al exilio a San Luis. "Lo curioso -recordó el testigo- es que supimos después García hasta puso su estudio de abogado y ejerció. Nunca supo que, después de esa salida, y cuando pasó la media hora, quedó nomás a disposición del PEN todos esos años".
Ya fuera de esa audiencia, se habló “del poder” que tenía el secretario de ese juzgado 1, Carlos Otero Álvarez: “Así como levantó la barrera para que saliera Miguel García; para otros sólo hubo 15 minutos y les cayeron los federicos (como llamaban en ese tiempo a los de la Federal) con la orden del ó el PEN”, dijo a este diario uno de los abogados de la querella.
En cuanto Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), abogado de 35 años secuestrado el 20 de noviembre de 1975, y fusilado en una falsa fuga el 12 de agosto de 1976; lo suyo fue lo más parecido a una muerte anunciada. En su tiempo de reclusión en la UP1, Vaca Narvaja supo del secuestro de su padre, el ex ministro del Interior de Frondizi; y le había dicho a Mario Asbert su colega también preso: "Turco, velame en vida, porque soy boleta. Me dijeron que me van a matar". Tanta era su conciencia de la proximidad de la muerte, que no dudó en revocarle el poder a su abogado Rafael Vaggione; ni pedirle a su madre y a su hermano Gustavo que sacaran a toda la familia del país.
En su testimonio, el sobreviviente Manuel Canizzo, un docente de 60 años, hizo un aporte con nombres y apellidos en la responsabilidad civil por el crimen de Vaca Narvaja: "A él lo maltrataban más que al resto por el apellido. Se la tenían jurada. Cada vez que entraban al pabellón, le decían a la cara que lo iban a matar. Una vez que pude entrevistarme en la cárcel con el doctor Otero Álvarez le dije que a Vaca Narvaja lo iban a matar. Que lo citara para lo que sea. Y él me contestó que el doctor Vaca Narvaja no podía ser citado porque no tenía causa. Le dije que por favor lo convocara aunque sea para salvarle la vida. Y me dijo que no podía hacer nada. Eso fue en la UP1”. En su silla, Otero Álvarez sólo se acomodó los pliegues del saco. A menos de dos metros estaba Raquel Altamira, la viuda de Vaca Narvaja: los ojos grandes, vidriosos, y el esfuerzo de la dignidad ante el dolor.
Los 28 testigos, entre previstos y los que se sumaron a raíz de otros testimonios, concluyeron sus declaraciones el martes 5 de este mes. La etapa de alegatos comenzó hoy. Se estima que habrá sentencia a fines de octubre.
