Tuvo 100 mil inscriptos en la primera
semana
Cinco claves sobre el flamante Registro de
Trabajadores de la Economía Popular
Alex Roig, secretario Académico de la Universidad de San Martín y asesor
de la Secretaría de Economía Social, da detalles de la iniciativa.
"Hay que definir cuál es el mínimo que debe cobrar un cartonero, o
alguien que trabaja en el cuidado, o en un comedor", explican.
Imagen: Guadalupe Lombardo
El Registro Nacional de Trabajadores de
la Economía Popular (Renatep) tuvo 100 mil inscriptos en su primera semana de
funcionamiento. Creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social,
concreta un viejo reclamo de las organizaciones sociales: tener una herramienta
para conocer cuántos son, dónde trabajan y con qué actividades generan sus
ingresos quienes están fuera del mercado del empleo. El registro
servirá para armar un mapa que permita entender cómo producen millones de
argentinos que no tienen empleo pero sí trabajo. Vendedores ambulantes,
feriantes, artesanos, cartoneros, recicladores, quinteros, cocineros de los
comedores populares, agentes de salud barriales, integrantes de las cuadrillas
de limpieza… la lista es larga. El sociólogo Alex Roig -investigador,
secretario académico de la Universidad de San Martín, asesor de la secretaría
de Economía Social y militante del Movimiento Evita- fue uno de los encargados
de diseñar el registro. En esta nota, explica su sentido y objetivos.
1- ¿Por qué un registro?
“Lo que define la economía popular son
trabajadores que generan su propio trabajo y, sus propios ingresos. El problema
es que todos esos trabajadores no son reconocidos por el Estado, aunque
estimamos que suman alrededor de 6 millones. Hoy en día hay 550 mil planes
sociales. O sea, contrariamente a los imaginarios sociales, sólo el 10 por
ciento de la economía popular recibe algún tipo transferencia por parte del
estado vinculado a su trabajo. Esto significa --y el Ingreso Familiar de
Emergencia lo mostró--que la mayoría de los trabajadores de la economía popular
viven de su trabajo, no de la ayuda del Estado. Son 6 millones de
trabajadores -el 25 por ciento de la Población Económicamente Activa- que no
tienen ningún marco institucional para desarrollar su actividad, y esta es
una situación duradera; aún más después de la pandemia”.
2- ¿Para qué hacer políticas destinadas
la economía popular?
“Planteamos que hay que darle
institucionalidad al sector porque entendemos que hay
explicaciones, procesos sociales que generaron la desvalorización de su
trabajo. Que un cartonero gane menos que un recolector de basura en el sector
formal, o que un agricultor esté menos valorizado en la agricultura familiar
que en la agroindustria tiene que ver con procesos sociales. Y es función del
Estado, de la misma forma en que en algún momento intervino en la relación
entre patrones y trabajadores en el sector formal, intervenir ahora
reconociendo trabajo y derechos vinculados a estas formas de trabajo”.
3- ¿Cómo podría el estado revalorizar
estos trabajos?
“Esos procesos de desvalorización
pueden mirarse a través de de cinco grandes relaciones con el capital:
relaciones fiscales, financieras, laborales, comerciales y de saber”.
“En lo financiero, los sectores
populares son los que pagan las tasas de intereses más altas. Hasta tres o cuatro
veces tasas más altas que los sectores medios, porque están fuera del sistema
bancario”. “Hoy los beneficiarios de planes sociales están banelquizados, pero
no bancarizados, porque las cuentas no son propias, sino del Ministerio.
Estamos desarrollando mecanismos para que cada trabajador del Renatep tenga su
propia cuenta y a través de eso pueda acceder a créditos a intereses normales”.
“En lo comercial es importante
trabajar los circuitos de ferias, compre social y compre estatal, armar una
trama comercial que permita un comercio más justo”.
“En lo fiscal estamos
trabajando para que los trabajadores de la economía popular puedan facturar y
paguen impuestos progresivos, no regresivos como los pagan hoy en día. Porque
no es cierto que no los paguen: pagan impuestos al consumo. Y los que tiene
monotributo social, pagan proporcionalmente mucho más que las categorías más
altas del monotributo”.
“En cuanto a los saberes, en los trabajos de
cuidado, por ejemplo, hay un montón de saberes que existen pero que no son
reconocidos. Tener certificaciones de esos saberes valorizaría el trabajo”.
“En lo laboral hoy tenemos la
herramienta del salario social complementario, a través del Potenciar Trabajo,
que ya no tiene un lógica de plan social sino que es una remuneración que
complementa el trabajo ya existente, o sea que es un proceso de valorización
del trabajo. El tema es que en la Argentina los derechos están
vinculados al empleo y no al trabajo, pero lo que la economía popular mostró es
que hay trabajo aunque no haya empleo”.
4- ¿En qué prestaciones se podrían
concretar derechos laborales?
“En una ART de la economía
popular, por ejemplo (hoy es muy caro para las cooperativas sacar un seguro
de trabajo). En el reconocimiento de la jubilación, porque hoy a una personas
no tuvo ningún tipo de aporte formal el estado le reconoce la mínima (un caso
gráfico es el de los trabajadores de empresas recuperadas), pero sabemos que si
viene un gobierno de derecha podría perfectamente no reconocerlo, es muy frágil
esa situación. Por eso queremos que haya acreditación de los aportes de la
economía popular”.
5- ¿Cómo pensar el salario de los
trabajadores de la economía popular?
“Nosotros queremos ir, y eso es difícil
de explicar, hacia la definición de salario de convenio por rama de actividad.
La idea es definir cuál es el mínimo que debe cobrar un cartonero,
alguien que trabaja en el cuidado, en un comedor o merendero. ¿Cuál debe
ser su ingreso? Eso implica organizar discusiones salariales dentro de la
sociedad. Es una nueva discusión porque no es ni la discusión paritaria privada
a través de un convenio colectivo de trabajo ni son funcionarios públicos. Es
decir que hay que generar nuevos mecanismos de referencia de valor para la
economía popular”.
“El Registro de Trabajadores de la
Economía Popular va a ser una herramienta para acceder a derechos. Es es el
primer paso hacia la laboralización de la política social, una herramienta para
poder asociar a una actividad un conjunto de derechos y remuneraciones
vinculadas al trabajo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario