martes, 29 de octubre de 2013

Ley de Medios: la Corte avala la decisión democrática

 

La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios

 
También señaló que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y aseguró que es en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio. Los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.

Esquema explicativo de la decisión:

Constitucionalidad general de la Ley de Medios
1) Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni.

La mayoría, en este aspecto, surge de los votos de los jueces Lorenzetti y Highton (en forma conjunta), Petracchi, Argibay, Maqueda, Zaffaroni. 
Los principales argumentos son los siguientes:  
La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos.
La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal.
La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por esta Corte en numerosos precedentes.
La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático.
La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad.  Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes. 
Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales.
Que también lo es con la defensa de la competencia, como bien de incidencia colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional). En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.
Todo ello exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica.
Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.
En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. 
Los jueces consideran que este tipo de regulaciones es una práctica internacionalmente difundida y aceptada. Citan numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos nacionales e internacionales.
Como consecuencia de ello, cada uno de los votos examina en particular las razones de los textos legales impugnados y concluye que:
Es constitucional el art. 41, en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación.
Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay

Es constitucional el art. 45. Apartado 1, inc. c) (24 licencias de cable); Apartado 1, párrafo final (35% del total de habitantes o abonados); Apartado 1, inc b) (no permite ser titular de más de una señal de contenidos);  Apartado 2, incisos c y d (licencia de cable o 1 licencia de TV abierta en orden local); Apartado 2, párrafo final (3 licencias locales); Apartado 3, en su totalidad (1 señal de contenido para titulares de licencias de radio y tv abierta y 1 señal propia para los titulares de licencias de cable).
Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay

2) Disidencia del Dr Fayt.
El análisis del caso parte de considerar que hay un derecho individual a la licencia que tiene la protección similar a la de un derecho de dominio y que involucra el derecho a la libertad de expresión. Que una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística, es una afectación a la libertad de expresión.
Como la licencia se equipara al derecho de dominio, no puede restringirse su disposición, y por ello es inconstitucional el artículo 41 de la ley. Hay otros modos menos restrictivos de controlar los fraudes.
Que las limitaciones del artículo 45 no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos.

Aplicación de la ley: protección de los derechos de propiedad
Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Zaffaroni.
La mayoría considera que la sentencia debe ajustarse a argumentos de las partes y a los hechos demostrados por ellas en el juicio.
En este sentido, no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión.
Lo que está en discusión es una ley del Congreso y no una decisión del Poder Ejecutivo, lesiva de la libertad de prensa, dirigida contra un particular que pueda dar lugar a la aplicación del precedente  “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén”, (Fallos: 330:3908). Por el contrario, la ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros. La ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias. De modo que no corresponde aquí partir de una sospecha de ilegitimidad de la norma con desplazamiento de la carga de la prueba, sino que debe ser el grupo actor quien debe acreditar que la ley afecta sus derechos constitucionales.
De acuerdo con las constancias de la causa, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica. La “sustentabilidad” no puede ser equiparada a “rentabilidad”, y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria.
No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno.
No hay en la causa una prueba de que exista una violación de la libertad de expresión derivada de la ley.
La actora es titular de licencias que están protegidas porque integran el concepto de propiedad constitucional.
El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Si así fuera, ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz.
Ello no quiere decir que, si en la etapa de la aplicación se afectara la libertad de expresión hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora no pueda ejercer sus derechos.
Pero no se puede, en esta instancia, proteger un derecho que puede ser o no afectado en el futuro.
Por esta razón declara que el artículo 48 de la ley es constitucional, lo que debe ser interpretado en el sentido de que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general, siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual
El artículo 161, cuyo plazo de encuentra vencido, es constitucional.

Disidencia parcial de Argibay:
Las limitaciones de la ley son constitucionales (art 45), pero la forma de implementarlo no lo es y por eso son inconstitucionales los artículos 48 y 161. El cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión. En especial debe considerarse:
a) Espacio radioeléctrico:  en este caso la afectación se  produce si el titular de la licencia no cuenta en esa área con otra licencia para un servicio de comunicación del mismo tipo que le asegure la posibilidad de ejercer su libertad de expresión. Si la tiene, la norma se aplica, y, en caso de que el retiro de la licencia procediese y ello ocasionara daños patrimoniales, una vez probados, deben ser objeto de la correspondiente compensación monetaria.
b) Licencias que no usan el espectro radioeléctrico: la plena ejecución del esquema contenido en el artículo 45 de la ley 26.522 debe esperar al vencimiento de las licencias ya otorgadas o su cancelación por motivos atribuibles al licenciatario. Este motivo puede ser la realización de prácticas anticompetitivas que impliquen abuso del poder de mercado, colusiones anticompetitivas, o en general cualquier práctica anticompetitiva. También puede cesar por deficiencias que puedan presentar las licencias que actualmente explotan las empresas demandantes.
c) Las autoridades pueden establecer un mecanismo de implementación de la LSCA, en especial de su artículo 45, que sustituya al artículo 161 LSCA de modo que no se vean alterados los derechos derivados de las licencias de comunicación audiovisual en curso, a cuyo amparo son desarrolladas actividades protegidas por el derecho a expresarse libremente y recibir información.

Disidencia parcial de Maqueda:
Las disposiciones de la ley que obligan a la actora a desprenderse de las licencias que le fueran otorgadas y prorrogadas por el Estado Nacional en el periodo 1996-2007 violan los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión.
La propiedad, en su sentido constitucional, alcanza al titular de una licencia de un servicio de comunicación.
Tanto del otorgamiento y prórroga de las licencias reconocidas por el Estado por un plazo determinado, como de la conducta desplegada por el Grupo Clarín en consecuencia, se deriva con claridad la existencia de un derecho adquirido, entendido como aquel que ha sido definitivamente incorporado a su patrimonio y, como tal, amparado plenamente por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.
Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.
Pretender asignar el carácter de privilegio a las licencias, como lo sostiene el Estado, dejaría librados a sus titulares y a la totalidad de los medios de comunicación, al simple arbitrio de la administración de turno, afectando de esa forma el principio de seguridad jurídica.
La cuestión no puede enfocarse exclusivamente desde un ángulo patrimonial, pues en el caso, se encuentra en juego el derecho a la libertad de expresión de la actora a continuar con su proyecto comunicacional y de la sociedad a recibirlo. Por eso un conflicto como el aquí planteado, no puede resolverse mediante el mero pago de una indemnización, porque ninguna reparación monetaria podría remediar eficaz e integralmente la lesión a este derecho. En una sociedad democrática, el valor de una información no expresada no puede ser mensurado en términos económicos.

Disidencia de Fayt:
Son inconstitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161, y por ello no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir. Por lo tanto la actora continúa en la misma situación actual, sin necesidad de ajustarse en ningún momento.


Criterios de aplicación
Los ministros hacen referencia a los siguientes aspectos:
- La Corte no tiene la función de establecer si la ley 26.522 se adecúa a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta o inconveniente, o si es la mejor posible. Esa es función del Congreso.
La ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial.
- El Estado afecta la libertad de expresión, si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas.
- Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales.
- Es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión.
- En la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación  como en la revocación de licencias,  no discriminar sobre la base de opiniones disidentes,  ajustarse a los requerimientos del debido proceso en todas sus decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.


jueves, 24 de octubre de 2013

Pluralismo sindical: idea o realidad. Reflexiones


Pluralismo sindical como idea o como realidad en Argentina. Algunas reflexiones en tiempos cambiantes.*

Autor: Luis Raffaghelli
Juez del Trabajo. CNTrab. Sala VI

*Nota para elDial.com

1. La libertad sindical es principio esencial del Derecho del Trabajo, en su expresión colectiva.

Es originariamente un derecho de cada trabajador pero al formarse el sindicato adquieren una existencia y realidad propias. (De La Cueva Mario “El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, pag. 263 y ss. Ed. Porrúa 1986 ).

El derecho sindical es un  derecho complejo individual y colectivo, derecho de acción y de organización. (Camerlynck G.H. “Tratado de Derecho del Trabajo” pag.164, Paris 1966; Luisa Rivas Sanseverino “Nuevo Tratado de Derecho del Trabajo” pag.18 y ss. Padua 1971).

Bien puede decirse que hay una universalidad de las ideas en esta materia, que fue receptada por la OIT al aprobar el Convenio 87 (1948), que como sostuviera Paul Durand  merece una interpretación amplísima, incluso considerando al preámbulo de la Constitución de la OIT como parte del texto legislativo.

No puedo omitir la célebre definición de Justo López (“Derecho Colectivo del Trabajo” pag.81 y ss. Ed. La Ley 1998) uno de nuestros grandes maestros nacionales…“Conjunto de poderes individuales y colectivos que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno y  actividad externa  de las asociaciones profesionales de trabajadores”.

La relación entre libertades públicas y derechos sindicales fue reconocida por la Declaración de Filadelfia Conf. Inter. 1944 e incorporada a la Constitución de la OIT (1946).

Para llegar a éstos logros los trabajadores del mundo protagonizaron verdaderas epopeyas en busca de su dignificación y fueron sus sindicatos los que determinaron el nacimiento de la OIT.

Y con ello advino el derecho internacional del trabajo como un nuevo tipo de derecho, no un estatuto entre Estados sino como sistema normativo tuitivo de los trabajadores que se internalizó, para aplicarlo a las relaciones laborales, privadas y públicas.

Felizmente hoy parece superada en nuestro país la etapa en que la libertad sindical estaba condicionada por la represión política, pero ello todavía no está consolidado en América Latina.

La Libertad Sindical es inmanente a los derechos civiles y políticos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales:

a) derecho a la libertad de las personas; protección contra la detención y prisión arbitrarias.

b) libertad de opinión y de expresión.

c) derecho de reunión. Libertad de movimiento y circulación.

d) derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales.

e) derecho a protección de la propiedad de los organismos sindicales.

2. El pluralismo sindical como idea o como realidad.

Adelanto mi postura en cuanto a que respeto y acepto el pluralismo sindical como realidad histórica y social, más no como idea,  ya que la práctica y la teoría del movimiento mundial de los trabajadores indican que es necesario para garantizar sus derechos, concentración y fuerza sindical.

El movimiento obrero argentino que alumbró en su trayectoria el actual modelo sindical como tantas otras experiencias de la clase obrera mundial (Juan C. Fernández Madrid “Derecho Colectivo del Trabajo” pag.321 y ss. Ed. La Ley 1998) atravesó tres etapas:

a)    la de  combate  entre 1860 y 1930.
b)    la reformista entre 1930 y 1944.
c)     la de reconocimiento por el Estado  entre 1944 y la actualidad     

Es así que se sanciona el primer ordenamiento legal específico el Decreto 23.852/1945 que instituyó el sindicato único, la denominada unicidad sindical promocionada por ley a través del otorgamiento de la personería gremial al sindicato más representativo.

Este modelo legal con distintas modificaciones se mantuvo vigente hasta nuestros días pasando por la Ley 14.455 (BO 24.9.1958); la Ley 20615(BO 17.12.1973) y la actual Ley 23551 (BO 22.4.1988).

La Constitución Nacional de 1949 en su art.37  inc.5 reconoció a los trabajadores…”el derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales”.    

A su vez el art.14 bis introducido por la reforma constitucional de 1957, pese a su ilegitimidad de origen, estableció como garantía para los trabajadores organización sindical libre y democrática.

El Decreto 9270/1956 y el Decreto 969/1966 fueron intentos fallidos, destinados a cambiar la realidad sindical por vía normativa mientras que la regla estatal 22105/79 intentó desmembrar los sindicatos sin éxito ya que los trabajadores confirmaron posteriormente el modelo de la organización sindical con personería gremial que privilegia el sindicato vertical por actividad por sobre el de oficio y empresa.

Dentro del modelo obran las asociaciones simplemente inscriptas, con personería jurídica y las entidades con personería gremial. Esta dualidad se manifiesta en los tres niveles organizativos.

El mapa sindical argentino muestra que hay 2.641 sindicatos de primer grado, de los cuales 1364 tienen personería gremial y 1277 son simplemente inscriptos además de las numerosas peticiones en trámite. Las de 2º grado o federaciones son 90 y las de 3º grado o confederaciones suman doce (datos octubre 2007). Coexisten en la realidad cinco centrales sindicales: tres CGT y dos CTA.

Estas cifras demuestras que en la realidad actual conviven en Argentina distintas expresiones sindicales de distinto signo político e ideológico, configurando un pluralismo sindical de hecho, aunque la normativa legal esté indique otra cosa.

Una situación de multiplicidad de expresiones sindicales que obedecen a variadas causas entre las que, genéricamente podemos mencionar:

·         Nuevas realidades productivas y reagrupamientos empresarios.

·         Introducción de nuevas tecnologías de la comunicación e información insertas en el proceso productivo y organizacional de las empresas.

·         Nueva conflictividad de la cual despuntan asociaciones poniendo en crisis la representación sindical tradicional, cuestionada por no responder a demandas salariales y laborales.


Este desajuste entre norma y realidad conspira contra la eficacia de la norma y sugiere a los actores sociales y políticos, que ya han tomado nota, la necesidad de adecuar la ley al nuevo panorama sindical, como una esencial cuestión política pública que garantice la libertad sindical.

A ello se ha sumado como lo veremos infra las decisiones judiciales de la Corte Federal en la materia aportando elementos que tampoco pueden pasar inadvertidos.

El concepto de libertad sindical con la amplitud de criterio que hemos señalado no significa adoptar una idea ingenua de la misma que desplace - favoreciendo a intereses concentrados  y opuestos - la también universal idea de un sindicalismo fuerte,  representativo y concentrado que evite la dispersión y la pérdida de fuerza negocial. No puede obviarse que las economías más fuertes del mundo con la presencia de empresas transnacionales tan poderosas como países, requieren un sindicalismo también fuerte, independientemente que tenga una sola expresión o más de una, pero que negocie concentradamente de acuerdo a su representatividad.

De ésta manera garantías y realidades caminarán juntas.

3. Reformas legislativas. El informe elaborado por el GERL  ratifica el sistema instituido por la Ley 23551, pero señala por mayoría recomendaciones y propuestas de modificación parcial de sus normas, en línea con lo indicado por la Comisión de Expertos de la OIT:
        Art. 29 (en tanto limita la posibilidad de reconocer personería gremial a un sindicato de empresa).

        Art.30 (referido a similar posibilidad del sindicato de oficio profesión o categoría).

        Art.31 inc. …haciendo extensivos derechos a las asociaciones simplemente inscriptas (defender y representar intereses individuales y colectivos de sus afiliados; participar en instituciones de planificación y control).

        Arts. 38 (retención de cuota), 39 (exención impositiva bienes sindicales), 48 y 52 (limitando la tutela a parámetros de razonabilidad y teniendo en cuenta las pautas del Convenio 135 de la OIT).

        Respecto del art.28 cuando del cotejo efectuado la peticionante de personería gremial exceda a la titular en un porcentaje no mayor del 10% se dirima la cuestión por vía electoral y que las cuestiones de encuadramiento, se resuelvan por la misma vía.
        Crear un órgano colegiado independiente del MTEySS cuyos integrantes con
idoneidad especializada deberían contar con acuerdo del Senado de la Nación para el registro de asociaciones sindicales, control de legalidad de estatutos, supervisión del cotejo del art.28, contralor del proceso electoral, reconocimiento de personería gremial.

        Crear un fuero laboral federal  en todo el país llamado a conocer en los litigios relativos al régimen de asociaciones sindicales.

Parece obvio que estos elementos no pueden ser enviados al cajón de los archivos.

Sin embargo tampoco puede olvidarse que la cuestión forma parte de la soberanía política del pueblo y de la opinión de los trabajadores y sus organizaciones.

4. Derecho Judicial. El Derecho Judicial Argentino ha establecido pronunciamientos que conmueven el sistema normativo de la Ley 23551, que se mantiene vigente merced a principios de soberanía política y legitimado en gran parte por la voluntad de sus destinatarios.

La Corte Suprema de Justicia en el caso “ATE c/ Ministerio de Trabajo” ( Fallos 331:2499-11.11.2008) reivindicó el derecho a la asociación libre y democrática, cuestionó el art.41 inc.a de la L.23551 en la medida que exige a los delegados del personal e integrantes de comisiones internas y organismos similares estar afiliados a una asociación sindical con personería gremial, al que descalificó como violatorio del art. 14 bis de la CN que ampara el derecho a la libertad de asociación sindical. 

En el caso “ROSSI Adriana c/ Estado Nacional-Armada Argentina s/ sumarísimo” (CSJN 9.12.2009 - Fallos 332:2715) declara la inconstitucionalidad del art.52 de la L.23551 en la medida que excluye al representante de una asociación sindical simplemente inscripta del goce de la tutela otorgada por la norma a los representantes de las asociaciones con personería gremial.

En “ALVAREZ Maximiliano c/ CENSOSUD SA s/ acción de amparo” (CSJN Fallo A. 1023. XLIII 7.12.2010) en el que se dispuso la reinstalación de seis trabajadores miembros de un sindicato simplemente inscripto que habían sido despedidos sin causa, medida impugnada como discriminatoria por motivos sindicales.

La Corte declaró aplicable la L. 23592 al ámbito del derecho individual del trabajo para conjurar el menoscabo al pleno ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, y con cita de la Ley 25. 212 (BO 6.01.2000)  del pacto Federal del Trabajo, califica como muy graves las decisiones del empleador que importen cualquier tipo de discriminación.

A ésta tríada hay que sumarle el reciente pronunciamiento en la causa A.598.XLIII “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad” (CSJN, 18.6.2013) que se sostiene en los precedentes antes citados “ATE” y “Rossi” señalando que la libertad sindical es …un principio arquitectónico que sostienen e imponen la Constitución Nacional en art.14 bis y un muy comprensivo corpus iuris proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que goza de jerarquía constitucional en los términos del art. 75.22 de la primera”…(considerando 3º).

Y resaltar la puesta en valor por la Corte de los principios de jerarquía constitucional que rigieron el desenlace de la contienda, ésta vez sistematizados, que han sido reflejados en la mayoría de los fallos sobre derechos sociales por el actual Tribunal supremo.
Menciona siete principios que considera estructurales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos constitucionalizado:

El trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (Casos “Vizzotti”; “Aquino”; Pérez Aníbal R.  c/ Disco”; “Ascua”).

La justicia social en su más alta expresión con el norte de alcanzar el bienestar.

El de progresividad en tanto impone que toda medida estatal de carácter deliberadamente regresiva en materia de derechos humanos requieren la consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente, (cons.9º) con referencia a los precedentes “Aquino”; “Madorran”; “Milone”; “Torrillo”; “Medina Orlando c/ Solar Servicios on line”; “Silva c/ Unilever”; “Sanchez María c/ ANSES” y cita de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Acevedo Buendía c/ Perú”).

El derecho del empleado a perseguir su “bienestar material” por intermedio del trabajo asalariado ha de estar rodeado de “seguridad económica”.

 El deber – positivo- del Estado de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una  vida digna (Corte IDH Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay” 17-06-2005).

  El compromiso – negativo – de respetar los mentados derechos, absteniéndose de adoptar medidas que interfieran en el disfrute del derecho al trabajo alcanzado por un empleado (Observación General 18 PIDESyC).

 El principio “pro homine” o “pro persona”  con dos manifestaciones hermenéuticas: la exigencia de adoptar pautas amplias para determinar el alcance de los derechos, libertades y garantías y en sentido inverso –restrictivo- si de lo que se trata es de limitar tales derechos, libertades y garantías (Corte IDH Condición jurídica y Derechos Humanos del niño” Opinión consultiva OC 17/2002 PIDESC y OC 06786).
Concluye en definitiva que se  impone escoger el resultado que proteja en mayor medida al ser humano, dentro de lo que las normas aplicable posibiliten (Cons.10).

Algo es cierto, al margen de las reformas que en materia sindical puedan implementarse, con participación directa de los actores sociales, en el marco del Estado social y democrático de derecho, no podrá obviarse ya, a ésta altura del desarrollo social, que la libertad sindical y las organizaciones que bajo  su égida funcionen o se constituyan, deberán incorporar como elemento principal, el derecho al trabajo y fundamentalmente la estabilidad del mismo, sin lo cual es imposible hablar de trabajo digno, ni tampoco que crezcan organizaciones sindicales fuertes y democráticas, comprometidas con los derechos humanos y la justicia social.

Una libertad sindical solo declamada pero no materializada en el respeto de tales valores y la progresividad de los derechos sociales, vería desvirtuada su esencia, conspirando contra la efectiva concreción de aquellos.

* Luis Raffaghelli
         Juez del Trabajo
         C.N.A.Trab
                                                                             
4.9.2013                                                                            


lunes, 21 de octubre de 2013

IMPORTANTE JORNADAS SOBRE JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

Lesa Humanidad-UNA CUESTION DE ESTADO-

Organizado por la Asociación de ExPresos Políticos caba y TELAM
Se inauguró la 1ra Jornada sobre los juicios al terrorismo de Estado 
Contó con un panel titulado "La mirada de los protagonistas",   los dres. Auat, Falcone y Mántaras evaluaron logros y asignaturas pendientes en la lucha contra la impunidad




El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat precisó hoy que todavía hay 1.083 procesados por delitos de lesa humanidad en el país, pese a lo cual sostuvo que “no hay un fin, una solución, en esa herida abierta, para que eso no vuelva a ocurrir”. El funcionario sostuvo que “si se muere el último genocida, muere físicamente, pero la memoria sobre lo que pasó no puede morir”. Lo expresó en la Jornada Interdisciplinaria sobre los Juicios al Terrorismo de Estado realizada por la Asociación de Ex Presos Políticos de la ciudad de Buenos Aires y por Télam, en la sala Emilio F. Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 25 de Mayo 552, Capital Federal.

Auat, junto al juez federal de Mar del Plata Roberto Falcone y a la abogada Mirta Mántaras abrió la jornada para analizar la evolución de las causas en las que ya fueron condenadas 443 personas, en 16 juicios orales de los cuales 73 recibieron sentencia este año, pese a lo cual destacó que “hay un porcentaje ínfimo de condenas en firme”.

El cónclave fue abierto por Agustín Di Toffino, de la secretaría de Derechos Humanos quien subrayó que “se ha avanzado mucho en esta década ganada porque el Estado dejó que la Justicia actúe”. Recordó al ex presidente Néstor Kirchner porque impulsó “una política activa de Derechos Humanos” y dijo que el lema “Memoria, Verdad y Justicia integra una trama de reivindicaciones políticas que llegan hasta la inclusión social”. Agregó que “los juicios son una herramienta pedagógica, a los que hay que darle visibilidad pese a que hay gente que no colabora, como la corporación mediática”, si bien manifestó que los procesos en marcha eran “inimaginables hace algunos años”.

La abogada Mirta Mántaras, quien intervino en muchos procesos de este tipo, explicó que los militares “gozaban de un bill de indemnidad porque creían que tenían la verdad y contar con el apoyo del poder económico”. Recordó que “el Manual de Acción Psicológica del Ejército tiene más de 100 años y nosotros nunca lo pudimos conocer” y aseveró que sabían que los procedimientos de la última dictadura tenían elementos similares al decreto “Noche y Niebla, redactado en la Alemania nazi tras la ocupación de Francia”. La letrada remarcó que “tras el ataque del Regimiento de Viejobueno, (el general Jorge Rafael) Videla, como comandante del Ejército , emitió un comunicado en el que decía que la guerrilla estaba derrotada” pese a lo cual dieron el golpe de Estado de marzo del 76.

También rememoró que “en 1981, los empresarios manifestaron su apoyo al Proceso, pero dijeron que faltaba el achicamiento del Estado y las privatizaciones de las empresas públicas lo que se podría hacer con los militares o sin los militares” por lo que señaló al ex presidente Carlos Menem como “la cría del Proceso”.

Al respecto el fiscal Auat dijo que “el Juicio a las Juntas fue la moneda de cambio” para sostener el proyecto sectorial por lo que fue evidente que era “un remedio menor” para evitar que volviera a ocurrir lo que pasó el 24 de marzo del 76, día en que “el Estado pasó a la clandestinidad” en el país y “se volvió contra la sociedad”.

Roberto Falcone se refirió “a las dictaduras que en el siglo XX que instrumentalizaron políticamente el Derecho para violar Derechos Humanos” y respondió a “las editoriales de los diarios y las cartas de lectores que afirman que en el país se condena sin pruebas”. Expresó que “el último régimen militar violento inventó una guerra y montó un sistema penal subterráneo con campos de concentración y asesinatos masivos por encima del sistema penal formal”. Este accionar que ahora es juzgado “se extendió por la debilidad del sistema judicial que ni siquiera realizó los controles formales, como ocurrió en la Unidad 9 de La Plata, o con los rechazos a los Hábeas Corpus”.

“No hay condenas sobre esos magistrados –dijo Falcone y parafraseando a Claus Kaster agregó- el puñal estaba bajo la toga de los magistrados ya que ni tomaban en cuenta las autopsias que se realizaban en el subsuelo del edificio donde estaban”. “Esa doble moral jurídica –aseguró- era similar a la de la Alemania nazi y así se llegó a la denominación Delincuente Subversivo (DS) y la formación del pabellón de la muerte en la Unidad 9 de la Cárcel de Olmos de La Plata”. “No solo tortura el que aplica la electricidad. Los que estaban atrás fueron los que planificaron y pusieron en manos de los ejecutores, sus herramientas”, dijo el miembro del tribunal oral Federal de Mar del Plata.

“Muchos de los ahora procesados eran funcionarios públicos y de los servicios de Inteligencia que no mataban, pero al elevar el informe señalaban a personas y por lo tanto eran responsables”, indicó. El magistrado remarcó que “el terrorismo de Estado es una obra colectiva. Los funcionarios públicos son responsables penales y cuanto más arriba estaban en la cúspide eran más responsables”.

Falcone recordó el caso del detenido Alberto Pinto, quien siendo epiléptico fue detenido y torturado. Después, fue dejado en una celda de castigo donde se le manifestó una peritonitis que lo llevó a la muerte. “Todos fueron condenados a perpetua y los médicos que lo dejaron en la celda de castigo, por ser médicos y oficiales públicos fueron condenados por homicidio en ocasión de omisión, por la omisión de socorro que debían dar, tal como un padre debe cuidar a su hijo según la patria potestad”, concluyó.
En una segunda mesa se ubicaron ex presos políticos de mar del Plata, Buenos Aires y Corrientes quienes expresaron sus experiencias en centros de detención. Entre otras reclamaron la aprobación de la ley de pensión que ha sido aprobadas por diputados y las tres comisiones en el senado, temen que de no ser tratada  pierda vigencia parlamentaria.
Por la tarde, estuvo el debate "Los juicios: ¿compromiso o des-compromiso?" con un panel compuesto por los periodistas Fernando Aguinaga (Noticias Argentinas), Elena Corvalán (radio Nacional de Salta), Julia Parodi (diario del Juicio-Córdoba); Juan José Salinas (Télam) y Lucho Soria (agencia de noticias DDHH).
"Es importante que estos debates sean realmente federales y que incluyan a todo el país", dijo, por su parte, María Adela Antokoletz, hermana de Daniel (secuestrado en la ESMA) y colaboradora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Ver agencia TELAM


domingo, 20 de octubre de 2013

CUANDO LA LOCURA Y LA MUERTE LE GANAN A LA VIDA: EL SALVAJE ASESINATO DE UN HOMBRE BUENO Y UN POLITICO QUERIDO POR SU PUEBLO. Adios a Hugo Cesar Rodriguez Intendente de Loberia.




Cuando la locura y la muerte vencen a la vida aunque sea momentáneamente, no podemos encontrar palabras para explicarnos lo sucedido. Es lo que nos ocurre hoy con el asesinato de Hugo Rodriguez Intendente de Loberia,  el querido pueblo donde creci y pase una feliz adolescencia. Compartimos colegio, futbol y cumpleaños de quince. Las vueltas de la vida nos reencontraron compartiendo convicciones e ideas, quizás desde distintas responsabilidades. Pero no tengo dudas de que siempre Hugo pudo andar libremente por su pueblo y hablar con todo el mundo, con un despacho abierto y presto a soluciones. Era muy respetado en ámbitos provinciales y nacionales. Vaya desde aquí mi humilde homenaje... Huguito, el de la voz ronca, la sonrisa franca y la mano siempre extendida... ¡Descansa en paz!   ¡Dios te bendiga!


Luis Raffaghelli 

20.10.2013



lunes, 14 de octubre de 2013

CARTA ABIERTA TEXTO COMPLETO 14


por la importancia del pronunciamiento, la oportunidad y profundidad del texto que suscribo plenamente reproduzco en este espacio democratico y popular el texto 14 de carta abierta.

..."Memoria, verdad y justicia. Convenios Colectivos. Salario Mínimo. Recuperación del sistema de jubilación de las manos de la especulación financiera. Mejor distribución del ingreso. Aumento del presupuesto educativo. Asignación Universal por Hijo. Matrimonio igualitario. Ley de servicios de comunicación audiovisual. Nueva Carta Orgánica del BCRA. Autonomía frente a las políticas del FMI. Resistencia frente a los fondos buitre. Despliegue de las cooperativas de trabajo. Mejora sustantiva en los ingresos de los jubilados. Gobierno civil de la política de defensa. Desendeudamiento. Nacionalización de YPF, Aerolíneas y aguas. El plan Procrear..."

LUIS RAFFAGHELLI



Fte. P.12 día 13.10.2013

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA ABIERTA 14

Vivimos tiempos de urgencia y de esperanza

Una asamblea que desbordó la sala de conferencias de la Biblioteca Nacional aprobó ayer la Carta Abierta 14 de las agrupaciones de intelectuales y artistas, donde analizan la disyuntiva planteada ante las próximas elecciones, lo que se juega en ella y el camino que se abre para el Gobierno, los que lo apoyan y los que mantienen críticas a pesar de compartir sus objetivos.


1 Vivimos tiempos de desafío y de riesgo. Tiempos de urgencia y de esperanza. A pocos días de las elecciones, demasiadas cosas están en juego como para no señalar el dramatismo de la hora. Sabemos, siempre lo supimos, que los proyectos transformadores de matriz popular y democrática se enfrentan, tarde o temprano, con aquellas fuerzas poderosas que desde el fondo de nuestra historia, una y otra vez, han buscado sostener su dominio porque creen, con su visión patrimonialista, que el país les pertenece, que siempre les ha pertenecido. Pero también se enfrentan, esos proyectos que suelen ir contracorriente, a las nuevas demandas, que no nacen ni viven del recuerdo de la tragedia previa, sino de las vicisitudes y las emergencias del presente, incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Y también se enfrentan, los proyectos como el iniciado en mayo de 2003, a sus propias dificultades y tensiones, esas que nacen de una realidad siempre en estado de extrema fragilidad que nos recuerda la gravedad de una época en la que nada parece quedar a resguardo de los grandes vendavales de un capitalismo global en estado de crisis pero capaz de seguir imponiendo sus decisiones y su hegemonía en la mayor parte del planeta.
Entender el carácter de la ofensiva del capital neoliberal significa desentrañar el grado de dramatismo que hoy amenaza a los proyectos políticos que buscan, sobre todo en Sudamérica, vías alternativas a las que nos condujeron y quieren seguir haciéndolo hacia la intemperie social y económica. La hora es incierta porque está en juego la continuidad o no de una política que ha podido, con sus dificultades y contradicciones, reinstalar en el centro de la escena la disputa por la distribución de la renta material y simbólica. El reforzado frente restaurador, que incluye a las corporaciones económico-mediáticas, a las fuerzas de la derecha, a las expresiones del peronismo conservador y a los neoprogresismos reaccionarios, busca cerrar este momento de reparación de la vida popular. Unos, los poderosos, intentan recuperar el terreno perdido horadando, desde todos los ángulos posibles y utilizando todos los recursos a su alcance, la continuidad de un proyecto que, después de décadas de penurias para los intereses populares, logró reabrir la esperanza en el interior de un pueblo lastimado y saqueado. Otros, las personas comunes, los ciudadanos de a pie, los que viven el día a día con sus logros y sus dificultades, no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas que cierran a cal y canto cualquier alusión al pasado y a su tragedia social, económica, política y cultural porque, aunque no lo digan, están dispuestas, esas fuerzas hoy opositoras, a implementar aquellas terribles recetas que tanto daño nos hicieron. Exigen, con el derecho que surge de lo reconstruido y de sus propias perspectivas y demandas individuales, seguir mejorando y seguir superando los núcleos duros de la desigualdad, las carencias, las injusticias y las zozobras de la vida cotidiana. Poco tiempo le dedican a valorar lo que se ha conquistado en estos arduos y sorprendentes años en los que el país logró recuperar la brújula de su historia dejando atrás, como no se cansaba de decir Néstor Kirchner, el infierno en el que nos habíamos convertido como sociedad.
Lejos de las capturas ideológicas de largo aliento, más lejos aún de identidades fijas y permanentes, parte de la ciudadanía de esta época mediatizada no suele permanecer adherida a solidaridades cristalizadas. La fluidez, lo efímero, la fetichización del cambio y de la última novedad, la lógica de la sociedad de la mercancía y del espectáculo les exige a los lenguajes políticos y a la propia democracia que aprendan a lidiar con esa persistente fragilidad de las identidades contemporáneas. Nadie tiene la vaca atada. Cada día hay que renovar el vínculo y el contrato de origen. La fugacidad de lo vivido pende como una amenaza recurrente en el interior de una vida social que mide su satisfacción a cada instante y de acuerdo, la mayor parte de las veces, con la narrativa que de esa misma vida social se hace desde las grandes usinas comunicacionales que, en la actualidad, constituyen la avanzada de los poderes corporativos y el laboratorio desde el que se despliegan las nuevas formas hegemónicas que articulan el estado de las conciencias. El riesgo nace de creer que lo conquistado y lo recuperado, aquello que hizo y hace posible el diseño de una sociedad capaz de reconstruir lo que había sido brutalmente destruido, no depende –hoy, acá y en estas horas decisivas– de la continuidad del kirchnerismo.
Algunos, los poderosos, los que han ejercido a discreción –y apelando muchas veces a la violencia homicida– el poder en la mayor parte de la travesía histórica del país, saben que no se puede seguir permitiendo que un proyecto nacido de antiguos sueños de justicia e igualdad siga pronunciando ese camino que acabe invirtiendo décadas de dominación y sometimiento. Saben que la llegada del kirchnerismo vino a sacudir un estado de injusticia y de derrota de las tradiciones populares. Que vino a interrumpir la continuidad de la barbarie social y la ampliación de la desigualdad al mismo tiempo que reabrió la posibilidad de reconstruir la tradición de una lengua emancipatoria que hoy recorre una parte sustantiva de Sudamérica. Sabe, también, que no puede permitir la prolongación en el tiempo de un proyecto que le ha devuelto a la multitud invisible la potencia para encarar con energía renovada profundas transformaciones en el interior de una realidad social que sigue siendo un territorio en y de disputa. Sabe, a su vez, que la ampliación de derechos multiplica las voces dispuestas a defender lo conquistado y a oponerse a los intentos de restauración del poder neoliberal. Es simple su intención: cortar de cuajo lo que nunca tenía que haber ocurrido, sellar, por inactual e imposible, la invención democrática que renació hace diez años cuando nada ni nadie lo podía preveer o imaginar. Van, una vez más, por la reconquista de sus privilegios y por la plena posesión del poder de decisión. Quieren terminar con una atrevida política que reinstaló entre nosotros la esperanza de la igualdad. Ellos no confunden ni se confunden, saben cómo y contra quien tienen que descargar toda su artillería destituyente.
Otros, los bienintencionados, los que suelen identificarse con posiciones progresistas, prefieren instalarse en la lógica de la demolición asociándose a la feroz campaña que desde las usinas del poder mediático se viene desarrollando contra el Gobierno. Son los eternos buscadores de una “república virtuosa”, esa que supuestamente yace en un oscuro filón de la nación, extraviada después de los tiempos del primer centenario, y sometida una y otra vez –eso piensan y proclaman sin sonrojarse– por los populismos demagógicos, al vaciamiento y la corrupción. Sin encontrar ninguna incompatibilidad, allí donde buscan convertirse en los heraldos de los valores republicanos, suelen confluir con los poderes corporativos y, siempre, terminan por travestirse a imagen y semejanza de esos grupos privilegiados. Pero, eso sí, en nombre de la República y de su salvación. Lo que no dicen o no saben es que cada vez que esas fuerzas se alzaron para defender la “virtud amenazada de la república” no hicieron otra cosa que destruir derechos, aniquilar libertades y vaciar de contenido a la propia vida democrática. Ofreciendo un rostro y una retórica supuestamente progresista, arropados en banderas de larga prosapia libertaria, terminan por volverse funcionales a los verdaderos diseñadores de las estrategias destituyentes: el poder económico-mediático que va en busca de la restauración conservadora.
Es por eso que, en esta hora compleja y desafiante, nos dirigimos a los hombres y mujeres de nuestra patria que no renuncian al sueño de una sociedad más justa. Que, con toda honestidad, asumen como propias, en ocasiones, las críticas más despiadadas e injustas que, construidas en el laboratorio de la derecha corporativa, acaban convirtiéndose, sin que lo visualicen, en parte de su propio sentido común y en la entrega de sus ideales democráticos a quienes no han hecho otra cosa que vaciarlos de todo contenido emancipador. Los llamamos a que, sin dejar de sostener sus tradiciones y sus diferencias, sepan reconocer la abismal distancia que separa a un proyecto –con sus aciertos y sus errores– que no ha dejado de inclinar la balanza hacia el horizonte de un país más igualitario y democrático, de aquellos sectores dominantes y hegemónicos dispuestos a quebrar en mil pedazos esas esperanzas que en los últimos diez años no han hecho más que multiplicarse.
Detrás, muchas veces, de retóricas seudoprogresistas buscan seducir a ciudadanos que, de saberlo, no estarían dispuestos a acompañar sus estrategias reaccionarias. Pero también se montan en el sistemático esfuerzo por despolitizar, a través de los lenguajes massmediáticos, a quienes han sido sujetos de la reconstrucción y la ampliación de derechos sociales, civiles y culturales. Avanzan disputando sentido común y opinión pública. Utilizan el espectacular poder de fuego de las corporaciones comunicacionales siempre dispuestas a reforzar los intereses de los grandes grupos económicos y a amplificar la contra revolución cultural que el neoliberalismo viene desarrollando globalmente. Buscan desprestigiar y debilitar hasta la extenuación a un gobierno que, a contrapelo de las tendencias mundiales y en consonancia con algunos países de la región, se atrevió a desafiar el orden establecido. Ellos sí que van por todo: van por la liquidación de los derechos, van por la ampliación de su renta, van por la perpetuación de su poder, van contra los deseos tumultuosos de las mayorías que siguen soñando la igualdad, van contra las demandas de memoria, verdad y justicia y por la impunidad de sus propios crímenes. Ellos saben lo que está en juego, saben cuál es el corazón de la disputa y de qué modo golpear contra la Presidenta y contra un proyecto que ha sido capaz de romper la terrible continuidad de una dominación implacable que llevó a la peor de las intemperies sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas.
Son momentos donde se manifiesta con su fuerza silenciosa la ironía de la historia: por un lado, la conciencia pública democrática se halla sumida en un gran debate; por otro lado, esa misma conciencia se halla aprisionada por enormes operaciones mediáticas que sobre el idioma real de la historia, sobreponen el idioma vacío del miedo y de una abstracta reparación moral. De este modo, esa dramática distancia entre la vida real, con sus cotidianas realizaciones y sus rumoreos deshilvanados, se yergue en términos de un gran poder mediático que traba la expresión genuina de los intereses sociales con una expresión repleta de pulsiones fantasmales: es un modelo de conclusión de un ciclo como anunciación de un “modelo de llegada”, el de un candidato que ha convertido su nombre en un algoritmo y sonríe en las carreteras de entrada a la ciudad con la pinta entradora de vendedor de terrenitos a plazos, dispuesto a cualquier señuelo.
2 Ante tales circunstancias, es necesario reponer todo un diccionario de ideas y de correspondencia entre éstas y las definiciones más clásicas de un acervo político que está también amenazado. Se trata de analizar una vez más los resultados del capitalismo en el plano de sus acciones reales sobre la materia histórica, y en el plano de sus fantasías ideológicas. Un cuarto de siglo pasó desde la reconfiguración que sobrevino con el fin del mundo bipolar. El velo de la promesa democrática y de un mundo en paz, con la que Occidente batalló para obtener la hegemonía conquistada, ha caído. Se ha impuesto una única “verdad”, la de un capitalismo que no tolera diferencias y organiza, por el contrario, cruzadas uniformadoras de sistemas económicos, modelos políticos, culturas y proyectos de pueblos y naciones. Es en perspectiva, el diseño de un futuro global a medida de un Imperio que impone su ley, otorgándole a ésta el valor de “justicia universal”. La ilusión de un capitalismo humano, instalada durante la “edad de oro”, iluminada por los estados del bienestar de las socialdemocracias europeas, se derrumbó, dejando revelado haber sido una estrategia de competencia con el “mundo socialista” caído, más que una opción programática de burguesías con sentido social. Cristina llamó anarcocapitalismo financiero a esta hegemonía de un sistema depredador y llamó a recuperar lo mejor de aquello que pudo o quiso a duras penas construir el propio capitalismo cuando tuvo que atender las demandas de las grandes mayorías que se rebelaban contra una antigua trama de injusticias. Eso es lo que se ha acabado en los países centrales.
Es Sudamérica el lugar en el que, a contracorriente, se busca defender derechos y conquistas que recuerdan al Estado de Bienestar, pero que quieren ir más allá. Eso lo sabe el poder hegemónico y ha buscado y lo seguirá haciendo quebrar estas experiencias popular-reparadoras. En nuestro país, muchos que se ofrecen como portadores de una perspectiva “progresista” no hacen más que movilizar sus recursos retóricos e ideológicos a favor de la ola liberal-conservadora que viene arrasando los derechos de las mayorías en los Estados europeos. Esos “progresistas” han defendido a Capriles y atacado las opciones populares sudamericanas en nombre de la “virtud republicana”, del mismo modo que han derramado todos sus prejuicios sociales y raciales al caracterizar a los habitantes de los barrios marginales y pobres del gran Rosario como “inmigrantes de origen toba o de Bolivia y Paraguay” que traen su pobreza desde “fuera”. Un lastre “indio y extranjero” que no es responsabilidad del gobierno “progresista”.
El último cuarto de siglo ha sido de guerras e invasiones. Irak, en dos oportunidades, el descuartizamiento de Yugoslavia con intervenciones puntuales de las grandes potencias en cada uno de sus conflictos, Afganistán, Libia, y ahora la latente amenaza sobre Siria. También este tiempo ha sido de un capitalismo financiero que organizó el mundo desterritorializando la producción industrial y deslocalizando el trabajo con el fin de reducir los salarios, ampliar las ganancias, destruir las conquistas de los trabajadores, desarmar sus organizaciones y movilizar el capital de un lugar a otro, sin límites, sin controles, ampliando hasta los niveles más desmesurados las esferas financieras en las cuales las oligarquías más poderosas del globo se apropiaban de la parte del león de las ensanchadas plusvalías. Los cantos de sirena de una era posindustrial o de una época del fin del trabajo, contrastan con las maquilas de salarios miserables, jornadas extensísimas de trabajo y condiciones de precariedad y pobreza de las grandes masas populares.
Sin embargo, para el objetivo de un mundo único y uniforme no alcanzaba con resolver el pleito bipolar. La nueva hegemonía se lanzó a adocenar un Tercer Mundo que desplegaba proyectos propios, que había organizado Estados para impulsarlos, librado luchas de descolonización y liberación; un Tercer Mundo en el que se habían conformado movimientos nacionales y populares y afirmado ideales de emancipación y autonomía, pero que también sufriría de errores, desaciertos y derrotas nacidas de experiencias que se encontraron ante sus propios límites y sus propias fallas. La ideología neoliberal de privatizaciones, desintervención pública, apertura irrestricta a las inversiones externas, flexibización laboral, culto a los mercados –especialmente a los financieros– fue predicada y practicada como poderosa lógica de desorganización de Estados, regímenes previos, pensamientos críticos, modos de vida, valores, costumbres y creencias. Así recuperó y amplió su hegemonía el capitalismo neoliberal. Sobre esta tierra arrasada hoy se despliega la, tal vez, mayor de sus crisis.
Los programas de ajuste en Europa, las campañas militares en Africa y Asia, el ninguneo de las Naciones Unidas, la naturalización de la función de un gendarme universal, el manejo unilateral de la emisión de moneda mundial por parte de la potencia hegemónica, denotan la decisión del mundo central de agudizar la crisis para que se resuelva sobre la base de ensanchar y profundizar el paradigma regresivo de polarización social y concentración de la riqueza y del poder. Pero, en la última década se abrió una grieta en esta humanidad desolada, arrasada y desilusionada por un sistema que se había sentenciado a sí mismo como definitivo e irreversible. Una esperanza creció en América latina. Una esperanza que fusionó el renacer de culturas milenarias, con las gestas de la independencia y las experiencias populares de mediados del siglo pasado. Nombrar a los que encendieron ese nuevo fuego siempre es imprescindible: Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Correa, Cristina. Sus nombres están ya indisolublemente ligados a la recuperación de utopías, dignidades y voluntades transformadoras.
Así, la reciente participación de Cristina en el G-20 fundó un nuevo momento. Un discurso y una gestualidad de autonomía rompió con el diseño de un ámbito organizado para un consenso unánime que consagrara la voluntad de los países centrales. Señaló la complicidad de los EE.UU. con los fondos buitre, reclamó por un regreso a un genuino multilateralismo y denunció que la paz no se construye con guerras. Días después profundizó su pronunciamiento en la Asamblea de las Naciones Unidas, sostuvo que no hay guerras justas, denunció la hipocresía de las potencias que hablan de diálogo y no se sientan a conversar cuando peligran sus intereses coloniales, criticó a quienes preparan intervenciones armadas en nombre de la paz –cuando previamente fueron proveedores directos o indirectos de las armas con las que se despliegan los conflictos–, pidió la restricción y regulación de las lógicas anárquicas y perversas con las que se maneja el capital financiero internacional, reclamó sobre una reforma del orden internacional que favorezca el mayor peso de la opinión de las naciones periféricas, exigió el cumplimiento de los acuerdos entre países. Es claro que nuestra Argentina y nuestra América latina batallan contra intentos restauradores. Como siempre, éstos se siembran de adentro y de afuera. Los fallos de la Justicia norteamericana contra nuestro país revelan el propósito de un disciplinamiento “ejemplificador”. No se trata sólo de la imposición de una lógica de la financiarización, que hasta puede resultar dañada por la desmesura de hacer caer una reestructuración de deuda magníficamente lograda, si no de la priorización de una actitud nada amistosa contra una nación y una región que han recuperado una política internacional independiente, avanzado en proyectos económicos transformadores y reconstruido sus Estados nacionales. Los actos de espionaje sistemático llevados a cabo por los EE.UU., violatorios de la soberanía de nuestros países han generado reacciones dignas, impensables hace apenas una década, como la de Dilma Rousseff que canceló su viaje a la superpotencia. También hubo una firme y solidaria respuesta frente al grave secuestro que sufriera Evo Morales por parte de potencias europeas unos meses atrás.
Todo ello acontece mientras grupos económicos locales, mediocres oposiciones políticas, y medios monopólicos que pretenden comandar la erosión del proyecto popular, acechan para medrar con el producto de devaluaciones y turbulencias de caminos regresivos. La ilusión de un “gran empresariado adicto”, heredado de otras épocas y otros proyectos de país, se desvaneció en estos diez años. Sus exponentes no sólo aumentan precios y provocan inflaciones que erosionan el ánimo popular, si no que conspiran por nuevas megadevaluaciones del peso para engrosar fortunas que reposan en negocios financieros internacionales luego de utilizar cuantas vías de fuga idean astutamente. Sus figurantes de escena, repetidores de discursos vetustos rellenos de frases de ocasión, han mudado de escenario y militan activamente en entramados opositores apostando al “fin de ciclo”.
Es una hora dramática, en la que los proyectos políticos transformadores de nuestro continente deben repensarse y, dentro de ellos, su lógica de alianzas. Alianzas imprescindibles para su consolidación y profundización, dos términos inescindibles, pues congelar el presente, detener los cambios, conservar sólo lo hecho, más que insuficiente resulta imposible. Los restauradores dicen que quieren poner un freno, pero pretenden bombardear lo construido, aleccionar contra las ansias de cambio, naturalizar la decadencia neoliberal. Por eso prometen un país “serio”, reinsertado en el mundo, tan “moderno” como la podredumbre que impúdicamente exhiben las economías del norte desarrollado. Son tiempos de afirmar el proyecto, a la vez que de reencauzamiento de rumbos. Exigen acelerar los pasos de la unidad e integración regional, a la vez que priorizar las construcciones políticas y la movilización popular. De construcción de más Estado. De políticas que, con participación popular, ensanchen más aun la ciudadanía. De ampliar las mejoras en la distribución de la riqueza, porque queremos y hace falta más. De formalización plena de los trabajadores. De mayor acceso de los campesinos a la tierra. De mayores derechos para los pueblos originarios. De despliegue del acceso a la vivienda. El kirchnerismo con sus grandes aciertos y también con sus errores, ausencias, deudas pendientes y limitaciones marcó una dirección popular y democrática tan profunda que sólo admite, desde una mirada emancipatoria, la crítica que tiende a fortalecerlo. La vocinglería opositora que le señala insuficiencias para debilitarlo, aunque acierte muchas veces en desnudar la falta, aunque luzca centroizquierdista, confraterniza con el intento oligárquico de consumar el “fin de ciclo”. Porque lo que está en juego no es el éxito o fracaso de una gestión, entendida como un agregado de medidas o políticas, sino el sentido de una época. No hay profundización de ella sin continuidad, o para ser más dramáticos, sin futuro del kirchnerismo como fuerza transformadora en el poder. Los que quieren ordenar, poner fin al tumulto, limpiar la escena, enaltecer la corrección, ser héroes de la buena conducta, se proponen como el cementerio de los proyectos transformadores.
La demolición, que provocó e inició la dictadura cívico-militar en 1976, de una Argentina con empleo digno y solidaridades sociales, estructuras políticas que identificaban clases, culturas y proyectos, aún no fue revertida plenamente. Los años del proyecto popular en curso recuperaron el paradigma del trabajo, la vocación de autonomía nacional, el rol de lo público y los ideales de igualdad y justicia. Pero la estructura concentrada y extranjerizada de la economía permanece y resulta de difícil, aunque necesaria reducción. Si bien la desigualdad disminuyó, subsiste aun la fragmentación política, social y sindical. Una tercera parte de los trabajadores ocupados permanece en la informalidad, si bien se han tomado medidas históricas con la legislación del trabajo rural y en domicilios particulares. La volatilidad de políticos profesionales que migran como miserables oportunistas desde cargos importantes detentados en un gobierno que promovió un viraje profundo en la política argentina hacia opciones regresivas del pasado revertido, ejemplifica sobre carencias de la política argentina del presente, aunque ésta haya recuperado su función de actividad transformadora. Es necesaria una iniciativa más enérgica para emprender construcción política y ensanchar la capacidad e intensidad de la movilización popular que impregne de otra densidad a la militancia, a la pertenencia, a la participación, a la adhesión y a la simpatía por el proyecto transformador. Hace falta transitar hacia una democracia profunda en la que la instancia electoral consagre, en ese momento culminante, la voluntad y pasión que se construye permanentemente en un ideal compartido de sociedad integrada y fraternizada. Es el gran desafío para la continuidad.
El actual es un momento crucial. Es época de generar esperanzas. De plantearle a la sociedad compartir un programa para la profundización de un proyecto que ha resultado tan exitoso como justo. Han sido diez años de avances prodigiosos. La escena de un pueblo hambriento, marginado y sin trabajo ha sido reemplazada por un tiempo de disputas sociales por mejorar las condiciones de vida, por alcanzar la igualdad. Toda una política de gobierno signada por el sentido de la ampliación de derechos es la que convoca, y nos convoca, a jugar nuestra pasión y la acción para sostener ese sentido peleando por la continuidad de esta política ahora y en el 2015. Memoria, verdad y justicia. Convenios Colectivos. Salario Mínimo. Recuperación del sistema de jubilación de las manos de la especulación financiera. Mejor distribución del ingreso. Aumento del presupuesto educativo. Asignación Universal por Hijo. Matrimonio igualitario. Ley de servicios de comunicación audiovisual. Nueva Carta Orgánica del BCRA. Autonomía frente a las políticas del FMI. Resistencia frente a los fondos buitre. Despliegue de las cooperativas de trabajo. Mejora sustantiva en los ingresos de los jubilados. Gobierno civil de la política de defensa. Desendeudamiento. Nacionalización de YPF, Aerolíneas y aguas. El plan Procrear, que acaba de expandirse... Una lista extensísima, abierta, de no acabar. Hubo tiempos en los que la sorpresa de los nuevos hechos de la gestión, que invertían las consecuencias del neoliberalismo, alcanzaban por sí solos para obtener el respaldo ciudadano. Hoy se requiere más. Es justa y necesaria la promesa, el dibujo de un futuro, la convocatoria a participar en la profundización de una gesta. Establecer el contraste, la contracara que puje contra la declamación de las derechas, los “pragmatistas” y los falsos “centroizquierdistas” que han hecho de la difamación una propuesta política, de la falla la impugnación del todo, de la virtud la impostura, del resultado de una política la casualidad de una ocasión. Es una hora de más hechos, argumentos y debates. Esgrimir sólo el balance no es suficiente.
Las últimas medidas tributarias mejorarán notablemente los ingresos de los trabajadores formalizados, así como comenzarán a trazar un camino de justa imposición a la renta. Pero queda pendiente una reforma tributaria integral que acentúe la mejora en la progresividad del sistema que comenzara con la implantación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Una profunda discriminación de los productos y tasas para el gravamen del IVA, liberando del mismo al consumo popular e intensificando la imposición de los bienes suntuarios sería parte de la misma. También la recuperación del impuesto a la herencia que fuera eliminado por la dictadura terrorista. El aumento de los aportes patronales revertiría la reducción de los mismos que constituyó parte de las políticas de “flexibilización” laboral. Fueron muy significativos los recientes cambios introducidos en el régimen del monotributo y beneficiarán a sectores de ingresos bajos y medios.
Además, ha sido muy importante la legislación que suspende los desalojos de los campesinos, como así también el comienzo de las tareas para reconocer la posesión y propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, mediante el establecimiento de su propiedad colectiva sobre las mismas. Sin embargo, es necesario profundizar más aun esta justa política, disponiendo la titularización de esas tierras y emprendiendo una política integral que avance en la generación de conciencia y la adopción de criterios que reconozcan el carácter social que define a ese recurso natural estratégico.
Muchas veces el gobierno ha reaccionado con atraso. La política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso. Las consecuencias fueron dolorosas y costosas. Sin embargo, esos desvíos hoy se encuentran en vías de corrección y se han adoptado medidas de fondo para reestructurar esos sectores. Pero los daños causados a la marcha del proyecto no han sido menores, aunque siempre las transformaciones reparadoras fueron tomadas desde una perspectiva de profundización.
Para hacer posible la aplicación de un derecho básico para los ciudadanos como es el derecho a la salud, hoy todavía tropezamos con un sistema fragmentado y desigual que debe transformarse, avanzando en la planificación de la salud, adoptando así, un criterio inverso al de los países de la Alianza del Pacífico, donde la exclusión es creciente debido al predominio del paradigma de la mercantilización. Sin embargo, ha habido avances importantes, a través de múltiples acciones emprendidas por el Ministerio de Desarrollo Social, como la Asignación Universal por Hijo, la ley de procreación responsable, las medidas contra la violencia de género, la ley de salud mental, la ley antitabaco, un amplio plan de vacunación obligatoria y el tratamiento gratuito del VIH-sida. La postergada reglamentación de la producción pública de medicamentos es una de las incomprensibles demoras que deben ser reparadas.
A los momentos críticos, a las dificultades, el Gobierno las enfrentó siempre con medidas e iniciativas fieles al sentido de su proyecto político. La derecha opositora, en sus versiones burdas o travestidas de “centroizquierdistas” repite monocordemente las mismas impugnaciones, cualquiera sea el lugar de América latina que se trate: corrupción, inflación, inseguridad. Una receta única para esmerilar gobiernos “populistas”. La primera siempre resulta condenable, aunque el capitalismo suponga su existencia sistémica. La inflación siempre debe ocupar, pero la derecha pretende convertirla en el eje de la economía para aplicar planes de ajuste y reducción del salario, mientras que una política más efectiva para enfrentarla sería redoblar los controles, sistematizarlos, disciplinar a los empresarios, ampliar significativamente las formas y prácticas de comercialización estatal, provincial y municipal directa de bienes esenciales. Bienvenida y oportuna la mesa de diálogo que abrió Cristina para abordar los acuerdos que persigan restringir los aumentos de precios. La inseguridad, que los medios hegemónicos instalan y silencian en dosis que manejan a conveniencia del poder concentrado, constituye un problema estructural de las megalópolis “modernas” nacidas del capitalismo anárquico, guiado por el paradigma del más crudo individualismo; controlar, discriminar, perseguir y encerrar adolescentes condice con las lógicas del chivo expiatorio para disipar el reclamo de las víctimas sin resolver, o más aun, agravando lo que se enuncia querer solucionar. Cualquier estrategia de mano dura favorece la ampliación de la complicidad del delito con integrantes y jefes de los cuerpos de seguridad. Contrariamente la estrategia de construir una “seguridad democrática” y el camino de abordar la especificidad juvenil abren la esperanza para reducir inseguridades e injusticias. El kirchnerismo, desde su inicio, ha cuestionado las salidas punitivas o la apelación “salvadora” a la mano dura como fórmulas mágicas para combatir el delito. Hoy, como ayer, esa debe ser su brújula a la hora de intentar nuevos caminos ante una problemática extremadamente compleja que no tiene una solución lineal.
3 No resulta sencillo ir contra el prejuicio y el resentimiento, pero más difícil es intentar explicar el odio que, de un modo incisivo y sistemático se difunde por ciertos medios de comunicación, y va más allá de todas las diferencias políticas para anclarse en una visceral inhumanidad. Lo que se despliega por el éter informativo en estos días argentinos es, cuando de lo que se trata es de horadar y debilitar al Gobierno, una estrategia inclemente que no se detiene ante ningún obstáculo ni conoce la frontera del respeto y la compasión por el padecimiento del otro. Esa estrategia encuentra su correspondencia en algunos sectores de la sociedad que, sin ningún disimulo, se regodean en ese modo antagónico a toda forma de convivencia democrática. Escudándose en una “moralidad virtuosa”, en la apología de una república añorada desde que la “demagogia populista invadió la nación”, movilizan todos los recursos a su disposición para hacer naufragar un proyecto que, después de décadas de impunidad de los poderes reales, se plantó frente a los “dueños del país” defendiendo los intereses populares.
El odio y la visión canalla del mundo se conjugan en aquellos “periodistas” que buscan golpear a la figura presidencial. Vuelve sobre nosotros un discurso de una violencia que habíamos imaginado sellada en nuestra historia pero que regresa intocada de su viaje por el tiempo. Deseo de muerte, goce con el padecimiento y la enfermedad del otro, en este caso de Cristina como antes de Néstor Kirchner o, más lejos en el tiempo, de Evita. Virulencia. Comparaciones históricas infames: primero con el nazismo, después con el fascismo y, ahora, con el lopezreguismo. Literalmente se mofan de las víctimas reales de la historia y juegan con los límites para transgredirlos. En el deseo de ellos está lo peor. El odio es su estrategia y buscan multiplicarlo penetrando una zona oscura de nuestra sociedad que se reencuentra con una parte espantosa de sí misma, aquella que cristalizó en la frase “viva el cáncer” cuando Evita luchaba por su vida. El odio sólo construye destrucción. Por eso, hoy más que nunca, compromiso con la democracia, militancia de las ideas, rebelión contra los canallas y redoblamiento de la participación para continuar transformando el país en beneficio de las mayorías.
Dos años que serán tan largos como disputados transcurrirán entre las elecciones de octubre y las de 2015. Lejos de reflexiones como las de “fin de ciclo”, en las que se sumerge una intelectualidad antipopular, incluso perteneciente al antiguo cuño de una extraviada progresía liberal, que anida y alienta una restauración de gravosas consecuencias, elegimos ampliar nuestro compromiso con ideales y sueños de liberación nacional y emancipación humana, cuyo devenir juega su suerte en la etapa histórica argentina junto al actual proyecto. La crítica no es, afirmamos, el ascético ademán de la disolución, la descalificación y la injuria. Es, ante todo, el acto libertario de develar las formas que asumen la dominación, la injusticia y otras formas de violencia invariablemente ejercidas sobre nuestro pueblo, y como tal su ejercicio es inherente a la alternativa política que ha dado en llamarse kirchnerismo. No cejaremos en el esfuerzo por convocar a compañeros que buscan destinos similares a los nuestros y permanecen fuera del proyecto, a ensayar un camino en común para fortalecerlo y bregar por cambiar lo que haya que cambiar. Porque hemos optado por el lado de los más débiles de la Historia y de esta historia de confrontación con las corporaciones del poder. Porque hemos reconocido la extraordinaria voluntad de reparación que irrumpió en el 2003 de la mano de Néstor Kirchner, una voluntad que nos devolvió el sueño de un país justo. Porque valoramos la entereza, el coraje y las convicciones de Cristina que, sobreponiéndose a dificultades por todos conocidas, no ha dejado de asumir un compromiso ejemplar con su pueblo. Ese es, también, el sentido que elegimos dar a nuestras vidas.