miércoles, 25 de junio de 2014

SERVICIO FERROVIARIO NO A LA DISCRIMINACION. FALLO DE LA CORTE NACIONAL

La Corte revocó fallos que habían desestimado dos amparos por el estado del servicio ferroviario

En una de las causas se reclama un servicio digno y eficiente en las formaciones que unen las estaciones Once-Moreno y Retiro-José León Suárez. En la otra, un trato equitativo entre los usuarios de la línea Sarmiento en relación con los de la línea Mitre



La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes dos sentencias que habían rechazado sendas acciones de amparo en donde el Defensor del Pueblo de la Nación y la Unión de Usuarios y Consumidores, respectivamente, reclaman entre otras cuestiones un servicio ferroviario digno y eficiente en las formaciones que unen las estaciones Once-Moreno y Retiro-José León Suárez y un trato equitativo de los usuarios de la línea Sarmiento (Once-Moreno) en relación con los usuarios del Mitre (Retiro-Tigre).
En ambos casos, la Corte ordenó a los tribunales inferiores dictar nuevos pronunciamientos.

Servicio digno y eficiente
En la causa iniciada por la Unión de Usuarios y Consumidores, ésta había solicitado entre otras cuestiones que se condene a Trenes de Buenos Aires SA (TBA) “a cesar en la práctica que viola el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos (…) [así como el] principio constitucional que establece que los usuarios tienen derecho a un trato equitativo”. Aclaró que tal práctica “consiste en brindar —injustificadamente— un servicio de evidente peor calidad a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico Once-Moreno, en relación a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico Retiro-Tigre”.
Asimismo, había reclamado que el Estado Nacional y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte cumplieran “con su deber de controlar que el servicio público de ferrocarriles que brinda TBA se haga de conformidad a los preceptos de nuestra Constitución Nacional. Específicamente, que controle[n] que no se viole el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos, y el derecho a la igualdad y a un trato equitativo de los usuarios de la línea eléctrica Sarmiento (Once-Moreno) en relación con los usuarios de la línea eléctrica Mitre (Retiro-Tigre)”.
En el caso, la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y rechazó la acción de amparo. Para ello, consideró que el planteo relativo a los principios de uniformidad y trato equitativo debían ser examinados en “el contexto de la emergencia pública que ha sido declarada y, específicamente, que mediante el decreto 2075/2002, se declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios ferroviarios (…) en la medida en que la señalada crisis fiscal afectaba tanto el cumplimiento de los planes de inversión en obras oportunamente acordados como la explotación del servicio, que se hallaban sujetos a determinados subsidios o aportes del Estado Nacional”.
También había argumentado que si bien no importa afirmar que el servicio esté siendo prestado en condiciones óptimas ni totalmente adecuadas, “lo cierto es que -en lo que a este proceso interesa- la situación imperante a la fecha del inicio de esta causa y en la actualidad resulta notoriamente diversa; habiéndose producido cambios significativos en relación con las cuestiones que fueron materia de la pretensión articulada en autos”.
Finalmente, agregó que “esta causa judicial no es el ámbito adecuado para instrumentar una revisión sobre la forma en la que se efectúa la explotación y cumplimiento de la prestación que ha sido otorgada a la codemandada Trenes de Buenos Aires S.A. (…) [lo que] no importa descartar que, mediante la implementación de vías pertinentes, se pueda instar a que se cumpla con el mantenimiento adecuado de las unidades, la prevención de los actos vandálicos y, en definitiva, la mejora de la calidad del servicio, a fin de que todos los ciudadanos podamos acceder a un servicio de transporte de pasajeros digno”.
La Corte señaló que “si bien el apelante —sobre la base de reiteradas comparaciones entre las Líneas Sarmiento y Mitre— ha planteado la existencia de un trato desigual y discriminatorio, también -con sustento en el artículo 42 de la Constitución Nacional- se ha agraviado del incumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y trato digno respecto de los usuarios de la Línea Sarmiento”.
Esa cláusula constitucional, agregó, “revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables (Fallos: 331:819), y garantiza un estándar mínimo de calidad que todo servicio público debe cumplir”.
En ese marco recordó lo resuelto anteriormente, en cuanto a que “quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones (…) [en las que] están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas (…) No se cumple con ello cuando los servicios son atrasados, descuidados, deteriorados, insuficientes, o presentan un estado lamentable porque la Constitución no consiente interpretaciones que transformen a los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos”.
Y añadió que “la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los [usuarios y] consumidores (artículo 42, Constitución Nacional) (…) [y que] el trato digno al pasajero transportado significa que se deben adoptar medidas para que éste sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son menores (…) Ello incluye las diligencias mínimas para que el tren, una vez en marcha, circule con las puertas correctamente cerradas, (…) para evitar que viajen pasajeros ubicados en lugares peligrosos para la seguridad del transporte, (…) la adopción de medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo de su integridad física, y para que viaje de un modo razonablemente cómodo”.
Por otro lado, la Corte dijo que le asiste razón a la Unión de Usuarios y Consumidores en cuanto aduce que, aunque se invoque la existencia de un estado de emergencia pública o se alegue que se trata de cuestiones técnicas —ajenas, como principio, a la revisión judicial—, ello no autoriza a avalar el incumplimiento del estándar mínimo constitucional.
“Es que, el estado de derecho, es necesariamente un estado de poderes limitados, en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar los derechos del individuo en pos de la supervivencia de las instituciones del gobierno, creadas y enderezadas a garantizar la supervivencia del primero”, agregó.
La Corte también dijo que la Cámara se apartó de la abundante prueba producida en el expediente, en particular a una pericia que había señalado lo siguiente:
- En el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento “desde octubre de 1999 comienza a marcarse una tendencia decreciente en los índices de calidad, en tanto que los mismos se mantienen prácticamente constantes en Retiro-Tigre”.
- “TBA opera actualmente su servicio debajo de lo previsto en la contratación en lo que hace al número de coches por tren y al número máximo de pasajeros por metro cuadrado en hora pico. Tampoco es cierto que TBA esté operando en su nivel óptimo (…); situación [que] se ve magnificada en el ramal Once-Moreno (…) [en el que] no solamente los índices han decaído mucho más notoriamente que en el ramal Retiro-Tigre sino que además nunca se alcanzaron los valores previstos.”
- Los coches originales de la línea Sarmiento “contaban con ventiladores, iluminación adecuada, música funcional, y asientos por demás confortables. Además de amplios furgones que históricamente sirvieron no sólo para las sillas de ruedas de los discapacitados sino también para llevar bicicletas. Después de la primer[a] reparación general (…) [que hizo TBA] y como consecuencia del análisis de mercado propios de la misma se cambiaron los asientos originales por las actuales e incómodas butacas que poseen estos coches (…) esta modificación, respondió a las directrices básicas siguientes: a) disminuir el costo de los asientos en la reparación, b) (…) aumentar la superficie libre de los coches para admitir más pasajeros parados, c) (…) disminuir el peso del vehículo para compensar el peso del mayor número de personas que cargaría el coche.”   
- “El problema del Sarmiento no pasa por la falta de lugares donde tirar la basura o donde amarrar una silla de ruedas, sino que más bien porque los sufridos pasajeros de ese Ferrocarril simplemente no podrán utilizar el cesto de basura porque no podrán llegar a él, debido al hacinamiento en el que viajan, y quien ha viajado en esos trenes sabe que a una persona con capacidades físicas o requerimientos normales le es difícil subir y permanecer en el interior del tren, a un discapacitado o una persona con capacidades diferentes simplemente le es imposible, no porque no tenga lugar para su silla de ruedas sino más bien, porque le será imposible acceder al interior del tren”. “Resumiendo (…) lo que necesitan los pasajeros del Sarmiento son más coches o más metros cuadrados en cada coche de modo que su resignado y diario hacinamiento al viajar sea menor.” 

Trato equitativo
En cuanto al amparo iniciado por el Defensor del Pueblo de la Nación, la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia y rechazó la acción contra TBA, concesionaria a cargo de los ramales que unen las Estaciones Once-Moreno y Retiro-José León Suárez, a fin de que preste el servicio de transporte ferroviario a los usuarios de esas líneas “en forma digna y eficiente y que garantice el desplazamiento de personas con discapacidades”, y contra el Estado Nacional, para que ejecute los controles y acciones necesarias para que la codemandada cumpla debidamente con las obligaciones emergentes del contrato de concesión y que, una vez que se haga lugar al amparo, “extreme los controles necesarios para garantizar el efectivo acatamiento de la sentencia dictada en autos”.
La cámara fundó el rechazo de la acción en la improcedencia formal de la vía procesal intentada por entender que la ilegalidad o arbitrariedad de las conductas cuestionadas no resultaba manifiesta (artículo 43 de la Constitución Nacional), “siendo necesaria una mayor amplitud de prueba y debate que la que permite el proceso de amparo”.
Asimismo, la Cámara había indicado que con respecto a la prestación del servicio ferroviario se había declarado el estado de emergencia y que se había implementado un “Programa de Emergencia de Obras y Trabajos para y de Prestación del Servicio”. Como consecuencia de dichos planes, añadió, “se han operado ciertas modificaciones tales como la incorporación de nuevo material rodante, con modernas unidades que cuentan con aire acondicionado y otras comodidades a fin de satisfacer algunas de las necesidades de los usuarios”, y que “lo cierto es que, a lo que a este proceso interesa, la situación imperante a la fecha del inicio de esta causa y en la actualidad, resulta notoriamente diversa”.
La Corte señaló que “si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la institución tutelada por el artículo 43 de la Constitución Nacional tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.
Agregó que “la Corte ha sostenido que constituye un criterio en extremo formalista, que atenta contra la efectiva protección de los derechos que el amparo busca asegurar, la afirmación dogmática de que se requiere mayor debate y prueba, sin indicar en forma concreta cuáles son los elementos probatorios que no se pudieron utilizar, ni su incidencia para la resolución del caso”.
En ese marco, la Corte dijo que “la decisión del a quo que rehusó dirimir los planteos propuestos en el marco del amparo constituye un exceso de rigor formal”.
“Ello es así, por una parte, porque los jueces no han tenido en cuenta la abundante actividad probatoria producida por las partes, que resulta claramente conducente para la decisión del fondo del asunto… Por otra parte, pues no resulta razonable concluir que la cuestión en examen requería de mayor debate y prueba, luego de haber dispuesto la suspensión de los plazos procesales por el transcurso de dos años, con sustento en que existía un expediente análogo, en el que se habían ordenado medidas probatorias para mejor proveer”, concluyó.

Cuestionable fallo sobre la responsabilidad del Estado en las concesiones y derechos laborales

El Estado no es empleador?

Foto: Télam
En dos fallos, la Corte Suprema determinó que los organismos del Estado que hayan concesionado servicios no son responsables solidarios en las condenas contra las empresas beneficiadas. “La  Administración Pública no es empleadora según el Régimen de Contrato de Trabajo”, destacó. 
El Máximo Tribunal de la Nación dictó al mismo tiempo dos fallos en el que selló su interpretación del alcance del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí recordó que el criterio de la Corte Federal rechazaba que la administración sea considerada como empleadora en los términos del derecho laboral.
Los fallos “Gómez Susana Gladys c/ Golden Chef S.A. y otros s/ despido”, y “Monrroy, EIsa .Alejandra c/ Infantes S.R.L. y otro s/ despido”, tuvieron similares características, ambas accionantes demandaron a sus empleadoras y también al Estado, en el primer caso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el segundo al Estado Nacional.
Los argumentos fueron los mismos, empresas privadas que prestaban servicios públicos en hospitales, gracias a la contratos de concesión. Mientras en “Gómez” se trataba de servicios de elaboración y distribución de comida en los hospitales dependientes del GCBA, en “Monrroy” se trataba del servicio de neonatología en el Hospital Militar Central.
Pero mientras que en el fallo  “Gómez” dictado en Cámara, se había condenado al Estado solidariamente, en “Monrroy” el recurso extraordinario fue interpuesto por el rechazo de la acción, de manera que en este último, los jueces se remitieron a fallar conforme el dictamen de la Procuradora Fiscal, Laura Monti.
Ambos fallos contaron con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Enrique Petracchi, y también con la disidencia del ministro Carlos Fayt, por su parte, Carmen Arbigay sólo voto en disidencia en el fallo “Monrroy”.
Los argumentos para rechazar la solidaridad del Estado en las condenas a sus concesionadas, fueron de similar entidad, ya que la Corte manifestó en “Gómez” la Cámara “no valoró la gravitación del carácter administrativo del contrato de concesión entre las demandadas, para establecer si el arto 30 -Régimen de Contrato de Trabajo- permitía vincular de manera solidaria a una persona de derecho público no sometida expresamente a la regulación laboral común”.
“Máxime cuando el régimen legal en que se fundó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está condicionado en su aplicación a que resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el especifico régimen a que se halle sujeta”, relató el fallo.
Por lo tanto, allí se concluyó que “el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es empleador según el Régimen de Contrato de Trabajo -salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito por lo que mal puede ser alcanzado, entonces, por una responsabilidad solidaria que solo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo”
Del mismo modo, agregó en “Monrroy” que “la Administración Pública (nacional o municipal) no es empleadora según el Régimen de Contrato de Trabajo -salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito-, por 10 que mal puede ser alcanzada, entonces, por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo”.
El fallo también destacó que “la actuación de los organismos administrativos está regida por un sistema juridico diferente que se sustenta en principios propios, no compatibles con los aplicables en materia de derecho común”.
Por último,  puso de relieve que “Ia presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en punga con la contenida en el art. 30 de la LCT, que presupone una actividad de fraude a la ley por parte de los empleadores”.
Por ello, se decidió dejar sin efecto la sentencia en la causa “Gomez” y desestimar el recurso extraordinario en “Monrroy”, bajo la misma visión en ambos casos, el Estado no es empleador.

ACTO EN MAR DEL PLATA EN HOMENAJE A LOS ABOGADOS DESAPARECIDOS EL 7 DE JULIO

El lunes 7 de Julio a las 13hs colocaremos a la entrada de los Tribunales de Mar del Plata una baldosa en homenaje a los abogados desaparecidos y asesinados en la trágica ¨noche de las corbatas.¨
El acto que contará con la participación de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares, organizaciones sociales, barriales y sindicales, se llevará a cabo en la puerta de los Tribunales marplatenses, calle  Brown 2026 de esa ciudad, en el marco del Día del Abogado víctima del Terrorismo de Estado.
Una iniciativa del Colectivo de abogados y abogadas querellantes en  causas de Lesa Humanidad que contó con el apoyo de Memoria Palermo, organización que integra Barrios por Memoria y Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Convocamos a todos los que luchan por la Memoria, la Verdad y la Justicia, contra la impunidad y el olvido  a acompañarnos el 7 de julio.



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martes, 17 de junio de 2014

Acceso a la Justicia y rol del Estado en el ámbito Rural

SE INAUGURÓ EL CONGRESO NACIONAL"ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ROL DEL ESTADO EN EL ÁMBITO RURAL"
 Funcionarios de los ministerio de Justicia y Trabajo participaron de la apertura del Congreso Nacional Acceso a la Justicia y el rol del estado en el ámbito rural.
 
 

 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) del Ministerio de Trabajo, inauguraron hoy el Congreso Nacional “Acceso a la Justicia y el rol del estado en el ámbito rural”, que se extenderá hasta mañana en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura del encuentro hicieron uso de la palabra el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Franco Picardi; el subgerente de Fiscalización del RENATEA, Diego Segovia, y el vicepresidente Segundo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Alberto Vero.
Picardi señaló que “el acceso a la justicia es un eje central de nuestra gestión pública” y que “la decisión de convertir el área en subsecretaría demuestra la importancia que el Estado nacional le da al tema”.
“El acceso a la justicia no es sólo acceso a la jurisdicción y a los sistemas judiciales, sino a la justicia social”, agregó.
El funcionario afirmó que la gestión del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, “también son parte del eje el acceso a la justicia que impulsa el ministerio”. Lo mismo en el ámbito del servicio penitenciario, donde por ejemplo, “se lanzó un proyecto de mediación penitenciaria para las personas privadas de su libertad, sus familias, y los trabajadores penitenciarios”.
Segovia realizó un repaso histórico de la gestión pública referida a los trabajadores rurales, y recordó que en 1944, con Juan Domingo Perón como ministro de Trabajo, se sancionó la primera ley que reconocía los derechos de los trabajadores agrarios. Que con el Golpe de Estado de 1955, las medidas fueron anuladas, y que recién en el 2011 se sancionó la nueva ley del Peón Rural, y se creó el RENATEA, “un organismo que siempre va a estar del lado de los trabajadores”.
Vero por su parte, afirmó que la federación que encabeza es la herramienta necesaria para que se oiga la voz de aquellos que no eran escuchados, y que “somos los que debemos llevar adelante las banderas del trabajo, el esfuerzo y el compromiso para poder fomentar espacios de diálogo y debate que favorezcan a la equidad social”.
Tras la apertura, se desarrolló la charla  “El trabajador agrario como sujeto de derechos”, que tuvo como expositores a Luis Raffaghelli,  de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; al juez de Cámara y profesor de Derecho Agrario en la Universidad del Noreste, Aldo Casella; al diputado nacional por Santa Fe, Marcos Cleri, al presidente de la Federación de Profesores Universitarios de Salta, Martín Díaz y al subgerente de Registración y Prestaciones del RENATEA, Luis Palmeiro.
El Congreso continúa mañana, con tres paneles, de los que participarán, entre otros, la Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnif­icadas por el Delito de Trata del Ministerio, Zaida Gatti, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano.
El cierre será a las 16.30, a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el director General del RENATEA, Guillermo Martini, y la defensora General de la Nación, Stella Maria Martínez.
Los trabajadores agrarios representan uno de los colectivos que más sufren la vulneración de sus derechos ya que en muchos casos las condiciones de trabajo que deben soportar son muy precarias. En los últimos años, el gobierno nacional modificó el marco normativo del sector por medio de la sanción de la ley 26.727 que regula la actividad, y a través de la nueva institucionalidad estatal se está revirtiendo la situación.
 

DERECHOS HUMANOS Y CORPORACIONES TRANSNACIONALES

p,12 15 DE JUNIO DE 2014
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS

Principios rectores

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la sesión de junio de 2011, definió los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, destinados a orientar las actividades de multinacionales sobre esa cuestión.

 Por Jorge Carpio *
El próximo 23 de junio se celebra en Ginebra la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, del que forma parte Argentina, donde se va a resolver si se decide o no abocarse a la elaboración de un tratado internacional para normar las actividades de las empresas transnacionales y su responsabilidad con los derechos humanos. La importancia de esta decisión se pone de manifiesto en el papel que esas empresas desempeñan en la organización y el funcionamiento de la economía y la sociedad en el plano internacional y en los distintos países donde operan, en muchos casos superando el poder de los Estados.
La dimensión de ese poder se hizo más evidente en los últimos años, con la crisis en los países desarrollados, inicialmente en los Estados Unidos y posteriormente en Europa, donde las corporaciones financieras lograron subordinar las decisiones de los gobiernos a la defensa de sus intereses, imponiendo “políticas de salvataje” en desmedro de los intereses de la gran mayoría de la población de esos países.
La preocupación de algunos gobiernos, sumada a la presión del movimiento de la sociedad civil internacional, motivó la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la sesión de junio de 2011, de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, destinados a orientar las actividades de las empresas en la protección y respeto a los derechos humanos.
Más allá de sus limitaciones, la adopción de los principios constituyó un avance importante en la construcción de una democracia global porque permitió que los Estados reconozcan formalmente que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Sin embargo, las que parecen no haber registrado el avance son las propias transnacionales, muchas de las cuales siguen actuando con total displicencia e impunidad en los países donde operan, atentando contra los derechos de las poblaciones y el ambiente, como son especialmente los casos de las empresas de actividades extractivas. A contramano de las expectativas que generaron los Principios Rectores, los conflictos sociales y la criminalización de las protestas relacionadas con inversiones de las grandes empresas transnacionales van en aumento, en tanto se niega el acceso a la justicia y a la reparación a las comunidades y a los ciudadanos de muchos países afectados por las actividades de estas empresas.
Esta situación, al igual que las experiencias con las Directrices de la OCDE o del Pacto Global impulsado por la ONU, demuestran claramente la insuficiencia de este tipo de “compromisos voluntarios” para impedir un record dramático de impactos negativos sobre los derechos humanos por las grandes transnacionales.
Las movilizaciones de la sociedad en los países afectados y la acción de algunos gobiernos cuestionaron seriamente en el seno del consejo la capacidad de los principios para lograr la protección y respeto a los derechos humanos que se pretendía conseguir y reclamar mecanismos vinculantes para controlar a las empresas. En esa misma dirección, en la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un grupo de 85 países, en una declaración conjunta, señaló que los Principios Rectores son “sólo una respuesta parcial”, enfatizando “la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el trabajo de las empresas transnacionales”.
Con la base de estos antecedentes, en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos, la última semana de junio, se va a decidir si se inicia un proceso de mejora de las Normas ONU que avance en establecer un tratado internacional vinculante, que garantice y afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas transnacionales.
El objetivo de esta iniciativa de la ONU es fortalecer el derecho internacional para hacer jurídicamente responsables a las corporaciones que violan los derechos humanos, así como para proporcionar justicia y reparación a los pueblos y personas afectados.
En ese marco, un conjunto de organizaciones sociales argentinas se dirigieron formalmente al canciller Timerman solicitando información sobre la posición de la delegación argentina en la sesión del consejo. Nuestro país ocupa un lugar estratégico en el consejo y puede desempeñar un papel gravitante en las decisiones que se adopten. Se espera que la delegación brinde un activo apoyo a la propuesta presentada por Ecuador y otros países de iniciar la elaboración del tratado internacional que “establezca la responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los derechos humanos” y “que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos de las empresas y que cree un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado”. Esta postura sería interdependiente de la necesidad de fortalecer los marcos nacionales y regionales existentes, especialmente en la Unasur, porque permitiría hacer frente a la naturaleza transnacional de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas, además de abordar la necesidad urgente de garantizar acceso a la reparación para las víctimas
* Director del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos FOCO.
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Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Imagen: AFP

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-Un tratado internacional para normar las actividades de las empresas transnacionales y su responsabilidad con los derechos humanos.


-Las corporaciones financieras lograron subordinar las decisiones de los gobiernos a la defensa de sus intereses.



-Las que parecen no haber registrado el avance son las transnacionales, muchas de las cuales siguen actuando con total displicencia e impunidad.



-Se inicia un proceso de mejora de las Normas ONU para garantizar la aplicabilidad de las obligaciones.

jueves, 5 de junio de 2014

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia persecución a la actividad sindical y criminalización de la protesta social en España

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria.

A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta  ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas.

Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación”.

Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales.

En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Pero el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que  golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO.

La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE, y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.

La criminalización de la respuesta sindical

Mientras el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en democracia.

Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical.

La principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación,  las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales.
Estos procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de libertad condicional.

En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones.

Tal es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.

No vamos a permanecer callados ni parados

Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO -los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos- con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos sociales y laborales.

Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en la convocatoria de una huelga general.

Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical.

CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados.

CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal.

Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.

Comisiones Obreras

Designacion de Forster estimula el debate sobre el momento que estamos viviendo


P12 5 de junio de 2014
Ricardo Forster fue designado en la flamante Secretaría para el Pensamiento Nacional

“Vamos a federalizar el debate”

El cargo será secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y funcionará en el ámbito del nuevo Ministerio de Cultura. Forster plantea avivar el debate “sobre los temas del presente y del futuro”.

Por Julián Bruschtein
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El filósofo Ricardo Forster sostiene que se encuentra lejos de la doctrina del “dogmatismo o del pensamiento único”.

“No vengo de la línea San Martín, Rosas, Perón, y de esos tres hubiera elegido a San Martín. Es un desafío interesante que va a tener un componente totalmente abierto”, aseguró el flamante secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, el filósofo Ricardo Forster. El fundador de Carta Abierta junto a otros intelectuales fue designado en una de las secretarías del Ministerio de Cultura que está a cargo de Teresa Parodi. “Vamos a intentar armar una secretaría que sea capaz de articular la complejidad de la historia intelectual argentina, la historia política e ideológica, y que sea capaz de discutir los temas del presente y del futuro, ése es el objetivo”, señaló Forster poniendo sobre la mesa los ejes de su gestión.

La creación de una secretaría como en la que fue designado es toda una novedad. ¿Cómo está pensando ponerla en funcionamiento?

Vamos a federalizar el debate y la discusión. Por esas casualidades, esta semana voy a San Martín de los Andes a dar un par de conferencias sobre la actualidad argentina y latinoamericana y ya lo inscribo dentro de las actividades que se van a dar en la secretaría en el futuro. Seguramente no va a ser más diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos años, que tiene que ver con ir a universidades, a ciudades de provincia, a debatir y a discutir. Seguramente el trabajo pasará por darle más organización, mayor sistematización y armar un equipo, pero trabajando en esa perspectiva.

Dirigentes de la oposición salieron a criticar la conformación de la secretaría, diciendo que se busca “uniformizar el pensamiento”.

Hay una crítica canalla a la que no le corresponde la palabra crítica, sí injuria o descalificación, porque no tiene que ver con un debate de ideas, con una discusión distinta. Si se tomaran la molestia de leer lo que he escrito, lejos van a ver que pueda tener una tradición de dogmatismo o pensamiento único. Es más interesante, por ejemplo, yo no la escuché, pero me dijeron que Beatriz Sarlo hizo primero un recorrido de mi formación intelectual y después dijo que “Ricardo tendrá que preguntarse si ése es el nombre que le corresponde a su tradición intelectual”. Con eso puedo discutir, me parece interesante. Ahora el que dice Goebbels, nazismo, me parece de una bajeza tremenda.

¿Cree que lo atacan por su adhesión al gobierno nacional en vez de evaluar sus antecedentes académicos?

Tengo convicción e ideales políticos, claro. Y creo que es un momento extraordinario de la política argentina y latinoamericana. Para mí es una novedad, nunca estuve en la gestión. Vengo de una formación que podemos llamar de un marxismo crítico, de la Escuela de Frankfurt, de la lectura del postestructuralismo. La verdad que es un absurdo tratar de colocarme en la línea de José María Rosa. No tengo nada contra él, pero no vengo de esa tradición e incluso no vengo del peronismo. En realidad es todo un riesgo que ha tomado Cristina Kirchner al elegirme a mí para ser secretario en el nuevo Ministerio de Cultura.

¿Lo habrá designado justamente por esas características diferentes a las de un funcionario peronista tradicional?

La elección da cuenta de que el proyecto es absolutamente abierto. A mí me interesan (Jorge Luis) Borges, (Domingo Faustino) Sarmiento, e incluso (Bernardino) Rivadavia. Me interesan los jacobinos de la Revolución de Mayo, no vengo de la línea San Martín, Rosas, Perón. Es más, de esos tres hubiera elegido a San Martín. Por eso creo que es un desafío interesante, que va a tener un componente totalmente abierto.

En los fundamentos de la creación de la secretaría se detalla la “responsabilidad primaria de diseñar, coordinar e instrumentar una usina de pensamiento nacional, ajustado a los lineamientos que fije la secretaría”, además de generar “los mecanismos apropiados para la producción de pensamiento e “instrumentar las instancias de investigación y desarrollo”. ¿Cómo imagina la estrategia para lograrlo?

En principio, implica una mirada mucho más federal del país, que se va a encargar de debatir, de generar espacios de charla y foros. Tenemos que generar un espacio que logre vincularse y articular con otros colegas e intelectuales de América latina, porque también es un gran desafío de la región. Hay que investigar cuáles son las necesidades político-regionales y generar ámbitos de encuentro intelectuales con otros países de Latinoamérica.

¿Cómo sintetizaría la función de la secretaría, qué huella quiere imprimirle?

Me parece muy importante que el Ministerio de Cultura cree una secretaría que sea capaz de articular la complejidad de la historia intelectual argentina, la historia política e ideológica. Un espacio institucional que sea capaz de discutir los temas del presente y del futuro. Si se logra armar así, estaría cumplido en gran medida el objetivo.

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lunes, 2 de junio de 2014

RELACION ENTRE COOPERATIVAS DE TRABAJO Y SINDICATOS


CALL FOR PAPERS AND WORKSHOP
Trade Unions and Cooperatives: Challenges and Perspectives
Special Issue of the International Journal of Labour Research, Bureau for Workers Activities and EMP/COOP, ILO

SINDICATOS Y COOPERATIVAS EN
LA PERSPECTIVA DE CICOPA-Mercosur

Por José Hernán Orbaiceta


La presente comunicación ha sido realizada a partir de la experiencia de la sección Mercosur de la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA – Mercosur). En particular recoge profusamente la experiencia Argentina, dando cuenta de algunos procesos generales que son compartidos en Brasil y Uruguay. El cooperativismo de trabajo en Paraguay por su parte es aún incipiente por lo que su abordaje será el más general de los cuatro.

Como marco general debe tenerse presente que el desarrollo del movimiento cooperativo y sindical en la región del Mercosur es desigual y diverso. Existen situaciones de alta incidencia de organización sindical como ocurre en los países del Río de la Plata, y casos como el paraguayo, donde la participación de los trabajdores en sindicatos es baja. Por su parte, el cooperativismo abarca una gran amplitud de actores que en términos generales se agrupan en cooperativas de usuarios y cooperativas de trabajadores. En las primeras los socios por lo general se organizan contratando el trabajo necesario para cumplir las funciones de su organización cooperativa. En las segundas, el trabajo es el principal fin de estas entidades, por lo que los trabajadores son sus propios propietarios. Esta es la perspectiva de CICOPA y por tanto la de la presente comunicación.

Es necesario subrayar, que aún las cooperativas de usuarios cuentan con distintas experiencias en relación al mundo sindical, existiendo casos de fuerte articulación como es la que cuentan las cooperativas de vivienda o de consumo en Argentina o Uruguay, nacidas muchas veces como extensión de los servicios de los propios sindicatos.

Finalmente, a poco de haber finalizado el Año Internacional del Cooperativismo, según la Declaración de Naciones Unidas para el 2012, resta señalar que sobre fines del 2011 los Presidentes del Mercosur respaldaron explícitamente la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas, habiendo realizado también una declaración conjunta en su apoyo los 4 Ministros de Trabajo de la región, en el marco de la Conferencia Intergubernamental que sobre dicha Recomendación realizara la Reunión Especializada en Cooperativas del Mercosur (RECM).


Numero 1.
A pesar de su demostrada capacidad de resistencia, viabilidad y el potencial de las cooperativas, por lo general las cooperativas de trabajo continúan siendo actores económicos marginales, ¿cuáles son los obstáculos que se interponen en su camino para la creación y el fortalecimiento? ¿Y cómo pueden los sindicatos ayudar en este proceso?

Desde nuestro punto de vista el vasto movimiento de las cooperativas tienen diferente dificultades, de acuerdo al origen y tipo de cooperativa. En este caso vamos a centrarnos en las cooperativas industriales o de servicios que se forman de procesos de recuperación de empresas concursadas o quebradas y en las cooperativas que se forman por decisión de sus integrantes de fundar una empresa, que son quizá dos de las matrices de surgimiento más comunes en la región.

Ilustraremos estas dificultades a través de dos ejemplos de Argentina:

En primer término, la Cooperativa de trabajo obrero gráfica Ferro Graf Ltda, ubicada en la ciudad de La Plata. Esta empresa se formó por la voluntad de algunos trabajadores que habían quedados cesantes en épocas de la dictadura militar (1978) y con el apoyo del Sindicato Gráfico Platense que les presta una máquina y sus instalaciones. Entre 1978 y 1979 funcionaron como Sociedad de Hecho, entre 1979 y 1985 fue SRL y a partir de 1986 hasta hoy funciona como cooperativa de trabajo. Son 35 años de antigüedad como empresa. En este caso, los cooperativistas participaron siempre en la vida del sindicato, como afiliados y en la obra social del mismo. De Ferrograf y otras cooperativas, nace FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina) en 1988, y de Fecootra y otras Federaciones nace la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (CNCT) en 2008.

Con otra matriz de surgimiento (empresa recuperada) podemos comentar la historia de la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda, COGTAL, que nace en 1956, de la recuperación de Editorial Alea (empresa estatal) durante el gobierno del General Perón, que quiso ser liquidada por el golpe de Estado del 55, pero cuyos trabajadores resistieron y con apoyo del sindicato lograron formar la cooperativa, que funciona hasta nuestros días. El primer presidente de la cooperativa fue Raimundo Ongaro, legendario líder sindical de los Gráficos de Argentina, aun hoy Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense (sindicato). Los trabajadores de Cogtal siempre participaron en la vida del sindicato como afiliados y en su obra Social.

Estas experiencias de empresas recuperadas por sus trabajadores en forma cooperativa, o iniciativas de cooperativas de trabajo nuevas, que surgen de colectivos que comparten un proyecto, son comunes en los cuatro países de Mercosur. En Uruguay, casi el 50% de las cooperativas tiene el formato de empresa recuperada, o iniciativa que surge de un colectivo de trabajadores que previamente compartía una misma empresa. En Brasil, por ejemplo, el fenómeno de la recuperación de empresas fue la matriz de surgimiento de algunas grandes cooperativas como UNIFORJA, y posteriormente la base para la constitución de organización de segundo grado como UNISOL Brasil. En Paraguay es emblemático el caso de la empresa cooperativa de cerámicas Cerro Guy, recuperada por sus trabajadores.

En general en la región se comparten similares dificultades que explican la baja incidencia desde una perspectiva económica o sectorial de las cooperativas de trabajo asociado:

ñ  En buena parte de los casos las cooperativas recuperan empresas en crisis, con dificultades en el mercado, que hay que volver a hacer competitivas; no en pocos casos con graves problemas de obsolecencia o inadecuación tecnológica;
ñ  En el proceso de recuperación muchas veces se pierde parte del conocimiento acumulado en compañeros que se van a otros trabajos o que no quieren sumarse a la cooperativa, quedando en general los que tienen mas conocimiento en la producción, pero no gran conocimiento en la gestión;
ñ  En general estos procesos implican un cambio cultural, para transformar la expriencia del trabajo asalariado en emprendedurismo asociativo. Hace falta quebrar la cultura generada por la relación de dependencia y ganar en autonomía, transformarse en empresarios, en el sentido de emprendedores, para lo cual no se estaba previamente preparado.
ñ  Capitales insuficientes para remontar la empresa, lo que suele exigir mucho tiempo de auto explotación para lograr capitalizarla. A la falta de capital propio hay que agregar la falta de capital financiero disponible, al menos hasta hace poco tiempo. Tanto por la desconfianza del sistema bancario hacia las cooperativas como por no contar con herramientas financieras propias. Hoy en Argentina ese proceso de capitalización se ha revertido un poco gracias a los programas de financiamiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Asociativimso y Economía Social (INAES), así como por la Secretaría para las PYMES (SEPYME). También en Brasil y Uruguay se han desarrollado nuevos mecanismos de apoyo público, por ejemplo a través del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (MTE) a través de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) o de Fundaciones como la del Banco de Brasil (FBB). En Uruguay por ejemplo se han creado programas desde el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) como desde el Ministerio de Industrias (MIEM), y un Fondo de Desarrollo que aplica para este tipo de iniciativas un porcentaje fijo sustantivo de las ganancias de la operación del Banco de la República;
ñ  También se evidencia como problemática la capacidad de gestión y la necesidad de incorporar personal que posean estos conocimientos o contar con propuestas de capacitación que permitan la formación de cuadros propios de gestión cooperativa;
ñ  Existe una baja capacidad propia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i);
ñ  Hacen faltan mejores modelos para lograr alianzas que les permitan a las cooperativas tener Escala y Sinergia para lograr densidad competitiva.

Las Cooperativas Gráficas de Argentina junto a los Sindicatos del Sector ante cada una de estas dificultades han propuesto las siguientes alternativas:

ñ  Hacer análisis de las empresas, para reforzar su competitividad, ver a qué mercado dan servicios y ver el diagnostico de las mismas, si son efectivamente pasibles de ser sustentables;
ñ  Integrarse en una Red Gráfica Cooperativa, nucleando a 31 empresas que atienden distintos mercados, pero en la perspectiva de ir construyendo plataformas comunes de servicios y proyectos comunes de inversión para fortalecer al conjunto como grupo económico;
ñ  Desarrollar una Escuela de Formación Gráfica, tanto técnica como cooperativa donde trabajan en conjunto Sindicato, Federación de Cooperativas y Red Gráfica Cooperativa. La escuela funciona en el Sindicato y la práctica se hace en las Cooperativas.
ñ  Se encuentran constituyendo un Área Financiera a nivel de FECOOTRA y con aportes de la Red Gráfica Cooperativa, con un fondo de préstamos para capital de trabajo e inversiones propio, que presta a tasas inferiores a la de los bancos.
ñ  Desarrollar un un grupo de asesores, tanto legales, como contables y en ingenierías que apoya a las empresas en los distintos aspectos del desarrollo de la empresa.
ñ  Buscando alianzas con Universidades e Institutos de Investigación para lograr avanzar en desarrollo de nuevos productos, e innovaciones que les permitan posicionar mejor sus empresas;
ñ  Trabajando con el CIGES, Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, que es un instituto de análisis estratégico, que las está apoyando en la construcción de una visión global del desarrollo del negocio gráfico en el concierto de las comunicaciones en soporte papel, y con la incorporación de las TICs en sus procesos y como oportunidad de nuevos productos.

En definitiva, para vencer la marginalidad, hay que integrarse y crear grupos económicos cooperativos, redes de negocios. “Desde nuestras empresas vulnerables solos es muy difícil lograr niveles de desarrollo y de dignidad en el trabajo. Aislados solo nos queda la auto explotación. Para salir de ello, hay que unirse y competir con los privados en mejores condiciones, por ello hicimos la Red Gráfica Cooperativa, cuya figura jurídica es una Federación, porque no hay una ley que legalicen el grupo económico cooperativo, como en otros países, principalmente en Europa” afirma Orbaiceta, Presidente de FECOOTRA. “Creo que Sindicatos, Federaciones de Cooperativas de Trabajo como ámbito de representación político institucional y grupos económicos cooperativos tenemos que trabajar juntos para lograr que se conserven y se creen la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.”

Entre otros aspectos, puede agregarse uno, que ha sido señalado por el Instituto de Economía de la Universidad de la República en Uruguay, para explicar justamente la relativa menor incidencia de la forma cooperativa de trabajo asociado en diversos sectores económicos y es la “densidad cooperativa”. Se trata de advertir el apalancamiento recíproco de constituirse en una forma más habitual de empresa, con su correspondiente impacto en términos normativos y de supervisión y apoyos. El crecimiento cuantitativo a partir de una masa crítica específica provocaría cambios positivos cualitativos en el entorno, retroalimentando la generación de nuevas cooperativas de trabajo.


Número 2.
Las cooperativas de trabajo se han creado como respuesta al cierre de plantas y / o deslocalizaciones a lo largo de diferentes épocas. ¿Cuál ha sido el papel de los sindicatos en la facilitación de la creación de cooperativas de este tipo? ¿Cuáles fueron los obstáculos (institucionales, jurídicos, financieros y culturales) que había que superar?

En toda la región del Mercosur, los sindicatos que apoyan la formación de cooperativas de trabajo en forma explícita son muy pocos o una minoría. Cabe señalar en particular el papel de los sindicatos del sector metalúrgico, como la Unión Obrera Metalúrgica de Argentina, en especial de los seccionales de Quilmes y Villa Constitución; la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) de Uruguay; o el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC de San Pablo en Brasil, cuya labor ha obtenido inmensos resultados al integrar el cooperativismo, la autogestión y la economía solidaria dentro de la plataforma central de la CUT.

En todos estos casos la experiencia llevada adelante durante los procesos de quiebra y desempleo resultantes de la aplicación de las recetas neoliberales en la región, han sido una escuela muy importante para el reconocimiento mutuo entre cooperativas de trabajo y sindicatos.

En Argentina otros sindicatos comprometidos son la Federación Gráfica Bonaerense que abarca Capital Federal y Gran Buenos Aires y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Gráfica, que son los sindicatos del interior del país. La Confederación de Trabajadores de Argentina (CTA, en sus dos tendencias), y de a poco otros sindicatos como los de la Alimentación, el Caucho, Cerámicos, Textiles, etc. Cabe recordar que el primer Congreso de Cooperativas de Trabajo en Argentina se hizo en 1954 en la Confederación General del Trabajo (CGT) y habló en el mismo, el entonces Presidente de la Nación General Perón. A pesar de esto, la mayoría de los Sindicatos tiene un fuerte prejuicio sobre las cooperativas de trabajo, porque esta figura jurídica ha sido empleada para encubrir precarización laboral y se han creado muchas cooperativas falsas, que cometen fraude cooperativo y fraude laboral, especialmente durante la década de los '90 en el marco de los procesos de felxibilización laboral. Aunque este prejuicio se mantiene, cada vez más sindicatos entienden que la cooperativa de trabajo es una alternativa válida para conservar fuentes de trabajo en crisis y por lo tanto para conservar puestos de trabajo. Es el ejemplo de los Gráficos y Metalúrgicos donde los trabajadores de las cooperativas pueden ser afiliados a los sindicatos y compartir los servicios como obra social o turismo social u otros.

En Uruguay muchísimas experiencias de cooperativas de trabajo que han recuperado empresas en quiebra cuentan en sus comités sindicales de base, el sustento ideológico de los posteriores proyectos de autogestión. Así ha ocurrido con empresas emblemáticas, hoy cooperativas de trabajo como la Fábrica Uruguaya de Neumáticos (FUNSACOOP) o la ex- PAYLANA, ahora COOTRAPAY. De hecho, en la actualidad algunos grandes proyectos de recuperación son sostenidos desde la acción de su organización sindical, como la emblemática Empresa Metzen y Sena (Olmos) o incluso la principal aerolínea de bandera, PLUNA. Pero los sindicatos han jugado un papel histórico en la constitución del sector de cooperativas de trabajo, existiendo antecedentes en los años '50 y ´60, algunos de los cuales se han constituido en empresas de referencia como la Cooperativa de Transporte de Paysandú (COPAY). Otras iniciativas, han tenido el respaldo de los sindicatos de su sector, por tratarse de iniciativas originales de trabajadores de su ramo. Es el ejemplo de la cooperativa del sector de fideos (CTEPA) en Canelones, cuya matriz no es de una empresa en quiebra, pero si de trabajadores desempleados de esta industria, y que así como ha contado con la cooperación de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) también cuenta con el respaldo de la Federación de Obreros y Empleados de Molinos y Afines (FOEMYA).

El caso brasileño es quizás el más diverso. Contando con una base mucho más amplia de iniciativas, las actividades coordinadas entre el movimiento cooperativo y el sindical, han dado lugar, quizá a una de las alianzas más importantes en términos estratégicos, a partir de la experiencia del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC paulista en el apoyo a varias empresas recuperadas de la región. También es necesario destacar el involucramiento del Sindicato de los Químicos del ABC, así como los sindicatos metalúrgicos de Salto y Sorocaba. Su actividad se desarrolló de tal forma que al poco tiempo fue considerada necesaria una entidad específica que los representase. Así se da el nacimiento de la Central de Cooperativas y Emprendimientos Soldiarios (UNISOL – Brasil), desde su propia gestación, vinculada al movimiento sindical. Esta alianza ha permitido ir incorporando en la agenda sindical de la CUT un grado de desarrollo de la propuesta cooperativa y de economía solidaria que no tiene parangón en la región. Sin lugar a dudas es en Brasil donde existe un grado de vinculación más formal y permanente entre sindicatos y cooperativas.

En definitiva el rol de los sindicatos ha sido diverso, en algunas ramas como en los gráficos y los metalúrgicos ha habido apoyo importante, en otros han sido indiferentes al proceso de formación de la cooperativa y en otros casos han estado en contra de la formación de cooperativas. No obstante si la decisión de los trabajadores es formar la cooperativa, el sindicato nunca ha sido un impedimento, en última instancia no opina y deja a los trabajadores hacer.

Si la continuidad laboral está en peligro, lo que trata el sindicato es conservar el poder de los créditos laborales de los trabajadores o sea las indemnizaciones. La ley de quiebras en Argentina establece que cuando una empresa se concursa, se puede formar un comité de crisis donde debe estar la parte patronal, el sindicato y los trabajadores y si la empresa quiebra, los créditos laborales valen al 100 % y los trabajadores pueden ejercer el derecho a comprar la empresa o parte de ella para continuar con la fuente de trabajo. La primera acción es ver el monto de créditos laborales versus el valor de las maquinas y edificios de la empresa y ver que se pueda comprar aunque sea las maquinas para seguir funcionando. Esto de alguna manera también esta previsto en el capítulo de cooperativas de trabajo de Uruguay, donde los trabajadores de una empresa en quiebra tienen prioridad a la hora de proponer un proyecto para el rescate de la planta fallida.

En Argentina la Ley otorga esa posibilidad a los trabajadores siempre que estén organizados en cooperativa de trabajo y que una vez que está la empresa en marcha paguen los créditos laborales de los compañeros que no quisieron continuar en la empresa recuperada. En ese momento interviene el INAES que otorga la matricula de funcionamiento de la cooperativa previo análisis de la viabilidad del proyecto empresarial. En el momento que se produce la ruptura de la relación de dependencia, el Ministerio de Trabajo apoya con 5 programas diferentes a los trabajadores, como son el fondo de desempleo, apoyo en seguridad e higiene, apoyo para capitalización, etc. Una vez que es cooperativa, la misma puede recibir subsidios para capitalizarse del Ministerio de Desarrollo Social o subsidios o prestamos de largo plazo y bajas tasas del INAES. Cuando ya están más desarrollados como empresa, pueden acudir a préstamos subsidiados del Banco de la Nación Argentina, o Fuerza Solidaria (fondo) del Banco de la Provincia de Bs. As, o créditos de fomento del Bicentenario del Ministerio de Industria o subsidios o prestamos de Secretaria de la Pequeña y Mediana Industria SEPYME o créditos a tasa subsidiada por el INAES del Banco Credicoop. Normalmente, las cooperativas de trabajo, abren cuentas corrientes en el Banco Credicoop cooperativo limitado o en los bancos estatales Nación o Provincia, porque los bancos privados no los quieren mucho por la debilidad patrimonial al principio y porque por la democracia pueden variar los interlocutores frente al banco, aunque hay bancos privados que tratan de captar a las más exitosas. En estos momentos en la Argentina se esta  construyendo un fondo propio con aportes propios y aportes del gobierno nacional a través del INAES para préstamos para capital de trabajo e inversiones pequeñas a tasas más reducidas que las de mercado y condiciones de garantía más blandas.

Las dificultades financieras al inicio, son falta de capital de trabajo y luego falta de créditos para la inversión, la innovación y el desarrollo.

Otra dificultad, al menos en Argentina y a su manera también en Brasil, es que al pasar a cooperativa de trabajo se pasa a ser autónomo y se pierde la jubilación ordinaria. El jubilado autónomo percibe casi la mitad que una jubilación de relación de dependencia. Y también queda desprovisto de la cubertura medica, si no se adhiere a la obra social sindical. Esta situación también se da en Paraguay, siendo uno de los grandes escollos para el desarrollo de la modalidad. En Uruguay existe reconocimiento de las particularidades de la cooperativa de trabajo, existiendo la posibilidad de hacer los aportes como el resto del sistema empresarial, con la ventaja de poder exonerar la parte de aportes patronales. De la misma forma que el resto de los trabajadores, en Uruguay los cooperativistas de trabajo realizan aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud con sus correspondientes contraprestaciones.

En Argentina se está procurando una legislación de cooperativas de trabajo que establezca: 1) la relación asociativa y no de dependencia de los trabajadores de una cooperativa; 2) que los derechos de los trabajadores de cooperativas y los de relación de dependencia sean los mismos; 3) que exista una categoría en la jubilación para el trabajador de cooperativas que equipare los aportes para tener una jubilación digna; 4) que puedan ser parte de las obras sociales sindicales para tener coberturas de salud; y 5) que las cooperativas de trabajo sean comprendidas en las aseguradoras de riesgos de trabajo.

En Brasil, otro escollo respondía a la exigencia de un número mínimo de integrantes muy elevado para la constitución de cooperativas de trabajo, que era de 20 personas. Con la nueva Ley sancionada en 2012 este restricción ha sido levantada, permitiendo la creación de cooperativas de trabajo a partir de 6 socios. Lamentablemente en Paraguay existe aún un límite similar en cuanto al número mínimo de integrantes. De todas formas el Instituto Nacional Cooperativo (INCOOP) ha buscado flexibilizar esta exigencia comprendiendo la realidad de pequeños colectivos laborales autogestionados.

Sin lugar a dudas el problema de mayor complejidad, en el caso específico de las cooperativas que resultan de la recuperación de empresas fallidas está en el cambio cultural que se debe producir al pasar los trabajadores a hacerse cargo de su propia empresa. Las desviaciones existentes por la falta de comprensión de esta nueva situación en el proceso de la organización es una de las mayores causas de mortalidad cooperativa. Reconocerse como los únicos responsables de la nueva entidad, desterrar la cosmovisión de la relación de dependencia obrero – patronal, involucrar a todos los socios en los desafíos globales del emprendimiento, evitando las actitudes individualistas, de ajenidad al proyecto colectivo, son algunos de los desafíos clave que estas organizaciones deben enfrentar. Y posteriormente entender que es posible construir otro tipo de economía, una economía en manos de la gente, una economía democrática, articulando los esfuerzos internos con los de otros colectivos similares en los mismos territorios y sectores de actividad.

La tarea es enorme y solo es posible asumirla UNIDOS y ORGANIZADOS, unidos a nuestro sindicato, unidos entre los trabajadores y unidos con otras empresas cooperativas para constituir grupos económicos cooperativos, organizando de nuevas maneras el mundo del trabajo y la economía en general. Para alcanzar estos macro objetivos y posicionar con fuerza los valores y principios de la cooperación en las economías de nuestros países, deben construirse alianzas más amplias en el mercado con el resto del movimiento cooperativo de crédito, de vivienda, de servicios públicos, de seguros, de consumo, con las mutuales, con las pymes asociativas, con las Universidades, con Institutos de Investigación.

Tal como afirma Orbaiceta: “Debemos estar insertos con potencia en los sectores económicos a los cuales pertenecemos con escala y peso propio, ser opción y para ellos el 6to y 7mo principio cooperativo son la clave: 6to: inter cooperación, 7mo: compromiso con la comunidad, entendiendo en ello compromiso con el medio ambiente también.”

Hay ejemplos que muestran que los sindicatos en este proceso son fundamentales para construir este poder empresarial de los trabajadores que son las cooperativas. Hay sindicatos que tienen importantes fondos para compensatorios de jubilaciones, por ejemplo en Canadá y EEUU, que podrían destinar una pequeña parte de esos fondos para la compra de empresas cuyos trabajadores quieran continuar en cooperativas. Pueden ayudar con servicios de salud, de turismo, de crédito. Con el poder de lobby sindical. Solo hay que entender que se está en la misma estrategia de construcción de poder, el poder de los que trabajan, de los que hacen la economía con sus manos y su mente. El poder de los trabajadores. El sindicato más la cooperativa de trabajo son la organización defensiva y ofensiva a la vez. Defender el poder adquisitivo del salario y las condiciones de trabajo dignas a los trabajadores en relación de dependencia y en la cooperativa esta la expresión máxima del poder del trabajo en la empresa, los trabajadores pasando a gobernar la empresa, liberándose del patrón.

Sindicatos y cooperativas son parte de una misma construcción de poder, el poder de los que producen y no especulan, el poder de los que quieren un mundo para todos, que respete al ser humano y al planeta. “Juntos somos la alternativa al capitalismo neoliberal que ha destruido al ser humano y al planeta. Juntos somos la nueva economía y tenemos que estar juntos para hacerla crecer, para que la propiedad social sea opción y la economía solidaria, conviva con igual poder, con la economía pública y la economía privada con fines de lucro” afirma Orbaiceta.

Según el Presidente de CICOPA Mercosur ese amplio arco de alianzas que fortalezca a nuestras empresas necesita que estemos aliados a los gobiernos de carácter popular que impulsan nuestro tipo de economía: “Se acabaron los tiempos en que el cooperativismo era neutral, no se puede ser neutral cuando está en juego el destino de la humanidad, nosotros somos trabajadores y estamos del lado de los que quieren construir un mundo para todos...”


Numero 3.
La emergencia de las empresas de “economía social” que proporcionan servicios sociales necesarios y, al hacerlo, crean un nuevo modelo de inclusión social para los trabajadores y sus clientes. Tales acontecimientos se perciben a menudo por los sindicatos como un retroceso de la prestación de dichos servicios por parte del sector público y una amenaza para la calidad del empleo, pero con presiones fiscales y las necesidades crecientes, estas iniciativas se han multiplicado en los últimos años. ¿Qué balance se puede hacer de la economía social desde un punto de vista sindical? ¿Puede la economía social ser un socio viable en la prestación de servicios sociales y el trabajo decente?

En la región del Mercosur, y especialmente desde la concepción de CICOPA Mercosur, la economía social y solidaria constituyen un sector de la economía general donde se desarrollan empresas particulares por su propiedad y gestión democrática, por la prioridad que la persona tiene sobre el capital en cualquiera de sus modalidades. Las cooperativas u otras formas organizativas que desarrollan servicios sociales o que especialmente procuran la inclusión socio-laboral de trabajadores en situación de vulnerabilidad, son solo una parte de este universo. Comprender esta situación es relevante, justamente para evitar la desnaturalización de estos emprendimientos, concebirlos en el marco de un proceso más amplio y orientado a la transformación no sólo de la situación de sus integrantes, sino del conjunto de la comunidad y la sociedad en la que se insertan.

Es necesario comprender también que a pesar de los avances de los últimos años en el Mercosur, aún existen una gran diversidad de situaciones que precarizan el mundo laboral en general, en particular tras las tres décadas de desconstrucción de las políticas de bienestar llevadas adelante durante la etapa neoliberal.

En particular el desarrollo de las cooperativas sociales, que como se verá poco más adelante no son denominadas así en la Argentina, se consolidó tras el período más intenso de la crisis económica de fines de los '90 y principios del nuevo siglo, especialmente en relación a colectivos en gran situación de vulnerabilidad que debían ser reincoporados al mundo del trabajo. También aquí el papel de los sindicatos fue activo, ya que en muchos casos fueron canalizadores de los contactos o apoyos iniciales a estos colectivos, papel que en la medida que iban madurando como emprenidmientos también pasaban a jugar la Federaciones correspondientes.

En Argentina, desde 2003 con el Presidente Nestor Kirchner en el Gobierno, se encararon diversos programas sociales que incluían a la gente contra la prestación de trabajo en forma cooperativa con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo. Estos programas en una primera etapa dependieron del Ministerio de Obras Publicas. Se organizaban cooperativas de 16 personas, que en 4 meses debían hacer 4 casas. Esto duró 2 años hasta el 2005, luego se hicieron otros programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social para incluir gente, se denominaron también “programas de inclusión con trabajo” y se utilizó la forma cooperativa para desarrollarlos. En estos programas que pueden durar 6 meses a un año los participantes reciben capacitación técnica y luego durante el desarrollo de los trabajos, capacitación cooperativa. Al finalizar el programa la gente decide si continúa bajo la forma cooperativa e intenta montar una empresa pequeña o si se siente capacitado para incluirse en el mercado laboral. Bajo el Ministerio de Desarrollo Social, se hicieron trabajo de instalaciones o redes de agua y cloacas, limpieza de parques y calles, cordones cunetas y otras obras menores de infraestructura urbana. También construyeron Centros Integrales Comunitarios en barrios humildes, que son instalaciones para brindar servicios educativos, deportivos y de salud. En la actualidad estos programas de denominan Capacitación con Obra y construyen obras o refaccionan instalaciones de Organizaciones de la Comunidad, como Clubes, Sociedades de Fomento, Cooperadoras Escolares, Comedores Comunitarios, etc. Estos programas en las primeras etapas constituyeron unas 3700 cooperativas. Hoy sobre 6000 matriculas de cooperativas de trabajo, 4500 aproximadamente pertenecen a este tipo de programas sociales y 1500 son industriales y de servicios.

Evaluar estos programas desde el punto de vista del derecho laboral es complicado, porque eran compañeros que estaban excluidos, que no tenían ingresos fijos, que vivían de “changas”. Y de no tener nada a percibir al principio $ 1200 por 4 horas de trabajo, era un apoyo significativo y si a eso le sumamos la capacitación, teníamos como resultado que el compañero que participaba de los programas al cabo de esos meses había mejorado su posición en el mercado para conseguir trabajo o para seguir en sus cooperativas (que fue el camino de muchos y muchas).

Resultados de esto surgieron 25 Federaciones de Cooperativas de Trabajo que llamaremos Sociales, que junto a las viejas Federaciones de Cooperativas industriales conformaron la CNCT. La CNCT es presidida actualmente por la Federación FECOOTRAUNFV (Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela), que son 22 cooperativas con 1000 trabajadores en total que surgieron de estos programas y se han desarrollado como un grupo económico cooperativo, se han insertado en el mercado, haciendo construcciones en el ámbito público y privado. En pocos años su vida se transformó.

Al principio el Gobierno desarrollo estos programas con los Municipios, pero desde hace 3 años también los desarrolla con Federaciones de Cooperativas como FECOOTRA y con la CNCT. Tanto FECOOTRA como la CNCT han constituido equipos específicos de trabajo para el desarrollo de estos programas y los co-ejecutan con el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social y del INAES. Algunos Sindicatos han participado en estos procesos, por ejemplo la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que tiene escuelas de formación técnica y que dio miles de cursos a las nuevas cooperativas, para que se formaran en el arte de la construcción. También hay una experiencia en Lonas de Zamora, donde el Sindicato de Prensa con su Obra Social y la Federación de Entidades de Salud FAESS, dan cobertura de atención primaria es mas de 1000 cooperativistas de esa zona. También en la Zona de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Educadores Suteba y la Central de Trabajadores Argentinos, constituyeron cooperativas de este tipo y fundaron una Federación que participa en la CNCT. En Argentina a este tipo de cooperativas se las conoce comúnmente como “Cooperativas 3026”, ya que ese es el numero de resolución del INAES que las legaliza. Son cooperativas simplificadas y que si no continúan, al finalizar el programa se dan de baja.

Desde FECOOTRA y CNCT se evalúa muy positivamente el desarrollo de estos programas que unen capacitación, inclusión y perspectiva Cooperativa en un mismo programa. Los trabajadores de estas cooperativas tienen cobertura de un seguro de accidentes de trabajo y se les aporta el monotributo social, que les da cobertura de obra social y aporte jubilatorio. Aunque a menor costo, estos trabajadores ahora son incluidos en coberturas que antes no tenían.

En Uruguay por su parte casi la mitad de las cooperativas de trabajo existentes son su variante específica de cooperativa social. En la legislación del país, la cooperativa social es una forma específica, cuya finalidad central es la inclusión socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad social. Son alrededor de 200 empresas que generalmente contratan con el Estado. Inicialmente se han considerado formas temporales, que una vez maduras deberían migrar a cooperativas de trabajo asociado, transición que hasta el momento viene presentando algunas dificultades, debido especialmente a las garantías y facilidades que se les permite a las cooperativas sociales. Existen casos como la de la Corporación Urbana de integración en forma consorciada (figura de Corporación Cooperativa) de una decena de cooperativas sociales y de trabajo asociado para la provisión más diversificada y completa de servicios.

En Brasil, aunque en términos relativos el fenómeno está menos desarrollado, las cooperativas sociales han incorporado con más fuerza la vertiente de iniciativas que involucran servicios especiales e inclusión laboral de personas con otras vulnerabilidades diferentes a la de los ingresos económicos. En particular se han desarrollado experiencias que involucran colectivos con dificultades mentales o sociales de diverso tipo, quizá más cercanas a algunas cooperativas sociales europeas.

Los mayores desafíos de este tipo de emprendimentos pasa fundamentalmente por la madurez técnica y empresarial cooperativa de sus integrantes. La necesidad de escapar a la exclusiva dependencia de los contratos con el Estado y la afirmación de sus capacidades en el mercado. Por otra parte, en sentido inverso, el sector público debe concebir esta herramienta como lo que es en realidad, un puente de inclusión de enormes contingentes de trabajadoras y trabajadores que habían quedado desamparados y que deben reinsertarse en el mundo del trabajo. En particular el desafío está en dar apoyo sin coartar la construcción de autonomía de estas cooperativas, para lo que sería importantísimo la comprensión de las relaciones económicas especiales que el Estado debería construir con el mundo de la Economía Social en general.


Numero 4
Las cooperativas de trabajo formadas por trabajadores autónomos en la economía informal, que no se pueden organizar de manera tradicional, han proporcionado voz a los trabajadores. Los sindicatos a menudo han prestado apoyo a los trabajadores a través de la creación de cooperativas de servicios (ahorro y crédito, de vivienda, cooperativas de consumo) para mejorar tanto su poder de negociación como sus medios de subsistencia. ¿Han tenido éxito estas iniciativas y y han sido sostenible? ¿Cuáles son las razones de su éxito? ¿De qué manera cambia la relación entre los sindicatos y los trabajadores del sector informal? ¿Cómo han mejorado las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos?

A nivel de la región existen numerosas y muy importantes iniciativas de servicios dessarrollados a partir de la iniciativa sindical, respondiendo en general a los valores de la ayuda mutua y la solidaridad, por tanto a través de diversas formas de Economía Social y Solidaria.

En Argentina, se ha dado más que los sindicatos han creado Mutuales que brindan a los trabajadores servicios de salud, servicios de turismo, medicamentos, seguros, etc. Un ejemplo de su presencia, persistencia y fortaleza es la existencia de la Federación de Mutuales Sindicales. Estas Mutuales son exitosas y como dijimos desarrollan múltiples actividades y en diferentes gremios como los Camioneros, los Metalúrgicos, los Textiles, etc. Estas Organizaciones defienden el poder de compra del salario, porque ponen al alcance de los afiliados al Sindicato, servicios a precios más baratos que en el mercado privado. Donde ha tenido mucho desarrollo es en materia de turismo social, los hoteles y campigns sindicales, muchos de ellos mutuales, brindan mejores posibilidades de vacacionar a los afiliados.

En Uruguay por su parte, muchos sindicatos han desarrollado sus propias organizaciones de provisión de servicios, optando por lo general por el formato de cooperativas de usuarios, especialmente a través de las modalidades de consumo y de vivienda. A pesar de la presión ejercida por la concentración oligopólica en el sector de grandes superficies comerciales por gigantescos grupos trasnacionales, las cooperativas de consumo en Uruguay cuentan con emprendimientos de enorme significado como el de los trabajadores del sector de la educación (Cooperativa Magisterial), de los empleados bancarios (Cooperativa Bancaria), de los empleados de la Corte Electoral (Cooperativa Electoral), o de los obreros y empleados de la administración departamental  (Cooperativa Municipal). Todas ellas, entre las varias decenas que podrían seguir enumerándose surgen de la iniciativa de su sindicato de base. Aún mayor es el número de cooperativas de vivienda de origen sindical, que dieran nacimiento a dos importantes Federaciones según la sub-modalidad (ahorro previo colectivo o ayuda mutua en el proceso constructivo directamente): la Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) nucleando casi medio millar de cooperativas.

Las Cooperativas de Consumo en Argentina, tuvieron también un origen obrero. El Hogar Obrero, comenzó con la construcción de vivienda y luego llego a ser la más importante cooperativa de consumo del país. La Cooperativa Obrera con sede en Bahía Blanca, que existe con 1.200.000 asociados y 100 sucursales tuvo su origen en obreros panaderos.

Excepto el cooperativismo de trabajo, todo el resto del cooperativismo, desarrolla sus actividades contratando trabajadores en relación de dependencia. Las cooperativas de vivienda, de consumo, de crédito, bancos cooperativos, de servicios públicos, de seguros, agropecuarias, etc. Todas tienen trabajadores en relación de dependencia y participan en las negociaciones paritarias como parte patronal y los trabajadores son representados por sus sindicatos de rama respectivos. Por ejemplo las cooperativas eléctricas, negocian con el Sindicato de Electricidad, los bancos cooperativos con el Sindicato Bancario, las de consumo con el Sindicato de Comercio y así sucesivamente.

Esta instalándose un debate, a partir de la experiencia de Mondragon, sobre si los los trabajadores de estas cooperativas deberían en el futuro ser socios de gestión y compartir la conducción de la cooperativa junto a los socios que consumen el servicio. Hoy la conducción es de los asociados que consumen el servicio solamente. En Argentina los sindicatos por el momento se han opuesto, debido al temor que los trabajadores de esta forma se desvincularan y dejaran de aportar a la caja sindical.

Pero es un debate que comienza a mostrar indicios de profundizarse, porque en estas cooperativas, la información estratégica del desarrollo del negocio no está en mano de los asociados, sino en mano de los trabajadores en relación de dependencia y así surgen muchas veces conflictos de intereses. Todos tendrían que ser asociados, unos de consumo y otros de gestión y participar en los resultados de la empresa que es de todos.


Numero 5
¿Cuáles son los modelos exitosos de convivencia entre los sindicatos y las cooperativas de trabajado y qué nos pueden enseñar? Sobre el mismo tema, se afirma a menudo que las cooperativas de trabajo ofrecen mejores condiciones de trabajo y el trabajo más significativo, pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuáles son las condiciones que logran unas condiciones de trabajo decentes en este tipo de cooperativas?

Cuando el Sindicato y la Cooperativa o la Federación de Cooperativas trabajan juntos se potencian las posibilidades tanto de la empresa cooperativa como del Sindicato en pos de cumplir con su rol social y político.

Es cierto que existen cooperativas que ofrecen mejores condiciones de trabajo y mejores anticipos laborales que el convenio sindical, pero son una minoría. La inmensa mayoría de las cooperativas trata de respetar el convenio de la rama sindical correspondiente y respetar los precios de mercado.

Si los compañeros en la cooperativa obtienen anticipos laborales inferiores al mercado, y no logran aumentar su capital, suelen emigrar a empresas privadas. Sucede en Argentina como en Uruguay que los puestos menos jerarquizados ganan más que el convenio, pero los puestos más categorizados ganan un poco menos que el mercado y eso crea problemas muchas veces, si la convicción cooperativa no es muy fuerte.

Pero cuando la empresa funciona bien, se presentan otras desviaciones, como la falta de significativa capitalización priorizando su ingreso monetario a expensas del futuro de la empresa. Esta tendencia es potenciada si la pertenencia del colectivo a su cooperativa es baja y si el promedio de trabajadores es de edad más avanzada, lo que lleva a tomar desiciones de corto plazo en desmedro del horizonte de vida empresarial.

El que se respeten los derechos, es parte del trabajo conjunto del Sindicato y las Federaciones de Cooperativas, en el trabajo del cambio cultural que se deben dar los trabajadores cuando se hacen dueños de su empresa. No perder la identidad de trabajadores, no perder la pertenencia ideológica al movimiento, no perder las convicciones sobre los derechos es muy importante para el éxito de la empresa cooperativa.

Al decir de Orbaiceta: “Nuestra concepción es que los Sindicatos que representan a los Obreros dependientes y las Federaciones de Cooperativas que representan a las empresas cooperativas pueden trabajar juntos porque somos todos trabajadores, unos en relación de dependencia y otros dueños de los medios de producción, pero todos trabajadores. Y consideramos que los derechos de los trabajadores deben ser todos los mismos, debemos tener todos los mismos derechos y beneficios, solo que estos derechos y beneficios los cooperativistas de trabajo los pagamos de los resultados de nuestras empresas y son nuestra responsabilidad pagárnoslos, mientras que para los que están en relación de dependencia esa responsabilidad es del patrón, pero siempre salen de los resultados que generan los trabajadores con su esfuerzo.”

En la región, el grado de articulación entre el movimiento sindical y el de las cooperativas de trabajo ha ido incrementándose. En este sentido, en Argentina han participado juntos en varias actividades sobre Economía Social, la CGT y la CNCT, convergiendo en proyectos conjuntos como la creación de la Red de Cooperativas Metalúrgicas de la República Argentina, patrocinada por la CNCT y la UOM. En Uruguay se ha creado un espacio de articulación permanente entre la FCPU y la Central de Trabajadores (PIT-CNT) y se han acordado algunos documentos programáticos en perspectiva de fortalecer el trabajo autogestionado. Existe un conveio específico entre FCPU y PIT-CNT en el área de salud y seguridad laboral que incluye la formación y asistencia técnica a los cooperativistas de trabajo. En Brasil por su parte, la raíz de surgimiento de UNISOL está directamente ligada a la CUT, y existe un recíproco intercambio de delegados entre ambas instituciones.

Aún cuando existen situaciones diversas en relación a casos específicos, como movimiento de cooperativas de trabajo en la región, existe una firme voluntad de acercamiento con el movimiento sindical. Así lo recogen los acuerdos de CICOPA Mercosur en su plan estratégico para la región, donde se ha priorizado los contactos y la articulación con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) así como con las oficinas de la OIT para América (tanto con ACTRAV como con la oficina de cooperativas).