CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga
Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO
advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y
dirigentes de, promovidos por la Administración del Estado y el
Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos
democráticos.
El
ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una
creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede
estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria.
A juicio de CCOO,
“la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que
se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es
una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las
organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos
democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de
un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas.
Implica
la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto
personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de
la acusación”.
Desde
hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa
campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha
política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e
implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo
de las relaciones laborales.
En
la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se
pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no
solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su
función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora
que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.
Pero
el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que
golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir
también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los
errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO.
La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE,
y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las
consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las
buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que
sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.
La criminalización de la respuesta sindical
Mientras
el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el
ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país
acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en
democracia.
Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO
ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe
detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los
criterios de intervención jurídica y sindical.
La
principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones
sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de
huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que
acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como
penales.
En
relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más
frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no
representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción
hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera
la cantidad de 60.000 euros.
En
el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se
imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se
produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan
a unos 40 trabajadores y cargos sindicales.
Estos
procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y
un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24
meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser
aplicable con carácter general la medida de libertad condicional.
En
algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía
exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando
solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como
los de atentado o lesiones.
Tal
es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada
uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como
se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.
No vamos a permanecer callados ni parados
Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO
-los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos-
con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la
trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos
sociales y laborales.
Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO
considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la
huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo
de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga,
sobre todo en la convocatoria de una huelga general.
Resulta
especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por
lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta
social y sindical.
CCOO
llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que
acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas
prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente
contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni
parados.
CCOO activará
una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado,
el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales
de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT
y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí
denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas
de cambios normativos en el ámbito penal.
Y
estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las
estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la
vulneración de los derechos sindicales.
Comisiones Obreras
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